Corte Penal Internacional: Un pendiente cada vez más urgente
por www.forociudadano.cl
19 años atrás 8 min lectura
La situación chilena
Chile fue uno de los 120 países que en 1998 suscribió el Estatuto de Roma sobre la creación de la CPI en las Naciones Unidas. Con una dictadura y violaciones a los derechos humanos en el currículum nacional era de esperar que así lo hiciera. No obstante, para que estos tribunales internacionales funcionen y tengan injerencia en el actuar de los países, hay una segunda etapa que cumplir: la ratificación.
En enero de 2002, seis meses antes que la CPI comenzara a funcionar, la Cámara de Diputados aprobó la ratificación del Estatuto de Roma, pero al pasar al Senado todo se congeló: un grupo de parlamentarios de la UDI que habían votado en contra en la primera instancia argumentó que era inconstitucional. Por esto, el ex Presidente Lagos presentó un proyecto de reforma a la Constitución el 16 de abril de 2002. Esta reforma quedaría en las tinieblas hasta que en octubre de 2005 un acuerdo político en el Senado logró que se aceptara el Estatuto de Roma con la condición de que el Ministerio de Relaciones Exteriores acompañe una declaración interpretativa con aclaraciones exigidas por los senadores de derecha. El texto fue cuestionado por la Concertación y el ingreso de Chile al concierto internacional en materia de justicia penal duerme el sueño de los justos.
¿Por qué la derecha se niega a ratificar el Estatuto de Roma? Su argumento principal tiene que ver con la soberanía, con delimitar el principio de territorialidad frente a un tribunal externo.
El senador por la Octava región Alejandro Navarro (PS), afirma que el tema de la extraterritoria-lidad ha sido ampliamente discutido en las Naciones Unidas y que se ha llegado al acuerdo de que los crímenes que se juzgarán van más allá de las soberanías, pues tienen que ver con toda la comunidad internacional. Navarro apunta que el argumento de la derecha se basa más bien en una “innecesaria solidaridad” con personajes del pasado.
“Aquí hay una sobreideologización porque lo que se pretende es que algunos ex Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, que además han sido senadores designados, no tengan problemas para salir del país porque les podría complicar la vida o a algunos ex ministros de Pinochet. Estoy hablando de Sergio Fernández, por ejemplo”, denuncia.
Un punto en el que concuerda el fiscal José Ignacio Escobar. Al abogado le “llama la atención” el distinto tratamiento que se le da en Chile a las instancias penales y a las comerciales, incluso a algunas de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que entró en vigencia en 1990. A estas últimas nos sometemos sin ningún problema en temas, por ejemplo, ligados a tratados de libre comercio. Asimismo, desde la derecha apoyan el bloqueo comercial de Estados Unidos a Cuba, lo que en la práctica significa una extensión de las leyes estadounidenses a la isla.
“Hay una serie de argumentos no declarados que entorpecen el debate y que no permiten que la comunidad nacional se entere de qué está sucediendo y por qué sus parlamentarios votan de una u otra forma”, asevera Escobar y el senador Navarro coincide: “hay reservas encubiertas, hay un trasfondo que es mucho más amplio”.
El parlamentario relata que la derecha no debiera tener problemas para ratificar el Estatuto con las condiciones que se pusieron en el documento anexo, pues en él se señala que “ninguna persona podrá ser arrestada o detenida en conformidad de una solicitud expedida a través de la CPI, sino a través de una orden de un funcionario chileno expresamente facultado por la ley nacional”, explica y aclara que se necesitan 22 votos para aprobarla, pero que en la actualidad sólo cuentan con 20. Mientras dos parlamentarias o parlamentarios no se sumen, la ley seguirá entrampada en el Congreso.
Uno de los factores primordiales para que Chile ratifique el Estatuto de Roma, es que la CPI contempla una serie de medidas relacionadas con la justicia de género que, hasta ahora, no se encontraban en otros acuerdos internacionales.
rlamentarios.
La política internacional de Estados Unidos ha tendido a ignorar los acuerdos logrados en el concierto mundial. La Corte Penal no es la excepción. Para los países que ratifiquen la CPI Estado Unidos promete sanciones en el ámbito militar, a menos que se firme un acuerdo de “inmunidad recíproca”, que es más bien impunidad, algo así como “no me acusas y no te acuso”.Si no, se acaban los cursos de entrenamiento gratuito para el personal militar y los subsidios económicos para compras en este rubro.
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