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21 Abr 2026

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¿Mano dura Pinochet o justicia?

por Marcel Claude (Chile)

19 años atrás 12 min lectura

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Un comentario a propósito de la celebración del día del joven combatiente
En la última celebración del día del joven combatiente las protestas inorgánicas de los jóvenes y de los muy jóvenes, fueron más agudas y más masivas de lo que estábamos acostumbrados. En un acto de racionalidad económica inesperado de las multitudes manifestantes, se optimizaron los recursos disponibles de los niños protestantes y para darle mayor fuerza, se concentraron varios temas en el mismo día: la Ley Orgánica Constitucional de Educación, el Transantiago, y el crimen de los hermanos Vergara Toledo.  Esta optimización económica natural de recursos es una prueba de que estas manifestaciones no son tan irracionales como le gustaría demostrar al señor subsecretario del interior, Felipe Harboe, una especie de funcionario de la dictadura o del antiguo régimen del nazismo alemán enquistado en la “democracia” concertacionista, quién, al igual que los entonces subsecretarios de Pinochet, se regocijaba demostrando que todo lo que hay en los recintos universitarios es subversivo, ya sean estos libros o utilería. Y como ya es su costumbre, aplicando la tan majadera como ineficaz respuesta: “mano dura Pinochet”.

Es evidente que las protestas tienen su propia racionalidad y que obedecen a una determinada lógica, que no son actos absurdos producto del desborde del juicio común o de una especie desconocida de psicosis social, es decir, locura colectiva. Por lo demás, sería bueno que al menos los viejos políticos de la Concertación –los que ya son muchos- recordaran que gracias a este tipo de protestas están hoy día gobernando el país y que eran ellos mismos quienes se juntaban para convocarlas y alentarlas. Claro está que no obedece a la lógica del mercado ni a la razón de Estado, ni menos aún, a las razones que explican la evidente y desenfadada lógica que hay detrás de la complicidad impúdica entre la clase política toda entera y la clase empresarial o la “elite” como otros la llaman.  El cuento es viejo y ya Pascal lo decía en su tiempo “el corazón tiene razones que la razón desconoce”, y la redundancia vale de sobra para Pascal.

Dado que a subsecretarios como Harboe les cuesta en demasía entender tal lógica, intentaremos dar algunas pistas con la certeza de que muchos chilenos comunes y corrientes tendrán la inteligencia de sobra para entenderlas, más en mi fuero interno guardo la convicción más absoluta de que Harboe, Andrés Velasco o don Belisario, por nombrar sólo algunos, serán cabalmente incapaces de aquilatarlas.

Hay razones de índole económico-social, como por ejemplo, la extrema desigualdad.  Chile es uno de los peores países en esta materia. Sería redundante dar cifras. Son por todos conocidas, pero, no por ello mueven la inteligencia del Estado, no por ello mueven sus cuotas de poder para instalar políticas de impuestos o de salarios más justas y dignas, los otrora socialistas marxistas leninistas que vociferaban por la revolución científica, el gobierno obrero y popular o la revolución armada en los recintos universitarios y barrios marginales, como Camilo Escalona o Nicolás Eyzaguirre por ejemplo.  Esto produce algo que se llama rabia, enojo, sentimientos de frustración y cualquier psicólogo le va a explicar fácilmente a estos otrora vociferantes de la revolución armada y hoy de las virtudes del mercado que, cuando no hay canales civilizados de expresión, esta rabia se convierte en violencia. La rabia se vuelve daga.  No es tan difícil de entender señor Harboe, haga un último esfuerzo de exégesis socio-política, usted no está allí sólo para romper huevos.

A la desigualdad agreguemos los salarios indecentes que se pagan, las jornadas extensas que los trabajadores y trabajadoras deben soportar, las condiciones de trabajo humillantes, los abusos de autoridad, las prácticas antisindicales, la ausencia del derecho a huelga, la política sistemática del Estado –y CODELCO es un ejemplo de esto- orientada a debilitar y dividir la fuerza de las organizaciones sindicales.  Estos condimentos repercuten en los niños quienes son como esponjas absorbiendo lo que ven, lo que reciben, y también repercuten en el hogar, enrareciendo el ambiente familiar, creando condiciones para la ya tan extendida violencia intrafamiliar que cae con fuerza brutal sobre las mujeres y los niños.

Así, los niños aprenden a vivir en la violencia y no precisamente en el amor.  La consecuencia es obvia, se desprende fácilmente. Basta con tener una pequeña calculadora con las cuatro operaciones básicas –sumar, restar, dividir y multiplicar- para sacar las cuentas que hay que sacar. Ni siquiera es necesario que la calculadora pueda estimar la raíz cuadrada.  Si el alimento básico y más abundante de los niños es la violencia, entonces estos niños serán violentos y agresivos. No conocen otra realidad.  Esta violencia los alimenta en el hogar con padres socialmente abusados, en el colegio con los profesores y directivos que son alimentados también con el aderezo de la violencia en una cuota no menor de su dieta alimenticia, en la calle con la policía cuando los jóvenes salen a protestar o a carretear, en la televisión que día a día legitima la violencia como la respuesta más correcta, en la prensa que los trata como delincuentes, en los dirigentes políticos que los usan para ser electos o como argumento para posicionarse públicamente.  Todo en este país es violencia y los niños no hacen sino lo que ven y aprenden de sus mayores.

