Los legisladores hicieron llegar una respuesta a la Fiscalía en la que señalan que la petición es desproporcionada y excede las facultades de quien ejerce la persecución penal. Para los parlamentarios, este proceder abre la sospecha sobre el trabajo del Senado, perjudicando su imagen pública, por lo que concluyeron que no entregarán lo solicitado bajo las condiciones requeridas, pero estarán disponibles para que accedan a la información pública en “la forma prescrita en la Constitución de la ley”.