Las propuestas verdes de Bachelet

Hace algunos días, Michelle Bachelet aceptó 10 propuestas ambientales provenientes de tres organizaciones ecologistas y respaldadas por algunas personalidades vinculadas a la problemática medioambiental en Chile.

Este incomprensible y contradictorio hecho político ocurre en un escenario desolador desde el punto de vista ambiental en nuestro país. Basta ver el horrible legado que deja la administración de Lagos en el tema ambiental y de protección a nuestros recursos naturales para comprender la gravedad del problema ecológico chileno.

Un irrisorio impuesto específico a la minería que se presenta como royalty cuando no lo es, la reducción de la biomasa de las principales pesquerías producto de una ley de pesca orientada a servir los intereses del sector industrial, una pésima ley de bosque nativo a punto de aprobarse en el Senado, la tala ilegal de alerce, el caso Celco y la destrucción del Santuario en el río Cruces, el proyecto Pascua Lama y la destrucción de glaciares ya en curso, el caso de La Farfana y el sometimiento a la hediondez permanente de una de las zonas más pobres de Santiago, la desafectación de suelos agrícolas y la expansión urbana hacia las zonas de interés silvoagropecuarias en Santiago, la exposición permanente de trabajadoras temporeras a pesticidas altamente tóxicos, la destrucción sistemática de aguas y suelo marino que realiza la industria salmonera en el Sur de Chile, el desprecio público que ministros como Jorge Rodríguez Grossi expresan por la sensibilidad ambiental, el manejo superficial y mercantil que hace Ricardo Lagos de estos problemas, bañándose en aguas supuestamente descontaminadas o expresando congoja pública, al mismo tiempo que hace brindis por los responsables de la depredación, como el señor Andrónico Luksic.

Todo esto expresa el profundo desprecio que la Concertación y su concepción ultra productivista tienen por la problemática del medio ambiente, así como son una muestra del grave estado en que se encuentran los recursos naturales y el medio ambiente de nuestro país.

Pero lo más importante a nuestro entender es la profundización de un patrón de acumulación que consiste en la conversión acelerada de capital natural en capital financiero concentrado en corporaciones y grupos económicos que operan precisamente en los sectores que explotan intensamente el medio ambiente y sus recursos, en el que no se toma en cuenta la capacidad de los ecosistemas para soportar la carga que implica el mayor crecimiento económico, y que tampoco toma en consideración la importancia de los recursos naturales como base crítica de la estrategia monoexportadora que predomina en Chile, en donde el 86% de lo que se vende en el extranjero son recursos naturales.

No es sorprendente que ninguna de las 10 propuestas verdes de Bachelet consideren este punto fundamental e insoslayable -si es que se quiere honestamente asumir con decisión y responsablemente el desafío ecológico- dado que la señora Bachelet pertenece a una coalición política, la Concertación, que ha optado y concordado con los grupos económicos la necesidad de afianzar, legitimar y consolidar el modelo depredador de acumulación y concentración, enterrando y enviado al baúl de los disfraces de fiesta esta preocupación que hoy moviliza la conciencia universal.

No la ha tirado al tarro de la basura porque no está demás –sobre todo para los candidatos- disfrazarse de guardabosques o del Capitán Planeta, cuando hay que salir a conquistar votos o intenciones de voto en las encuestas. Esta preocupación se ha utilizado exclusivamente como un “sello verde” o certificado de legitimación ante la ciudadanía y sobre todo ante los mercados de exportación que es realmente lo que mueve al actual presidente y a su coalición. A esta limpieza de imagen concurren, nunca faltan, quienes se prestan para el juego de facilitar la pintura verde y la brocha a los depredadores –los grupos económicos- o a sus alcahuetes –la Concertación. Como lo canta Joan Manuel Serrat “si ha de haber gente pa’ todo”.

El primer y más importante acuerdo suscrito por Bachelet con este grupo de ecologistas, es el envío al Parlamento, al terminar el primer año de gobierno, de las reformas a la Ley 19.300 para la creación del Ministerio del Medio Ambiente, así como la creación de una Subsecretaría de Recursos Naturales y Biodiversidad, la transformación de la CONAMA en una Subsecretaria de Gestión Ambiental y la creación de una autoridad ambiental municipal.

