Chile en estado de impunidad

La impunidad recorre la historia de Chile. Desde pequeños se nos insta a reconocer como fundadores y héroes a quienes hoy seguramente serían perseguidos por sus crímenes de lesa humanidad y por la forma arbitraria en que ejercieron dominio y gobierno. La colonización de  nuestro continente tiene base en la guerra despiadada, el genocidio y en el más inicuo enseñoramiento sobre la tierra, el mar y riquezas del subsuelo. Aunque descendemos de los Cortés, Pizarro, Valdivia y otros, es imposible soslayar que la fama de sus nombres tiene sustento en el horror que sus huestes sembraron en todo el Nuevo Mundo, exterminando a más del 80 por ciento de los habitantes originarios e imponiendo un sistema que negaba la dignidad de los indios e incluso limitaba drásticamente los derechos humanos de los propios mestizos. Grandes parques, avenidas y ciudades llevan, hasta hoy, el nombre de esos feroces gobernadores que vinieron a “hacerse la América” y que para tal propósito manipularon, incluso, el mensaje liberador de la fe que venían a extender.

Tres siglos de conquista y otros dos de legado despótico y, ahora, de reconquista. Un hermoso y heroico proceso de Emancipación que derivara en regímenes autoritarios y excluyentes  también sacralizados por los historiadores y la impunidad fragrante. Conservadores y rupturistas servidos por ejércitos e ideologías que ampararon y alentaron la represión, las guerras fratricidas y la instalación de un orden intrínsecamente perverso, en que el trabajo y los trabajadores son sometidos al imperio del capital y las oligarquías. Donde las leyes y los estados se someten al mercado y al capitalismo más salvaje. ¡Qué duda cabe: el sueño de Bolívar, Sucre y San Martín traicionado por los Portales, Alessandri  y otros autócratas que hicieron del republicanismo un estado acotado y policial y, de las ideas revolucionarias, sectarismos y prácticas dictatoriales!

Próximos a celebrar el bicentenario de nuestra independencia de España, seguimos dominados por intereses colonizadores que controlan la banca, nuestros servicios básicos y más del 70 por ciento de todos nuestros manantiales y fuentes de energía eléctrica.

Horrendos episodios como el de Santa María de Iquique en que, apenas después de 100 años, empezamos a descubrir en el número de mineros, mujeres y niños acribillados en un día de ira gubernamental. Más de tres mil víctimas de la metralla de aquellos “valientes soldados”, aludidos tan marcialmente por nuestro Himno Nacional y que en América Latina ningún otro ejército podría competirles en el número de civiles inermes que han ultimado, torturado y encarcelado. Siempre más efectivos en la guerra interna que en enfrentamiento con enemigos foráneos. A pesar de la enorme tajada de territorio que agregaron a nuestro dominio, acicateados por los intereses extranjeros que ayer , tal como hoy, se negaron a pagar un justo royalty  a quienes tenían inobjetable soberanía en el desierto.

Toda una historia de atropellos que explican y se alimentan en el enorme influjo que ejercen en nuestra población los políticos autócratas y soberbios. Esos “primeros mandones” que suelen llamarse mandatarios. Que se reconocen como parte de una “clase política” y que –traicionando la democracia que juraron reconstruir- medran en la exclusión y en el binominalismo parlamentario. Sin el más mínimo interés en que crezca el número de ciudadanos y la práctica del sufragio libre e informado. Gobierno, Parlamento y Poder Judicial que actuaron de consuno para liberar a Pinochet de la justicia universal y, después de 20 años de post dictadura, mantienen las leyes de impunidad y prescripción para los crímenes del régimen castrense. Renuentes, todavía, a reconocer jurisprudencia al Tribunal Penal Internacional, como lo han hecho tantas naciones y regímenes de la más distinta inspiración.

Reconozcámoslo con franqueza:  estamos en manos de un puñado de gobernantes y presuntos opositores que, con unas pocas excepciones, están complacidos con la Constitución remozada del año 80 y con el sistema político electoral que les permite perpetuarse en sus cargos, así como garantizarse impunidad en sus despropósitos. Un sistema de representación cupular tan rígido que en las postrimerías de un tiempo de abusos y decepciones tienta todavía a ciertos sectores excluidos del sistema a recoger migajas de representación.  Aceptando una negociación que ha roto todas las normas de debido decoro político y en la que se ha pasado por alto la digna historia de sus organizaciones. En la burla completa del testimonio de los fundadores y mártires de la justicia social y de la democracia efectiva.

