Chile: Concertación y violaciones a los derechos humanos en dictadura

El conjunto de las políticas sectoriales desarrolladas por los gobiernos concertacionistas se entienden en el marco de su proyecto político-económico global. En este sentido, su política de derechos humanos respecto de la herencia de la dictadura se comprende en el contexto de la profunda transformación del liderazgo de la Concertación, experimentada a fines de los 80 del siglo pasado, en relación a la democracia tutelada y al modelo económico neoliberal impuesto por la dictadura.

En efecto, aquel liderazgo modificó sustancialmente su concepción misma de la democracia. Así, el conglomerado antecesor de la Concertación –la Alianza Democrática- había planteado claramente su rechazo a la Constitución del 80, considerando que sus preceptos permanentes contenían diversos dispositivos esencialmente antidemocráticos que impedían que la Constitución y las leyes fueran el producto de la voluntad mayoritaria del pueblo.

Concretamente, en Julio de 1984, señaló que "no hay democracia posible… dentro del marco de los preceptos permanentes de esa constitución [de 1980], si no se hace del Congreso Nacional un cuerpo verdaderamente representativo de todos los sectores del pueblo de Chile, elegido íntegramente por sufragio universal y dotado de reales atribuciones legislativas y fiscalizadoras; si no se democratiza la composición del Tribunal Constitucional; si no se deroga la inamovilidad de los Jefes de la Fuerzas Armadas y de Orden y no se limitan las facultades del Consejo de Seguridad Nacional a las propias y específicas de su función; si no se cambian las normas sobre Reforma de la Constitución por otras que la hagan posible, y si no se asegura la efectiva igualdad de derecho de todos los chilenos".[1]

Sin embargo, ya en Agosto de 1991, y sin que ninguno de esos cambios se hubieran efectuado, el entonces presidente Aylwin expresó que "la transición ya está hecha. En Chile vivimos en democracia".[2] De este modo, lo que en 1984 se consideraba, con toda propiedad, como requisitos ineludibles para la existencia de una democracia, en 1991 se empezó a concebir como simples factores de perfeccionamiento de ella. Así, Aylwin agregó que "esta democracia es susceptible de perfeccionarse, sí, y una de las tareas que tenemos por delante es perfeccionar la democracia y eso exige algunas reformas constitucionales, tarea que mi gobierno ha abordado y que probablemente no va a dejar completada y será tarea del próximo gobierno".[3]

En otras palabras, Aylwin y el liderazgo de la Concertación comenzaron a ver a la Constitución de 1980 como democrática, solo que imperfecta. Esto es, transformaron esencialmente su concepto mismo de democracia, al valorar como tal la Constitución impuesta por la dictadura, con todos sus dispositivos autoritarios vigentes e intocados.

Esto explica porqué el liderazgo de la Concertación ha considerado como democrático el sistema político chileno tanto antes como después de la reforma constitucional que el año pasado eliminó la tutela militar formal. Y porqué considera nuestro actual sistema como democrático, pese a que están vigentes aún el sistema electoral binominal y los altos quorums requeridos para modificar la Constitución y las leyes orgánicas constitucionales; todos los cuales impiden que la Constitución y las leyes sean el producto de la voluntad mayoritaria del pueblo.

A su vez, el profundo cambio de concepciones democráticas del liderazgo de la Concertación se explica por el giro copernicano de sus concepciones económicas que tuvo lugar a fines de la década del 80. Así, la eminencia gris de su primer gobierno, Edgardo Boeninger, nos señala que aquel liderazgo asimiló las visiones liberales que inspiraron a la dictadura, llegando a una convergencia con la derecha en este ámbito, "convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer". [4]

Lo anterior por su parte, explica la aparentemente increíble –y muy ocultada hasta el día de hoy- cesión de la mayoría parlamentaria simple que le aguardaba a Patricio Aylwin en 1990, de haberse mantenido sin cambios la Constitución del 80.

