Propuesta para un Manifiesto Ciudadano por la Cultura y el Arte – Región de Tarapacá

Un conjunto de ciudadanos tarapaqueños vinculados a los temas de la cultura y el arte, se congregan para compartir principios e intenciones que pretenden convertirse en referentes de la expresión reivindicativa de un nuevo movimiento ciudadano, cuyo objetivo sustancial es instalar el concepto de cultura como palanca de desarrollo social de esta región.

Sobre esta problemática cabe destacar que existen varios acuerdos emanados de organismos internacionales que dan cuenta de la importancia de la cultura como una variable sustantiva que podría permitir coadyuvar a las transformaciones sociales y facilitar un desarrollo armónico y sostenible de un determinado territorio. Por citar algunos, debemos indicar que las conferencias de la UNESCO de Venecia (1970) y México (1982), afirmaron el valor de la cultura como componente estratégico para el logro de un desarrollo integral en el que las diferencias culturales dejan de ser consideradas como obstáculos para ser apreciadas como oportunidades.

Posteriormente, en el contexto del Decenio Mundial para la Cultura y el Desarrollo 1988 ― 1997, el informe Nuestra Diversidad Creativa da un salto cualitativo al reconocer en la cultura, más que un componente estratégico del desarrollo, su finalidad última: “La cultura no es, pues, un instrumento del progreso material: es el fin y el objetivo del desarrollo, entendido en el sentido de realización de la existencia humana en todas sus formas y en toda su plenitud”.

En la misma línea, el seminario de expertos en políticas culturales realizados por OEA en Vancouver, Canadá, 2002, se sostiene que “el desarrollo es éticamente justificable sólo si es sostenible cultural y ambientalmente y si se tienen en cuenta en su formulación las diferencias culturales. En este sentido, se colige que el desarrollo es positivo cuando se construye a partir de la negociación entre las distintas culturas y cuando asegura que los procesos de planeación sean colectivos y expresen los sueños y las identidades de los actores por él beneficiados. De esta manera, el desarrollo deja de ser un fin en sí mismo y la cultura, en lugar de ser un medio para alcanzarlo, se reafirma como su finalidad última”.

Como podemos distinguir los nuevos lineamientos que han sido aprobados por organismos internacionales, consideran la cultura como el cuarto principio fundamental en la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015, junto a los derechos humanos, la igualdad y la sostenibilidad. En otros términos, la cultura es pensada como base del nuevo modelo de desarrollo sustentable y como el fin último que debe perseguir todo ciudadano del mundo.

Ahora bien, sostenemos que hay que precisar qué entendemos por desarrollo. Frente a esta interrogante debemos aclarar que cuando ponderamos la cultura como palanca de desarrollo nos referimos a esa toma de decisión política que considera las diferencias culturales, que integra las especificidades culturales en las estrategias, tomando en cuenta la dimensión histórica, social y cultural de cada comunidad.

De acuerdo a lógica anterior, no podemos elaborar ninguna estrategia de desarrollo social, sin considerar las diferencias culturales que existen a nivel nacional y regional. Tampoco podemos crear un plan de desarrollo para una población determinada, sin considerar la participación efectiva de la ciudadanía, que incluya los sueños y aspiraciones de ella. En el fondo, el desarrollo significa el enriquecimiento de la identidad profunda de cada pueblo, de sus intereses, demandas, de la calidad integral de su vida, tanto en el plano colectivo e individual.

En consecuencia, el Estado, el gobierno y la sociedad civil deben aspirar a lograr una asociación estrecha entre las estrategias de desarrollo nacional y regional con la puesta en práctica de políticas culturales. Precisamente, en el Foro sobre Cultura y Desarrollo, BID, 1999, se plantea como denominador común de diversas propuestas, un desarrollo más participativo. “En efecto, la observación general concluye que la cuestión social en América Latina no se puede seguir planteando en términos de pobreza (precariedad económica), sino sobre todo de exclusión social (marginación del proyecto colectivo). Esta constatación nos obliga a elaborar los programas de desarrollo de otra manera en la que los beneficiarios de estos programas adquieren una importancia mayor” (Vancouver, 2002).

Asimismo, el desarrollo debemos concebirlo como un proceso dirigido a aumentar la libertad de cada cual en el logro de sus aspiraciones esenciales. En otros términos, se trata de lo que los expertos llamaron concepción “emancipadora” del desarrollo –en que la riqueza material es sólo una función del sistema de valores y donde el progreso socioeconómico está determinado por lo cultural.

