Porqué los economistas no vieron el fraude financiero que terminó por colapsar la economía.

“Los fraudes de control siempre terminan en un fracaso. Pero el fracaso
de la empresa no significa el fracaso del fraude: quienes lo perpetran
suelen acabar ricos. En algún momento, eso exige la subversión, el
soborno o la derrota de la ley. Así intersectan crimen y política. En su
núcleo, por tanto, la crisis financiera fue una quiebra del imperio de
la ley en los EEUU.”

El texto que a continuación se reproduce es el testimonio escrito
prestado por el gran economista norteamericano James K. Galbraith el
pasado mes de mayo ante los miembros del Subcomité Judicial del Senado
de los EEUU.

Les escribo a ustedes como profesional de una disciplina desgraciada. La
teoría económica, tal como se enseña desde los años 80, ha fracasado
miserablemente en punto a entender las fuerzas determinantes de la
crisis financiera. Conceptos centrales, como los de las  “anticipaciones
racionales” y la“disciplina de mercado”, así como la “hipótesis de la
eficiencia de los mercados”, llevaron a los economistas a sostener que
la especulación estabilizaría los precios, que los vendedores actuarían
para proteger su propia reputación, que podía confiarse en el caveat
emptor y que, por consecuencia, no podría darse un fraude generalizado.
No todos los economistas creyeron eso. Pero la mayoría, sí.

De manera que el estudio del fraude financiero mereció poca atención.
Prácticamente, no existen institutos de investigación consagrados a ese
estudio; la colaboración entre los economistas y los penalistas es rara;
en los departamentos universitarios que marcan el tono hay muy pocos
especialistas en el asunto, y todavía menos estudiantes. Los economistas
han subestimado el papel del fraude en todas las crisis que han
estudiado, incluidas la debacle de las Cajas de Ahorros provinciales
(Saving&Loan) de los años 80 y 90, la transición en Rusia, el
desplome financiero asiático y la burbuja punto.com. Y siguen
haciéndolo. En un congreso patrocinado por el Instituto Levy de teoría
económica celebrado en Nueva York el pasado 17 de abril, a lo más que se
acercó a esta cuestión un antiguo subsecretario del Tesoro, Peter
Fisher, fue cuando usó la palabra “travesura”. Eso ocurría el mismo día
en que la SEC [la comisión controladora del mercado de valores, por sus
siglas en inglés] acusaba de fraude a Goldman Sachs.

Hay excepciones. Un célebre artículo publicado en 1993, titulado
“Saqueo: la quiebra en búsqueda de beneficios” y firmado por George
Akerlof y Paul Romer aprovechaba de manera excepcional la experiencia de
reguladores públicos que comprendían el fraude. El penalista y
economista William K. Black, de la Universidad de Missouri-Kansas City,
es nuestro más capaz y sistemático analista de las relaciones entre el
crimen financiero y la crisis financiera. Black muestra que el fraude
contable ha de darse por descontado cuando puedes controlar la
institución que lo comete: “la mejor manera de robar un banco es
poseerlo”. La experiencia de la crisis de Savings&Loan mostró cómo
se tomaba el control de empresas con el explícito propósito de
despojarlas, de sangrarlas. Eso fue probado en sede judicial: la debacle
dejó una estela de más de mil condenas penales. Otras crónicas útiles
del fraude financiero moderno son la de James Stewart, Den of Thieves
[Estudio de ladrones], sobre la era Boesky-Milken, y la Conspiracy of
Fools [La conspiración de los necios] de Kurt Eichenwald, sobre el
escándalo de Enron. Sin embargo, subsiste un gran hiato entre estas
historias y el análisis formal del problema.

El análisis formal nos enseña que los fraudes de control siguen ciertas
pautas. Crecen rápidamente y obtienen una elevada rentabilidad,
certificada por empresas contables. Pagan más que estupendamente. Al
propio tiempo, rebajan drásticamente sus criterios, formando nuevos
negocios en mercados anteriormente considerados de demasiado riesgo para
el negocio honrado. En el sector financiero, eso toma la forma de una
suscripción relajada –no: peor que eso— combinada con cierta capacidad
para pasar la patata caliente al más necio que se encuentre a mano. En
la California de los 80, Charles Keating observó que el contrato de una
caja de ahorros era una “licencia para robar”. En los 2000, las
hipotecas subprime han venido a ser algo análogo. Con una licencia para
robar bajo el brazo, los ladrones se activan. Y puesto que su ejecutoria
parece tan buena no tardan en dominar sus mercados; los malos agentes
desplazan a los buenos.