¡Cómo no compadecerse de los atropellos cometidos incesantemente en nuestra historia contra nuestros pueblos fundacionales! Con los mismos métodos y argumentos con los que se segregó al pueblo mapuche, se le aisló en “reducciones” y se consumó el borrón cultural  de otras  identidades nortinas, costeras y australes, se aplica hoy la Ley Antiterrorista, se recurre a testigos ocultos y se ejerce el más violento acoso policial a quienes luchan por recuperar sus tierras expoliadas.  Claro: en el propósito de “pacificar la Araucanía”, hay latifundistas que son expropiados, pero siempre muy bien indemnizados por renunciar a lo que antes se robaron. Recurriendo a las consabidas prácticas de correr los cercos e inscribir como bienes raíces propios pertenencias ajenas con la complicidad de las instituciones del Estado que, en estos casos, funcionan expedita y, también, impunemente.

Días atrás, una alta autoridad del Gobierno celebraba  como un hito histórico la idea de legislar a favor del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Trámite que completa 18 años de discusión en el Congreso Nacional y camino a celebrar el bicentenario de nuestra independencia. Reconocimiento, por lo demás, que puede ser obvio y de tan poca valía como consignar que la población chilena está compuesta por hombres y mujeres, nortinos y sureños; niños, adultos y ancianos.

En la enorme denegación de justicia que sufren los sectores más pobres e indefensos, hoy es la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que constata la forma en que nuestros tribunales desdeñan las demandas de las personas más modestas. Así lo develan al acoger a tramitación causas cerradas o falladas vergonzosamente en Chile a favor del estado o de las instituciones y personas que alimentan la prevaricación de los jueces. Como aquellos consorcios de empresarios, lobistas y políticos que se proponen alterar el curso de los ríos, irrumpir en nuestras nieves eternas, astillar los bosques y envenenar nuestros santuarios de la naturaleza. Sin miramiento alguno por la calidad de vida de los demás y con absoluto desprecio por la flora y fauna de nuestros frágiles ecosistemas.

Vivimos en un estado de impunidad que hoy es el caldo de cultivo de la corrupción política. El que se asumía como uno de los países menos poseído por los delitos de estafa y malversación de recursos públicos, hoy se integra a la nómina de naciones infectada de operadores políticos en la administración del Estado. Políticos enriquecidos en el ejercicio de sus cargos y el tráfico de influencias, empresarios favorecidos por los burócratas y funcionarios públicos sobornados por éstos. Dineros destinados a generar mano de obra o a fomentar el deporte que van a engrosar las finanzas de los partidos y las campañas electorales. Enormes y millonarias inversiones en carreteras y diversas obras de infraestructura que se desmoronan por la fragilidad criminal de su construcción. Un puente nuevo que colapsa en menos de cinco años, mientras uno más que centenario debe ser derrumbado por dos poderosas detonaciones. Un bochornoso incidente que dejó en evidencia que en el pasado había mucho más probidad a la hora de “hacer patria” en el legado de colosales obras que soportaron todos los embates de nuestro telúrico territorio.

La post dictadura no inició proceso alguno para recuperar los bienes confiscados al estado y a todos los chilenos por los militares. Yacimientos, empresas públicas y toda suerte de propiedades y concesiones vendidas a precio vil. Delitos impunes que amparan los asaltos actuales a las bóvedas fiscales. Ladrones de cuello y corbata de ayer que contemporizan con los asaltantes de hoy, se reconocen en las fotos de la vida social de los periódicos, emprenden negocios conjuntos y hasta llegan a militar en los mismos partidos o directivas patronales, entidades en las que ya no existen demasiadas diferencias. Rabiosos jacobinos del pasado que ahora integran directorios de bancos; voraces pirañas que después de henchirse se acuerdan de Dios y del prójimo en ciertas sociedades de beneficencia  que los acogen siempre tan con “cristiana” resignación.

La “libertad de mercado “devenida en la colusión más escandalosa de las empresas para convenir los precios de fármacos esenciales para los tratamientos de enfermedades severas. Laboratorios extranjeros que delinquen en conjunto con las cadenas de farmacias inspiradas en lo que es el alma del modelo económico que nos rige. Es decir la usura: la misma que practican también los bancos y otras entidades que arrojan en sus filiales en Chile los más altos índices de utilidades. Políticas de “desregulación” que arrasan con los planos “reguladores” de las municipalidades, las áreas verdes y nuestro patrimonio urbano. Pavorosa  colusión practicada por los supermercados y que llega a emularse hasta en los vendedores de las ferias libres. A la hora, por ejemplo, de fijar los precios de los pescados y mariscos que se consumen tradicionalmente en Semana Santa.

