Chile: la tragedia de la educación de clases y la cosmética de Bachelet

En el emblemático frontis de la Casa Central de la Universidad de Chile, casi al frente del Palacio de La Moneda, a metros del Ministerio de Defensa, en el centro de la avenida más importante del país, y en el corazón político y público de una nación de 16 millones de habitantes, por algunas horas, se mantuvo enarbolada la bandera chilena, hasta que tuvo que ser retirada, por fuerza de ley y mano policial, debido a que en vez de la estrella solitaria del emblema, los estudiantes de la principal casa de estudios superiores del país, pusieron allí un signo peso ($). Es apenas una acción simbólica de protesta ante el intento por consagrar a través de la llamada Ley General de Educación, un sistema de enseñanza impuesto en dictadura, que ahora quiere remozar la Concertación por presión de la movilización multitudinaria de los estudiantes secundarios el 2006 y por las protestas en curso de jóvenes y profesores.

La LGE, en resumen, sacraliza las desigualdades estructurales del modelo educacional del país fundado en la competencia y la ganancia, y hace trizas el mito burgués de la enseñanza como vía de movilidad social. No es extraño, en absoluto, que en un país donde se inauguró el recetario neoliberal a nivel mundial y hoy es la economía más abierta y, por tanto, más dependiente de los movimientos del capital a nivel planetario, la sociedad de clases construida (a esta hora, casi estamental) haya convertido los derechos sociales ligados a la salud, la previsión social y la educación en pura mercancía, fetiche de los infortunios populares y núcleo de los privilegios de la minoría que manda.
 
En la madrugada de los 80, bajo plena dictadura militar de refundación capitalista, se dictó la nueva Ley General de Universidades que, básicamente, liberalizó la oferta de educación superior en Chile, permitiendo que las universidades privadas impartieran carreras que estaban reservadas a las, entonces, universidades públicas. La Universidad de Chile –alma mater de la excelencia académica y la promoción de profesionales de inmejorable nivel desde 1852-, fue reorganizada por el pinochetismo. Sus sedes regionales fueron atomizadas respecto de su sede metropolitana y transformadas en universidades locales. En la actualidad, ellas forman parte de las denominadas 24 “universidades tradicionales”. La universidades “públicas” continúan contando con aportes directos del Estado, pero son proporcionalmente menores que en los años 60 y 70. Debido a ello, las universidades tradicionales dejaron de ser gratuitas y fueron obligadas al autofinanciamiento, lo que, en general, ha dañado la producción de conocimientos, el ejercicio de la extensión académica, y ha impuesto en los hechos, lógicas de rentabilidad en todos sus niveles, absolutamente reñidas con los objetivos asociados al desarrollo integral del país y la búsqueda de nuevos saberes. Bajo este paradigma, las universidades tradicionales son el reverso del carácter ontológico inaugural de la universidad en la historia de la humanidad y en Chile.
 
Asimismo, en 1980 comenzó el proceso de municipalización de la educación  preescolar, básica y media, bajo la ilusión de los beneficios de la descentralización administrativa del sistema, pero sobre la verdad de dar los primeros pasos hacia la privatización absoluta de la enseñanza escolar en Chile. En rigor, se pasó de un Estado Docente, fundado en una democracia burguesa de carácter desarrollista y de alto intervencionismo estatal, a un Estado Subsidiario que impuso por la fuerza del monopolio de las armas la neoliberalización de la enseñanza, y su nueva situación en tanto contenedora de una renovada naturaleza mercantil y normada por las leyes irracionales del mercado.
 