En el mismo día del joven combatiente, la prensa anunciaba el término de una etapa en el largo juicio por el asesinato absurdo, abusivo y cruel de los hermanos Vergara Toledo.  Han pasado 22 años.  A la violencia cruel de su muerte se agrega la violencia tanto más cruel y tanto más brutal de una justicia lenta, perezosa, negligente y clasista. A la violencia de la desigualdad se agrega la violencia de la impunidad de los delincuentes mayores.  Pinochet se fue sin pagar.  Así también se fueron el almirante Merino, el general Mendoza, el almirante Patricio Carvajal entre otros connotados jerarcas de la dictadura ¿no es acaso violencia  contumaz la vigencia de la Ley de Amnistía que la Concertación prometiera derogar? Esto sin hablar de otros delincuentes que saquearon el Estado chileno y que hoy son prominentes empresarios, tratados con fervorosa complacencia y cebado servilismo por periodistas y conductores de televisión.  Si la prensa, los partidos políticos, el Estado y la clase empresarial han legitimado hasta el hartazgo la violencia de los poderosos e influyentes, no es consistente -matemáticamente hablando- sorprenderse por la violencia juvenil ¿Y qué decir de la corruptela que hoy hace nata en los altos funcionarios del Estado concertacionista, con presidentes del Senado, como el entonces Andrés Zaldivar, cuando en el 2002 promovía descaradamente leyes a favor del grupo Angelini y de sus familiares directos, así como de su propio bolsillo? ¿No hay violencia en estas prácticas corruptas? El silencio obsecuente de los conductores de televisión ante esta nobleza política provoca violencia como el material inflamable produce fuego.

Lo del Transantigo merece nota especial en este recuento de violencias de las que nadie quiere hacerse cargo y, es más, se hacen cínica e hipócritamente los desentendidos.  La radio Bio-Bio informaba que los santiaguinos están durmiendo en promedio dos horas menos y que los tiempos de desplazamiento pasaron de 40 minutos a una hora y media.  Esto sin contar las horas de espera, los innumerables trasbordos, los manoseos en el metro, los atochamientos y hacinamientos.  “Nos tratan peor que animales”, es el comentario común y más abundante de las innumerables víctimas del Transantiago. A esto debemos agregar el engaño y la negligencia profesional o la simple y llana estupidez que abunda en los autodenominados decision makers (los que toman las decisiones en el país).  Sin contar con la maquiavélica infamia del ex presidente Lagos, quien no vaciló a la hora de subirse y bajarse de los buses, en prometer la modernización del transporte público, afirmando descaradamente que vendría el tiempo del respeto a los usuarios, de la reducción de los tiempos de viaje, de la mayor seguridad.  No pocos dividendos políticos obtuvo el otrora intelectual de izquierda, Ricardo Lagos Escobar, apasionadamente partidario en los años sesenta de la abolición de la propiedad privada de los medios de producción.  Gracias a su fama de socialista moderno que sabe cómo es el verdadero socialismo del Siglo XXI es que hoy en día da conferencias en el viejo continente europeo dictando cátedra de cómo se mejoran las condiciones de vida de los pueblos latinoamericanos sin recurrir a la iconografía del Che Guevara.  Esto es violencia y nada más que violencia.

Y qué podemos decir del actual gobierno, el de la sensibilidad femenina, de la sonrisa amorosa y acogedora, del gobierno ciudadano.  Un hecho no menor fue la implementación forzada del plan, independientemente de la opinión de expertos que pronosticaron una a una las nefastas consecuencias que han debido soportar los santiaguinos y pasando por alto las evidentes falencias que mostrara la marcha blanca, durante el mes de febrero, cuando una porción importante de usuarios estaba de vacaciones.  Allí prevaleció inapelablemente la opinión del ministro de Hacienda, Andrés Velasco, en orden a evitar las abultadas multas que debía pagar el Estado a los operadores en caso de postergación.  Dos cosas al respecto: primero ¿Cuál es la razón o la legitimidad que se arrogan ciertos funcionarios para comprometer la riqueza del país ante el empresariado cuando no se le exige a éste consecuencias similares? ¿Porqué los operadores pagan menos multas por incumplimiento que el Estado?; segundo ¿No es acaso violencia que se haya preferido que los usuarios paguen los costos por un mal proyecto, quienes no tienen ninguna responsabilidad, a que el Estado gastara las millonarias sumas por incumplimiento?

