Corte Penal Internacional: Un pendiente cada vez más urgente

Preocupada por los crímenes de lesa humanidad y de guerra, la comunidad internacional creó la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998. Aunque Chile participó de este proceso, es el único país de Sudamérica que no la ha ratificado. El proyecto de reforma constitucional que lo permitiría se encuentra entrampado en el Congreso. La derecha aduce problemas de soberanía y Estados Unidos amenaza con sanciones a los países que lo hagan. Oxfam y Corporación Humanas, a través de la campaña “Firmes para que firmen”, pretenden impulsar el ingreso de Chile a la justicia mundial.

En Roma, el 17 de julio de 1998, la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas aprobó la creación de la Corte Penal Internacional, un instrumento que busca juzgar a personas que hayan cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad. Comenzó a funcionar en 2002, luego que sesenta Estados la ratificaran.

A diferencia de otras instancias internacionales, la CPI juzga a personas, no a Estados, que hayan cometido crímenes que afectan a la humanidad, como genocidios, crímenes de guerra, violaciones a los derechos humanos, entre otros, pero no podrá investigar aquellos que se hayan cometido antes de su entrada en vigencia, es decir, en 2002, ya que se establece que no es retroactiva. Asimismo, este tribunal actuará sólo cuando los Estados no pueden o no tienen la voluntad de investigar o juzgar estos crímenes.

Esta iniciativa no es nueva, José Ignacio Escobar, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Católica, explica que la creación de esta corte es un “anhelo que viene desde la época de la Sociedad de las Naciones cuando en el Tratado de Versalles las naciones sugieren la creación de un Tribunal Penal Internacional para juzgar los crímenes que se habían cometido a propósito de la Primera Guerra Mundial”. Si bien se creó una Corte Internacional de Justicia, ésta nunca tuvo injerencia en temas penales. La necesidad de crear una instancia de esta naturaleza resurgiría a propósito de la Segunda Guerra Mundial, pero no se materializaría hasta en el siglo XXI.

La situación chilena
Chile fue uno de los 120 países que en 1998 suscribió el Estatuto de Roma sobre la creación de la CPI en las Naciones Unidas. Con una dictadura y violaciones a los derechos humanos en el currículum nacional era de esperar que así lo hiciera. No obstante, para que estos tribunales internacionales funcionen y tengan injerencia en el actuar de los países, hay una segunda etapa que cumplir: la ratificación.

En enero de 2002, seis meses antes que la CPI comenzara a funcionar, la Cámara de Diputados aprobó la ratificación del Estatuto de Roma, pero al pasar al Senado todo se congeló: un grupo de parlamentarios de la UDI que habían votado en contra en la primera instancia argumentó que era inconstitucional. Por esto, el ex Presidente Lagos presentó un proyecto de reforma a la Constitución el 16 de abril de 2002. Esta reforma quedaría en las tinieblas hasta que en octubre de 2005 un acuerdo político en el Senado logró que se aceptara el Estatuto de Roma con la condición de que el Ministerio de Relaciones Exteriores acompañe una declaración interpretativa con aclaraciones exigidas por los senadores de derecha. El texto fue cuestionado por la Concertación y el ingreso de Chile al concierto internacional en materia de justicia penal duerme el sueño de los justos.

¿Por qué la derecha se niega a ratificar el Estatuto de Roma? Su argumento principal tiene que ver con la soberanía, con delimitar el principio de territorialidad frente a un tribunal externo.
El senador por la Octava región Alejandro Navarro (PS), afirma que el tema de la extraterritoria-lidad ha sido ampliamente discutido en las Naciones Unidas y que se ha llegado al acuerdo de que los crímenes que se juzgarán van más allá de las soberanías, pues tienen que ver con toda la comunidad internacional. Navarro apunta que el argumento de la derecha se basa más bien en una “innecesaria solidaridad” con personajes del pasado.

“Aquí hay una sobreideologización porque lo que se pretende es que algunos ex Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, que además han sido senadores designados, no tengan problemas para salir del país porque les podría complicar la vida o a algunos ex ministros de Pinochet. Estoy hablando de Sergio Fernández, por ejemplo”, denuncia.

Un punto en el que concuerda el fiscal José Ignacio Escobar. Al abogado le “llama la atención” el distinto tratamiento que se le da en Chile a las instancias penales y a las comerciales, incluso a algunas de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que entró en vigencia en 1990. A estas últimas nos sometemos sin ningún problema en temas, por ejemplo, ligados a tratados de libre comercio. Asimismo, desde la derecha apoyan el bloqueo comercial de Estados Unidos a Cuba, lo que en la práctica significa una extensión de las leyes estadounidenses a la isla.

“Hay una serie de argumentos no declarados que entorpecen el debate y que no permiten que la comunidad nacional se entere de qué está sucediendo y por qué sus parlamentarios votan de una u otra forma”, asevera Escobar y el senador Navarro coincide: “hay reservas encubiertas, hay un trasfondo que es mucho más amplio”.