A la fecha, los resultados de la municipalización de la enseñanza corresponden a una de las debilidades estructurales del Estado desmantelado. En concreto, sólo la mitad del sistema permanece administrado por la municipalidades y recibe magros recursos estatales (alrededor de $ 30 mil pesos mensuales por alumno (60 dólares)), mientras más del 40 % de la matrícula pertenece al sector particular subvencionado por el Estado, y alrededor de un 10 % es totalmente privado (en este sector se invierte por alumno un promedio de  $ 150 mil pesos (300 dólares)). Dejando a un lado las observaciones fundadamente críticas respecto de las pruebas estandarizadas a las cuales son sometidos permanentemente los niños y jóvenes de todo el sistema escolar, ellas revelan las relaciones de desigualdad de clases que se reproducen de manera geométrica en el complejo educacional.. Las escuelas y liceos municipalizados, y gran parte de los particulares subvencionados (donde los padres deben costear un segmento del gasto educativo de sus hijos) ponen a este territorio de la enseñanza muy por debajo de los  niveles, tanto del Continente, como del mundo. Por su parte, la educación privada continúa campeando en todas las pruebas, pese a que, en términos comparativos, sus resultados son menores que el de los establecimientos privados del resto del mundo.
 
El prestigioso intelectual y doctor en Economía de la Educación, Juan Casassus, respecto de la manida y sobreusada etiqueta descontextualizada de “calidad” de la enseñanza muy en boga en el Chile actual, señala que “el concepto de calidad –que es un concepto propio del mundo de la economía y no de la educación- surge a inicios de los 80, precisamente durante los gobiernos  más deseosos del control centralizado y conservadores de USA (Reagan) y del Reino Unido (Tatcher). Bajo estos gobiernos fue cuando se configuraron las ideas de contar con contenidos mínimos (core currículo), se iniciaron las instalaciones de los sistemas nacionales de evaluación y se pusieron estándares por doquier. Es sorprendente notar cómo la lógica empresarial  se ha introducido –subrepticiamente- en el pensamiento colectivo acerca de la educación. 

De manera gruesa, y sin matices, podemos decir que la lógica empresarial es la de la empresa que se encuentra en competencia con otras empresas en un cierto rubro y que su leitmotiv es hacer un buen negocio. ¿En qué compiten? En la colocación  de sus productos. La idea es que el producto sea percibido por los consumidores como siendo de mejor calidad que los otros, o que su producto sea de calidad comparable, pero de menor costo de producción. En síntesis; mercadeo y homogeneización de procesos. Esto funciona en un contexto de libre empresa, con baja regulación estatal, gestión y de mercados abiertos. (…) En los últimos 25 a 30 años ha ocurrido un giro ideológico con respecto a la educación: se ha instalado un ethos empresarial, en un área que tenía un ethos humanista. (…) (Esta vuelta de tuerca) ha contribuido a aumentar el individualismo, el egoísmo, la desigualdad, la rivalidad, la desconfianza, el desmembramiento del tejido social, el consumismo, la alienación, las adicciones, la tristeza y la violencia.  (…) La idea es que la privatización produce competencia y la competencia produce calidad. (Pero) Según las mediciones, la calidad no ha mejorado, y la privatización ha generado desigualdad en las escuelas. Más del 50 % de la matrícula está en el sector privado. En los países con buena educación, las escuelas privadas casi no existen.”
 
Los gobiernos de la Concertación se han concentrado en la cobertura escolar –especialmente castigada durante la dictadura militar- y la “reforma educacional”, propiciada como estrategia conductora del ámbito a lo largo de los casi 20 años de gobiernos concertacionistas.. De este modo, ha parido la Jornada Escolar Completa (JEC) y la creación de infraestructura ante la pudrición literal de los antiguos establecimientos escolares. Sin embargo, más allá de las apariencias, desde el bloque en el poder administrado transitoriamente por la Concertación, en los hechos, tanto el aumento de cobertura, como la  JEC, persiguen la proletarización de la marginalidad social infantil y juvenil (calificación mínima necesaria para que el ejército de pobres que atosigan los recintos escolares “entiendan órdenes básicas”, y se subordinen de mejor manera a los requerimientos de la explotación capitalista en la actual fase, sin que ello signifique, necesariamente, un mejoramiento auténtico en las condiciones de pobreza de origen; sino sólo el aumento de la oferta laboral que impulsa los salarios a la baja).

