Víctor Pey Casado y la Fundación Presidente Allende (FPA) de España han solicitado esta semana al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en materia de Arbitrajes (CIADI Banco Mundial), la anulación del Laudo de 2016 por estar viciado por un conflicto aparente de intereses con el Estado de Chile de dos de los tres árbitros, por abuso de poder y falta de imparcialidad, entre otros motivos.
El Laudo dictado por el Tribunal Internacional del CIADI en 2008 condenó a Chile a indemnizar a D. Víctor Pey y la FPA por haber incumplido su obligación de trato justo y equitativo e incurrido en denegación de justicia, violando así los tratados que tiene suscritos con España sobre protección de inversiones. Todo el patrimonio de las empresas editoras de CLARIN, el más importante de los diarios publicados en Chile, con edificios en Santiago, Concepción y Viña del Mar, así como sus dos rotativas, fueron tomadas por soldados amotinados contra las instituciones de la República de Chile el 11 de septiembre de 1973, y siguen hoy bajo ocupación y explotación militar.
El Laudo internacional de 2008, que tiene autoridad de cosa juzgada y es de obligado cumplimiento, falló que los derechos del Sr. Pey y de la FPA, los legítimos propietarios del Grupo CLARIN, han sido vulnerados por los Gobiernos que se han sucedido en Chile desde 1995, y ordenó pagarles una indemnización pecuniaria. Esa condena fue confirmada por la Decisión del Comité ad hoc que en 2012 rechazó la demanda de Chile de anular la totalidad del Laudo de 2008, quedando pendiente determinar la cuantía de la indemnización. En 2014 en el CIADI se constituyó un segundo tribunal de arbitraje con el mandato específico de ejecutar el mandato del Laudo de 2008 y calcular la cuantía de los daños causados por las violaciones del Tratado con España, cosa juzgada. Sin embargo, ese tribunal consideró abusivamente que su función era la de enterrar la reparación de las víctimas de la continuada toma militar, y en lugar de fijar el monto de la indemnización no respetó la fuerza de la cosa juzgada del Laudo de 2008, violando así las normas que rigen el arbitraje del CIADI y el derecho internacional en que se fundamenta el recurso de nulidad interpuesto el 10 de octubre de 2017.
Una zona opaca del segundo tribunal es el aparente conflicto de intereses de dos de sus árbitros, miembros de una Oficina de abogados de Londres, con el Estado de Chile. El Gobierno chileno ha reconocido que desde 2005 hasta hoy está pagando a miembros de esa Oficina, pero se ha negado a revelar la identidad de todos los que han recibido dinero y cuánto han cobrado. Desde el Poder Judicial de Chile, un Juzgado de Santiago ha ordenado el 27 de julio de 2017 al Canciller aportarle esa información el 5 de septiembre de 2017, pero el Ministro de AA.EE. ha desobedecido la orden judicial. Tras ello, el 20 de septiembre, desde el Poder Legislativo de Chile, la Cámara de Diputados aprobó la interpelación del Diputado por Magallanes Gabriel Boric a los Ministros de AA.EE. y de Justicia “y a quienes han llevado el juicio ante el Ciadi [Jorge Carey, vinculado a la empresa El Mercurio, el Ministro de Economía y otros], para que informen cuánto ha gastado el Estado chileno en la defensa de esos intereses, en qué estado se encuentra el juicio y qué falta para la determinación del montoaindemnizar en el casodel diario Clarín. Asimismo, me interesa una respuesta no solo formal, sino también política respecto de qué ha llevado a nuestro Estado a defender con tanta perspicacia el hecho de que no se repare a los legítimos dueños de un diario que llegó a ser el de mayor circulación nacional durante los años 60 y 70.”
Más información en: COMUNICADO DE PRENSA de la FPA de 12 de octubre de 2017
GAR (Global Arbitration Review, Londres) Spanish publisher objects to Latin maxim in award