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Fiscalización y voluntad política 

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Adam Smith señaló que siempre que dos o más personas se unían en
pos de un interés común, terminaban perjudicando el interés general.
Por su parte, el Banco Mundial viene insistiendo desde los noventa, en
la necesidad de un Estado moderno, capaz de fiscalizar los actos
económicos del mercado, con las actuales herramientas tecnológicas
pero, por sobre todo, a través de funcionarios públicos competentes y
honestos, como forma de procurar un sano funcionamiento de los mercados
y para procurar una mayor equidad en la distribución de la riqueza en
las sociedades.

Estas premisas que en dos momentos
históricos alertan contra el peligro de la concentración económica y
abogan por un Estado que fiscalice efectivamente los hechos económicos,
son de absoluto sentido común y  no fueron proferidas ni por Karl
Marx ni por Jacques Maritain. Se trata de un mínimo sentido común y es
una idea fuerza que busca hoy insertar correcciones de fondo a un
sistema para nada transparente, en donde el peso político de los grupos
económicos y financieros ha permeado peligrosamente al Estado,
debilitando ex profeso la capacidad de la Administración de actuar en
forma independiente y eficaz en su cometido fiscalizador. De paso,
estas distorsiones atentan contra el espíritu mismo de una libre
concurrencia, ya que, presiones y vinculaciones mediante, se termina
buscando ventajas especiales que seguramente terminan perjudicando el
interés general.

…el Estado ha renunciado voluntaria y conscientemente al deber de fiscalizar.
Es
tanto así que, en muchas situaciones, el Estado ha renunciado
voluntaria y conscientemente al deber de fiscalizar. Los estudios de
impacto ambiental, los proyectos de inversión directa que terminan sin
tributarle al Estado ante una pasividad inexplicable de entrar a
auditar tales operaciones. Las condonaciones de deudas a grupos
económicos asombran cuando por otro lado el Estado manifiesta su
pobreza de recursos. Es increíble que frente a un incendio forestal o
cualquier contingencia no existan recursos suficientes; es patético,
pero real, que los funcionarios públicos en muchas instituciones deben
pagar por sus equipamientos para poder cumplir mínimamente sus
funciones; es inconcebible que muchas acciones de control deban
resignarse ante la falta de recursos logísticos para realizarlas.  

Si
se recogiesen las reiteradas propuestas de la ANEF, Asociación Nacional
de Empleados Fiscales, por condiciones laborales que ayuden a trabajar
mejor, de manera que los costos de la modernización se vean compensados
con creces por una mayor recaudación y por la eliminación de fugas en
un sistema que está lleno de ellas, se podría apreciar que el personal
estable de la Administración Pública está dispuesto a asumir
compromisos de mejoramiento de gestión, concentrando energías en esos
flancos débiles en donde se han venido haciendo evidentes las
debilidades del Estado al fiscalizar.

Cuando
enfrentamos un período pre-electoral, los servidores públicos y la
ciudadanía esperarían, sobre todo de los programas presidenciales que
se adjudican el progresismo, la expresión de compromisos políticos que
rompan con el statu quo actual.

¿Está dispuesta la
clase política a reducir el superávit fiscal y en vez de simplemente
pre-pagar deuda externa, destinar recursos suficientes a a la
Administración Pública, en términos de sinceramiento de las plantas, de
mejoramiento del equipamiento y de recursos para efectuar
fiscalizaciones más efectivas? ¿Primarán en la clase política
consideraciones de Estado, que signifiquen reglas de probidad y
transparencia que de veras se cumplan, para no admitir que los lobbies
por debajo de la mesa, debiliten o anulen la fiscalización?

¿Estaría
dispuesta la clase política a dar un gran impulso a la modernización
del Estado, suscribiendo con los funcionarios de carrera compromisos de
gestión que vayan perfilando un Estado más responsable que pueda
arbitrar en pos de una sociedad más equitativa?

A los
funcionarios públicos de carrera, por impacto de situaciones oscuras en
las que no participaron ni pudieron evitar, les ha caído el peso de
nuevas normas que apuntan a la probidad. Siendo bienvenidas dichas
medidas, en especial las que apuntan a premiar el mérito, las mismas
deberían apuntar y concentrarse en los niveles políticos que acceden al
Estado por corto plazo y muchas veces con intereses y estilos
diferentes a lo que la legalidad marca para el sano funcionamiento de
las instituciones públicas.

Por lo tanto, los
funcionarios del Estado se suman a la ciudadanía para que se elimine el
secretismo en los actos del Estado, porque esa transparencia protegerá
precisamente las actuaciones en derecho de los funcionarios y evitará
que por presiones de cualquier índole se pierda la independencia en el
control y la fiscalización.
En el área pública hay consenso en que
la modernización es un objetivo transversal urgente.  Lo único que
se preguntan los servidores públicos es para qué, ¿para hacer las cosas
bien, con todo el respaldo político de las autoridades o sólo para
llegar hasta donde sea políticamente correcto?
27/08/05
www.escritorhnv.blogspot.com

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