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Vuelve a constatarse el escándalo de las privatizaciones 

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La comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que estudió las privatizaciones efectuadas entre 1973 y 1990, estimó en US$2.500 millones en cifras de la época, las pérdidas públicas producidas. La comisión hizo suyas las conclusiones de la Contraloría General de la República de comienzos de los años noventa, considerando los traspasos efectuados de las treinta empresas más grandes, en las cuales se recibió una suma US$2.223 millones inferiores a su valor libro. El informe de la contraloría indicó que las pérdidas anotadas en esa treintena de sociedades equivalía a un 6,4% del PIB. Dicho porcentaje, en cifras del año 2005, suma más de US$6.500 millones.

Los parlamentarios de derecha miembros de la Comisión se restaron a la redacción del documento final, no asumiendo la magnitud del daño producido al patrimonio público e identificándose así en los hechos con los procedimientos utilizados. Una conducta aún más descarada la tuvo el ex ministro de Hacienda de Pinochet, Hernán Büchi, que envió un documento a la comisión investigadora -posteriormente publicado por el semanario Qué Pasa- de abierta defensa del proceso de privatizaciones, en el cual desempeñó un papel protagónico. La fase de las privatizaciones más aguda, que incluyó a empresas que siempre fueron estatales -como Endesa y CAP- se efectuó bajo su dirección. Büchi, como otros responsables del proceso privatizador se negaron a concurrir personalmente a la comisión investigadora. Julio Ponce Lerou, Roberto de Andraca y José Yuraszeck, beneficiarios directos en el traspaso de recursos públicos, tampoco concurrieron.

Las pérdidas más grandes producidas se registraron en Endesa (US$895,6 millones), CAP (US$706 millones), Soquimich (US$261,9 millones), Chilgener (US$171,1 millones) –cuyo nombre actual es Gener-, Chilectra (US$96,4 millones), y el Banco de Chile (US$66,9 millones). El presidente de la comisión investigadora, diputado Carlos Montes, subrayó al entregar el informe que si bien hubo "grupos económicos previos, que se vieron favorecidos, especialmente destacamos un grupo de tecnócratas de una clara orientación política y que en definitiva estaban vinculados a las empresas o a instancias públicas de decisión y que terminaron teniendo una fuerte influencia en el manejo de estos recursos".

El enriquecimiento de Yuraszeck

En este sentido destaca precisamente el nombre de José Yuraszeck –activo militante de la UDI- que desde la gerencia general de Chilectra Metropolitana aprovechó un proceso de privatización para quedar con su control, el cual posteriormente extendió a la principal generadora eléctrica del país, Endesa. Finalmente ya durante los gobiernos de la Concertación, vendió a Endesa España el mecanismo creado para tener su dirección sin contar con mayoría accionaria. Lo escandaloso de esta operación llevó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a aplicarles la mayor multa en su historia a los seis ex ejecutivos de Enersis que efectuaron el traspaso a Endesa España, 2,2 millones de UF, cifra que sube a US$163,9 millones si se considera el pago de intereses de 1,5% mensual que establece la ley orgánica de la SVS y el código tributario.

El enriquecimiento de Julio Ponce Lerou, el yerno de Pinochet

Casos similares se configuran con el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, que se quedó, al ser privatizada, con Soquimich, empresa en la cual estableció -al igual que José Yuraszeck- una red de sociedades para garantizar su control aunque no tuviese la mayoría accionaria. La Comisión Investigadora recuerda que Julio Ponce inició su escalada de "negocios" siendo presidente de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). En ese carácter se "adjudicó" miles de hectáreas de terrenos expropiados por los procesos de Reforma Agraria al momento de ser rematados a particulares. Roberto de Andraca, a su turno, pasó de la gerencia general de CAP a presidente de la empresa, aprovechando también el proceso privatizador a través de una sucesión de operaciones escandalosas que, según constató la Contraloría en 1990, originaron una pérdida neta de US$706,4 millones. Ese monto, en cifras de hoy, significa más de US$2.000 millones. Roberto de Andraca es -recalca La Nación- "uno de los empresarios más relevantes de la plaza y uno de los más ricos del país" (24/07/05). Por su parte, los interventores de los bancos Chile y Santiago en una primera etapa encabezaron las empresas privatizadas. En contra de lo prometido por la Concertación antes de ser gobierno, nada se hizo para revertir este despojo de patrimonios públicos.