Este primer punto tiene relación con una modificación institucional administrativa que no resuelve el problema de fondo que explica y es la causa del verdadero problema ambiental en Chile, entendido como aquel que se implanta ideológicamente a partir de un golpe de Estado que se materializa en un conjunto de cambios políticos e institucionales que instalan el patrón de acumulación –modelo rentista- sobre la base de la apropiación de las rentas económicas de los recursos naturales por parte de los grupos económicos.

No por nada hoy los principales grupos económicos están relacionados a determinados sectores que explotan recursos naturales: Luksic en la minería, Angelini en la pesca y en el negocio forestal, y Matte exclusivamente en el sector forestal.

Este patrón requiere controlar las decisiones políticas y económicas fundamentales, por lo cual los Ministerios de Economía y Hacienda son los más relevantes, así como la ausencia de control ciudadano y el inamovible sistema binominal que hace imposible la modificación estructural del modelo de acumulación.

Lo anterior se debe a que la derecha, representante ideológica por definición de los intereses rentistas de modelo económico, no aceptará jamás dicho cambio estructural y para ello cuentan con una holgada sobrerrepresentación parlamentaria, que dicho sea de paso, convierte las propuestas ambientales de Bachelet en letra muerta, buenas intenciones, ofertas electorales para captar el escaso voto verde que no está de más ante una eventual segunda vuelta o en una simple plataforma de ascensión y de arribismo político para quienes, al igual que los pobres de Juan Pablo Segundo, no pueden esperar.

Lo más importante desde el punto de vista de las políticas públicas, especialmente desde la política ambiental, es la presencia de un sector público robusto, que tenga los recursos necesarios para realizar una buena fiscalización y fijar las pautas al mercado y a sus operadores, puesto que resulta imprescindible someter al mercado, al capitalismo y a sus distintas formas de acumulación a la ética política de la democracia. Sin este contrafuerte político que es la democracia, el capitalismo se desboca y no encontrará límites a su energía devastadora y demoledora de toda forma de vida.

La actual institucionalidad ambiental no da cuenta del fuerte choque de intereses que existe entre el uso racional, inteligente y responsable de la naturaleza y el crecimiento económico, y esto pasa porque la CONAMA es altamente dependiente del Gobierno de turno, como así también lo será un eventual Ministerio del Medio Ambiente, sin atribuciones reales y supeditado por lo tanto a inter
eses políticos, los que también están subordinados a los intereses económicos privados.

Es absolutamente imposible soslayar que el Gobierno de Lagos no cumplió sus compromisos ambientales y optó por sacar adelante la llamada Agenda Pro-crecimiento, lo que implicaba entre otras cosas, “eliminar los lomos de toro” que entorpecían el crecimiento del país, refiriéndose a la necesidad de un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental más permisivo para la inversión privada.

La propuesta de crear un ministerio especial para el medio ambiente no pasa de ser el símil de las “cuentas brillantes” que los conquistadores entregaban a los pueblos indígenas como una forma de someterlos y establecer su dominio y control del territorio conquistado. Ese comportamiento lamentable continúa hasta nuestros días y se hace carne en algunos ecologistas que seducidos por el brillo de las cubiertas de vidrio del escritorio de un ministro, desacreditan la causa y el esfuerzo generoso que muchos han desplegado en estas luchas, torciendo el discurso y acomodando hábilmente la realidad. Escribiendo para la historia, digamos que el cacareado Ministerio del Medio Ambiente no hará retroceder un ápice el proceso de devastación y degradación ambiental en curso.

Otra de las propuestas firmadas por Michelle Bachelet, es crear una Superintendencia Ambiental que fortalezca el rol fiscalizador del Estado. Todos sabemos para qué sirven hoy en día las llamadas superintendencias de isapres, de bancos, de AFP, de sociedades anónimas, en el reino de la acumulación desmedida que es Chile.

“Mira lo que han hecho de ti mi país” cantaba Isabel Parra en tiempos de la dictadura. Cunde la desesperanza ante la ausencia de control y fiscalización, en el que las famosas superintendencias son observadores impotentes ante la discrecionalidad del modelo económico chileno. En consecuencia, esta propuesta sufre los mismos vicios que la anterior, ya que una superintendencia tampoco asegura una real independencia de la regulación ambiental frente a los intereses económicos que represente el Gobierno de turno.

