Senado niega información al Ministerio Público para investigar asesorías copiadas

Jueves 7 de septiembre 2017

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La Cámara Alta no entregó los informes requeridos por el Ministerio Público por considerarla “una medida desproporcionada”. Mientras, en la Cámara de Diputados, al menos 40 parlamentarios habrían pagado por informes bajados de Internet.

Desde el Senado expresaron su molestia ante el oficio enviado por el Ministerio Público que solicitaba los informes, contratos, y reportes que respaldan las asesorías de todos los legisladores, con el objetivo de investigar un posible fraude al fisco.

Los legisladores hicieron llegar una respuesta a la Fiscalía en la que señalan que la petición es desproporcionada y excede las facultades de quien ejerce la persecución penal. Para los parlamentarios, este proceder abre la sospecha sobre el trabajo del Senado, perjudicando su imagen pública, por lo que concluyeron que no entregarán lo solicitado bajo las condiciones requeridas, pero estarán disponibles para que accedan a la información pública en “la forma prescrita en la Constitución de la ley”.

El fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, defendió la labor de los persecutores, insistiendo en que se trata de una diligencia de investigación sin la intención de perjudicar al Senado ni afectar la presunción de inocencia de sus miembros. En esa línea, agregó que solo en los casos en los que las asesorías resulten ser falsas habrá una persecución penal.

“Estamos pidiendo información que debe que ser entregada, porque consideramos que no tiene el carácter de secreta y que en ningún caso afecta la seguridad de la nación, que son las dos razones que la ley señala como posibilidad para restringir el acceso a cierta información”, sostuvo.

El fiscal Guerra explicó que esto es lo mismo que le pidieron a la Cámara de Diputados el año pasado. “En función de los antecedentes que hemos reunidos a lo largo de la investigación, los cuales no puedo detallar porque estamos afecto a una situación de secreto, son los que nos llevan a solicitar la información sobre las asesorías prestadas al Senado”.

Por su parte, el fiscal nacional Jorge Abbott confirmó la llamada del presidente del Senado, Andrés Zaldívar, quien le manifestó su molestia ante la petición del Ministerio Público.

El jefe del Ministerio Público lamentó las críticas de los parlamentarios, especialmente del candidato a la presidencia Alejandro Guillier, quien está siendo investigado por desembolsar cerca de 19 millones de pesos en asesorías que presentan informes que copiaron información de Internet. Situación que se repetiría en el caso de otros senadores.

“Se espera que las instituciones colaboren con la transparencia”

Alberto Precht, presidente ejecutivo de Chile Transparente, enfatizó en la oportunidad que esto representa para dar pasos hacia un mejor sistema de regulación, ya que desde su perspectiva son muchos los casos en los que las asesorías no son de calidad, no cumplen los objetivos o derechamente incurren en plagio.

En ese contexto, comentó que lo que se espera de las instituciones es que colaboren con la transparencia y las investigaciones. “Por una parte, que la Fiscalía pueda desarrollar su función con completa normalidad y que cuando hayan antecedentes que puedan ser potencialmente constitutivos de delito se puedan iniciar las investigaciones pertinentes, con el apoyo tanto del Senado como de la Cámara de Diputados”.

Raúl Urrutia, ex presidente del Consejo para la Transparencia, comentó que es importante verificar que las asesorías cumplan el objetivo que se proponen. Sin embargo, precisó que se debería investigar a los parlamentarios que puedan estar cometiendo ilícitos y no al Senado como organismo. “No es la institución la que comente el fraude, lo hacen las personas”.

“Desde que se dictó la Ley de Transparencia en Chile, este es el motivo que debe inducir a todos los actores públicos en su forma de actuar. Si no existe algo que ocultar se debe dejar que las instituciones funcionen. Por eso, si comienzan a poner obstáculos antes de que partan las investigaciones, indudablemente que entrará la duda en la ciudadanía sobre lo que se quiere ocultar”, afirmó.

Mientras el Ejecutivo apela a la “prescindencia”. El nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, recordó que “nadie está sobre la ley” y que “esta situación tienen que ser investigada”.

En tanto, el ministro del interior, Mario Fernández, afirmó que “el Gobierno ha tomado el camino que le impone la ley de no pronunciarse sobre las candidaturas salvo que les afecte directamente”.

El escándalo en la Cámara Baja

Al menos 40 diputados habrían pagado por asesorías plagiadas. El conteo, elaborado por Ciper Chile, revela que de este grupo, 18 congresistas desembolsaron dinero por documentos plagiados íntegramente desde la web, entre ellos destacan Claudia Nogueira (UDI), Roberto León (DC), Sergio Ojeda (DC) y Gustavo Hasbún (UDI).

Otros once miembros de la Cámara Baja recibieron informes copiados parcialmente desde Internet. Algunos de ellos son la misma Claudia Nogueira (UDI), Camila Vallejo (PC), Marcos Espinosa (PR), Carlos Jarpa (PR), Gustavo Hasbún (UDI) y Gabriel Silber (DC),  entre otros.

La muestra, tomada de una selección aleatoria de 107 informes pagados entre 2014 y 2016, deja la puerta abierta a que en una fiscalización completa, se constaten nuevos trabajos plagiados desde Internet.

En respuesta a las acusaciones, la entidad emitió una declaración pública en la que señalaban que “en la actualidad, conforme al plan aprobado, el Comité de Auditoría se encuentra analizando los informes de asesorías realizados hasta la fecha. Cualquier observación se resolverá conforme al ordenamiento vigente (…). Asimismo, la Cámara de Diputados está desarrollando un plan de control de los recursos asignados a cada parlamentario, velando por el correcto uso de los mismos”.

*Fuente: Radio UdeChile

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