En efecto, sus artículos 65 y 68 establecían –para favorecer a un Pinochet ganador del plebiscito del 88; y presidente hasta el 97 –que el futuro presidente tendría mayoría legislativa teniendo solamente mayoría absoluta en una cámara y un tercio en la otra.[5] Sin embargo, la derrota de Pinochet en aquel plebiscito generó la previsión opuesta. La Concertación ganaría la presidencia con Aylwin y obtendría con seguridad la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en un tercio en el Senado [6] ¡Y la Concertación aceptó regalar esa mayoría inminente por medio de las reformas de aquellos artículos, las cuales pasaron desapercibidas dentro del paquete de 54 reformas aprobadas por consenso entre Pinochet y el conglomerado opositor y ratificadas por el plebiscito de Julio de 1989!

Este cuadro inédito en la historia de la humanidad en que una coalición política prefiera ser minoritaria en el parlamento, no puede ser explicado ni por la estupidez ni el temor. Es absurdo sostener que un ataque de estulticia cegó simultáneamente a decenas de líderes políticos. También lo es sostener que el temor puede llevar a alguien a cederle poder a quien teme, pues esto lo hace evidentemente más vulnerable a sus eventuales ataques.

La única explicación razonable es la que se deduce del propio Boeninger. Esto es, que la pérdida de la mayoría parlamentaria le permitió plausiblemente al liderazgo de la Concertación culpar a ese hecho de no poder desarrollar un programa de reformas económico- sociales en las que inconfesablemente ya no creía. De otra forma, dicho liderazgo habría quedado desnudo en su falta de consecuencia al no buscar aplicar su programa prometido.

Este abandono de las promesas de cambio social es lo que nos permite entender, también, su negativa a efectuar pactos electorales con la izquierda extraconcertacionista, pese a que dichos pactos le habrían dado mayoría parlamentaria propia en las dos cámaras ya en 1998.[7]

Todo lo anterior quedó patentemente demostrado en el año 2000, durante el gobierno de Lagos, cuando la Concertación quedó con mayoría en las dos cámaras desde Agosto de ese año hasta Marzo de 2002, por los desafueros de los senadores Pinochet y Francisco Javier Errázuriz. En ese lapso ¡el gobierno no impulsó ningún proyecto destinado a transformar las instituciones económico-sociales impuestas por la dictadura! En realidad la opinión pública ni siquiera se enteró o le importó de que se produjera un vuelco en la mayoría del Congreso Nacional. Se había acostumbrado o resignado a la consolidación del modelo económico efectuado por los propios gobiernos de la Concertación.

Ya a comienzos de esta década ni siquiera causaban asombro verdaderas apologías de la obra económica de la dictadura, efectuadas por connotados líderes concertacionistas, como la realizada por el ex presidente del PDC y actual canciller, Alejandro Foxley, en Mayo de 2000, en la que dijo que "Pinochet… realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria… de que había que abrir la economía al mundo descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile y que, quienes fuimos críticos de algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Ad
emás, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar" [8].

Ha sido tal el grado de consolidación del modelo neoliberal en esta década y media, que ha provocado en los últimos años reiterados cuestionamientos del episcopado católico por las escandalosas desigualdades sociales que genera. Y, por otro lado, ha suscitado numerosos panegíricos a Lagos y su gobierno por parte de connotados líderes de derecha. Así tenemos las declaraciones de "amor" a Lagos hechas por el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Hernán Somerville, con ocasión de la reunión de la APEC en Octubre de 2005;[9] las expresiones del destacado economista de derecha, César Barros, de que Lagos ha sido "el mejor Presidente de la derecha de todos los tiempos", [10] y la calificación del político de la UDI, Herman Chadwick, de que su gobierno fue "muy bueno"[11].

Y en términos más generales, tenemos las expresiones del cientista político, Oscar Godoy, quien consultado si no observa un desconcierto en la derecha por la "capacidad que tuvo la Concertación de apropiarse del modelo económico"; respondió: "Sí. Y creo que eso debería ser un motivo de gran alegría, porque es la satisfacción que le produce a un creyente cuando consigue la conversión del otro. Por eso tengo tantos amigos en la Concertación; en mi tiempo éramos antagonistas y verlos ahora pensar como liberales, comprometidos en un proyecto de desarrollo de una construcción económica liberal, a mí me satisface mucho"[12].