La complejidad del sector financiero hipotecario antes de la crisis
ilumina otra característica señal del fraude. En el sistema que llegaron
a desarrollar, los documentos hipotecarios originales quedaban
enterrados –cuando quedaban— en los registros de los originadores del
crédito, muchos de los cuales, entretanto, o desaparecidos o absorbidos
por otra entidad. Si se examinaran debidamente, esos registros
mostrarían el alcance de la documentación faltante, de las prácticas
abusivas y del fraude. Hasta ahora, no disponemos sino de pruebas muy
limitadas de eso, señaladamente un estudio realizado en 2007 por Fitch
Ratings sobre una pequeña muestra de RMBS [títulos residenciales
hipotecariamente respaldados, por sus siglas en inglés] de alta
calificación, en donde se halló “fraude, abuso o documentación faltante
en casi todos los ficheros”. La petición, el año pasado, del congresista
Doggett al Secretario del Tesoro Geithner para que se examinara y se
informara a conciencia sobre el alcance del fraude en los registros
hipotecarios existentes recibió una épica larga cambiada.

Una vez empaquetadas y titulizadas las hipotecas subprime, las agencias
de calificación no procedieron a estimar concienzudamente la calidad de
los préstamos subyacentes. En vez de hacerlo, se limitaron servirse de
modelos estadísticos, a fin de generar calificaciones que hicieran
oportunamente aceptables a los inversores los RMBS resultantes. Cuando
se presume que los precios seguirán subiendo siempre, la conclusión es
que un préstamo respaldado por un activo siempre podrá refinanciarse;
por lo tanto, la situación actual del prestatario es irrelevante. Tal
inferencia, huelga decirlo, sólo es válida en la medida en que lo sea el
presupuesto de partida, pero en esta estructura de mercado
perversamente diseñada quienes pagaban por las calificaciones del riesgo
no tenían la menor razón para preocuparse por la calidad de sus
supuestos. Entretanto, los originadores de hipotecas disponían ahora de
una fórmula para extender los préstamos a los peores prestatarios que
pudieran encontrar, seguros de que en este Lake Wobegon al revés, aun
estándolo todos, ningún niño estaría condenado a crecer por debajo de la
media. [1] La calidad del crédito colapsó porque el sistema estaba
concebido para colapsar.

Un tercer elemento del brebaje tóxico era un simulacro de “seguro”,
suministrado por el mercado de permutas de incumplimiento crediticio
(credit default swaps: CDS). Se trata de instrumentos apocalípticos en
un sentido muy preciso: generan efectivo para el emisor de los mismos
hasta que ocurre el evento crediticio. Si el evento crediticio es
suficientemente grande, entonces el emisor falla, momento en el cual el
gobierno se enfrenta a un chantaje: o entra al rescate o colapsa el
sistema. Las CDS difundieron por todo el sistema financiero global las
consecuencias del desplome de los precios inmobiliarios. También
proporcionaron el medio para acortar el mercado de títulos
hipotecariamente respaldados, de manera que los jugadores de mayor
envergadura pudieran darse la vuelta y apostar contra los mismos
instrumentos que previamente habían vendido, justo antes de que se
desplomara el castillo de naipes.

La reciente teoría económica de las finanzas es ciega respecto de todo
esto. Analiza acciones, bonos, opciones, derivados, etc., como si fueran
títulos cuyas propiedades pudieran aceptarse sin mayores problemas por
el valor declarado y cuantificarse en términos de rendimientos y
riesgos. Pero todo en la fórmula depende de que los instrumentos sean
como aparentan ser. Pues, de no ser así, ¿qué fórmula podría
aplicárseles?

Una rama más antigua de la teoría económica institucional había
comprendido ya que un título es un contrato legal. Será bueno en la
medida en que lo sea el sistema legal que lo respalda. El fraude es
inevitable, pero en un sistema que funcione bien, será raro. Ha de
considerarse –fundadamente— un problema menor. Si el fraude –o aun la
percepción de fraude— llega a dominar el sistema, entonces no hay la
menor base para un mercado de títulos. Se convierten en basura. Y, más
profundamente, también las instituciones responsables de crearlos,
calificarlos y venderlos. Lo que, en la medida en que no logra responder
con la vitalidad suficiente, al propio sistema legal. 

Los fraudes de control siempre terminan en un fracaso. Pero el fracaso
de la empresa no significa el fracaso del fraude: quienes lo perpetran
suelen acabar ricos. En algún momento, eso exige la subversión, el
soborno o la derrota de la ley. Así intersectan crimen y política. En su
núcleo, por tanto, la crisis financiera fue una quiebra del imperio de
la ley en los EEUU. 