Por otra parte, no podemos hablar de desarrollo social si no utilizamos el potencial de la memoria y lo ponemos al servicio de la calidad de vida de todos los habitantes de un territorio, de la creación y la producción de conocimientos. Al hablar de desarrollo tenemos que garantizar la protección de los derechos culturales y la generación de prosperidad económica y social para todos los ciudadanos. Precisamente, en la Declaración de Hangzhou, Mayo, 2013, se concluye que se debe “tomar plenamente en cuenta el papel de la cultura como sistema de valores y como recurso y marco para construir un desarrollo auténticamente sostenible, la necesidad   de   aprender de las experiencias de las generaciones pasadas y el reconocimiento de la cultura como parte del patrimonio común y local y como fuente de creatividad y de renovación”.  Es decir, el desarrollo social debe entroncarse con el pasado de los pueblos, con la memoria colectiva, valorándola y tratándola con especial respeto, pues ella constituye el sustento del mismo desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto, manifestamos que es imprescindible que toda política de desarrollo nacional y regional sea profundamente sensible a la cultura misma. Esto implica que los organismos estatales responsables de este ámbito generen nuevos canales de comunicación con otros sectores de desarrollo del gobierno con el propósito de proveer de sentido a las políticas públicas, como también para establecer articulaciones que procuren la comprensión del desarrollo como un proceso cultural.

No obstante, al observar el panorama nacional podemos concluir que el sector cultural tiene poca o casi nula capacidad de influencia sobre las políticas de desarrollo. Por lo demás, no existen indicadores suficientemente adecuados para medir y evaluar el impacto de las políticas culturales que se han elaborado a nivel de cúpulas de poder. Es claro que las políticas culturales generadas en los últimos tiempos por el Estado chileno aún no logran consolidarse como políticas públicas, aunque se puede reconocer algunos avances con respecto a dos decenios atrás.

Por lo mismo, podemos deducir que en la medida que el sector cultural se fortalezca podremos garantizar que la cultura determine el rumbo del desarrollo y que, además, la cultura se configure como eje articulador de todas áreas de desarrollo.

Por consiguiente, nos asaltan varias interrogantes: ¿Cómo lograr esta asociación entre los procesos participativos de formulación de políticas culturales y la toma de decisión política? ¿Es posible alcanzar una verdadera construcción participativa en la actual institucionalidad? ¿Qué acciones deben ejecutarse para formular políticas participativas y democráticas y que la inversión en cultura sea concebida como una inversión social primordial del Estado? ¿Qué cambios institucionales es preciso llevar a cabo dentro de los organismos públicos para garantizar que la cultura sea considerada no como un medio sino como el fin del desarrollo?

Estos son algunos de los tantos planteamientos que de manera evidente están ausentes en las actuales agendas políticas y en la retórica de las autoridades. Entonces, en este escenario, el tópico del desarrollo social nacional se limita a una parcial propuesta de “generar más empleos”, “aumentar los impuestos” y “mayor inversión el sector público”, como si el desarrollo estuviera sustentado exclusivamente por la variable económica. Por supuesto, no vamos a negar la implicancia que ella tiene en el desarrollo y crecimiento social, pero no basta para sostener un desarrollo integral de la población. Es necesario incluir a la educación, la cultura y la acción cultural en los ejes sobre los que se construye un desarrollo sostenible.

El desarrollo de una comunidad no puede ser concebido como un proceso de crecimiento sostenido exclusivamente por determinados indicadores económicos, sino a través de una visión global que también contemple la evolución de las capacidades humanas. Muchas teorías modernas de desarrollo han vuelto a considerar el rol de la cultura como otro elemento primordial que sostiene en el tiempo el crecimiento de las naciones. Los bienes culturales no sólo expresan, cohesionan y dan continuidad a lo que somos como sociedad, sino que también son un factor estratégico para potenciar el crecimiento económico de una nación.

Sustentamos que en la esfera regional es importante establecer que las estrategias regionales debieran propender a la evolución de “ciudades creativas”, esto supone introducir nuevos lineamientos en los esquemas organizativos y de funcionamiento de los modelos de gestión urbana, con el fin de conseguir un desarrollo urbano sostenible para todos los ciudadanos. La cultura puede ser utilizada como un medio para posicionar, es decir, como imagen de la ciudad ligada a los valores culturales.

