Chile debe derogar las normas penales sobre difamación

(Washington, DC, 13 de enero de 2010) – Chile no debería aplicar los delitos de calumnias e injurias con el fin de impedir que las personas, especialmente los periodistas, cumplan su rol en la difusión de información sobre cuestiones de evidente interés público, señaló hoy Human Rights Watch.
 
Pascale Bonnefoy, una periodista independiente, será juzgada el 14 de enero de 2010 tras ser acusada de cometer los delitos de calumnias e injurias, a raíz de la publicación de un artículo en el cual, citando a testigos, identificó a un ex teniente del Ejército como responsable de haber aterrorizado a miles de presos políticos durante el régimen de Pinochet. En caso de ser declarada culpable, podría recibir una pena de hasta 10 años de prisión.
 
“Es inaceptable que una periodista que publicó información de interés público sobre el período más oscuro de la historia reciente chilena tenga que enfrentar la posibilidad de un juicio, y mucho menos de ir a prisión”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Las figuras públicas, en particular, deben estar dispuestas a ser objeto de críticas y debates que pueden ofender o cuestionar su reputación, sin recurrir al derecho penal”.
 
En mayo de 2006, varios periódicos chilenos e internacionales publicaron un artículo de Bonnefoy en el cual señalaba que varios testigos, entre ellos oficiales del Ejército y presos políticos, habían identificado a Edwin Dimter, un ex teniente del Ejército, como “El Príncipe”, un hombre que aterrorizó a miles de presos políticos en el Estadio Chile luego del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. El artículo afirmaba que “El Príncipe” había golpeado y atormentado a los presos políticos y que presuntamente habría ordenado la muerte de uno de ellos.
 
Dimter presentó una querella contra Bonnefoy por calumnias e injurias en junio de 2006. El Código Penal chileno prevé penas para “la imputación de un delito determinado pero falso y que pueda actualmente perseguirse de oficio” y para el caso de una “expresión proferida [….] en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona”. El juicio de Bonnefoy comienza el 14 de enero.
 
“Este juicio no sólo es incompatible con las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos, sino que además puede generar un efecto inhibitorio que socava la libertad de expresión en el país”, manifestó Vivanco.
 
Desde hace tiempo, los organismos internacionales de derechos humanos critican el uso de leyes penales sobre difamación en casos de denuncias relativas a funcionarios públicos que contribuyan a promover el dinámico debate público, que es indispensable en una sociedad democrática. Los Principios sobre Libertad de Expresión adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2000 afirman que la protección de la reputación de los funcionarios públicos debe estar garantizada sólo mediante la imposición de sanciones civiles.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido recientemente que la aplicación de cualquier medida penal por difamación debe limitarse a casos de “extrema gravedad”, en los cuales se haya demostrado la “absoluta necesidad” de utilizar tales medidas “en forma verdaderamente excepcional”, y en ese caso, la carga de la prueba debe recaer en quien formula la acusación.
 
Para información adicional sobre el trabajo de Human Rights Watch en Chile, por favor diríjase a: Human Rights Watch 

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En Bruselas, José Miguel Vivanco (Inglés, Español): +1-917-379-11 80 (celular); o vivancj@hrw.org
En Buenos Aires, Tamara Taraciuk (Inglés, Español): + 1-202-657-56 48 (oficina); or + 54 911-4405-60 72 (celular); o taracit@hrw.org