La conformidad con el sistema político autoritario y el modelo económico heredados de la dictadura nos permite comprender otros tres elementos insólitos de las políticas concertacionistas desarrolladas en estos 16 años: los intentos por consolidar la impunidad en materia de graves violaciones de derechos humanos; la autodestrucción de los medios de comunicación concertacionistas y la ausencia total de esfuerzos por revitalizar las organizaciones sociales de los sectores medios y populares destruidas por la dictadura. De estos dos últimos solo reseñaremos la idea esencial.

El giro copernicano del liderazgo de la Concertación no se extendía a su base, ni menos a periodistas que habían demostrado una gran consecuencia y valentía en la lucha contra la dictadura y su modelo económico. Por tanto, a esta luz resultan perfectamente comprensibles las políticas gubernamentales de bloqueo de ayudas extranjeras a las revistas concertacionistas;[13] las de discriminación del gasto público dirigidas contra el conjunto de los medios escritos afines a la Concertación;[14] y la de impedir la existencia de un diario de centroizquierda como "Clarín", vía negarle indemnización a su propietario confiscado por la dictadura[15]. Políticas que han llevado a la destrucción de la generalidad de los medios escritos concertacionistas o afines.

Otra consecuencia natural de la asimilación del modelo económico neoliberal de la dictadura ha sido la conformidad con sus consecuencias sociales. Esto es, con la atomización de la sociedad y específicamente con la destrucción o irrelevancia del conjunto de organizaciones que articulaban y le daban peso social y político a los sectores medios y populares: los sindicatos; las juntas de vecinos y organizaciones anexas; los colegios profesionales; los gremios de pequeños productores; y el movimiento cooperativo, entre otros.

La asimilación de la herencia de la dictadura nos permite entender, también, las razones de fondo de porqué el liderazgo concertacionista ha abandonado la búsqueda de justicia. Si la obra económica de aquella se visualiza en términos tremendamente positivos; y si se considera que dicha obra no pudo efectuarse sino por medios dictatoriales;[16] es inevitable que las violaciones de derechos humanos conexas sean percibidas como mucho menos graves.

Ciertamente que esta lógica no tiene porqué llevar a aceptar la brutal escala a que llegaron las violaciones de derechos humanos bajo la dictadura; pero sí a que ellas, en algún grado, representaron un mal necesario o mal menor. Naturalmente que para quien adhiere a la Concertación es impresentable asumir explícitamente esta lógica. Por eso que su liderazgo, al promover concretamente la impunidad, ha recurrido a argumentos de "prudencia", "paz social" o "razones de Estado", argumentos que además pueden adecuarse muy bien a los miedos traumáticos dejados en la sociedad chilena por la aplicación de un terrorismo de Estado durante cerca de 17 años. Sería ética y políticamente insostenible plantearlo de otro modo. Pero lo concreto es que, en la práctica, el liderazgo concertacionista ha promovido sistemáticamente la impunidad, tratando que ésta sea digerible mezclada con algunas dosis mínimas de reconocimiento de la verdad histórica y de reparaciones a las víctimas.

Así, el propio Boeninger reconoce que la consolidación de la impunidad fue un claro objetivo del gobierno de Aylwin: "En el marco de la estrategia del Gobierno una primera decisión fue no intentar la derogación o nulidad de la Ley de Amnistía de 1978, pese a que tal propósito estuvo incluido en el programa de la Concertación. Esto significaba aceptar que no habría castigo por condena penal de los responsables de los crímenes cometidos con anterioridad a su promulgación, con la sola excepción del asesinato de Orlando Letelier, explícitamente exceptuado de dicha ley por el propio Gobierno de Pinochet" [17]. A su vez, cuando el Gobierno de Lagos adquirió fortuitamente mayoría parlamentaria [entre Agosto de 2000 y Marzo de 2002], se hizo también completamente el leso respecto de dicho compromiso programático.

Además, para fundamentar el abandono de la justicia como objetivo de gobierno, el ministro del Interior de Aylwin, Enrique Krauss, elaboró a comienzos de 1991 una inédita distinción entre una justicia pura que estaría referida a otorgar reparaciones a los familiares de las víctimas; y otra justicia que estaría contaminada por la venganza, que sería la aplicación de sanciones penales a los victimarios [18].