El parlamentario relata que la derecha no debiera tener problemas para ratificar el Estatuto con las condiciones que se pusieron en el documento anexo, pues en él se señala que “ninguna persona podrá ser arrestada o detenida en conformidad de una solicitud expedida a través de la CPI, sino a través de una orden de un funcionario chileno expresamente facultado por la ley nacional”, explica y aclara que se necesitan 22 votos para aprobarla, pero que en la actualidad sólo cuentan con 20. Mientras dos parlamentarias o parlamentarios no se sumen, la ley seguirá entrampada en el Congreso.

No obstante, no se trata sólo de política. Aquí también está en juego la imagen internacional de Chile, que es el único país de Sudamérica que no se ha suscrito a la CPI y que tiene en su historia reciente casos de violaciones a los derechos humanos y criminales internacionales viviendo en el país. A esto debe sumarse la vulnerabilidad en que queda si no se une a la mayoría.

“Chile es un país pequeño. Si hay algún caso, como el de Sudán, en donde el Consejo de Seguridad (de Naciones Unidas), sin que los crímenes se hayan cometido en un Estado-parte, remite un caso para el conocimiento de la Corte, es precisamente respecto de países pequeños. Entonces, países como el nuestro, donde nuestro peso geopolítico no es precisamente superlativo, lo que nos conviene es participar de la Corte y no excluirnos”, aclara el profesor de Derecho Internacional.

Además, Chile se podría convertir en el refugio perfecto para criminales perseguidos internacionalmente, pues no estaríamos facultados para entregarlos si no somos un Estado-parte de la CPI.

Mirada de género mundial
Uno de los factores primordiales para que Chile ratifique el Estatuto de Roma, es que la CPI contempla una serie de medidas relacionadas con la justicia de género que, hasta ahora, no se encontraban en otros acuerdos internacionales.

Es una oportunidad única para avanzar en los derechos humanos de las mujeres y en la justicia, declara Paula Salvo del Canto, abogada de la Corporación Humanas que, en conjunto con Oxfam, se encuentran realizando la campaña “Firmes para que firmen”. Afiches ubicados estratégicamente en las calles buscan promover la aprobación de las y los pa
rlamentarios.

La abogada explica que entre las medidas relacionadas con la justicia de género que se consideran en la CPI, se encuentra la criminalización de la violencia sexual, es decir, se convierten en crímenes de guerra o de lesa humanidad la esclavitud, la violación sexual, la prostitución, el embarazo y la esterilización forzadas y la violencia sexual en cualquiera de sus tipos. Un gran avance ya que esto permitiría incorporar estas medidas a la legislación interna. “La corte se convierte en nuestro faro”, dice Salvo.

Otro de los progresos en esta materia es que incorpora normas de sobre el procedimiento y el tratamiento de las víctimas: reconoce la particularidad de las víctimas que ejercen el comercio sexual, no se puede argumentar consentimiento, no se requiere que deban relatar nuevamente ante un tribunal los delitos de los que ha sido víctimas e impide entregar evidencias sobre conductas sexuales, entre otras.

Desde una perspectiva más general, la CPI también es importante porque incorpora un concepto de género en un tratado internacional y establece, en términos de su funcionamiento, criterios de paridad para el nombramiento de los jueces.

El descaro gringo
La política internacional de Estados Unidos ha tendido a ignorar los acuerdos logrados en el concierto mundial. La Corte Penal no es la excepción. Para los países que ratifiquen la CPI Estado Unidos promete sanciones en el ámbito militar, a menos que se firme un acuerdo de “inmunidad recíproca”, que es más bien impunidad, algo así como “no me acusas y no te acuso”.Si no, se acaban los cursos de entrenamiento gratuito para el personal militar y los subsidios económicos para compras en este rubro.

“Estados Unidos, como potencia, y estando en Irak, tiene casos que se le conocen, ya que han cometido delitos, particularmente sexuales. Es el caso de un soldado que está acusado de haber violado a un grupo de mujeres”, precisa Paula Salvo y agrega, “en el concierto internacional es una vergüenza que Estados Unidos no está dispuesto a ratificar una CPI, que es un anhelo de justicia mundial. Es más, lo que está en juego acá es el derecho humanitario, es decir, la comunidad de intereses va más allá de los Estados nacionales. Aquí hay delitos que nos interesan a toda la comunidad como violencia sexual, esterilización forzada, embarazo forzado, es decir, la experiencia de lo que ocurrió en Ruanda y en Yugoslavia”.

Desde el gobierno dicen no sentirse presionados por las amenazas estadounidenses, incluso en el marco de la compra de los F-16, y públicamente han señalado que la ratificación del Estatuto de Roma por parte de Chile es un hecho. ¿Cuándo? Esa es la pregunta.