Organizaciones de Derechos Humanos rechazan indulto

La Asamblea Nacional por los Derechos Humanos, el Coordinador de Derechos Humanos de los Colegios Profesionales y la Comisión Etica contra la Tortura, dieron a conocer una declaración de rechazo a las recientes medidas adoptadas por el gobierno del Presidente Lagos en favor de la impunidad. "En un contexto agravado por fallos recientes de apoyo a la amnistía, no hay justificación alguna para las recientes actuaciones del Ejecutivo. La ‘señal potente’- en palabras del Presidente Lagos- dada al país con el indulto al contumaz autor material del horrendo asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez,   es, por el contrario, un alerta  respecto de posibles negociaciones secretas acerca de los  juicios pendientes por violaciones a los derechos humanos, y de nuevos indultos. ¿Cuál es la moneda de cambio?", se preguntan las entidades de derechos humanos.

En la declaración afirman que el indulto presidencial concedido al criminal Manuel Contreras Donaire,  así como el ascenso a la Corte Suprema del ministro Rubén Ballesteros, un defensor de la impunidad, vulneran en forma grave la adscripción del gobierno de la Concertación al respeto de los derechos humanos. Agregan: "Estas medidas no hacen sino confirmar la negativa visión que a nivel internacional existen sobre el desempeño chileno en estas materias, a raíz del desconocimiento del derecho internacional en materia de crímenes de lesa humanidad".

Destacan además que la impunidad ha sido la regla, ya que sólo en casos emblemáticos se ha logrado enjuiciar y castigar a los cirminales, en tanto que ningún torturador cumple sentencia definitiva por ese crimen. Las citadas entidades de derechos humanos llaman a la sociedad a estar alerta respecto de negociaciones secretas sobre los juicios pendientes, y lamentan que reaparezcan los acuerdos a espaldas de la ciudadanía que marcaron el inicio de la transición.

A continuación, el texto completo de la declaración pública dada a conocer en  Santiago el 25 de agosto de 2005.

Santiago, 24 de agosto de 2005

Consideramos que el indulto presidencial concedido al criminal Manuel Contreras Donaire y  el ascenso  del cuestionado ministro Rubén Ballesteros a la Corte Suprema,  vulneran en forma grave la adscripción del gobierno de la Concertación a los enunciados básicos de respeto irrestricto a los derechos humanos. Estas medidas no hacen sino confirmar la negativa visión que a nivel internacional existe sobre el desempeño chileno en estas materias, a raíz del desconocimiento del derecho internacional en materia de crímenes de lesa humanidad.  

Hasta ahora, en Chile la impunidad de los criminales ha sido la regla. Sólo en contados casos emblemáticos y particularmente impactantes ”caso Letelier, degollados y similares-“ se ha logrado enjuiciar y castigar a los perpetradores de miles de ejecuciones, y apenas en un caso de miles de secuestros y desapariciones, ha habido castigo a los culpables. Ningún torturador cumple aún sentencia definitiva por el delito de tortura.

No es aceptable homologar el indulto a Contreras Donaire con  los indultos a presos políticos sentenciados con confesiones obtenidas bajo tortura y que cumplieron más de diez años de prisión en una cárcel de alta seguridad,  con condiciones de vida criticadas por organismos internacionales de derechos humanos.

En un contexto agravado por fallos recientes de apoyo a la amnistía, no hay justificación alguna para las recientes actuaciones del Ejecutivo. La “señal potente” en palabras del Presidente Lagos- dada al país con el indulto al contumaz autor material del horrendo asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez,   es, por el contrario, un alerta  a la sociedad respecto de posibles negociaciones secretas acerca de los juicios pendientes por violaciones a los derechos humanos y de nuevos indultos. ¿Cuál es la moneda de cambio?

En  este país, tarde o temprano todo se sabe. Es necesario, por ejemplo, que todo el país conozca que el Ministro de Justicia del Gobierno, el señor Luis Bates, es al mismo tiempo docente de la Universidad de Desarrollo y como tal, subordinado de su decano, Pablo Rodríguez Grez, defensor del ex dictador Pinochet y de los principales criminales. Resulta irónico que al tiempo de anunciar el fin de la transición, reaparezcan los acuerdos a espaldas de la ciudadanía que parecían ya superados y que marcaron el inicio de la misma.

Por otra parte, el patrocinio de La Moneda a un juez que ha tenido una conducta sistemáticamente alejada del respeto a los derechos humanos, y la nula consideración presidencial respecto de las prevenciones formuladas desde distintos ámbitos ligados al mundo de los derechos humanos, no son coherentes con pasos anteriores del gobierno como la creación de la Comisión Valech – interpretados como un avance hacia la verdad y la justicia.

Con posterioridad al cumplimiento de las tareas de la citada Comisión,  se inició una secuela de iniciativas encaminadas a retomar una política de punto final en materia de temas de derechos humanos. Un ejemplo de ello es la Ley de Reparación, aprobada en 48 horas bajo presión gubernamental,  y repudiada ampliamente por la mayoría de los supuestos beneficiarios.

Llamamos a la sociedad toda a hacer ver su protesta en los distintos ámbitos de acción, y repudiar abierta y creativamente,  estas actuaciones dañinas para nuestra convivencia, exigiendo el fin de la impunidad  y reforzando la lucha por la verdad y justicia.  

Asamblea Nacional por los Derechos Humanos.
Comisión ética contra la Tortura.
Coordinador de Colegios Profesionales de Chile.
Capítulo    de Derechos Humanos del Colegio de Asistentes Sociales.
Comisión  de Derechos Humanos del Colegio de Arquitectos.
Comisión  de Derechos Humanos Colegios de Administradores Públicos.
Comisión  de Derechos Humanos del Colegio de Bibliotecarios.
Comisión  de Derechos Humanos del Colegio de Contadores de Chile, Reg. Metropolitano.
Comisión  de Derechos Humanos del Colegio de Fonoaudiólogos.
Comisión  de Derechos Humanos del Colegio de Médicos Veterinarios.
Capítulo    de Derechos Humanos del Colegio de Matronas.
Colectivo  de Ingenieros por los Derechos Humanos.
Departamento de Derechos Humanos del Colegio de Periodistas.
Departamento de Derechos Humanos del Colegio de Profesores.