Por otro lado, el gobierno concibió también el esclarecimiento de la verdad histórica de los detenidos-desaparecidos como un sucedáneo de la justicia. Por ello que la comisión que se creó para tal efecto fue denominada de "Verdad y Reconciliación"; Enrique Krauss señaló que "la verdad… representa un juicio sereno y verdadero, mas valioso que una sentencia jurídica";[19] y el subsecretario del Interior, Belisario Velasco, declaró que "lo que el Gobierno espera, como conclusión de este informe [de Verdad y Reconciliación, más conocido como Rettig], es que precisamente con el conocimiento de la verdad haya reconciliación en el país" y que "Chile necesita un perdón generoso para que haya reconciliación"[20].
Continúa en la II Parte

Notas
[1] Patricio Aylwin.- "El reencuentro de los demócratas. Del golpe al triunfo del NO"; Edic. Grupo Zeta, Santiago, 1998, p. 259

[2] "El Mercurio"; 8-8-1991

[3] "El Mercurio"; 8-8-1991 Tarea que aún no es "completada".

[4] Edgardo Boeninger.- "Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad"; Edit. Andrés Bello, Santiago, 1997, p. 369

[5] Pinochet habría tenido con seguridad mayoría absoluta en el Senado [con el sistema electoral binominal y los nueve senadores designados directa o indirectamente por él] y un tercio en la Cámara de Diputados.

[6] Pese a que los nueve senadores designados habrían sido entonces todos de derecha, la Concertación habría elegido un senador en cada una de las 13 circunscripciones originales. De este modo, habría superado el tercio de 12, considerando que el total de senadores era de 35.

[7] Así, la suma de votos de la Concertación y la Izquierda, le habría permitido a la primera obtener un senador más en 1993 [Circunscripción Novena Norte] y dos más en 1997 [Segunda y Octava Interior]; con lo que en lugar de haber estado en minoría en el Senado de 23 a 25, habría tenido mayoría de 26 a 22.

[8] "Cosas"; 5-5-2000

[9] Ver "La Segunda"; 14-10-2005

[10] "La Tercera"; 11-3-2006 Además, Barros compara a Lagos con el hijo pródigo de la parábola evangélica [Lucas 15;11-32], analogando a la derecha económica con Dios Padre y a la derecha política con el hijo mayor que siempre mantiene la ortodoxia.

[11] "El Mercurio"; 21-3-2006

[12] "La Nación"; 16-4-2006

[13] Denunciadas en el caso de "Análisis", "Apsi" y "Hoy" por el ex director de la primera, Juan Pablo Cárdenas [Ver "El Mercurio"; 11-9-2005] ¡Lo que ni siquiera se atrevió o pudo hacer Pinochet!

[14] Denunciadas por Juan Pablo Cárdenas [Ver "El Mercurio"; 11-9-2005] y por Sonia Montecino, Diamela Eltit, Martín Hopenhayn, Manuel Antonio Garretón, Sofía Correa, Bernardo Subercaseaux, José Miguel Varas, José Balmes, Naín Nómez, Ana Pizarro, María Eugenia Horvitz, Francisca Márquez, Elicura Chiluailaf, Alfredo Joignant, Tomás Moulian, Julio Sau, Ramón Griffero, Sergio Trabucco, Paulo Slachevsky, Silvia Aguilera y Faride Zerán [Ver "Rocinante"; N° 84, Octubre, 2005]

[15] Denunciada por Patricia Verdugo [Ver "Rocinante"; N° 47, Septiembre, 2002]

[16] Como lo reconoce Andrés Allamand: "Pinochet le aportaba al equipo económico algo quizás aún más valioso: el ejercicio sin restricciones del poder político necesario para materializar las transformaciones [económico-sociales]" ["La Travesía del Desierto"; Edit. Aguilar, Santiago, 1999; p. 156]

