Esta dinámica social que nos coloca varios peldaños más abajo del hombre, que desintegra nuestra autonomía, haciéndonos menos ciudadanas que el sexo opuesto, es el origen de una realidad que está en disputa, una disputa que en Perú las mujeres hoy la estamos perdiendo.
Hace un par de meses en Chile se aprobó la despenalización del aborto por tres causales: inviabilidad del feto, riesgo de la vida de la madre o violación. En Uruguay hace cuatro años se aprobó la despenalización del aborto y desde ahí cifras constatan que se redujo la tasa de abortos en ese país. Y en otros países de la región este tema se viene debatiendo en los congresos y la opinión pública. En Perú, en cambio, todo es retroceso. Una menor de edad embarazada producto de una violación no tiene derecho a acceder si así lo decidiera a una interrupción de la gestación en un lugar seguro y limpio donde se proteja su integridad física y emocional.
¿Cómo se le puede obligar a una niña de 12 años a dar a luz el hijo de un padrastro violador? ¿Cómo el Estado que no tuvo la capacidad para proteger a una adolescente puede exigirle tener al hijo de quien la violó? Hace unos días se archivó definitivamente el proyecto de ley de despenalización del aborto que había presentado la ciudadanía con decenas de miles de firmas de respaldo.
No se trata solo de una inaceptable negación de derechos, sino también de un país oficial hipócrita, que a nombre de defender la vida, condena a las mujeres a morir desangradas en abortos clandestinos, después de ser violadas.
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