Mientras en la Comisión de Seguridad del Senado trabajan la prevención y combate de la violencia en zonas del conflicto mapuche con fuerza policial, parlamentarios de la Araucanía y organizaciones pro derechos humanos insisten en focalizar los esfuerzos en el diálogo y resolución del conflicto histórico.
La instancia fue convocada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Alta con el objetivo de revisar los procedimientos que se están llevando a cabo en las regiones donde señalan que existe una agudización del conflicto.
A la salida de la instancia, el senador Pedro Araya afirmó que el representante de Carabineros dio cuenta que han destinado aproximadamente 10 mil funcionarios para el cumplimiento de medidas en distintas zonas del sur del país.
En cuanto a los diálogos entre el Ejecutivo y las comunidades para abordar el reclamo histórico del pueblo mapuche, Araya aseguró que se están realizando acciones al respecto.
“El Subsecretario del Interior señaló que están a la espera de la comisión designada por la Presidenta Michelle Bachelet, que van a entregar su informe en los próximos días y a partir de eso se van a plantear algún conjunto de medidas. Tanto el Ejecutivo como el Ministerio Público y Carabineros, están conscientes que este es un problema no solo de carácter delictual y policial, sino que también social”.
Para el legislador independiente pro DC es clave el rol del Ministerio Público para esclarecer los hechos de violencia, más cuando se han tratado de delitos, independientes de quienes los hayan cometido.
En tanto, el senador PPD por la Araucanía, Eugenio Tuma, criticó que se insista en medidas que no van al fondo del conflicto y que a su juicio, tampoco son efectivas en el aseguramiento del Estado de derecho.
“Estamos endosándole a los policías la solución de un conflicto que tiene su génesis en que el Estado hace ocupación de un territorio y que tiene, en mi opinión, una solución más política que policial. Tenemos mil 450 carabineros en la zona, especialmente dedicados a prevenir o a estar de punto fijo en distintos lugares rurales de la Araucanía, Biobío y Los Ríos, pero esto tampoco va por la vía de asegurar a las personas”.
Por su parte, el abogado del Observatorio Ciudadano que trabaja en la Araucanía Hernando Silva coincidió en que la respuesta del Estado ha sido errónea al invertir recursos públicos para ampliar los procedimientos de persecución penal, establecer responsabilidades y aplicar sanciones muchas veces desproporcionadas.
En esa línea enfatizó en que se deben dar soluciones desde un enfoque de derecho y recordó los últimos casos en que las víctimas de violencia han sido mapuche.
“Tenemos el caso del menor Fabián Llanca quien hace un par de semanas fue golpeado brutalmente por funcionarios de carabineros de la dotación de la comisaría de Ercilla, y sufrió un derrame cerebral producto de los golpes, lo que ha quedado absolutamente invisibilizado por los medios de comunicación pública. Entonces, es una constante que viven las personas de las comunidades”.
El próximo miércoles 30 de noviembre la comisión de Seguridad del Senado continuará atendiendo la información que quedó pendiente de Carabineros, mientras que desde el Ministerio del Interior adelantaron que, basados en acuerdos políticos sociales, presentarán un proyecto atendiendo las demandas en contra de la violencia. Mientras, el reclamo del pueblo mapuche sigue a la espera de atención por parte del Estado.
*Fuente: Diario UdeChile