[17] Boeninger.- op. cit.; p. 400

[18] Ver "Las Ultimas Noticias"; 17-2-1991

[19] "Las Ultimas Noticias"; 17-2-1991

[20] "La Epoca"; 4-2-1991 A su vez, el presidente del Senado, Gabriel Valdés, señalaba que 1991 "debe ser el año de cambio de hoja, tanto para conocer la verdad de lo ocurrido con los derechos humanos conculcados, así como para preparar el advenimiento de la reconciliación nacional" ["El Mercurio"; 20-2-1991]
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A la impunidad judicial por la mantención del decreto-ley de amnistía [denominada "auto-amnistía" por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos], los gobiernos concertacionistas agregaron la impunidad moral y administrativa, en la medida que mantuvieron en secreto el nombre de los violadores de derechos humanos y permitieron que la generalidad de ellos continuara con su carrera militar. Es más, se ha designado o pretendido designar [y mantenido, en varios casos que suscitaron controversia] como agregados de Chile en el exterior, en cargos diplomáticos o en misiones internacionales, a numerosos oficiales que se han visto involucrados en graves violaciones de derechos humanos. Han sido los casos de Jaime Lepe en España [21]; Pablo Belmar en Ecuador y El Salvador [22]; George Willeke en El Salvador [23]; Miguel Krasnoff Marchenko en Rusia [24]; Héctor Barrientos en España [25]; Sergio Espinoza Davies en Naciones Unidas [26]; Rodolfo Ortega en España [27]; y Ricardo Manríquez en Honduras [28].

Ni siquiera se puede sostener que con el Informe Rettig el Gobierno de Aylwin efectuó una adecuada difusión de la verdad. Al hecho de que prácticamente no se hizo ninguna campaña de difusión del Informe; hay que agregar que la propuesta del ministro de Educación de la época, Ricardo Lagos, de utilizar el Informe Rettig como texto de estudio escolar, fue rápidamente desechada ante la oposición de la UDI [29] y hasta el día de hoy. Además, el Gobierno ¡ni siquiera inscribió el Informe en el Registro de Propiedad Intelectual!, quedando fuera de las bibliotecas públicas, hasta que en 1996, la Corporación de Reparación y Reconciliación, antes de cerrarse, y dándose cuenta de tal "olvido", procedió a sacar una nueva edición del Informe, inscribiéndolo como es debido [30].

Respecto de la verdad sobre los detenidos y torturados durante la dictadura; los sucesivos gobiernos concertacionistas se opusieron durante muchos años a afrontar el tema, pese a que de acuerdo al propio Informe Rettig había constituido la forma más extendida de represión. Luego de insistentes demandas de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, al fin se avino el Gobierno de Lagos en 2003 a constituir una comisión que registrara a las víctimas [Comisión Valech].

Sin embargo, dada la escasísima difusión que tuvo su labor [31] y el corto plazo establecido para su inscripción [seis meses], la gran mayoría de las víctimas no pudo acreditar oficialmente su condición, quedando fuera de los beneficios de la subsiguiente ley de reparaciones. Además, esta les brindó una paupérrima pensión mensual de menos de 200 dólares, que está muy lejos de compensar el daño físico y psicológico inferido, más aún cuando la gran mayoría de los afectados padeció adicionalmente exilio, cesantía prolongada o imposibilidad de culminar estudios superiores, con lo cual vio tronchados sus proyectos de vida [32] Tampoco, dicha ley de reparaciones acogió las recomendaciones de la Comisión Valech relativas a las reparaciones morales y jurídicas para los afectados, ni las medidas educativas y de prevención de la tortura propuestas.

La culminación de la política de falta de compromiso con un esclarecimiento efectivo de la verdad de los gobiernos de la Concertación, lo representa la insólita indolencia en la dilucidación de la identidad de las personas desaparecidas que ha salido a luz recientemente en relación a los restos humanos encontrados en 1991 en el Patio 29 del Cementerio General.

La indiferencia y el ocultamiento manifestados por estos gobiernos respecto de informes críticos efectuados por especialistas nacionales y extranjeros desde 1994, en una materia que siempre fue proclamada como la de más alta prioridad, constituye la demostración más patente de la falta de compromiso efectivo del liderazgo de la Concertación, no solo respecto de la justicia, sino además con relación al esclarecimiento de la verdad.