En la misma línea de lo insulso e irrelevante se encuentra la propuesta de formular y enviar al Congreso una Ley Marco de Ordenamiento Territorial, que articule los instrumentos existentes y equilibre la participación de los ministerios, las autoridades regionales y los ciudadanos, para ordenar estratégicamente el territorio. Este cuento del ordenamiento territorial lo venimos escuchando desde que la CONAMA es la CONAMA. Letra muerta, discurso gastado y aburrido, repetido hasta el hartazgo cuando se trata de hacer propuestas y de pintar y repintar el mono del medio ambiente. Ya nadie sabe a qué se refiere específicamente, cual es el concepto esencial y se define y redefine en una interminable letanía de documentos, discursos, y palabrería vacía de contenido.

El solo pronunciamiento de las palabras “ordenamiento territorial” es un eficaz y contundente conjuro de toda forma de alegría, vitalidad y entusiasmo. Hasta donde se sabe, el territorio nacional se ha ordenado exclusivamente bajo el mandato imperturbable de la ley del más fuerte. Así ocurre con Pascua Lama que ha violado y trastocado los intereses locales con el respaldo de autoridades. Lo mismo ocurre con los salmoneros y su imposición sobre pescadores artesanales y empresarios del turismo, los industriales pesqueros respecto de los pequeños pescadores, Celulosa Arauco y los agricultores de Valdivia.

Lo que acá rige como regla de oro del ordenamiento territorial son los intereses del capital extranjero y de los mega proyectos de inversión. Una ley sobre ordenamiento territorial que debe ser aprobada por los representantes de estos intereses que gobiernan las decisiones locales, regionales y nacionales, nunca modificará eficazmente este patrón de operaciones. No hay sustento político para producir ese cambio necesario y aquellos ecologistas que obtienen menos votos que los necesarios para inscribir una candidata, no constituyen, obviamente, base de apoyo político suficiente para imponer un cambio sustancial en el modo en que se reparten el territorio las corporaciones multinacionales y los grupos económicos nacionales.

Desde dónde podemos suponer que será posible instalar sistemas modernos de planificación territorial que establezcan instancias abiertas y públicas de negociación, en la cual todos los agentes puedan defender sus visiones particulares y sus intereses. Lamentablemente un escenario así es impensable en el marco de las actuales y desequilibrantes asimetrías de poder entre los actores económicos regionales y locales donde cualquier negociación termina finalmente con la imposición de los intereses de los grupos económicos o de las corporaciones multinacionales. La simpatía de Michelle Bachelet no es suficiente para inducir un cambio de conducta, puesto que, como nos lo señalaba Felipe Lamarca, las elites no van a soltar la teta.

Algo que también se ha convertido en una suerte de propuesta infaltable es la creación del Sistema de Cuentas Ambientales. Se les olvida el rotundo fracaso que esta experiencia tuvo bajo uno de los gobiernos de la Concertación (Frei Ruiz-Tagle) y no por falta de competencia técnica, sino más bien, por el tipo de resultados que estas cuentas entregaron: la insustentabilidad del crecimiento económico chileno.

Esto no le gustó para nada a los depredadores, especialmente a los empresarios forestales, los que luego de un lobby devastador, lograron abortar el proyecto y no sólo eso, consiguieron modificar sus resultados. Así fue que finalmente lograron hacer decir al Banco Central que había bosques nativos como nunca antes en Chile. Una vez más no hay bases políticas sólidas ni contundentes para instalar un sistema de cuentas ambientales que les diga en la cara a los depredadores y sus alcahuetes –la Concertación- que en Chile no hay verdadero crecimiento económico, que básicamente nos estamos comiendo nuestra riqueza natural y que ajustados los indicadores macroeconómicos globales por la depreciación económica de los recursos naturales, el modelito chileno es una fiasco total y rotundo.

La pregunta es ¿querrá Michelle Bachelet afectar la credibilidad o el indicador de riesgo país entregando cuentas económicas que ilustren la devastación de nuestro capital natural? ¿Podrá la futura ministra o ministro de medio ambiente, aunque provenga del ecologismo, convencer a la industria forestal y pesquera que acepten el veredicto de estas cuentas sin presionar a las autoridades, hasta que impongan los resultados que les son favorables?

