Por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Manifiesto por la Dignidad y los Derechos Humanos de todos los Pueblos que habitan Chile

CONVOCATORIA
Por los Derechos Humanos tod@s a La Moneda
10 de Diciembre a las 13:00 horas en Alameda con Morandé
10 de diciembre 2014

 

P O R L A M E M O R I A, L A V E R D A D Y L A J U S T I C I A

MANIFIESTO POR LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS DE
TODOS LOS PUEBLOS QUE HABITAN CHILE

Al Estado de Chile, al Gobierno, a la comunidad nacional e internacional.

I

El 10 de diciembre se conmemoran 66 años de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La humanidad reafirmó que la VIDA no tiene precio y que no existen razones que justifiquen las violaciones a los Derechos Humanos de los pueblos.

A pesar del avance existente en materia de normativa de protección de los derechos humanos, los Estados no los convierten en principios rectores de sus gobiernos. Es así como los conflictos armados, las mafias y carteles de narcotráficos coludidos con los Estados, la voracidad de los capitales del sistema financiero y de las corporaciones transnacionales, arrasan con nuestra tierra y sus recursos colocando en peligro la existencia de la humanidad. Ello se expresa mediante la violencia ejercida sobre los pueblos, dejando como secuela la muerte, las desapariciones forzadas de personas, los desastres de la naturaleza y las torturas en diferentes países y comunidades a nivel mundial.

No obstante, la sociedad democrática se legitima sobre la base de los principios de la justicia, la que exige ponerse de acuerdo en los criterios de decisión sobre lo que es justo y lo que es injusto, los que deben ser comprendidos y asumidos por todos. Ello significa que la justicia es la expresión de los derechos humanos.

II

En Chile, los gobiernos post dictadura han relativizado el valor ético y moral subyacente a la lucha por la defensa de los derechos humanos. A las consignas de Verdad y Justicia; a las acciones de No Repetición y a los llamados al Nunca Más, les han seguido una serie de decisiones políticas que consagran la impunidad y el silencio respecto de los crímenes y de sus autores, bajo el pretexto de una reconciliación o de razones de Estado. Hemos sido testigos de la connivencia y complicidad entre los gestores civiles, los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos en la dictadura cívico-militar. También hemos visto cómo sus herederos políticos y quienes han concentrado el poder económico han utilizado y perfeccionado las herencias institucionales de la dictadura, ocultando los orígenes de la injusticia y de la desigualdad.

El Estado chileno ha promovido la amnesia por sobre la memoria y la justicia. Esta intención en conjunto con la concentración de la riqueza ha sido un proceso sutil pero violento de la apropiación de lo que nos corresponde a todos. Por eso se enfatiza el olvido sobre las violaciones de los derechos humanos: la memoria es la genealogía de la injusticia. Se busca borrar las huellas del genocidio privando de significado a los crímenes y latrocinios.

III

Es necesario que el Estado chileno y sus gobiernos comprendan que la Justicia no puede ser sólo simbólica. Los juicios y las condenas, así como la reclusión de los criminales y de los que se han enriquecido con sus crímenes, deben ser coherentes con sus gravísimas acciones. Se trata de castigar delitos cometidos contra la humanidad. Tal es el sentido de la Proclamación de la Declaración Universal que hoy conmemoramos.

Una cultura basada en los derechos humanos debe desarrollar todas sus dimensiones: la dimensión histórica relata y analiza los hechos que constituyen la base del presente; la dimensión jurídica identifica la acción criminal y enjuicia a los responsables; la dimensión política orienta el pasado en función de los intereses presentes y futuros; la dimensión y acción social es la fuerza transformadora de la sociedad, que desde su autonomía e independencia amplía los marcos establecidos haciendo evolucionar a los Estados. En consecuencia, resulta indispensable la memoria, pues posibilita la identidad de los pueblos con su historia y, por ende, genera la capacidad de protagonizar el futuro.

Resulta imposible la democracia si el criminal y sus cómplices auto justifican los crímenes cometidos y mantienen pactos de silencio, que obstruyen la Verdad y la Justicia.

IV

El sistema neoliberal impuesto por la dictadura a través de la Constitución y de las leyes de impunidad que aún imperan, han sido asumidas por los gobiernos civiles. Este sistema basado en la opresión es injusto porque excluye a quienes no les son rentables. La injusticia mata. El sistema que la provoca es criminal. Es irracional trasladar la lógica de la economía mercantilista a las personas, repartiendo los derechos como cualquier bien escaso. Lo que es legal, no necesariamente es justo. Por tanto, no se puede desvincular lo legal de la teoría de los derechos humanos.