Este traspaso de recursos del Estado es uno de los factores impulsores en el proceso de gran concentración de la propiedad que se registra actualmente en la economía chilena, al favorecer a grupos ya existentes o dando lugar a otros nuevos (Véase, "Mapa de la Extrema Riqueza al año 2005"). La comisión destacó, en sus conclusiones, que en las privatizaciones se utilizaron mecanismos especialmente diseñados para efectuarlas, que favorecieron su adquisición a "un costo muy depreciado". Se actuó, por lo tanto, con plena conciencia de lo que se estaba haciendo. Peor aún, se utilizaron recursos recibidos por el Estado fruto de las privatizaciones para conceder préstamos destinados a financiar nuevas cesiones de propiedad. Un 30% de los recursos percibidos por Corfo -que era dueño o tenía participación accionaria en muchas empresas privatizadas- se utilizaron en créditos concedidos para financiar otros traspasos. En Chilectra Metropolitana Yuraszeck tuvo el desparpajo de incrementar su participación accionaria con un crédito obtenido en el Banco del Estado ascendente a US$ 65 millones. Es decir, con recursos públicos se financió parte de las privatizaciones.

El llamado “capitalismo popular”

Los mecanismos utilizados fueron variados. Entre ellos el llamado "capitalismo popular", que en definitiva estimuló la "centralización financiera", así como la forma ideada para el canje de la deuda externa. Los pagarés de la deuda eran adquiridos muy por debajo de su precio fijado si eran utilizados como medio de pago en la cancelación de privatizaciones. La deuda externa disminuía pero a un costo muy elevado.

En ocasiones, la toma de control de las empresas privatizadas fue aprovechado, luego de consolidar sus formas de dominación, para traspasarlos haciendo un alto diferencial entre su adquisición inicial a un precio muy bajo, con cargo en los hechos a un subsidio público, y su posterior venta a valores de mercado. Un ejemplo de ello lo proporciona la estructura de control creado en el sector eléctrico por el grupo Yuraszeck y su venta ya reseñada a Endesa España.

"Fue legal -dice el informe- vender en forma directa sin licitación. Fue legal que los mismos que diseñaban las privatizaciones y fijaban los precios de las acciones pudieran posteriormente comprarlas. Fue legal que no se pagaran los préstamos al Estado o que se renegociaran cuando se necesitaba. Nada estaba prohibido y todo podía decretarse a fin de concluir con rapidez los objetivos privatizadores… Por lo tanto, se debe concluir que todo el proceso privatizador se desarrolló en Chile con normas legales decretadas ad-hoc por una dictadura". Es claro que una tiranía es la negación de la legalidad.

En los procesos de privatizaciones, entre los grandes beneficiarios estuvieron los mayores grupos económicos internos. En su primera etapa, que transcurrió entre 1974 y 1978, se expandieron espectacularmente los grupos Vial y Cruzat-Larraín, que luego se derrumbaron durante la crisis de comienzos de los ochenta. Igualmente creció el grupo de Ricardo Claro, que con los anteriores habían conformado la asociación conocida como "los pirañas" en la dé
cada de los sesenta. En la segunda etapa (1985-1989), entre los ganadores figuraron el grupo Angelini, al tomar el control de Copec con elevadas ventajas, y el encabezado por Andrónico Luksic en la reprivatización de CCU. A su turno el grupo Matte tomó el control en el sector forestal de Inforsa.

Lo más grave es que la Concertación no ha hecho nada por corregir esto

Una de las consecuencias de este tipo de operaciones fue el agudo deterioro registrado en la distribución del ingreso. El informe constata que el quintil de la población más pobre redujo su participación de un 7,6% a un 4,4%, mientras el 20% superior lo incrementó desde un 44,5% a un 54,9%. Al entregarse las cifras en quintiles, dividiendo el total de la población en cinco grupos de un 20%, se encubre la magnitud del proceso de concentración y el deterioro distributivo producido, dado que el sector dominante en la economía chilena está constituido por un porcentaje muy inferior a ese quinto de la población. Lo grave es que este deterioro distributivo no ha sido corregido por los gobiernos concertacionistas.