Despenalización durante el Gobierno de Ricardo Lagos para los ejecutivos de empresas que atenten contra la libre competencia, un verdadero salvoconducto para que éstos fijen en conjunto los precios y arriesguen sólo multas fiscales que nunca alcanzarán los montos defraudados al bolsillo de todos los chilenos.  Universidades, también, en estado de colusión para fijar sus aranceles y hacer pingües negocios a pesar de que la Ley las define como entidades “sin fines de lucro”. Una usura que queda  en evidencia cuando éstas son transadas en el mercado y aparecen sus benefactores y patronos más empinados.

Un estado de impunidad que nos ha llevado a ser una de las naciones más desiguales de la Tierra. En que un puñado de chilenos, que representa menos de 10 por ciento de la población, tiene el mismo ingreso que se reparte el otro 90. Educación diferenciada para pobres y ricos y paulatina renuncia del estado a velar por una educación más igualitaria. Menos del 3 por ciento del producto interno bruto dedicado a la que se estima como la actividad que más puede colaborar al progreso social y a la justicia distributiva, cuando se gastan ingentes recursos en adquirir mortíferos aviones de guerra y financiar el reajuste especial a los sueldos de las Fuerzas Armadas y policías. Leyes, por lo demás, que se despachan en el Congreso a la velocidad de un misil y en el más amplio consenso político. En contraste severo, por ejemplo, con la larga y dura movilización y negociación en que los empleados públicos obtuvieron un reajuste de sueldos y salarios equiparable apenas al alza del costo de la vida. Más cárceles,  soldados y policías dispuestos a combatir la delincuencia y la subversión. Sin asumir que es en esta situación de injusticia social, de sordidez poblacional, donde cunde el delito organizado.  Porque demostrado está que es la grosera inequidad, más que la pobreza extendida, la causa principal de la violencia y la criminalidad.

También nuestro país se ufanaba que el narcotráfico y el consumo de estupefacientes eran una lacra de los otros, una realidad ajena a la nuestra. Sin embargo, fue aquí donde se instalaron Amado Carrillo y sus secuaces y desde donde huyeron todos  después de que se supo la muerte de su capo máximo.  Una operación que coludió a autoridades políticas, policías, estudios de abogados, empresas, diplomáticos y otros interesados en darles cobertura legal y seguridad a los integrantes del Cartel de Juárez. En garantizarle el mejor pasar a quien llegó a ser uno de los más poderosos multimillonarios del mundo. Un episodio que permanece en la más completa impunidad, aunque existen denuncias al respecto y presunciones fundadas que se podría tratar de uno de los sucesos más escandalosos de nuestra pretendida democracia. Donde podría descubrirse, además, el origen de una buena parte de los recursos para financiar la política. Tampoco éramos corredor de la droga hasta que se descubren voluminosos cargamentos de efedrina destinados al norte del continente y, por supuesto, al creciente consumo y micro tráfico nacional.

Todo ocurre gracias a la impunidad legal y moral, pero se explica mucho en la complicidad de los medios de comunicación. La existencia del periodismo libre y digno es una condición fundamental de la democracia y la posibilidad de un verdadero ejercicio de la soberanía popular. Mucho más que los tribunales, son los medios los que primero advierten la corrupción de las autoridades, la desidia de las instituciones y el clamor de justicia de los pueblos. Comunicadores, periodistas y artistas son muy habitualmente los primeros en romper el bloqueo informativo impuesto por los regímenes opresivos. Lo que, por cierto, sucedió durante el fascismo y el estalinismo y aquí, en nuestro país, cuando un conjunto de publicaciones escritas sortearon la censura oficial, se arriesgaron y sembraron la movilización social y las jornadas de protesta que hicieron temblar al régimen de Pinochet. Hasta que, finalmente, los arreglos cupulares le salvaron la vida a su legado y negociaron un a transición interminable y, hoy, definitivamente traicionada.