Somos un pueblo que ha resistido y ha conservado su dignidad. Nada nos ha sido regalado. Todo lo que hemos logrado en Verdad, Justicia, Memoria y Reparación ha sido fruto de la organización y lucha mancomunada iniciada hace más de 40 años mientras que los responsables civiles y militares gozan de la impunidad que les permite el Estado.

Muestra de ello son hoy los jóvenes chilenos que, con coraje y esperanza frente al terror de la represión, a la manipulación política e informativa, a la criminalización de sus organizaciones y luchas, a las leyes represivas con las que quieren aplastarnos, han sabido transformar la injusticia y la opresión en personas libres para transitar por “grandes alamedas” y convertir el dolor en esperanza. Igualmente, los pueblos originarios no se han doblegado ante la ocupación policial ni al neocolonialismo con el que pretenden, una vez más, robar sus tierras y destruir su cultura y sus derechos como pueblos.

Hombres y mujeres pobladores resisten a las paupérrimas condiciones de habitación y de trabajo a que se les somete. En los campos, miles de mujeres y hombres soportan cotidianamente las lluvias de pesticidas y fungicidas que aseguran exportaciones que erosionan nuestros suelos. Los pescadores artesanales, herederos de uno de los oficios más antiguos desde que el hombre pisa la tierra, han sido despojados del alimento cotidiano para ser entregado a los grandes grupos económicos que se han apropiado del mar y sus recursos.

Numerosas comunidades viven hoy la carencia del agua, producto del robo realizado por grandes propietarios de tierras y de empresas mineras, que se la apropian y contaminan destruyendo la biodiversidad. Mientras, el Estado no actúa en defensa de las personas sino de las corporaciones y monopolios. Se agregan las condiciones en que los trabajadores enfrentan la cotidianidad como el sistema de transporte,la adulteración genética de los alimentos, la industria farmacéutica, la contaminación ambiental permanente, por enumerar algunas de las más atroces violaciones a la dignidad y la vida de las personas..

V

Por todo lo anterior:

  • Instamos a fortalecer la organización social, así como la reflexión y la articulación amplia, para luchar y construir el camino en que el propio pueblo es quien hace realidad sus derechos.
  • Llamamos al Gobierno, a los poderes del Estado, a los que concentran el monopolio de las decisiones, a detener esta máquina de muerte y atropello permanente a los derechos humanos del pueblo y sus organizaciones.
  • Llamamos a la comunidad internacional a estar alertas y movilizados contra masacres, genocidios, agresiones y toda vulneración de derechos que atentan contra la VIDA, la JUSTICIA y la PAZ.

En cuanto a la Defensa, promoción y plena vigencia de los Derechos Humanos queremos:

  • Derecho a la vida plena, digna, sin exclusión ni pobreza.
  • Derecho a la soberanía y autodeterminación de los pueblos que habitan Chile, haciendo valer todos los tratados y convenios internacionales como el 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Pueblos Originarios. La soberanía que revindicamos es la soberanía sobre nuestro mar, nuestros recursos naturales, nuestros glaciales, nuestra diversidad, nuestras aguas y nuestras semillas.
  • Derecho a una nueva Constitución Política generada de un proceso constituyente de participación popular del pueblo chileno, que refunde el Estado sobre la bases del respeto a la diversidad, multiculturalidad y los derechos humanos de todas las personas que habitan este territorio; una Constitución Política que tenga capacidad revocatoria de las autoridades elegidas y subordinación de las FFAA y policiales al poder civil, las que deben integrarse a todas las áreas de la vida social y estar al servicio del pueblo.
  • Otorgar fuerza vinculante a todos los instrumentos internacionales firmados por el Estado de Chile, relacionados con la defensa y promoción de los Derechos Humanos e incorporándolos en el ordenamiento jurídico interno del país.
  • Garantizar la vigencia de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales para todas las personas, incluidas las poblaciones inmigrantes y sus familias.
  • Entregar estatus de inmigrantes a las personas con permanencia de más de un año en nuestro país y que se encuentran en situación de “extranjeros transeúntes”.
  • Entrega inmediata del derecho a la nacionalidad a todas las niñas y niños declarados apátridas.
  • Derecho de la ciudadanía a tener un Defensor del Pueblo.
  • Derecho a la igualdad con enfoque de género, garantizando los derechos sexuales y reproductivos, como el derecho al aborto seguro en el caso de las mujeres.
  • Derecho a la Verdad, derecho a la Justicia, derecho a la Memoria, Derecho a la Reparación Integral, por lo que debe realizarse juicio y castigo a todos los violadores de derechos humanos del pasado y del presente; degradación de los agentes del Estado implicados en violaciones a los derechos humanos e interdicción perpetua de ocupar cargos públicos.
  • Derecho a que todos los sitios de memoria sean declarados sitios patrimoniales con valor histórico y que el Estado se responsabilice de su conservación y se entregue su administración a la sociedad civil.
  • Derecho de la ciudadanía a tener acceso a los archivos secretos de la represión de todos los organismos de inteligencia y represivos del Estado, los que deben poseer carácter público y de protección histórica.
  • Derecho a la Justicia de los sobrevivientes de tortura, cuyos testimonios han sido silenciados por 50 años, en lugar de ser investigados por los Tribunales de Justicia.
  • Derecho a la Paz y de coexistencia pacífica y fraterna entre los pueblos.

