Parte médico oficial sobre presos políticos en huelga de hambre

Las bajas temperaturas pueden detonar complicaciones en su estado de salud

Los quince comuneros mapuche involucrados en la huelga de hambre que
tiene lugar desde el 12 de julio en la cárcel de Temuco, han perdido en
total ya según un informe oficial de gendarmería del 20 de julio, 63,8
kg de peso –un promedio algo mayor a los 4 kg por persona – soportando
al mismo tiempo el más riguroso invierno de los últimos años, con
temperaturas bajo cero en la región, y manteniendo invariable su
decisión de lucha. Asimismo, nuevos comuneros de otras cárceles se han
sumado al movimiento por el fin de la aplicación de la legislación
antiterrorista a los luchadores sociales mapuche, que comienza a
concitar la solidaridad dentro y fuera del país mapuche y de Chile. Aún
no se conoce el parte de salud de gendarmería de El Manzano
(Concepción), que también controla el estado de los presos para
comprobar que efectivamente ellos no ingieren alimento.

Seis kilos de peso había perdido debido a la huelga de hambre al 20 de
junio  el preso político mapuche Claudio Sánchez Blanco (27 años), del
Hogar Mapuche Purram Peyum Zugu y miembro de las redes de apoyo a la
lucha de las comunidades. Las estadísticas del parte médico pueden verse
en un informe dirigido al juez John Landero, de Cañete, por el médico
Juan Torreza A, de gendarmería de la Cárcel de Temuco.  El magistrado
había solicitado un parte diario  del estado de salud de Marco Millanao
Mariñan – imputado en Cañete  pero recluido en Temuco – y de los ahora
21 presos políticos mapuche en huelga de hambre desde el 12 de julio.

Otros comuneros, Sergio Catrilaf (34 años, presidente de la comunidad
indígena Juan Catrilaf II)  y Jorge Cayupan (21 años, de la Comunidad
Mateo Ñirripil, Lof Muko), ambos de la zona de Lautaro, pesan cada uno
4,400 kgs menos que cuando iniciaron la huelga, el 12 de julio pasado.
Entonces contaban con 83 y 81 kilos respectivamente. Marco Millanao ya
ha perdido 4 kg según el parte del 20 de julio y pesa poco más de 72
kilogramos luego de nueve días ingiriendo sólo líquido.

El símil con presos cubanos
“Con mi huelga de hambre encaro al gobierno chileno a abordar la
situación de los presos políticos mapuche tal cual lo ha hecho con los
presos de la derechista disidencia cubana”, afirmó  desde la cárcel de
Alta Seguridad de Valdivia, en el sur de Chile, Andrés Gutiérrez Coña
(20 años, comunidad Cristóbal Relmu, estudiante de tercer año de
agronomía en la Universidad Católica de Temuco) al sumarse a la huelga
de hambre. En esa misma línea de pensamiento se movilizó hacia la
embajada de España una delegación de la comunidad Juan Paillalef (de
Cunco) demandando de ese gobierno un esfuerzo similar al desplegado
respecto de los cubanos. Estos mismos días, en Ginebra, el werken
Antonio Cadin y Andrea Marifil, miembros de la organización Defensor
Autónonomo Mapuche y Víctor Ancalaf, de Choin Lafkenche, intervenían en
el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de
Naciones Unidas, documentando la aplicación 2009/2010 de la ley
antiterrorista, la existencia de torturas a niños y mujeres, los dobles
procesamientos y el asesinato de mapuches en el marco de la lucha por la
tierra, y consignando que ello debe ser investigado como violación a
los derechos postulados en la Declaración de los Pueblos Indígenas y en
el Convenio 169, ambos ratificados por el gobierno chileno.

Traslados de prisión

Al 20 de julio sumaba 20 el total de prisioneros que se mantienen sin
ingerir alimentos en Concepción (El Manzano), Temuco y Valdivia. 
Gutiérrez Coña, además de apoyar las demandas ya citadas y la
inhabilidad de la jueza Haydeée Roa de la localidad de Lautaro,  exige
ser trasladado a la cárcel de Temuco, acusando presión sicológica del
Estado chileno que lo ha alejado forzosamente de su familia. La
dispersión de los presos a lo largo del territorio nacional viene siendo
utilizada en diversas ocasiones por las autoridades, como parte del
esfuerzo general de desarticulación de las comunidades y sus
organizaciones. Como contrapartida, surgen nuevas entidades para
responder a los requerimientos derivados de la criminalización de las
luchas mapuche.

En Concepción se dio a conocer esta semana la formación de Newentuain,
una agrupación de familiares de presos políticos mapuche de la zona de
LleuLleu, que se motiva además por la defensa del Lago del mismo nombre,
amenazado por proyectos mineros. “Somos esposas, madres, hermanas e
hijos de quienes sufren más directamente la represión politica que
proviene de  la ocupación chilena de nuestro Walmapu (país mapuche)”.
Ellas informaron que encomendaron la defensa de sus presos a Nelson
Miranda, un abogado independiente “que nos brinde confianza y humanidad
así como una defensa de calidad” y llamaron asimismo a las
organizaciones populares a solidarizar ya que sus familias están en
peligro de desintegración y sus niños ven vulnerados sus derechos en
cada allanamiento y detención.