Pero los sucesivos gobiernos y el liderazgo de la Concertación no se han contentado solamente con abandonar toda idea de derogar el decreto-ley de autoamnistía de 1978; sino que además han pretendido extender dicha amnistía hasta 1990 [33] o han promovido directa o indirectamente –con el concurso de las cúpulas de las Fuerzas Armadas y de los partidos de derecha- diversos proyectos de ley destinados a avalar y consagrar la autoamnistía; o a promover la impunidad a través de sustanciales rebajas de penas a violadores de derechos humanos; o de la inmunidad de muchos de los autores de desapariciones forzadas de personas a cambio de entrega de informaciones sobre los crímenes.

Han sido los casos del "acuerdo-marco" de 1990 [34]; del proyecto de ley Aylwin de 1993 [35]; del proyecto de ley Frei de 1995 [36]; del acuerdo Figueroa-Otero del mismo año;[37] del proyecto de ley de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de fines de 1998 [38] del proyecto de ley de inmunidad de 2003 [39] y del proyecto presentado en 2005 por varios senadores de la Concertación y de la derecha [40].

Afortunadamente, gracias a la reacción
en contra de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos [41], de los partidos de la izquierda extraconcertacionista y de sectores mayoritarios de algunos partidos miembros de la propia Concertación – particularmente del PS- se ha impedido que aquellos intentos de impunidad se consumaran. Hay que tener en cuenta que si varios de ellos se hubieran aprobado, habría sido imposible la reactivación de los procesos y las condenas judiciales logradas en esta década.

De todas formas, es importante tener presente que hasta la fecha solo se ha podido hacer justicia en un ínfimo número de casos de las decenas de miles de crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. Esto es, en los de Juan Alegría, Mario Fernández, Manuel Guerrero, Tucapel Jiménez, Orlando Letelier, Santiago Nattino, José Manuel Parada y Miguel ángel Sandoval. Además, en varios de ellos los autores intelectuales y muchos coautores, cómplices y encubridores han quedado impunes; o las penas han sido muy bajas, en virtud de la muy discutible aplicación del beneficio de la media prescripción [42].

Otra expresión de las políticas a favor de la impunidad del liderazgo concertacionista han sido las sistemáticas acciones u omisiones de los gobiernos de la Concertación a favor de la impunidad en diversos casos judiciales de gran trascendencia nacional e internacional, no importando siquiera en ello el desprestigio de nuestro país en el mundo. Así, en el caso del asesinato del ex agente de la DINA en Uruguay, Eugenio Berríos, el gobierno de ese país le representó, tanto al gobierno de Aylwin como al de Frei, su malestar por la escasa colaboración brindada a su investigación judicial [43]. En el juicio por el asesinato del ciudadano chileno-español, Carmelo Soria, el Gobierno de Frei le aportó a la Corte Suprema una información sesgada que fue crucial para que ella aplicara la amnistía a sus victimarios [44]. En relación con el frustrado asesinato de Bernardo Leighton y su esposa, los gobiernos de Frei y Lagos no se preocuparon de que los condenados por dicho caso en Italia [Manuel Contreras y Raúl Iturriaga] fueran extraditados a ese país o se abriera, en subsidio, un juicio a ellos en Chile. Respecto del asesinato del general Carlos Prats y su esposa, el desinterés concreto del Gobierno de Frei por lograr la condena de quienes idearon y organizaron el complot, llevó a sus tres hijas a publicar una carta de protesta dirigida al ministro del Interior [45]. Pero, sin duda, la conducta más ilustrativa en este ámbito han sido los esfuerzos de los gobiernos de Frei y Lagos por lograr la impunidad de Pinochet luego de haber sido detenido en Londres. Primero, a través de las fervientes gestiones por salvarlo de su segura condena en España, logrando su vuelta a Chile. Y, luego, a través de una verdadera campaña pública y privada de presión a los tribunales, y especialmente al juez Juan Guzmán, para liberar de juicio a Pinochet por falsas razones de salud mental [46].

Otro elemento crucial en favor de la impunidad lo ha constituido la permanente renuencia gubernamental a buscar la justicia en las decenas de miles de casos de tortura. Así, a las declaraciones del entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza, en contra de la presentación de querellas por dichos crímenes contra la humanidad, [47] se ha sumado la virtual impunidad que estableció la ley de reparaciones aprobada en Diciembre de 2004 para los casos de tortura, ¡al impedirle al Poder Judicial tener acceso a las decenas de miles de denuncias concretas en tal sentido presentadas ante la Comisión Valech!