En cuanto a poner fin a la impunidad a los violadores de derechos humanos, exigimos:

  • Fin a la Constitución del 80 y de todos los enclaves dictatoriales que impiden la participación del pueblo y entregan a los monopolios internacionales nuestros recursos.
  • Declarar nulas a todas las leyes, decretos, consejos de guerra y todas las acciones sumarias realizadas por la dictadura como parte del proceso de legalización de la represión.
  • Anulación inmediata de la Ley de Amnistía dejada por la dictadura y fin a la prescripción y media prescripción aplicadas por los Tribunales de Justicia.
  • Derogación de la Ley 18.771, de 1989, que exime a las instituciones del Ministerio de defensa, de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, de la obligación de transferir sus documentos al Archivo Nacional -obligación que tienen todos los organismos públicos-, y les autoriza a eliminarlos mediante la sola decisión de una jefatura superior.
  • Fin a la jurisdicción de los Tribunales Militares para procesar a civiles cuando están implicados en procesos contra uniformados.
  • Fin a las cárceles especiales para recluir a genocidas.
  • Fin a la Ley Antiterrorista dejada por la dictadura, a la nueva ley antiterrorista que está en curso de elaboración y a todas las leyes de excepción que criminalizan a los movimientos sociales
  • Fin a la tortura a toda persona y sanción a los agentes del Estado, incluidos los mandos implicados.
  • Fin a la desaparición forzada de personas y secuestros realizados por agentes del Estado.
  • Fin al extrañamiento aún vigente para muchos chilenos.
  • Fin del envío de soldados y policías a la Escuela de las Américas y otras instituciones de adiestramiento militar para reprimir a los pueblos y cierre inmediato de las bases militares norteamericanas en Chile
  • Fin a la carrera armamentista y de promoción de la guerra y exterminio de seres humanos.
  • Fin a la entrega del 10% de venta del cobre a las Fuerzas Armadas.
  • Fin a la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.

Entre las medidas de No Repetición y por el NUNCA MÁS en Chile, solicitamos:

  • Impartir Educación en Derechos Humanos en todos los niveles de enseñanza e instituciones de formación, incluidas las escuelas matrices de las FFAA.
  • Instalar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura con jurisdicción en todo el país.
  • Tipificar el delito de tortura en el Código Penal.
  • Que se tipifique la violencia sexual como una violación grave a los derechos humanos y por ende, sea declarada crimen de lesa humanidad.
  • Que todas las violaciones graves a los derechos humanos tengan carácter de imprescriptibles, independientemente si éstos han sido prácticas sistemáticas.
  • Conformación de un Tribunal que desarrolle juicios éticos a los violadores de derechos humanos de la dictadura, a los instigadores del golpe de Estado, a los cómplices, a los que se enriquecieron con el sistema económico impuesto por la fuerza.
  • Instauración de una instancia permanente con capacidad vinculante de acopio de denuncias de violaciones de derechos humanos durante la dictadura y las ocurridas en el presente.
  • Difusión de información que establezca la implicancia entre derechos humanos jurídicos, civiles y políticos, con los derechos económicos, sociales y culturales.

Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con todas las mujeres y hombres, luchadores sociales que en el mundo arriesgan su vida por la Justicia y la Libertad.

Santiago de Chile, 10 de diciembre de 2014.

Firman:

Contacto:
Cristian Galaz
Coordinador DDHH
cgalaz@deliriofilms.cl

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