Declaración de apoyo al proyecto de ley para modificar la ley antiterrorista

Por Mensaje de S.E. la Presidenta de la República, el 3 de julio de 2006 se inicio un Proyecto de Ley que modifica la Ley n° 18.314, que establece conductas terroristas y fija su penalidad. La Ley antiterrorista tuvo su origen en la dictadura militar y a pesar de sus modificaciones posteriores aún adolece de graves problemas de legitimidad y de congruencia con los estándares de los derechos humanos.

Por medio del proyecto que presenta ahora el Ejecutivo se busca limitar el campo de aplicación de la legislación antiterrorista a actos que afecten bienes jurídicos sustanciales como son la vida, integridad física, libertad personal y salud de las personas, excluyendo los atentados a la propiedad, lo que constituye un avance valioso.

Como lo reconoce el Mensaje Presidencial con el que se inicia el proyecto, los delitos terroristas deben estar exclusivamente establecidos para sancionar graves atentados a la sociedad democráticamente organizada y a los derechos fundamentales de las personas. En consecuencia debe limitarse la calificación de las conductas terroristas a aquellas de carácter especialmente grave, como ocurre a nivel del derecho internacional y como la propia Constitución consagra al referirse al terrorismo como esencialmente contrario a los derechos humanos.

La inclusión de la propiedad como uno del los bienes jurídicos directamente protegidos por la legislación antiterrorista, rompe así con los principios de proporcionalidad y ultima ratio, “que deben ser el bastión de un derecho penal democrático en el contexto de un Estado de Derecho”, como remarca el Mensaje presidencial.

Por ello es que el proyecto de modificación a la ley antiterrorista presentado por el Ejecutivo, que posteriormente requiere ser profundizado, es una iniciativa valiosa y que debe ser apoyada, por constituir un avance en la adecuación del derecho penal a las exigencias de los derechos humanos y a los principios que deben imperar en un derecho penal legitimo para una sociedad democrática.

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD

Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable, ACJR

Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas de la Universidad ARCIS

Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, CINTRAS

Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU

Corporación Humanas – Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género

Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC

Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia, PIDEE