Pregúntense ustedes: ¿cómo es posible que originadores de hipotecas,
agencias calificadoras, suscriptores y entidades supervisoras NO
supieran que el sistema de la financiación de la vivienda estaba
infestado de fraude? Todos los indicadores estadísticos de prácticas
fraudulentas –crecimiento y rentabilidad—  lo sugerían. Todas las calas
practicadas hasta ahora en los registros lo sugieren. La propia jerga
usada –“préstamos mentirosos”, “préstamos ninja”, “préstamos neutrones” y
“desechos tóxicos”— declara que el pueblo llano lo sabía. También he
oído la expresión “YYNE, TYNE”, marbete para “Yo Ya No Estaré, Tú Ya No
Estarás”).[2]

Por si quedaran dudas, la investigación de las comunicaciones internas
de las empresas y agencias en cuestión puede acabar de dejar las cosas
claras. Los correos electrónicos son reveladores. El gobierno posee ya
pistas documentales cruciales (de AIG, Fannie Mae y Freddie Mac, del
Departamento del Tesoro y de la Reserva Federal). Esos documentos
deberían ser escrupulosamente investigados por las autoridades
competentes y debidamente hechos públicos. Por ejemplo, ¿emitió AIG a
sabiendas CDSs contra los instrumentos que Goldman había diseñado (en
nombre del Sr. John Paulson) para quebrar? Y si así fuera, ¿por qué?
Asimismo: ¿se percataron Fannie Mae y Freddie Mac de la baja calidad de
los RMBS que estaban adquiriendo? ¿Lo hicieron por presiones del Sr.
Henry Paulson? Si así fuera, ¿conocía la situación el Secretario
Paulson? Y si la conocía, ¿por qué actuó como actuó? En un artículo
reciente, Thomas Ferguson y Robert Johnson sostienen que el “Golpe de
Paulson” estaba concebido para retrasar hasta después de las elecciones
una crisis inevitable. Los registros internos, ¿confirman esa hipótesis?

Supongamos que la investigación que ustedes van a emprender ahora
confirma la existencia de un fraude persistente, en el que están
involucrados millones de hipotecas, miles de calificadores,
suscriptores, analistas y ejecutivos de empresas, así como funcionarios
públicos que colaboraban mirando para otro lado. ¿Cuál es la respuesta
adecuada?

Algunos aparentan creer que la “confianza en los bancos” puede
reconstruirse con una nueva ronda de buenas noticias económicas, con
precios al alza en los mercados de valores, con tranquilizadoras
declaraciones de altos funcionarios; no inspeccionando demasiado
cuidadosamente las evidencias de fraude, abuso, engaño y mentira. A
medida que ustedes avancen en su investigación, socavarán ustedes –y yo
creo que destruirán— esa ilusoria pretensión.

Pero tienen ustedes que actuar. La única alternativa a eso es que,
andando el tiempo, la quiebra pase del sistema económico al sistema
político. Así como unos pocos predijeron la crisis financiera, bien
podría ser que pocos, muy pocos, demasiado pocos, estuvieran hablando
hoy francamente sobre las consecuencias de un fracaso en punto a abordar
lo que debe abordarse ahora.

Así las cosas, me permitirán ustedes decir que el país se enfrenta hoy a
una amenaza existencial. O el sistema legal cumple su tarea, o no se
logrará la restauración del sistema de mercado. Tiene que procederse a
un saneamiento total, transparente, efectivo y radical del sistema
financiero, y también a la depuración de los funcionarios públicos que
traicionaron la confianza pública. Los financieros deben sentir, hasta
las entrañas, el poder de la ley. Y la población, que vive con la ley,
debe ver clara e inequívocamente que es así. Gracias por su atención.
06/06/10

Traducción para www.sinpermiso.info: Roc F. Nyerro



* Fuente: Sin Permiso

NOTA del Traductor:

[1] Lake Wogebon es una villa imaginaria del estado
norteamericano de Minnesota, célebre por un programa radiofónico de la
Minnesota Public Radio. En esa villa, “todas las mujeres son fuertes,
todos los hombres, bien parecidos, y todos los niños, más altos que el
promedio”. [2] En inglés: “IBG,YBG”, marbete para “I’ll Be Gone, You’ll
Be Gone”.

James K. Galbraith es profesor de economía en la Lyndon B. Johnson
School of Public Affairs, de la University of Texas-Austin. Hijo del
llorado economista canadiense John K. Galbraith, ocupó anteriormente
varios puestos en el Congreso de los Estados Unidos, incluida la
dirección ejecutiva del Joint Economic Committee.