Por otro lado, el Consejo de Defensa del Estado se ha sumado a la promoción de la impunidad al tratar de impedir que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos o sus familiares reciban indemnizaciones estatales. En este propósito ha llegado al extremo de asumir la tesis de la patrulla militar de que Carmen Gloria Quintana se habría quemado accidentalmente a sí misma en 1986;[48] y de plantear que el Informe Rettig constituye un informe privado sin fuerza probatoria en los tribunales; de negar la existencia de campos de concentración y tortura; e, incluso, de cuestionar que haya habido un sistema político dictatorial [49].

Además, con ocasión del juicio por la desaparición forzada de Miguel ángel Sandoval, el Consejo manifestó una actitud favorable a la aplicación del decreto-ley de autoamnistía, ¡pese a que era parte querellante! [50] Y esto había sido precedido por numerosos pronunciamientos públicos a favor de la impunidad efectuados por su presidenta, Clara Szczaranski, [51] todo lo cual no suscitó ninguna reacción critica de parte de las autoridades gubernamentales [52].

Por último, es importante resaltar que los diversos pronunciamientos del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, críticos a las violaciones de derechos humanos cometidos por la dictadura y a favor del "nunca más", no han tenido ninguna correspondencia con algún apoyo institucional sustantivo a favor de su esclarecimiento y sanción.

De este modo, ninguno de los poquísimos casos en que se ha llegado a la verdad y justicia, lo ha sido en virtud de investigaciones efectuadas por las propias Fuerzas Armadas. Tampoco se ha contado con algún apoyo en ese sentido respecto del esclarecimiento de diversos casos comprobados judicialmente en que se produjo –años después de 1973- una remoción y destrucción de restos humanos de las personas detenidas-desaparecidas, lo cual – en el marco de una organización tan jerarquizada como el Ejército – resulta inimaginable que se haya llevado a cabo extrainstitucionalmente.

A tal grado ha llegado esa falta de apoyo, que para identificar al comandante del Estadio Chile [actual Víctor Jara] luego del golpe, el abogado Nelson Caucoto tuvo que recurrir a avisos en los diarios para obtener testimonios de ex presos. Fue imposible obtener del Ejército tal información.

Asimismo, la ex senadora Carmen Frei se ha quejado públicamente, en reiteradas ocasiones, de la falta de colaboración del Ejército en las investigaciones judiciales destinadas a esclarecer el muy probable asesinato del ex presidente de la República, Eduardo Frei Montalva.

Incluso, en casos judiciales originados con posterioridad a 1990 – como el contrabando de armas a Croacia y el asesinato del coronel Gerardo Huber- la justicia militar demostró tal lentitud e ineficacia, que fue reemplazada por ministros en visita que en, poquísimo tiempo, han avanzado notablemente en su esclarecimiento.

Peor aún, los miembros del Ejército enjuiciados por violaciones de derechos humanos reciben un apoyo económico del conjunto de sus miembros para costear sus defensas judiciales, el cual es descontado por planilla, salvo –lo que en la práctica se hace casi imposible- que la persona de manera explícita manifieste lo contrario.

En conclusión, tenemos que el conjunto de las instituciones gubernamentales han desarrollado en estos años –más allá de las palabras- una sistemática política a favor de la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidos bajo la dictadura.
Fin del artículo

Notas
[21] Ver Ascanio Cavallo.- "La historia oculta de la transición"; Editorial Grijalbo, Santiago, 1998, p. 350

[22] Ver "La Nación"; 31-1-1996 y "La Tercera"; 17-2-1996

[23] Ver "La Nación"; 31-1-1996

[24] Ver "El Mercurio"; 1-2-1996

[25] Ver "La Epoca"; 21-11-1997

[26] Ver "La Nación"; 17-10-1998

[27] Ver "La Nación"; 1-3-2004

[28] Ver "La Nación"; 12-4-2004

[29] Ver "El Mercurio"; 7-3-1991

[30] Algo peor sucedió con los resultados de las inv
estigaciones de la Corporación aludida, que luego de varios años acreditó 899 víctimas fatales adicionales al Informe Rettig. Fruto de ese trabajo se editó un libro de más de 600 páginas, cuya publicación pasó prácticamente desconocida, dado que el Gobierno de Frei no le dio ningún relieve.