El informe recuerda otro antecedente que es conveniente tener presente para destruir imágenes que se han tratado de crear de los años de dictadura, entre ellos el supuesto crecimiento económico experimentado. El documento constata que en ese período el crecimiento promedio de la economía fue sólo de 2,9%. Hasta mediados de la década de los ochenta la economía prácticamente no creció, sufriéndose dos virulentas recesiones, inmediatamente después del Golpe y a comienzos de la década siguiente. Las tasas de crecimiento alcanzaron niveles elevados únicamente en los últimos años de dictadura, cuando se reanudó el ingreso de recursos desde el exterior, al percibirse por dichos capitales un tipo de salida como la que finalmente se impuso, no rupturista, pactada.

El informe consigna, además de las privatizaciones, que la Corfo quedó descapitalizada por los préstamos castigados, es decir que nunca se pagaron, y por las deudas contraídas para sanear filiales antes de venderlas, así como distintas otras determinaciones adoptadas de apoyo al sector privado. A ello debe sumarse los millonarios pérdidas sufridas por el Banco Central para impedir la quiebra de bancos comerciales durante la crisis de 1982; la recepción de pagarés de la deuda externa en montos muy inferiores a su valor real para estimular la inversión extranjera; y que la "República de Chile" se hizo cargo de la deuda externa privada del sector financiero.

Lagos: “deberíamos ser capaces de plantearnos un desafío sobre cómo abordar aquello”

El Presidente de la República, Ricardo Lagos, al opinar sobre el informe de la omisión investigadora, puntualizó que "deberíamos ser capaces de plantearnos un desafío sobre cómo abordar aquello" (22/07/05). Si las privatizaciones condujeron a concentrar la propiedad, recurriéndose muchas veces a procedimientos condenables, y estimularon la regresividad distributiva, el desafío debería ser la adopción de medidas para reducir los niveles de concentración, castigar los mecanismos contrarios al interés nacional y mejorar la distribución. No basta con publicar un documento que transparente lo sucedido. ¿Los despojos de patrimonios públicos no deben revertirse? Es lamentable que estos datos se actualicen nuevamente recién después de una década y media que terminó el régimen de Pinochet y de tres gobiernos de la Concertación. Antes de asumir la dirección del ejecutivo la Concertación se propuso revisar las privatizaciones. No lo hizo. Fue una más de las muchas promesas abandonadas. (Veáse, "El programa abandonado").

Reviste mucha gravedad que quince años después se continúe hablando que se tiene el "desafío" de "cómo abordar aquello". El gobierno del Presidente Lagos finaliza sin haberlo enfrentado. La candidata presidencial de la Concertación, Michelle Bachelet, no ha efectuado ningún planteamiento en esta dirección. Menos puede esperarse de Sebastián Piñera, uno de los favorecidos con el traspaso de empresas estatales, y de Joaquín Lavín que desempeñó un activo papel durante los años de dictadura, para luego transformarse en un panegirista de su gestión desde las páginas de "El Mercurio".

En 1991 se había constituido una comisión similar. Después de tres años de funcionamiento no llegó a ninguna conclusión pública. "Se temía caer -según el integrante de esa instancia, el  diputado DC Juan Carlos Latorre- en una cierta inestabilidad en el proceso de transición"
(24/07/05). "La decisión del Gobierno -señaló por su parte el ex vicepresidente de Corfo, René Abeliuk- fue mirar hacia delante y no hacia atrás. Si el Gobierno hubiese iniciado un pleito con los empresarios, habría sido una señal económica confusa. Las inversiones se habrían paralizado. Habría una decisión política que tomar -concluyó Abeliuk- y no había donde perderse"
(24/07/05). En otras palabras, políticamente se resolvió no seguir adelante, a pesar de lo concluyente de los antecedentes. Es de esperar que la historia no se repita. Es la exigencia a efectuar por todos los sectores democráticos.

Las privatizaciones no pueden ser consideradas sólo cómo una tarea propagandística o un material de reconstrucción histórica. Si muchas de ellas adquirieron expresiones escandalosas debe retomarse la formulación efectuada antes de ser Gobierno por la Concertación de revisarlas. El pacto Juntos Podemos propuso la realización de un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie sobre su eventual revisión. Las autoridades no han dado respuesta a esta propuesta.

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