Asimismo, la JEC, busca mantener a los escolares alejados de sus familias –consideradas de alto riesgo social- el mayor tiempo posible, no importando el tipo de actividades o de no actividades que realicen en los establecimientos escolares. El objetivo es mantener acuartelados a los estudiantes, lejos de familias “peligrosas”, con poquísima instrucción,  asociadas al trabajo informal y obligadas a la delincuencia por la miseria y la ignorancia. Así, la escuela y el liceo funcionan ortopédica y profilácticamente ante un entorno de pobreza, para mejor disciplinamiento y control de los futuros trabajadores peor pagados por el sistema.

Los educadores son sólo peones que vehiculan y reproducen las referencias simbólicas matrices de la clase dominante, y se encuentran entrampados en demandas salariales sin fin y en el contrasentido de procurar instruir –algunos a educar- a más de 40 alumnos por curso, cuando las recomendaciones mundiales hablan de 20 estudiantes por curso si se busca, en efecto, mejorar la enseñanza. Sin embargo, como las escuelas y liceos operan como guarderías ligadas a “factores de protección ambiental”, los maestros deben cumplir roles pedagógicos, psicológicos, de asistencia social, policiales y otros más distantes todavía de la docencia.

Pero no importa; en el sistema escolar municipal financiado por el Estado y en gran parte del privado subvencionado, ya no existe gran diferencia entre la gendarmería y el ejercicio de la enseñanza. Sin embargo, los niños siempre retornan a su casa y, como reos, deben volver al día siguiente a la escuela. Como estímulo perverso para los docentes, en esta dimensión, los profesores son pagados de acuerdo a la asistencia de los alumnos, y no de acuerdo a sus buenas clases –aunque reciben bonos simbólicos si pasan con excelencia la llamada Evaluación Docente, medición inscrita en la estrategia global de la ideología burguesa que produce la desigualdad educativa en Chile-. Mientras tanto, las pruebas nacionales e internacionales a las cuales son sometidos los estudiantes, invariablemente, repiten los resultados de la enseñanza de la sociedad de clases: la minoría privilegiada obtiene los mejores puntajes, y la mayoría pobre, los peores. ¿Qué se obtiene con pesar una y otra vez a la criatura si no se le alimenta y simplemente se sostiene su desnutrición?
 
La Ley General de Educación (LGE) que pretende, formalmente, superar o readecuar contextualmente la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza  -última imposición jurídica del pinochetismo antes del comienzo de los gobiernos civiles post dictadura- fue gatillada inicialmente por la multitudinaria movilización de los escolares de Chile y la favorable opinión pública que lograron construir el 2006. No obstante, y como suele ocurrir y obrar en tiempos de democracia burguesa u oligarca, la Presidenta Bachelet aniquiló el movimiento juvenil, desnaturalizando sus objetivos mediante la instalación de un Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, de carácter meramente consultivo y sugerente. En abril de 2007, el Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley  que establece la Ley General de Educación. En síntesis, el ordenamiento jurídico consagra la educación privada subvencionada, apurando mayores requisitos para montar establecimientos en manos de particulares, y transparentando la información de sus resultados, contenidos curriculares, y objetivos educacionales.

El Proyecto, que en esa fecha fue firmado por la después desaforada ex Ministra de Educación, Yasna Provoste –debido a la mala entrega  de recursos fiscales a establecimientos subvencionados (!)- afirma que la administración particular de las escuelas y liceos subvencionados no debe tener fines de lucro. Lo anterior se reduce a que, los sostenedores, entre cuyos requisitos está contar con  10 millones de pesos (20 mil dólares) e infraestructura “adecuada”, no podrá lucrar en negocios distintos al giro educacional, y deberá transparentar e informar sus cuentas. Para ello, el proyecto de ley –aplaudido por la derecha política y duramente criticado por los escolares, universitarios y profesores- contempla la eventual creación de una Superintendencia de Educación con fines fiscalizadores.

