06/04/16
Un nuevo retroceso se produce en la seudo democracia chilena, puesto que el Senado chileno ha resuelto obstaculizar el derecho a la transparencia y la libertad de informar con la normativa que busca penalizar las presuntas filtraciones de investigaciones judiciales. Dichas medidas han sido patrocinadas por el controvertido y cuestionado ministro del Interior, Jorge Burgos, ligado a la Democracia Cristiana.
La nueva normativa dice que «los funcionarios públicos que hubieren participado en una actuación de la investigación, los peritos y las personas que accedan a la investigación en virtud de una diligencia ordenada por el Ministerio Público, o una orden de un tribunal, estarán obligados a guardar secreto de las mismas. Igual obligación tendrán los intervinientes que señala el artículo 12, respecto de las diligencias de la investigación a las que hayan tenido acceso.
Además las personas indicadas en el inciso anterior que infrinjan el deber de guardar secreto serán sancionadas con la pena de multa de veinte a doscientas unidades tributarias mensuales o presidio menor en su grado mínimo».
La medida que fuera discutida en la Comisión de Constitución del senado y que busca castigar con penas de cárcel contó con el apoyo transversal de dicha comisión, solo tres senadores independientes se restaron a la resolución parlamentaria.
De acuerdo a las informaciones emanadas de diversos medios de prensa del país del cono sur latinoamericano, y valga la redundancia, solamente entran en esta disposición penal y van a poder ser sancionados judicialmente, según lo que indica esta norma, quienes están obligados a guardar el secreto que son funcionarios públicos que conocen de la investigación, los involucrados del proceso y los particulares que deben cumplir una diligencia ante un tribunal», se ha enfatizado.
La propia prensa chilena ha denunciado y destacado que la normativa busca sobreproteger a destacadas figuras del mundo político nacional, a parlamentarios y empresarios, que se encuentren involucrados en diversos tipos de ilícitos, así como en actos de corrupción. La medida o nueva Ley Mordaza como la han tildado los medios de prensa, solo busca ocultar el papel de los poderosos, limitando el acceso a la información procedente de los procesos judiciales o entregada por funcionarios de los tribunales.
Estas nuevas medidas nacen tras las informaciones que han aparecido de los últimos procesos judiciales que involucran a políticos corruptos, y que ha permitido acusarlos o formalizarlos. De allí la trascendencia mediática en torno a estas nuevas normativas, ya que justamente han surgido cuando estallaron todos los casos de corrupción, que han venido conociendo los chilenos.
Al respecto la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, manifestó sus dudas sobre la posibilidad de acceder a nuevas fuentes por temor a sanciones. La normativa señala la dirigente, “mantiene todavía una dificultad a la hora de acceder a las fuentes y además nosotros evaluamos que puede generar incluso una cultura del amedrentamiento, donde aquí quienes tengan información, por ejemplo de los casos de corrupción que ya conocemos, no se atrevan a entregarla porque justamente pueden ir a la cárcel», agregó.
El Colegio de Periodistas agrega además que las nuevas medidas, impide que se conozcan antecedentes sobre los casos de corrupción. Abre la puerta al hostigamiento judicial a periodistas que difundan estas materias. Se golpea a las fuentes, lo que de todas formas afecta al libre ejercicio de la profesión, por lo que expresó la dirigenta no representa ninguna solución. Y que para que una democracia sea vigorosa, se debe resguardar el derecho de la ciudadanía a informarse sobre materias de interés público, afirmó.
La medida es un nuevo atentado a la libertad de prensa, al estado de derecho, a la democracia puesto que cuando se restringe la libertad de información es la ciudadanía y el país el que pierde. Con estas nuevas medidas, se profundiza aún más la ya deteriorada imagen del parlamento chileno, ante la ciudadanía, que observan como los parlamentarios y destacadas figuras de la política nacional, buscan blindarse ante los actos de corrupción en la cual se ven involucrados.
Ahora en términos generales la opinión de los chilenos, es que la autodenominada clase política los empresarios, los dirigentes deportivos, los miembros del clero y los altos mando de la familia militar, han usufructuado permanentemente de sus privilegios y poder, para beneficio propio. De allí el gran descontento, desconfianza, malestar y rabia con las instituciones y figuras públicas del país.
Finalmente cabe destacar que la nueva normativa deberá ser vista por la Cámara de Diputados en un tercer trámite, ya que en el primer intento por imponer esta nueva medida, los diputados no establecieron indicaciones al respecto. Sin embargo diversas fuentes de prensa indican que la normativa será finalmente aprobada, para que en Chile vuelva a reinar en gloria y majestad la Ley Mordaza encubierta.
-El autor, Eduardo Andrade Bone, es Comunicador Social y Corresponsal de prensa
AIP, Agencia Interamericana de Prensa
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