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El sufrimiento de la gente de Arica: víctimas del plomo y de la negligencia ambiental del Estado 

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Recientemente, en los periódicos nacionales y regionales, han aparecido nuevas noticias relacionadas con casos de contaminación por plomo en la capital de la Primera Región. Nuevas demandas nos obligan a recordar lo sucedido años atrás. El sufrimiento de la gente de Arica, por los irreversibles efectos de la intoxicación con plomo y otros materiales, ya se extiende por más de dos décadas. Fue en 1984 cuando el gobierno autorizó la internación de más de 20 mil toneladas de desechos tóxicos a la ciudad de Arica, los que luego envenenarían a su población.

Como Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA, corporación privada), en 1999 comenzamos un juicio en contra del Estado y de la empresa Promel Ltda., en representación de más de 1000 habitantes de tres poblaciones ariqueñas, por los daños ocasionados por esta enorme negligencia ambiental. Finalmente la Corte Suprema determinó el 30 de mayo de 2007 que el Estado debía pagar casi 3 mil millones de pesos como indemnización a sólo 365 personas del total de afectados. Además obligó a Promel Ltda. y a sus socios –de manera personal- a reparar el daño ambiental que habían causado. Este fue un hecho histórico, ya que por primera vez se condenó al Estado por no resguardar la seguridad de los habitantes de nuestro país frente a la contaminación. 

Posterior a la resolución de la Corte Suprema, presentamos el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que, a pesar del fallo, consideramos que el Estado no se hizo cargo a cabalidad de las responsabilidades que le corresponden. Primero, porque no se respondió a la totalidad de afectados y segundo porque las indemnizaciones entregadas -ascendientes a $8.000.000 por persona- no logran en ningún caso cubrir los gastos de la enfermedades contraídas por los metales pesados  . En abril de este año enviamos a la Comisión Interamericana nuevos exámenes y estudios que demuestran que el problema de contaminación sigue vigente. 

Hoy, cuando vemos que salen a la luz pública nuevos casos de contaminación con plomo y otras sustancias que afectan a los ciudadanos de Arica -los que no sólo están relacionados con los desechos de Promel, sino que además con malas prácticas de manejo en el puerto-, creemos que el Estado de Chile debe resguardar la seguridad de sus habitantes, a través del saneamiento definitivo del ambiente. Desgraciadamente los daños causados son irreversibles y no se solucionan con indemnizaciones. Lo que queda esperar es que casos como este no vuelvan a suceder, y eso se logra con medidas preventivas y leyes que garanticen la seguridad de todos los chilenos y el respeto por el medio ambiente.

– El autor es Presidente de FIMA (Fiscalía del Medio Ambiente)

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