[31] No hubo ninguna campaña informativa en televisión y ¡hubo solo una inserción en un diario de circulación nacional, en "La Tercera" del 23 de Noviembre de 2003!

[32] Además, que en la mayoría de los casos la pensión comenzó a concederse ¡más de 30 años después de inferido el daño!; que una significativa cantidad de las víctimas simplemente no obtuvo nada por haber ya fallecido; y que a las viudas y familiares sobrevivientes que se aceptó inscribir, ¡se les negó toda indemnización!

[33] Esto fue planteado –con algunas excepciones- por los presidentes del Senado [Gabriel Valdés] y de la Cámara de Diputados [José Antonio Viera Gallo] en Diciembre de 1991 [Ver "El Mercurio"; 15-12-1991 y "El Mercurio"; 17-12-1991] ¡Hasta la derecha se manifestó contraria a la idea!

[34] Ver "El Mercurio"; 12-4-1990 y Allamand; op. cit.; p. 259

[35] Ver "El Mercurio"; 24-8-1993

[36] Ver Allamand; op. cit.; pp. 441-2

[37] Ver "La Tercera"; 17-11-1995

[38] Ver "La Nación"; 17-7-1999

[39] Ver "El Mercurio"; 21-1-2004 y "La Nación"; 28-4-2004

[40] Ver "El Mercurio"; 9-9-2005

[41] Que en varias ocasiones incluyó huelgas de hambre de miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

[42] A lo que hay que agregar el insólito indulto de Lagos, de Agosto de 2005, a quien degolló a Tucapel Jiménez; siendo que había sido condenado a la extraordinariamente baja pena de ocho años de cárcel y a que ni siquiera había reconocido su participación en el crimen, ni menos se había arrepentido de él.

[43] Ver "La Epoca"; 14-6-1993 y "La Segunda"; 15-2-1996

[44] Ver "El Mercurio"; 29-9-1996

[45] Ver "El Mercurio"; 9-6-1999

[46] Ver "La Segunda", 2-6-2000; "La Nación", 10-8-2000; "Caras",
18-8-2000; "Que Pasa", 2-9-2000; "La Nación", 16-4-2001; "La Nación", 28-8-2002; "La Nación", 30-8-2002 y "El Mercurio", 18-1-2004

[47] "Me preocupa que en este país todo el mundo se ponga a denunciar, porque creo que sería negativo… ¿Queremos ir a buscar a 5 o 20 mil autores? ¿Todo el que golpeó a alguien tiene que ser llevado ante los tribunales de justicia? Mi inquietud va por la tensión del país y no por una tensión con las FF.AA." ["La Nación"; 15-2-1991]

[48] Ver "La Nación"; 29-7-2003

[49] Ver "La Segunda"; 15-5-2002 y "El Mercurio"; 28-5-2003

[50] Ver "La Nación"; 30-9-2004

[51] En uno de ellos señaló que "las instituciones armadas de Chile son inocentes, cualquiera sea el mando que las sacó de rumbo instigado por intereses civiles, externos y ajenos a la vida militar. Las instituciones necesitan liberarse del peso injusto que hoy las agobia. Chile las necesita descargadas de ese lastre" ["El Mercurio"; 7-9-2003]

[52] El planteamiento de que ella podía estar actuando al margen del gobierno es insostenible, puesto que además de haber sido designada por el Presidente de la República, el Consejo de Defensa del Estado históricamente –más allá de la formalidad de su autonomía- siempre, en sus lineamientos fundamentales, ha actuado en consonancia con los gobiernos.

El autor, Felipe Portales, [1953] es un sociólogo chileno [Universidad Católica de Chile, 1977]; ex asesor de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores [1994-1996]; actual profesor de Historia de Chile en la Universidad de Chile; y autor –entre otros- de los libros "Chile: Una democracia tutelada" [2000] y "Los mitos de la democracia chilena" [2004].

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