La suprema traición y la traición suprema

 

Osorno, 06 de agosto de 2018.
Al inicio de la sesión de la Cámara, los Parlamentarios exhibieron carteles de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y confirman que “rechazan otorgamiento de libertad a criminales de lesa humanidad y anuncian que acusarán constitucionalmente a jueces por notable abandono de deberes (02 de agosto La Nación)”.

Este titular pareciera esperanzador, para poder revertir la disposición de la justicia de liberar a genocidas; esto es a simple vista e ignorando todos los entretelones que oculta la realidad, para la gran mayoría de los chilenos que no tienen la posibilidad de tener la información que conocemos y manejamos los dirigentes de DD.HH, que hemos sido capaces de leer entre líneas y la letra chica, con la que nos han vendido su política de derechos humanos, los Gobiernos de la  Concertación y la Nueva Mayoría.

Es importante clarificar que si bien Chile suscribió tratados con organismos del Derecho Internacional Humanitario, sin embargo, no se ha adecuado el ordenamiento legal interno, para evitar que los jueces caigan en la tentación de emitir fallos desconociendo dichos tratados, como lo recientemente ocurrido. Para lograr esto se hacía necesario impulsar las medidas legislativas y administrativas necesarias para que nuestra legislación interna se ajuste a las obligaciones internacionales contraídas en tal Pacto.

Esta fue la Razón y a solicitud de organizaciones de derechos humanos, que llevó al Diputado Juan Bustos (QEPD), a presentar un Proyecto de Ley, que buscaba que los delitos de violación a los derechos humanos, genocidio y crímenes de lesa humanidad queden exentos de los beneficios de la ley vigente. Es decir evitar que ante este tipo de crímenes se aplique la amnistía, la prescripción, el indulto o beneficios carcelarios.

Esta iniciativa, una vez aprobada por la Cámara de Diputados, fue enviada al Senado, para continuar su trámite legislativo; a pesar de haber sido presentado hace más de 11 años este  trámite nunca culminó.  Es necesario establecer, para una mejor comprensión, que este proyecto requería de quórum simple para su aprobación.

Estando en conocimiento de la necesidad y la urgencia de que se legisle al respecto, la UNExPP de Chile, buscó comprometer a diversos legisladores para que colaboren y se comprometan para sacar adelante este proyecto, que se encontraba estancado, sin éxito hasta el día de hoy.

La pregunta que cabe hacerse es, ¿Porqué, los Gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, se negaron a sacar esta iniciativa adelante, habiendo tenido permanentemente mayoría en ambas Cámaras?

Estando en conocimiento de estos hechos, es incomprensible que los Parlamentarios, rasguen hoy vestiduras y pretendan acusar constitucionalmente a los jueces por abandono de deberes. Objetivamente, quienes primero abandonaron su deber de actuar legislativamente en contra de la impunidad fueron ellos y si hoy los jueces fallan, liberando a los criminales de lesa humanidad, lo hacen dentro de las facultades que la legislación interna les entrega, permitiéndoles aplicar su criterio o descriterio y que los Parlamentarios   de la Concertación y Nueva Mayoría, se negaron a cambiar. Se sabía y se sabe que los jueces mayoritariamente desconocen le Derecho Internacional Humanitario.

Ellos como miembros del poder legislativo y miembros de los “Gobiernos democráticos”, que por su historia, deberían haber tenido un mayor compromiso, para con las víctimas de atropellos a sus derechos humanos; sin embargo el pacto de impunidad consumado con los civiles y militares, a espaldas del pueblo, pudo más.

La responsabilidad de que los jueces, puedan aplicar estas medidas, obedece a que los Gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría, y sus Parlamentarios, se negaron a terminar la tramitación y aprobar el proyecto de ley que habría podido impedir estos hechos

Nos parece una actitud oportunista, que éstos hoy se permitan hacer actos simbólicos y sentidas declaraciones de repudio, y rasguen vestidura buscando realizar una acusación Constitucional contra los Ministros de la Corte Suprema. De acuerdo a la experiencia, sabemos que éstos son actos simbólicos, que sólo sirven para seguir aparentando un compromiso con los derechos humanos que en realidad jamás han tenido.

Está claro entonces que el mayor repudio debe dirigirse a quiénes tenían en sus manos evitar que esto sucediera y no lo hicieron.

Que podíamos esperar del poder judicial y sus magistrados quienes históricamente, con muy pocas excepciones,   han estado siempre con el ánimo de favorecer a los criminales, lo que se refleja, en la aplicación en los juicios de figuras jurídicas aberrantes, como lo son la media prescripción o la intachable conducta anterior, rebajando las condenas de tal forma que ellas no se condicen con la gravedad de los brutales crímenes cometidos.

En Chile la impunidad se ha transformado en el objetivo central, acordado por los que nos han gobernado por décadas, con los que se encubre, y esto obedece simplemente a la culminación de un proceso sistemático de la implementación de ella, por lo tanto podemos establecer que, la Corte SUPREMA TRAICIONA el Derecho Internacional Humanitario y los Gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría han cometido una TRAICIÓN SUPREMA a las víctimas de atropello a sus derechos humanos y sus familiares, al no haber tomado las medidas para evitar lo sucedido.

Por lo tanto, todos los Parlamentarios de la Concertación y Nueva Mayoría, tienen hoy la obligación de actuar con prontitud, acusando constitucionalmente a los jueces que faltaron gravemente a su deber, cómo una forma de enmendar vuestra indolencia y complicidad con la impunidad.

La autora, Nelly Cárcamo V., es Presidente Nacional de la UNExPP de Chile

Osorno, 06 de agosto de 2018.

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