La respuesta obvia es no y es evidentemente no, por lo que, escribiendo nuevamente para la historia, estas cuentas, si es que se hacen –ojo que cuestan mucho dinero- serán tan insulsas como el pan sin sal y no provocarán nunca las iras de los depredadores y con suerte serán una buena oportunidad de empleo para algún otro ecologista que anda firmando acuerdos con la señora Bachelet y que sabe muy bien de estas cuentas porque las aprendió bajo mi dirección.

Qué decir de la propuesta número cinco que pretende establecer algo así como dos líneas de política fiscal para revertir la insustentabilidad ambiental, reorientando subsidios y mecanismos de fomento, así como formulando o reformulando instrumentos económicos existentes para asumir o prevenir los impactos ambientales. Esta propuesta es por lo menos curiosa, dado que no se entiende que significa en concreto establecer dos líneas de política fiscal. Por lo demás, este es un terreno muy accidentado y muchos excursionistas han perdido la vida en esos andares. Más aún, los inexpertos que creen que es llegar y salir a la cordillera sin los trajes especiales que se necesitan. Dicen que ni el famoso Frodo de “El Señor de los Anillos” sobrevivió en esa travesía.

En la política fiscal ha g
obernado sin contrapeso alguno la famosa regla de superávit estructural y la prohibición absoluta de subir los impuestos a las empresas y a los altos ingresos. Sólo el IVA es modificable para arriba pues lo asumen con mayor rigor los más pobres. Es la tierra donde está el castillo de Mordor, donde gobiernan las fuerzas oscuras del Fondo Monetario que extinguieron la vida en Marte, según lo señalara el presidente de Venezuela Hugo Chávez.

Esta pretensión de hacerle pagar los costos ambientales a los depredadores modificando la política de subsidios es otra propuesta insulsa, puesto que el único instrumento eficaz para ello son los impuestos verdes y los royalties a los recursos naturales, que no están ni por broma en las 10 propuestas ni en la mente de Michelle Bachelet. Dicho sea de paso, tampoco es llegar y alterar la política de subsidios. Es cuestión de recordar la reacción que tuvieron las empresas inmobiliarias y las empresas constructoras, ante la posibilidad de quitarles ciertas franquicias tributarias, para saber a qué nos enfrentamos con estas pretensiones.

Tres ONG`s ecologistas, por muy quijotescas que se pretendan no podrán con el Fondo Monetario, menos aún cuando una de ellas es financiada por el Banco Mundial. Esto también está escrito para la historia.

La propuesta más desenfadada y peligrosa, así como sabrosa, es la de ampliar el Fondo Ambiental (Ley 19.300) a un monto anual de 5 millones de dólares (20 millones de dólares durante el mandato), para investigación y acción ambiental. El Fondo estará orientado a apoyar centros de estudio y organizaciones de la sociedad civil. Ni se sospecha siquiera cuales serán las organizaciones que estarán en primera fila postulando y “calificando” para acceder a esos recursos financieros.

La trastienda de esta propuesta es impresentable puesto que resulta evidente la aparición o ampliación del clientelismo ambiental que ya existen en abundancia. Esto implica depender del gobierno de turno y diluir totalmente la objetividad e independencia de organizaciones que deben estar orientadas a fortalecer a la sociedad civil y no a los gobiernos en ejercicio.

En cuanto a la propuesta de no incluir la opción nuclear en la política energética nacional, resulta sorprendente lo escuálido de esta iniciativa, tomando en cuenta que una de las firmantes, Sara Larraín, se ha destacado por sus contundentes trabajos en materia de política energética. Por supuesto, todos muy instructivos e interesantes.

Sin embargo, no hay cuestionamiento a la nueva construcción de centrales hidroeléctricas en Aysen, ni al uso del petcoke, ni al control monopólico de las fuentes energéticas por parte de ENDESA España, ni a la dependencia energética. Nada tampoco respecto al uso eficiente de la energía que obligaría al Estado chileno a modificar la actual política, en donde rige el criterio de negocio privado -vender más para aumentar las ganancias de los generadores de energía. Nada respecto a promover la aplicación de criterios públicos de ahorro y uso racional de los recursos energéticos. Menos aún se comprometió a promover energías no convencionales, lo que ha sido siempre un apreciado objetivo de los ecologistas.

