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Abogado Boris Paredes: «Instituto de Derechos Humanos se convertirá en instrumento de impunidad» 

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El profesional habló con El Mostrador.cl en representación de los querellantes del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y advirtió que una vez que se dicte la ley que crea el nuevo organismo las víctimas quedarán sin defensa, por lo que ''vamos a tener que confiar en la acuciosidad de algunos ministros y nada más''.

Preocupación y desazón. ésas son las expresiones que mejor resumen el ánimo que reina en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, luego de que el Senado aprobara la creación del instituto del ramo y una comisión que revisará y heredará los archivos de las comisiones Rettig y Valech.

Este jueves, los profesionales que a diario litigan estos procesos se reunieron para analizar el escenario y nombraron al abogado Boris Paredes, como su vocero.

En entrevista con El Mostrador.cl, el profesional aseguró que la dictación de la ley implicará que los familiares de las víctimas no tendrán defensa judicial, debiendo quedar al arbitrio de algunos ministros que investigan acuciosamente.

¿Cómo recibieron esta noticia?
– Primero que todo, quiero dejar en claro que ésta no es una reinvindicación de carácter laboral. A ninguno de nosotros se nos ha dicho que nos vamos a quedar sin trabajo o algo parecido, sino que es una preocupación por el destino de las causas. Desde ese punto de vista creemos que, o por mala fe o por ignorancia, eso no lo podemos calificar se ha entregado información errónea a la ciudadanía que no pensamos que sea el parecer de la Presidenta.

¿En qué sentido?
-Se ha dicho que no importa que el Programa de Derechos Humanos no se pueda querellar ni sostener acciones penales por las víctimas que son detenidos desaparecidos. Pero resulta que si actuaba en calidad de continuador de la comisión Rettig y si el continuador va a ser este nuevo organismo, el programa va a carecer de toda facultad para seguir haciéndolo.

¿De qué manera califican como abogados esa situación?
– Es grave, por decir lo menos, porque en gran parte de las causas el programa es el único actor real. Y desde ese punto de vista, es nuestra preocupación y se va a convertir en un instrumento de impunidad. Y eso es lo que no queremos. Además, vemos con mucha preocupación que un proyecto que se haya tramitado casi dos años, consensuado, discutido, donde todos los actores opinaron y ¡se cambie en 24 horas por una comisión que salió de la noche a la mañana!

Pero aquí también hay una cuestión de futuro, porque creemos que debe existir un organismo independiente que sostenga las acciones penales en casos de violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, cuando haya violencia policial, cuando un fiscal tenga aquiescencia con Carabineros. ¿Quién va a representar al ciudadano? Y ahí aparecerá la paradoja de que vamos a pedir de que no desaparezcan las fiscalías militares porque van a ser los únicos que van a poder poner coto a estas actuaciones desmedidas.

¿Y no basta con la propuesta del ombudsman?
– En este momento, el ombudsman no existe, en este momento a las personas se les deja en el desamparo. Porque este instituto que sale no es más que un centro de estudios. Basta con los que hay, como el de la Universidad Diego Portales, que como órganos independientes lo hacen bastante bien. ¿Entonces para que sirve este instituto? Pues para dejar a los familiares de las víctimas sin defensa legal.

¿Puede ser mejorado en la Cámara de Diputados este proyecto o la Presidenta debiera enviar un veto para esclarecer esta situación?
-Creemos que el proyecto lógico era el original, que salió discutido y consensuado. Insistimos que el nuevo salió de tres personas que dicen ‘somos los sabios’ y aseguran saber cómo debe ser un Instituto de Derechos Humanos. Me van a perdonar, pero ¡ninguno de ellos tiene la experiencia que tienen los abogados que trabajamos en el programa!

¿Qué se hace entonces?, ¿se vuelve al proyecto original?, ¿se anula lo que hay?
– Eso es lo que hay que discutir. Sucede que eso no puede resolverse en 24 horas con una comisión que tiene cero representatividad, porque no representa a los organismos ni a los abogados que, en la práctica, están llevando las causas y vienen a imponer un instituto que no sirve para nada y es más, ¡es un instrumento de impunidad!

¿Se equivocó el Gobierno al presentar este proyecto?

– No creo que el Gobierno se haya equivocado. Lo que pasa es que aquí se están diciendo cosas que no son ciertas, como que no se a va afectar en nada la actuación del Programa de Derechos Humanos y eso es falso, por ignorancia o por mala fe, eso no lo calificamos. Lo que sí sabemos es que cuando salga este proyecto al otro día nos van a estar dejando fuera de las causas de derechos humanos.

¿Alguien les ha dicho que ello va a ser así?
– No, pero nosotros conocemos la ley. No basta con que alguien nos diga. Sabemos lo que sucederá. De hecho, los abogados de la contraparte nos han tratado muchas veces de dejar fuera de las causas, porque saben que es el escollo. Y nosotros podemos seguir llevando estos procesos porque tenemos esta calidad y facultades jurídicas esta calidad de continuador va a pasar al instituto se lleva nuestros papeles, documentos, biblioteca, expedientes. O sea, ¿vamos a mirar el techo?

