El objetivo de esta columna es poner en evidencia la influencia que ejercen autoridades municipales a la hora de llevar a cabo sus propuestas de acción por medio de la toma de decisiones, las cuales tienen un legítimo componente político, a través de entregar soluciones locales a la ciudadanía, que abarcan diferentes ámbitos tales como el social, el cultural y el económico.
En el ámbito económico-financiero es imprescindible ejercer un control adecuado para dar cumplimiento a las normativas legales, que vienen desde el gobierno central, así como también desde los organismos contralores, donde el más importante para nuestro país está dado por las prerrogativas emanadas de la Contraloría General de la República, institución que presenta un especial departamento denominado División de Municipalidades, que tiene por finalidad realizar la fiscalización permanente y necesaria para hacer cumplir la ley, enfatizando el ámbito administrativo, económico y financiero, por la significancia de los recursos públicos involucrados en la gestión de los gobiernos locales.
Por su parte, todas las municipalidades poseen un departamento de control interno, que asesora a las autoridades municipales y a los jefes de departamento en materia de auditoría interna, control presupuestario, resguardando la legalidad de los actos administrativos, entre otras atribuciones que debieran garantizar un correcto funcionamiento de las municipalidades.
Este preámbulo de definiciones y presentación de organismos que sirven para prevenir actos que estén fuera de la legalidad en la gestión municipal, nos sirve para saber que existen bastantes instituciones que tienen atribuciones de control y fiscalización en torno a garantizar una gestión proba y transparente.
Sin embargo, en la realidad podemos ver que muchas autoridades municipales tratan de soslayar dichos controles, buscando transgredir el principio de probidad, haciendo notar con sus actuaciones que el interés personal prevalece sobre el general, propiciando la configuración de vicios, tales como tráfico de influencia, excesivos aumentos de sus patrimonios personales o atribuciones desmedidas en el ámbito de la autoridad que ejercen, cuyo origen se centra en la utilización de información privilegiada, que a los ojos de cualquier ciudadano resultan improcedentes desde el punto de vista ético, pero que muchas veces resultan inmutables para las autoridades que aseguran cumplir con las normativas legales, olvidando que una conducta ética va más allá que el mero cumplimiento de una ley en particular.
Podemos coincidir que esto no ocurre tan sólo en una municipalidad o gobierno local, pues en nuestro país existen varios casos donde es evidente la proliferación de conductas no éticas, afectando la calidad de la democracia. Dentro de las conductas más frecuentes que dan señales de acciones políticamente incorrectas podemos encontrar las siguientes:
Personalismo excesivo de algunas figuras: Muchas autoridades en su afán de mostrar su gran poderío, muestran los avances de obras a los ciudadanos planificando grandes puestas en escena, tratando de hacer saber que sin su presencia no es posible alcanzar grados de crecimiento y desarrollo, olvidando que ninguna de esas obras se podrían realizar sin la labor de todos los ciudadanos que pagan sus impuestos a través sus empresas o de la contribución que realizan los trabajadores, pues la gestión de autoridades constituye solamente una parte de todos los esfuerzos sinérgicos que hacen que un territorio tenga resultados positivos.
La participación ciudadana es olvidada hasta que viene la próxima elección: Se puede visualizar que muchas de las campañas políticas que hoy vemos, contemplan como una bandera de lucha la inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones. Sin embargo, si analizamos las cifras respecto al grado de influencia que entra el ámbito de consulta ciudadana es insignificante, pues los proyectos donde se incluye la participación ciudadana constituyen un mínimo del presupuesto general de los gobiernos locales, pero que a la hora de construir los discursos políticos, se busca persuadir la percepción de la ciudanía, haciendo creer que en verdad es importante la participación ciudadana para su gestión.
Dejan para su último período las principales obras públicas: Es habitual ver que las obras emblemáticas en términos presupuestarios se dilatan para hacer coincidir con los períodos previos a los eleccionarios, lo cual es cuestionable desde el punto de vista ético, debido a que claramente se quiere demostrar que se deja un gran legado, pero si se analiza con una mirada electoral, simplemente se busca obtener ventajas políticas que empañan la existencia de una sana convivencia democrática, dejando en desmedro la posición de los demás candidatos que aspiran a obtener un puesto en el gobierno local.