La protección de los glaciares resulta francamente un insulto ante el desenfado con que ha actuado la Concertación en esta materia, aprobando el proyecto Pascua Lama a sabiendas de que se omitía cínicamente la destrucción de tres glaciares que cubren el yacimiento aurífero. La destrucción de estos glaciares ya comenzó y probablemente, en febrero próximo, cuando los ecologistas estén de vacaciones, el proyecto será definitivamente aprobado. Esta propuesta es un simple y cínico saludo a la bandera.

No menos irrelevante e insustanciosa resultan sus otras dos últimas propuestas que, siendo importantes para los sectores ecologistas, no dejan de ser guindas de una torta depredadora y no sustentable que no cambiará en nada con una política mejor o peor que la que actualmente existe sobre los parques nacionales.

Se echan de menos propuestas insoslayables que no podrían faltar en una agenda ambiental que se tomara en serio la problemática de la depredación de los recursos naturales, cual es la de modificar sustantivamente los tratados de libre comercio, que son verdaderos mecanismos de incentivo para la devastación de los recursos naturales en Chile.

Eso lo saben muy bien los firmantes del acuerdo y han guardado obsecuente silencio ante lo inaceptable que sería para la candidata concertacionista, al igual que subir los impuestos, suscribir acuerdos que modifiquen la política de firmar tratados de libre comercio o modificar los existentes. Estos constituyen parte sustantiva del patrón de acumulación que enriquece a manos llenas a los depredadores, puesto que son ellos quienes realizan el 96% de las exportaciones, para lo cual estos tratados son críticos e insustituibles.

Antes de terminar quisiera referirme al compromiso político de estos ecologistas que han concurrido a firmar el compromiso de Bachelet. No es mi intención desconocer el derecho de personas naturales a suscribir sus opciones políticas. De hecho, yo mismo he manifestado mi posición y adhesión. Sin embargo, me permito insistir que lo he hecho siempre a título personal y sin comprometer a la organización que dirijo, haciendo especial atención en evitar que se utilice la organización a que pertenezco, lo cual no ha sido el caso de Fundación Terram, cuyo director ejecutivo ha firmado sus adhesiones siempre en su calidad de responsable de dicha organización.

Es más, las cartas y comunicados de prensa aclaratorios han sido abiertamente contradictorios, indicando que Terram no apoya candidatos pero sí las propuestas de Bachelet y utiliza la plataforma de una declaración de prensa, supuestamente clarificadora de su organización, para insistir en su opción política personal. Respecto a las otras dos organizaciones, Chile Sustentable e Instituto de Ecología Política, su carácter casi unipersonal y no sometido a fiscalización ni control alguno les excusa y hace innecesario tener que hacer la distinción entre las personas y las instituciones.

Por otra parte, resulta inaceptable que se suscriban acuerdos en el nombre de los ecologistas, todos los cuales, por muy recién llegados que seamos, tenemos el derecho a ser consultados y a ser considerados en nuestra opinión, cuando de representarnos como un todo se trata. Los “líderes” verdes de Bachelet arbitrariamente se auto erigen como los representantes de todo el mundo ecologista, al mejor estilo de los aristócratas y, por cierto, en el nombre de la democracia. A saber uno, en qué torcido mundo virtual aprendieron lo que es la democracia.

Lamentablemente, las propuestas de Bachelet son letra muerta, difícilmente se podrán llevar a cabo y no modificarán ni en medida menor el patrón de acumulación, depredador y concentrador que opera en Chile desde hace más de treinta años. Esto lo saben muy bien los ecologistas firmantes del acuerdo y bien por ellos si con esto logran insertarse en las elites, hacer sobrevivir financieramente a sus organizaciones o participar del festín de vanidades al que siempre se es invitado cuando se está en el poder.

Pero hacedlo en vuestro nombre, con la honestidad de quienes reconocen haber sido vencidos y derrotados por el sistema, reconociendo que ya no creen en las posiciones radicales que suscribían antaño y sin pretender arrogarse la representación de quienes ni siquiera hemos sido consultados.