La regularización administrativa migratoria, es una necesidad para Chile para disminuir cantidad importante de personas en situación de vulnerabilidad. Para personas migrantes es la oportunidad que buscan para vivir con derechos, con contratos, con cumplimiento del pago de imposiciones, pero más que todo es reconocer su dignidad.
A la ausencia de una nueva ley migratoria que favorezca la regularidad, y que el proyecto ingresado al congreso por este gobierno va en la misma línea, se suma que el decreto de la dictadura aún vigente genera irregularidad sin adaptarse a la realidad de hoy en el tema migratorio, y con ello, a que cada diez años debiera realizarse una regularización extraordinaria de migrantes en Chile.
Es por ello que las organizaciones de migrantes y organizaciones sociales chilenas sensibles al tema lo han demandado desde hace mucho tiempo: es necesaria una ley moderna que garantice la regularidad y rompa el espiral de regularizaciones extraordinarias y respete la dignidad de las personas
El actual Ejecutivo, tomó ambos temas lo cual es positivo, pero se dispone a implementarlo sin siquiera consultarlo con ningún actor social, sin siquiera tener claro los detalles que son definitorios para el éxito de esta iniciativa y para el futuro de los afectados: personas en situaciones migratorias diferentes.
Desinformación: la tónica de esta medida
Debemos ser claros: la implementación inicial del proceso de regularización ha sido errática, desordenada, cambiante y caótica. Esto provocó inquietud y desesperación a quienes se pudieron informar, de manera fragmentada y poco clara, respecto a este importante trámite.
En esta situación llegamos a este comienzo del proceso de registro donde la sociedad civil y las organizaciones de migrantes y promigrantes tuvieron espontáneamente que salir a informar a las personas ante el vacío de planificación de una etapa efectiva de comunicación y difusión de los contenidos, requisitos y posibilidades.
Cuando hablamos de la necesidad de regularización es que sea bien realizada, que no provoque los espectáculos que hemos visto: de filas largas que comienzan de un día a otro para poder ser atendidos, por la incertidumbre y desinformación de los nuevos puntos de atención. Esas filas son indignas e innecesarias.
Es así como desde hoy, y durante 30 días, deberán registrarse las personas que entraron por pasos no habilitados, y hasta el 22 de julio 2018 podrán hacerlo quienes teniendo documentos chilenos cayeron en la irregularidad por diferentes razones.
De ahora en adelante estaremos muy atentos al desarrollo de los eventos que esperamos –por el bien de todas y todos- superen los errores iniciales y logren el objetivo final de regularizar a quienes viven honestamente en este país pero sin derechos reconocidos.
Una identificación para trabajar
En estas primeras horas pudimos constatar que es enorme la preocupación de quienes se registraron para regularizar su situación y porque también pensaban que con esto podrían autorizarles a trabajar, porque en estos meses o año que llevará el proceso tienen que comer, arrendar, vestirse y movilizarse en transporte público.
En esta línea, la masiva concurrencia en la primera jornada del proceso muestra que las personas que están irregulares no se sienten felices en esa condición y quieren salir de ahí, que llegaron a este punto no por vulnerar la ley, sino por buscar el pan y un futuro en el país.
No son los «mentirosos» o «supuestos delincuentes» que se esconden para violar la ley. Son trabajadores en su mayoría que necesitan poder laborar, aportando al país que los acoge en condiciones dignas.
Es una medida urgente entregarles un RUN por un periodo de un año hasta que termine el proceso, que les permita trabajar y llevar una vida regular en cuanto a derechos.
¡POR UNA REGULARIZACIÓN DIGNA E INFORMADA!