He aquí violencia tras violencia, se prefirió evitar pagar las sumas millonarias por el atraso y asumir el costo político, que no es otra cosa que aceptar la rabia y la frustración de la ciudadanía.  Es más, la respuesta del gobierno fue un cambio de gabinete, en donde el único que pagó el costo fue el ministro de transporte, Sergio Espejo, mientras que uno de sus más reconocidos responsables, el ministro de hacienda Andrés Velasco, salió fortalecido y con más personas de su confianza en el gabinete ministerial.

No es menos desoladora la respuesta de las autoridades ante estos hechos de violencia: represión, hacer responsables a los padres, acelerar la ley de responsabilidad penal de los menores de edad. Es decir, “mano dura Pinochet”.  Esta es la respuesta que busca el Estado, esta es la demanda de la clase política y del empresariado, “mano dura Pinochet”.  No hay ninguna voluntad por entender las causas de estas consecuencias y menos aún hay voluntad para incursionar en otras respuestas más eficaces para detener este círculo de violencias.  Lo preocupante de estos estallidos de rabia y enojo juvenil es que afectan precisamente a los más desfavorecidos de la ciudadanía.  Los destrozos no afectan a las comunas ricas ni a las grandes fortunas del país y menos aún a los políticos y empresarios que ven sus pantallas de televisión manchadas de sangre y regadas de piedras, para ellos es sólo “las noticias”.  Los afectados son los menos responsables de la violencia ejercida por el Estado, es más, son los mismos afectados por dicha violencia los que sufren las consecuencias de las consecuencias. Así, el círculo vicioso de la violencia se repite ineluctablemente y siempre en contra de las víctimas.  Nada bueno hay en esto y debería llamar a reflexión y acción.  Pero esto es mucho pedir para la calidad que exhiben los medios de comunicación, la clase política y la oligarquía empresarial.

Al mismo tiempo que los conductores de noticias se esmeran en calificar una y mil veces estos hechos como actos vandálicos, hechos de violencia, delincuencia y criminalidad, las autoridades no hesitan en recurrir a la “mano dura Pinochet”.  Es absolutamente inimaginable que piensen en implementar los cambios que este país requiere para detener el círculo vicioso de la violencia, mejorando la desigualdad a través de mejorar el sistema público de educación, el acceso a la salud, a los salarios dignos, promoviendo prácticas democráticas como el derecho a huelga y una legislación laboral que favorezca la unidad de los trabajadores.  Si los trabajadores no pueden luchar por sus derechos, entonces sus hijos saldrán a protestar.  Si los problemas de la ciudadanía no se expresan adecuadamente en los medios de prensa y se cubren los problemas siempre tratando de preservar los intereses del capital, a quien pertenecen por lo demás los medios de comunicación, entonces, los jóvenes saldrán a protestar. Si el sistema político consagra a una casta de profesionales de la política impidiendo que puedan llegar al Parlamento los dirigentes sociales, los dirigentes sindicales u otros miembros de la ciudadanía que no pertenezcan a la casta política, entonces los jóvenes saldrán a protestar.  Si el acceso a la salud, a la vivienda, a la seguridad social está restringido a los privilegiados y no hay ningún canal que permita las reformas que estos sistemas requieren para ser eficazmente instrumentos de bienestar, entonces, los jóvenes saldrán a protestar.

Las políticas del Estado chileno no hacen sino provocar violencia, engendrar violencia y legitimar la violencia.  Respecto a los hechos observados en la última celebración del día del joven combatiente, no cabe aquí la discusión acerca de si son o no legítimos los hechos de violencia observados. Esa es una discusión que sirve ya sea a quienes quieren, a través de esos hechos, justificar una propuesta de acción política o legitimar el llamado tan cliché y repetido a la “mano dura Pinochet”.  La violencia en esos días emblemáticos no es legítima ni ilegítima, es simplemente la consecuencia de violencias engendradas desde el Estado, la clase política y el empresariado.  Causa-consecuencia, el que siembra vientos cosecha tempestades, el que a hierro mata a hierro muere.  Si el país le ofreciera alternativas a estos jóvenes para canalizar sus ambiciones, proyectos o necesidades y, en esas circunstancias, optaran por la violencia, entonces pongamos a discutir sobre la legitimidad o ilegitimidad de la violencia expresada.  En las actuales circunstancias, no es sino una respuesta natural y esperable ante la enorme violencia que se ejerce hoy en Chile sobre los jóvenes.  Es por así decirlo, una consecuencia tan natural como la ley de gravedad.  No es posible esperar otra cosa.

La verdadera respuesta, esa que rompe con el círculo de la violencia o lo va reduciendo hasta su mínima expresión, es la justicia y nada más que la justicia.  Mientras ella no llegue, la violencia será por mucho tiempo el pan nuestro de cada día.

* El autor es economista

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