Utilizan bienes públicos para ensalzar sus propias figuras: Dentro de los vicios que frecuentemente se utilizan para ensalzar la figura de autoridades, se encuentra la realización de un sin número de material publicitario, que más que mostrar avances en materias propias de gestión, buscan crear un imaginario colectivo de ciertas autoridades, para hacerle saber a la ciudadanía que sin su “imprescindible” presencia no sería posible el progreso del territorio que representan, dejando en segundo plano el contenido de fondo que debería contener dicha información, lo cual debiera estar centrado en mostrar los avances de la gestión local con un criterio de transparencia.
Acumulación de años el poder conlleva a vicios: La acumulación de años en el poder y en cualquier ámbito conlleva a vicios, lo que desde el ámbito jurídico podría ser absolutamente legal, pero desde el punto de vista del control es completamente improcedente, debido a que las rutinas preestablecen un escenario de perpetuidad en las acciones, por ese motivo es tan importante la alternatividad en el ejercicio del poder, para evitar abusos y malas prácticas que afecten a la transparencia y a la democracia. En cualquier disciplina la acumulación es cuestionable, vemos como en la economía la concentración de patrimonio lleva al colapso, en el organismo humano la acumulación conlleva a generar cáncer. Esto se justifica porque se interrumpe inevitablemente el normal flujo que debe existir para darle vida a cualquier organismo.
Nepotismo en los gobiernos locales: El nepotismo en todo orden constituye una amenaza a la democracia, pues busca favorecer la obtención de cargos o empleos públicos por el mero hecho de ser amigos o familiares de las autoridades, sin tener necesariamente mérito para ejercer dichos cargos. En esto hay que ser claro que no me refiero a los cargos de confianza que tienen una legítima posición para ayudar a la gobernanza, pues simplemente hago énfasis en el grado de expertiz que posean los funcionarios que tienen funciones administrativas, por eso resulta imprescindible generar procesos de selección objetivos que puedan mostrar la transparencia necesaria que garantice el servicio público adecuado que merece la ciudadanía.
Se confunde lo legal con lo ético: Lo que se encuentra legalmente establecido o normado no siempre está amparado en la ética de una persona, pues ésta tiene normas que se encuentran implícitas en el ser humano y van más allá de una normativa en particular. En tanto, se invita a quienes ejercen cargos públicos de relevancia, para que puedan evitar confundir a la ciudadanía respecto a sus pronunciamientos discursivos frente a alguna problemática. Lo establecido en las leyes corre por un camino distinto a los valores y la ética, por eso es importante poder hacer saber a quienes ostentan un cargo público, lo que quieren escuchar los ciudadanos es encontrar coherencia en sus representantes, por lo tanto se debe aprender a hablar con honestidad y claridad.
Como vemos esta columna atraviesa por las diferentes esferas que hacen transitar desde una legítima aspiración política de representatividad, que con el correr del tiempo se transforma a una aspiración ejercer el control a través de los grados de influencia utilizando el poder económico sobre el político, el cual trastoca la sensibilidad ciudadana. Con todo esto, podemos encontrar la razón al autor José Saramago, quien plantea que el poder es esencialmente económico y no político, pues está en manos de quienes ejercen el poder de demostrar lo contrario, fomentando buenas prácticas en su gestión para cuidar la tan apreciada democracia.
Po lo anterior, es importante llamar a todos quienes tienen la posibilidad de cambiar el rumbo de sus gobiernos locales a través del voto, puedan hacerlo informándose de manera adecuada, analizando las características que presenta cada candidato, prefiriendo a quienes representan valores éticos comprobables en comunidad por sobre los que tienen aspiraciones personales que anhelan solamente el poder por el poder.
–El autor, Guido Asencio Gallardo, es Académico y Doctorando en Administración de Empresas