Maquiavelo no podría estar mas de acuerdo…

Se han difundido, de manera profusa y por internet, y también han sido publicadas en el Diario El Clarin digital, las opiniones del abogado Roberto Avila  , miembro del Comité Central del Partido Socialista, respecto de los últimos avatares políticos relacionados al tema de la corrupción.
 
Esto no seria nada sorprendente; es mas, las opiniones del abogado ávila no solo constituyen el ejercicio del legitimo derecho a expresarse, sino que también son un elemento de reflexión, no solo para los integrantes del Partido Socialista, sino que   –por el alto cargo de dirección política de quien las emite–   para toda la ciudadanía.
 
Es así entonces que, entendiendo al abogado ávila como alto dirigente político de uno de los partidos mas importantes de la Concertación, y tomando en consideración sus palabras, no cabe menos que efectuar el análisis de ellas y sorprenderse de su contenido.
 
Inicialmente el abogado hace fe de la afirmación del Presidente del Partido Socialista, Senador Camilo Escalona, en el sentido de que "esos aportes (fiscales) no se recibieron."
 
Sin embargo, a continuación, y como primer punto, el abogado desarrolla la tesis de que, de haber existido ayuda económica estatal al Partido Socialista, esta "no pudo ser sino mínima, ínfima, cuatro chauchas." (sic).
 
Apoya su argumentación en la crónica y permanente falta de medios que afirma que aquejo al Partido Socialista durante los años posteriores a la dictadura:  "éramos, institucionalmente, pobres de solemnidad".
 
Sin embargo, mas grave y mas compleja, es la afirmación que el abogado ávila enuncia a continuación:  “Segundo. Y si fuera cierto: que?”
 
Del texto en comento se desprende que la única interpretación posible a la pregunta formulada por el abogado ávila  "Y si fuera cierto:  que?"  se relaciona a que la ayuda económica estatal hubiera rebasado   –en cantidad–   las escuálidas "cuatro chauchas" mencionadas…
 
Si esto hubiera sido así, aparentemente al abogado ávila   –y miembro del Comité Central del Partido Socialista–   no le preocupa.
 
El, a continuación, hace un recuento de las propiedades, bienes raíces, empresas, medios de comunicación, locales comerciales, etc. que eran parte del patrimonio del Partido Socialista hasta el golpe de estado.
 
Afirma, con toda razón, que esos bienes le fueron usurpados o arrebatados   –al Partido Socialista–   "a mano armada", por una dictadura ilegitima.  
 
Y de esta afirmación concluye que, como a su juicio no se produjo la restitución completa, plena, y oportuna de los bienes anteriormente mencionados, seria licito esperar que "el estado hubiera mandado cuatro chauchas"…   Tal parece que hay aquí, en esta afirmación, una incongruencia:   nadie, que se sepa, ha visto jamás que el estado haya enviado cuatro chauchas a persona alguna o a partido político…   Al leer esto uno tiene la impresión de que, alguien, una persona   –o varias–, al pasar frente al edificio de la Tesorería recibió  –inesperada y sorpresivamente–  dinero que caía desde una de sus ventanas…  
 
Por el contrario, lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación es que se descubrió una acción concertada de grupos organizados dentro de la estructura del estado  –y vinculados a partidos políticos de la Concertación– , que han desviado dineros fiscales para usos no contemplados ni especificados en el presupuesto.  Y eso, bien lo sabe el abogado ávila, es una acción ilícita y dolosa; no se trata de una omisión casual, inocente, e involuntaria.  No es que a alguien, inadvertidamente, tal como el lo sugiere, le hubieran caído cuatro chauchas…
 
El abogado  –y miembro del Comité Central del Partido Socialista–  afirma que de haber ocurrido lo anterior constituiría, en cierta forma, la reparación del mal causado.   Es evidente que el abogado se equivoca: no puede sostenerse que la reparación del mal causado se base en tomar la justicia por propia mano (y, en este caso, propender asaltar el erario fiscal mediante operadores políticos y funcionarios públicos conectados a la orgánica partidista, para pretender resarcirse de perjuicios reales o supuestos).
 
De otro modo, estaríamos afirmando que los fines (reparación del mal causado) justificarían los medios (desvió de dineros fiscales para resarcir y/o indemnizar).
 
En su punto tercero el abogado ávila sostiene que, dentro de un marco de disparidad de medios   –en comparación con los partidos de derecha–   seria función y responsabilidad del gobierno intervenir a favor de los partidos de la Concertación para "equilibrar" la desigual contienda electoral.   La intervención aludida   –en aras del "desenvolvimiento de la institucionalidad democrática"–   tiene, obviamente, un fuerte componente financiero.   Nuevamente aquí se enuncia y repite, por parte de este dirigente nacional del Partido Socialista, que los fines justifican los medios…
 
De todo lo anterior resulta como corolario que el texto redactado por el abogado ávila con el propósito de desvirtuar la posible existencia de una "ideología de la corrupción", se transforma, a través de un simple análisis lógico, como una de las piezas de cargo que corrobora la existencia   –y provee la base de justificación–  de la ideología mencionada.
 
Falta por saber si las razones y argumentos expuestos por el abogado ávila son compartidos   –y apoyados–  por el resto de los integrantes del Comité Central del Partido Socialista.   Si así fuera, la afirmación de que existiría una ideología de la corrupción pasaría de ser una simple hipótesis a ser un hecho de la causa…
 
Maquiavello no podría estar mas de acuerdo…