La principal misión del periodismo es sembrar las ideas del cambio, crear conciencia y romper todas las cadenas que oprimen al ser humano y a los pueblos de la Tierra. Liberarlo de la ignorancia, del hambre y  la exclusión. El periodismo democrático, sin duda, no es el que se conforma con el orden establecido, sino el que se revela ante las normas del derecho y la impunidad que favorecen la injusticia y la desigualdad que siguen siendo escandalosas en un país que prefiere guardar su dinero antes de invertirlo en progreso y equidad.  Que se vale del trabajo mal remunerado para darle “competitividad” a sus exportaciones  y que a la hora de una crisis financiera mundial sale al rescate primero a los bancos que de los deudores  hipotecarios. Así como que subsidia primero el sueldo que los empresarios deben pagar a sus trabajadores, antes que invertir en industrias y actividades que generen riqueza, independencia económica y salarios dignos.

El estado de impunidad que vive Chile tiene explicación en la pavorosa concentración informativa alentada por los gobiernos post pinochetistas. Ya se ha denunciado la colusión política que puso en práctica la política de exterminio de los medios disidentes de la dictadura. Una denuncia ciudadana ante el Tribunal de Libre Competencia ha dejado en evidencia la forma en que el Ejecutivo favorece con la publicidad estatal a un puñado de medios a cambio de tribuna, oposición discreta y, en algunos casos, el ocultamiento de graves delitos contra la probidad.  Para colmo, en los dos últimos años toma posesión de más de la mitad de las radios nacionales otra empresa española; un consorcio que paga millones de más por un negocio de muy improbable factibilidad, pero que le da un poder enorme para defender a las inversiones de la reconquista hispana en los sectores más estratégicos de nuestra plataforma productiva y energética. Ahora que ya surge el clamor por renacionalizar el cobre y las empresas que lucran de los servicios básicos de nuestra población.

Como se sabe, en una de sus más audaces intuiciones, los líderes de la transición negociada prefirieron entenderse con la prensa adicta y cómplice de tantos crímenes que dejar correr aquellos medios que los vigilarían y les demandarían en cumplimiento de sus promesas. Un acuerdo a favor de la impunidad sobre los delitos del pasado, incluyendo los de lesa humanidad, a cambio una oposición discreta en relación, incluso, de los episodios de represión y corrupción de los últimos años. Como la forma en que se ignoró que una organización ilícita conocida como “la Oficina” organizara emboscadas e hiciera desaparecer dirigentes y organizaciones rebeldes con los mismos métodos utilizados por la DINA o la CNI. Como en la colusión mediática que operó la entente política de dirigentes de la UDI y el ministro del Interior  para salvar al Gobierno de Lagos del descubrimiento en el pago de sobresueldos a los ministros y de tantos otros escandalosos ilícitos que lo tuvieron pendiente de un hilo y de los cuales todavía esperamos  resoluciones judiciales.

Hoy se legisla para hacer automática la inscripción y voluntario el sufragio sobre todo en el temor de que los jóvenes se “vayan por la libre” y el descontento del pueblo estalle y desarrolle sus propias organizaciones y formas de lucha más radicales “No vaya a ser cosa que los jóvenes se movilicen, levanten sus líderes y nos desplacen de la inmensa ubre que todavía nos proporciona nutritivo brebaje fiscal”. “Si se hace estrictamente necesario, abrámosle algunos cupos a los bullangueros antes que desafíen el sistema y convoquen a aquellas movilizaciones sociales que se sabe son las únicas que provocan los cambios”. “Mejorémosle los sueldos y entreguémosle más juguetes de guerra a los soldados para comprar su docilidad y permitámosle, de paso, que negocien la compra de armas con suculentas coimas”. “Promovamos, también, que los principales dirigentes sindicales lleguen al Parlamento y se apoltronen en sus dietas y granjerías”. “Tirémosle
 algunos pesos al mundo de la cultura  para aplacar la su intrínseca rebeldía y convertir, de paso, a algunos actores y gente del espectáculo en diputados… Aunque después devengan en díscolos”.

¡Qué duda cabe que la impunidad ha enhebrado nuestra historia! Por algo se nos señala siempre la inconveniencia de mirar atrás y se nos insta a poner la vista en el futuro. En la pretensión de reconciliar lo que nunca estuvo conciliado se erigen, otra vez, los primeros monumentos y memoriales para los que sepultaron nuestra última república, derramaron la sangre de los pobres y dignos, ahogaron las ilusiones de justicia social… Y nos legaron las normas de su propia impunidad.

Fuente: Radio U de Chile