Correspondencia oficial

El juez John Landero recibió del alcaide subrogante de la Cárcel de
Temuco, Sergio Retamal Maraboli, la información oficial del inicio de la
huelga de hambre en ese centro penitenciario “por los internos
autodenominados comuneros mapuche” y asimismo este dio cuenta de las
exigencias de los huelguistas. Adjuntó Retamal al juez, copia de la
carta dirigida el 17 de julio a los juzgados de garantía de Temuco y
Cañete  por los presos políticos mapuche de la capital de la Araucanía, 
afirmando que iniciaban la huelga de hambre “debido a las injusticias; a
las equívocas políticas del gobierno actualmente presidido por la
derecha, y a la persecución política contra nosotros”. Señalaban que la
persecución penal por parte del ministerio público y sus fiscales se
debe a que ellos reclaman sus justos derechos humanos, políticos,
territoriales y culturales.

La carta de los presos lleva precisamente la firma del comunero Marco
Millanao Marillan quien sostiene que “nos repugna” el trato que reciben
del Estado a través de los fiscales. Millanao es miembro de la comunidad
Pascual Coña, de la comuna de Cañete, pero fue trasladado
sorpresivamente desde la cárcel de Lebu a Temuco, el 8 de mayo de 2010,
vulnerándose su derecho a la visita de su familia, que no cuenta con
medios para enfrentar permanentemente esos gastos.

En la misiva, reenviada por el alcaide a la Secretaría Regional
Ministerial de Justicia de Temuco, exigen la no aplicación de la ley
antiterrorista y de la justicia militar en causas mapuche. Asimismo
demandan las inhabilidades inmediatas de la citada jueza y el abogado
querellante Schneider, de doble cara, ya que había anteriormente
oficiado como defensor público.

Propuesta de senador Navarro
Héctor Llaitul Carrillanca, Ramón Llanquiqueo Pilqueman, José Huenuche
Reimán y Luis Menares Chanilao, los luchadores sociales mapuche
recluidos en la cárcel El Manzano recibieron el 21 de julio la visita
del senador por esa zona, Alejandro Navarro. Desde allí  el senador del
MAS hizo un llamado al Parlamento chileno a poner atención a esta
situación y alertó  al gobierno a dimensionar los hechos y actuar antes
que los efectos de la huelga sean mayores.  “Este no es un movimiento
político, sino que un movimiento reivindicatorio de tierras, en una
causa que yo considero legítima, y que cuestiona un procedimiento
absolutamente antidemocrático e injusto en contra de los 106 mapuche
presos políticos, 36 de ellos por la ley antiterrorista”,  solidarizó el
legislador,  llamando a formar una mesa de diálogo entre el gobierno y
los mapuche.  Los cuatro huelguistas de hambre, están procesados
simultáneamente por la justicia civil y la militar, serán juzgados por
la ley antiterrorista y enfrentan posibles condenas que van desde los 52
años (para José Huenuche) a los 103 años de prisión (Héctor Llaitul),
por una gran variedad de cargos, entre los que destaca el homicidio
frustrado al fiscal Mario Elgueta.

Más condenas y juicios

Entretanto, una nueva sentencia de cárcel fue pronunciada esta semana en
Angol contra un comunero mapuche. El dirigente de Rankilco, Lorenzo
Alex Curipan Levipan fue condenado a 5 años y un día, acusado del
incendio del fundo El Carmen de la forestal Monteaguila (de Mininco). 
Según su comunidad él no contó con un debido proceso y fue víctima de un
montaje en el que habría intervenido  Sergio Gonzáles Jarpa, el dueño
del fundo donde fue asesinado el comunero Jaime Mendoza Collío hace casi
un año.

Ellos solicitarán la nulidad del juicio, ya que la sentencia
condenatoria –dividida-  no tomó en cuenta las contradicciones de los
testigos y la debilidad de las pruebas. Entre las irregularidades
citadas por la comunidad está el hecho de que el peritaje elaborado por
CONAF y aceptado como prueba es sesgado, ya que se basa en datos
proporcionados por la propia empresa forestal Mininco, una de las partes
más interesadas en conseguir esa condena. Ya antes del juicio la
comunidad había señalado estar consciente de “La manipulación de los
tribunales de justicia en los casos en que están involucrados
integrantes del pueblo Mapuche; se hace evidente la falta de parcialidad
con que hacen las apreciaciones jurídicas los encargados de establecer
una sentencia absolutoria o condenatoria. Hay una permanente intención
de establecer un método escarmiento a modo de castigo, para un pueblo
que en el sur de America latina, tiene hambre de de libertad y se atreve
a denunciar los abusos y los atropellos, de que son víctimas por parte
de sus opresores colonialistas.”

A su vez, la justicia militar también siguió operando como acostumbra,
dando en los hechos la razón a los planteamientos de los huelguistas de
hambre.  La Fiscalía Militar de Angol inició un proceso contra el menor
mapuche Leonardo Quijón Pereira, absuelto en junio por la justicia civil
de los cargos de la fiscalía,  que lo culpaba de participar en el
incendio de camiones en la zona de Angol. El nuevo proceso es por los
mismos cargos desestimados por los jueces Claudia Sánchez Slater, y Juan
Vío Vargas, que por mayoría lo absolvieron, considerando insuficientes
las pruebas rendidas por el fiscal Chamorro e incoherentes los relatos
de Carabineros respecto del supuesto enfrentamiento con el menor. Quijón
había sido acusado de homicidio frustrado e incendio, entre otros
cargos.

Si a los comuneros les faltaran argumentos nuevos para fundamentar sus
peticiones, deben agradecerle al fiscal de Angol y a la fiscalía militar
de esa misma ciudad por su contribución a la demostración de cómo opera
en Chile la justicia hacia los mapuche, justo ahora que ellos exigen un
juicio justo ya.

–Visite el blog de Lucía Sepúlveda Ruiz