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El gobierno de Mauricio Macri decidió que las Fuerzas Armadas se desplieguen para proteger objetivos estratégicos en la frontera norte. El presidente anunció la medida el lunes 23 en Campo de Mayo, uno de los mayores cuarteles del país. Como era previsible, la oposición y los organismos de derechos humanos lo criticaron argumentando que se rompe así una tradición nacida luego de la dictadura militar (1976-1983), que provocó la desaparición de 30.000 personas y de la cual las Fuerzas Armadas salieron muy desprestigiadas.
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Desde ese momento el presupuesto de defensa ha ido en disminución, a tal punto que los 40.000 miembros con los que cuentan en la actualidad, son menos de la mitad de los que tenían cuando entregaron el poder a los civiles hace 35 años. Diversas leyes aprobadas en democracia, como la Ley de Defensa de 1988, la de Seguridad Interna en 1991 y la de Inteligencia en 2001, prohíben expresamente la participación de los militares en el orden interno.Aunque el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) acotó aún más las tareas de las FFAA, su sucesora Cristina Fernández (2007-2015) decidió que los militares colaboren con la vigilancia del espacio aéreo de las fronteras con Bolivia, Brasil y Paraguay, donde el narcotráfico tiene presencia. Sin embargo, la decisión de Macri va más allá, pasando por encima de la propia legislación y sin consultar siquiera al Parlamento.
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Las relaciones del Gobierno argentino con las FFAA no son buenas. Semanas atrás hubo un encontronazo con la cúpula militar cuando se anunció un aumento salarial para este año del 8%, cuando la inflación supera el 30 %. La crisis llevó a la suspensión del desfile militar previsto para la fecha patria del 9 de julio y dar marcha atrás decidiendo un aumento del 20%.
La polémica desatada en Argentina puede ser una buena oportunidad para revisar el papel de las FFAA en los países latinoamericanos, lo que conlleva ciertas sorpresas. Sabemos que se utilizan legalmente en Brasil, Colombia, México y ahora en Argentina, pero la realidad nos dice que en la mayoría de los países del continente los militares participan en el orden interior, más allá del signo político del gobierno, sea conservador o progresista.La mayoría de los países de Centroamérica que poseen fuerzas armadas (Costa Rica y Panamá no las tienen), contemplan la posibilidad de que sean utilizadas para garantizar el orden interno, en particular para combatir el terrorismo y el crimen organizado, pero también para la protección del medio ambiente o la «seguridad en el campo», como sostiene el Libro de la Defensa Nacional de Nicaragua de 2005.
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Pero su uso también está contemplado en la Ley de la Defensa Nacional de Cuba, de 1994, para «mantener el orden interior»; y en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación de Venezuela, de 2002. En Brasil, las fuerzas armadas participan en tareas de policía de forma indistinta, por decisiones de gobiernos de derecha y de izquierda.
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Las utilizó Dilma Rousseff durante los Juegos Olímpicos de 2016 y en el Mundial de Fútbol de 2014, entre otras ocasiones. El actual presidente Michel Temer llevó al Ejército a grandes ciudades como Río de Janeiro. Según el Ministerio de Defensa de Brasil, entre 1992 y junio de 2018, las FFAA fueron utilizadas en 132 ocasiones para actuar en lugar de la Policía.El caso más notorio es el de México: en los 12 años de ‘guerra contra las drogas’ han sido asesinadas alrededor de 200.000 personas, más de 30.000 están desaparecidas y el desplazamiento forzado supera los 250.000 habitantes. Pese a todo, la violencia sigue creciendo, ya que 2017 fue «el más violento en la historia contemporánea de México».
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Pese a que ya nadie puede ocultar el fracaso de la participación de los militares en el orden interior, la tendencia sigue creciendo. Incluso The New York Times, portavoz de una parte de las elites estadounidenses, sostiene que la militarización equivale a una «adicción al fracaso» de las políticas de los gobiernos latinoamericanos y en particular del de México.
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Encuentro varias razones para que este proceso siga adelante sin interrupciones, pese a que no obtiene los resultados esperados y profundiza la crisis social.La primera es que asistimos a una «militarización del poder» en América Latina, como sostiene el analista Marcos Roitman Rosenmann. En su opinión, «el asesinato de cientos de dirigentes medioambientales, activistas, militantes populares, defensores de los derechos humanos y periodistas», es un genocidio ya que las fuerzas de seguridad del Estado convierten en objetivo a los movimientos sociales.
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Lo anterior es enteramente cierto, pero no alcanza para explicar las razones por las cuales los gobiernos que se proclaman progresistas, o de izquierda, también forman parte de la misma tendencia hacia la militarización. Quiero decir que estamos ante una cuestión sistémica, de carácter estructural, que va mucho más allá de las tendencias de tal o cual gobierno.
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En segundo lugar, en el mundo gobierna algo que se ha llamado «fascismo financiero», que consiste en el dominio del sistema bancario/financiero en los principales países de Occidente, como sostiene el sociólogo Boaventura de Sousa. Este tipo de dominación nos lleva hacia «una espiral de barbarie», como sostiene un reciente y documentado trabajo, está «fagocitando las últimas reservas de civilización».Todo indica que la militarización en curso, impulsada por el complejo militar-industrial de EEUU y por el sistema financiero mundial, que promueven grandes obras de infraestructura, la minería a cielo abierto y los monocultivos que suponen despojo de los pueblos y veloz acumulación de capital, es la causa última de la militarización. Porque vulnera la soberanía estatal y margina al 50% de la población.
Ignorar las tendencias de fondo nos impide observar la totalidad del panorama y hablar apenas de lo que nos conviene.
*Fuente: Mundo Sputnik