En La Moneda se dice que una cosa no tiene que ver con la otra y que el programa va a seguir tal como antes…
– Insistimos: eso es falso. Porque hay una ley que dice que no tenemos facultades y el instituto tampoco las tiene. Es decir, las causas se quedan sin abogados y vamos a tener que confiar en la acuciosidad de algunos ministros y nada más.
7 de Septiembre de 2007

* Fuente: www.elmostrador.cl  
Enviado a PiensaChile por el periodista Pedro Alejandro Matta


Abogados del Programa del Ministerio del Interior descubrieron falla
Error en ley de Instituto de DDHH dejaría a víctimas sin defensa judicial

por  Jorge Molina Sanhueza

El hecho se produce por la llamada ''derogación tácita'', ya que al dictar una nueva normativa que crea un organismo que tendrá la facultad de recibir información, guardar la documentación de las comisiones Rettig y Valech, mas no querellarse, se anula la figura del ''tercero coadyuvante'' que durante el gobierno de Lagos se usó para que el Estado defendiera a las víctimas.

Las víctimas de violaciones de derechos humanos podrían quedar sin defensa ante los tribunales si es que la Cámara de Diputados confirma lo obrado por el Senado en torno a la creación del Instituto de Derechos Humanos y la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.

Esta fue la conclusión a la que arribaron los abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en una reunión reservada que sostuvieron la tarde del jueves, donde analizaron el cuerpo legal presentado por el gobierno al Parlamento, que incluyó los indicaciones de la Presidenta Michelle Bachelet.

Fuentes del organismo explicaron ayer a El Mostrador.cl que, como el Programa es la continuación de la ley 19.123, que creó la Comisión Rettig, la nueva normativa los “derogaría tácitamente”, como se conoce a esa figura en el derecho público.

Esto se produce porque las facultades atribuciones que hoy tienen pasarán al Instituto de Derechos Humanos, como también la documentación, lo que anularía la figura que les permite hacerse parte en los casos que hoy sustancia la justicia como “tercero coadyuvante”.

Y esto se produce, además, dijeron fuentes de la entidad, porque el Instituto no tiene facultades ni atribuciones para querellarse, una de las condiciones que impuso la derecha para facilitar su aprobación el miércoles en el Senado.

Argumento militar
El dilema ha mantenido en alerta las organizaciones de derechos humanos que ven en esta figura la implantación del “punto final”, ya que en la práctica llega una ley nueva con un organismo que actualmente litiga en los estrados judiciales.

La situación es preocupante debido a que los abogados de los militares procesados y condenados por delitos de lesa humanidad han insistido en los alegatos, tanto en la Corte de Apelaciones y en la Suprema, como también en los escritos que presentan a los jueces que llevan las investigaciones, que el Programa no tiene las facultades legales para ser parte en los juicios.

La figura del “tercero coadyuvante” fue una solución jurídica implementada durante el gobierno de Ricardo Lagos para que un organismo del Estado pudiera representar a las víctimas de estos delitos, como ordena la legislación internacional.

Si bien es cierto en un primer momento la fórmula legal fue resistida por los jueces, finalmente terminaron aceptándola, debido a que los afectados estaban en el desamparo, toda vez que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) sólo representa al Fisco como el sostenedor de la acción penal pública y, luego, como el defensor de sus intereses económicos.

¿Quién defiende a las víctimas?
El problema, explicaron las fuentes consultadas, es que si el Instituto se lleva los documentos y no puede accionar ante la justicia, entonces el Programa. Luego, se preguntó la fuente, “¿quién defiende a las víctimas en los tribunales?”.

Este hecho podría hacer variar el rápido curso que ha tomado la iniciativa de Bachelet cuando sea vista en la Cámara de Diputados, donde los organismos de DDHH tienen sus esperanzas cifradas para mejorar la iniciativa y que se explicite quién sostendrá la acción penal de las víctimas ante los tribunales de justicia, por ejemplo.

Según la dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) Mireya García, de ser aprobado el proyecto tal como está solicitarán a Bachelet que envíe un veto.

Proyecto aguafiestas
El tema puede llegar a convertirse en un problema internacional para la Presidenta, ya que todo podría derivar en que la imagen de Chile se viera mermada en momentos en que se está postulando a integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

García insistió en que “existe preocupación sobre este tema, porque Chile se instalaría como un país que no cumple los estándares de los organismos internacionales en esta materia”.

“Si se aprueba esto, no tendrá el peso específico, ni cumplirá con los estándares de la ONU ni Chile tendrá una institucionalidad acorde para tan alta misión internacional, no se pasará la prueba de la blancura", insistió.

Otro factor que se suma a las críticas de Mireya García, surgió a propósito del proceso de extradición del ex Presidente peruano Alberto Fujimori.

Uno de los que ha alzado la voz fue el también socialista Jaime Naranjo, entre otros parlamentarios. El senador aseguró hace un par de semanas que el Poder Judicial de Chile tiene la gran oportunidad "de revertir su oscura actuación en el proceso seguido contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet" si aprueba la extradición del prófugo ex presidente Alberto Fujimori. De lo contrario, indicó, podríamos ser cuestionados para ingresar al organismo internacional, lo que sería un severo fracaso diplomático.
7 de Septiembre de 2007

* Fuente: www.elmostrador.cl  
Enviado a PiensaChile por el periodista Pedro Alejandro Matta

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