En su conjunto, el cuerpo legal fija como paradigma dominante, la mantención de la educación privada subvencionada sólo que, en teoría, más supervisada ante las cifras extraordinarias de ganancia e incluso alta concentración de la propiedad de la administración escolar, sin resultados “positivos” de acuerdo a los criterios del propio modelo. De esta manera, el sistema educativo ajusta su estrategia privatizadora, aminorando la opacidad estructural de la llamada “libertad de enseñanza”. El resto del proyecto únicamente legaliza en un todo conquistas de la propia sociedad en orden a prohibir la discriminación o expulsión escolar de  muchachas embarazadas, jóvenes homosexuales, y la ratificación curricular de contenidos asociados al cuidado del medio ambiente y la tolerancia. Sin embargo, como reina de manera hegemónica la enseñanza privada subvencionada, es decir, la tabla de hierro de la ganancia en el mundo de la enseñanza, la ley es papel mojado, fraseología democratista, articulado de buenas intenciones, y simple perfeccionamiento de la matriz educacional inaugurada por el pinochetismo y  la refundación capitalista en el país.

El Proyecto tanto actualiza jurídicamente las nuevas maneras de reproducir la vieja y clasista visión de los intereses de los poderosos, que en los últimos días, junto con los estudiantes y profesores en la calle, un grupo de parlamentarios ha levantado una serie de indicaciones al proyecto que, de acogerse, la derecha histórica ha amenazado (a la boliviana) con no votar la LGE, argumentando que Bachelet “no hace honor a la palabra empeñada”. En este sentido, la derecha histórica se refiere al acuerdo firmado ya entre la Presidenta y ese sector para aprobar un cuerpo legal que deja las cosas intactas, salvo la posible “transparentación” del negocio educativo. Nada más vale decir que en el mundo, en un porcentaje absolutamente mayoritario (por ejemplo, en USA, en un 80 %) la educación es estatal. Los gobiernos de la Concertación, más papistas que el Papa, aplican a rajatabla los manuales de diseños educativos probadamente fracasados y provenientes de la ultra liberal más ortodoxa y antipopular.      
 
En el 2006, cientos de miles de escolares abarrotaron las calles de las principales ciudades de Chile, exigiendo una mejor educación, testimoniando las injusticias y desigualdades ominosas de la enseñanza de una sociedad de clases. El 2008, comienza nuevamente el movimiento, con la participación parcial y  absolutamente insuficiente del profesorado, encapsulado en demandas economicistas y gestos menudos, cuando lo que se precisa es de una verdadera gesta del conjunto de los trabajadores y el pueblo para contrarrestar el poder de quienes formularon y reproducen una educación que condena a los niños y jóvenes a un futuro gris y sin posibilidades. Otra vez la Central Unitaria de Trabajadores brilla por su ausencia, mientras los escolares y universitarios no logran por sí mismos, dibujar hegemónicamente el horizonte de una enseñanza de nuevo tipo.

El pueblo observa con simpatía la lucha estudiantil, aporta con una moneda en el tacho que los estudiantes emplean para sostener sus movilizaciones y paros. Sin embargo, ni la simpatía, ni la solidaridad simbólica, construyen la fuerza necesaria para plantear las demandas de fondo que requiere la transformación de la enseñanza en el país, esto es, la desmunicipalización de la educación, la mayor dotación de recursos, el fin de la educación privada subvencionada y el cambio de paradigma impuesto por las instituciones patronales locales y mundiales para beneficio de sus intereses. Mientras las muchachas y muchachos chilenos dan lecciones de dignidad y claridad en sus objetivos, el conjunto de la sociedad se mantiene embotada, inactiva, como si el problema no involucrara las fibras cardinales que causan la tragedia cotidiana, probada una y mil veces, de la consagración de una educación para ricos bajo la dinámica del capital y la ganancia, contra una enseñanza necesaria, fundada en un proyecto de desarrollo para bien de las grandes mayorías, lejos del lucro y más cerca de la felicidad y emancipación humanas.   
 
-El autor es miembro del Polo de Trabajador@s por el Socialismo
Junio de 2008