México: El Estado Mayor Presidencial (EMP) no es el Ejército

Seguirá la movilización pacífica de los obradoristas. Ya lo anunciaron y debe aceptarse que así lo harán. No se ha de morir de inanición su movimiento, o disolver en la nada y en el desencanto, como le apuesta la derecha. Todo indica que se trata de sectores recios del pueblo que en verdad están profundamente indignados con el truqueo electoral del 2 de julio, desde antes de esa fecha contra las ilegales intromisiones presidenciales y contra la campaña sucia de miedo del panismo y el yunquismo, y después del acto comicial, contra el conteo percibidamente amañado de los votos en el IFE, para beneficiar al candidato panista, Felipe Calderón. Es preciso desechar las opiniones baladíes de que los que están en el plantón del corredor Zócalo-Periférico lo hacen mediante “paga”.

Es el movimiento de un sector del pueblo que vive en gran medida por sí mismo y no depende de la sola voluntad del líder o del caudillo, como en ocasiones del pasado. Este movimiento se alimenta de su propia dinámica de participación y de una defraudada confianza en la democracia de las elecciones del 2 de julio. Claro que tiene importancia la acción del líder, López Obrador, y de sus cercanos, pero no debe caber el simplismo de considerar a los participantes como “borregada” bajo sueldo o como paniaguados del capricho del dirigente. Con esta óptica de reducción al absurdo, no se explican ni el aguante ni el fervor con que -pese a granizadas, chubascos y adversidades- los protestatarios asisten tanto a los mítines de comunión del Zócalo, como a plantones y marchas.

Simplismo absurdo es reducir este fenómeno colectivo a sólo una calle del país llamado México, especie que ni el mismo Fox se cree si se considera el gran aparato de represión que en torno al Palacio Legislativo montó a través del Estado Mayor Presidencial -ojo, no el Ejército- para supuestamente proteger su propia integridad física. No se olvide que el propio Marcelino García Barragán, general secretario de la Defensa en el 68, en memorias divulgadas póstumamente, responsabilizó al Estado Mayor Presidencial de entonces de haber sido el provocador de la represión, no genocidio, del 2 de octubre. Pese a lo cual, haciendo honor a su compromiso de lealtad con la nación y con el presidente en turno, Gustavo Díaz Ordaz, le reintegró al Ejecutivo el mando, habiendo podido dar un golpe de Estado si hubiese sido un ambicioso militar sediento de poder, al estilo de lo que ocurría en esos tiempos en casi toda América Latina. Lo cual honra la credibilidad de su confesión post mortem.

El agravio al Poder Legislativo quedó sólo ahí, debido a la acción prudente de AMLO de llamar a sus seguidores a no marchar hacia el Palacio Legislativo el día primero. Pero pudo haberse convertido en una terrible tragedia nacional si la irresponsabilidad presidiera la conducta de los obradoristas. Pendiente está, como reforma futura, la existencia de un EMP con tantas atribuciones meta legales, propias del autoritarismo presidencial de antes, no del presente democrático de hoy, el cual negó el actual gobierno con el ilegal estado de excepción montado sobre y en torno al Palacio Legislativo. El EMP no es el Ejército.

Frente a todo ello, hay que reconocer a los legisladores del sol azteca su acción invocadora de la constitucionalidad del artículo 29, en la sesión del viernes primero, más allá de incidentes anecdóticos.