En el plano económico, la producción de la cultura también se presenta como una alternativa a la alicaída industria nacional, teniendo en cuenta que las industrias creativas aportan riqueza económica y empleo. Teniendo en cuenta ambos roles de la cultura en la ciudad y considerando las sinergias que tiene con la actividad comercial, de ocio y servicios de la misma, podemos afirmar que además existe una constante retroalimentación entre ambos ejes de regeneración y desarrollo urbano. Dicho de otra manera, la construcción de infraestructuras culturales y el apoyo a las industrias creativas, favorecería la recuperación de espacios postrados y la actividad creativa y cultural y, a la vez contribuiría a la vigorización de sus zonas comerciales y de ocio. Todo lo cual mejoraría la mirada externa positiva de una ciudad, que es una cualidad imprescindible para atraer visitantes, turistas, clientes e inversores. Del mismo modo, una imagen atractiva proyectada hacia el exterior, tiene necesariamente un impacto positivo en la percepción interior de las ciudades, por lo que también mejoraría su atractivo como lugar deseado para vivir, trabajar y relacionarse socialmente.

Durante los últimos decenios vemos que normalmente la clase política tradicional ha escamoteado o ha hecho invisible este tema, posiblemente como resultado de su propia ignorancia cultural o simplemente porque percibe la cultura como una variable totalmente disociada y de menor relevancia en relación a otras exigencias ciudadanas, tales como: la educación, salud, vivienda, por citar algunas.

A pesar de esta equivoca y constreñida postura política que existe desde la década de los 90, a partir del regreso de la democracia y con la instalación de los grandes supuestos y premisas de la modernización del Estado chileno, cuya finalidad ha sido elevar las competencias y la capacidad de movilizar los recursos públicos de manera más eficiente para satisfacer los requerimientos de la sociedad, se ha instalado una embrionaria institucionalidad cultural que, contrariamente a las críticas y limitaciones evidentes que tiene, goza de un marco de políticas, mecanismos, normativas, procedimientos y fondos destinados a operar dentro de una nueva agenda pública. Sin embargo, el paradigma que sirve de base para la construcción del concepto de cultura nacional es ambiguo, pues, por un lado, aún no está claro el rol de los poderes públicos que deben impulsar las políticas culturales y, por otro, tampoco el organismo público creado para cumplir este desempeño tiene la certidumbre de la legitimidad de su acción. En otras palabras, aún falta por determinar que puede – o no puede – hacer el Estado en materia cultural. ¿Cuáles son los límites de su intervención? Este es un problema que siquiera se discute en el país, ya que aún le falta camino por recorrer a la actual institucionalidad cultural y porque sus procesos evaluativos se centran preferentemente en un control de gestión y no en la evaluación en términos de impactos.

Sumemos a ello la fragmentación institucional existente y los limitados recursos destinados para cumplir con sus responsabilidades, en comparación con otros ministerios públicos. Es indudable que si el Estado persiste en considerar la cultura como un medio o un mero complemento del desarrollo social y no como un fin en sí mismo, entonces es muy difícil lograr un acuerdo estable y duradero que permita una intervención efectiva y responsable en este ámbito. En otras palabras, si el Estado y las autoridades políticas no definen claramente qué implica la acción pública en este terreno y cómo se inserta en las estrategias de desarrollo social nacional y local, es muy complejo que la institucionalidad cultural tenga resultados e impactos trascendentes en esta sociedad.

De manera sucinta, esto implica integrar a la cultura en todas las políticas y programas de desarrollo. Esto exige incorporar sistemáticamente la dimensión cultural en las definiciones del desarrollo sostenible y del bienestar, así como en la concepción, la medición y la práctica concreta de las políticas y los programas de desarrollo. A su vez, movilizar la cultura y el entendimiento mutuo para propiciar la paz y la reconciliación.

Ante los actuales escenarios de violencia política, tensiones identitarias, represión política y globalización, se exige crear un ambiente de diálogo intercultural, de verdad, de justicia, de reconocimiento y de respeto de la diversidad cultural para así en el futuro forjar sociedades más incluyentes, estables y resilientes. En esta área es muy importante propender una educación por respeto de los Derechos Humanos y la paz. Por lo demás, se debe garantizar los derechos culturales para todos los ciudadanos a fin de promover el desarrollo social incluyente y equitativo.

Para ello es vital garantizar los derechos culturales, el acceso a los bienes y servicios culturales, la libre participación en la vida cultural y la libertad de expresión artística. Otro desafío es el recatar, poner en valor y difundir nuestras culturas identitarias para transmitir su riqueza a las generaciones posteriores, pues ella contiene el activo esencial para nuestro bienestar y el de nuestros hijos. Incluyamos, también, acciones que nos permitan valernos de la cultura como el principal recurso para lograr el desarrollo y la gestión sostenibles de las ciudades. Ello implica crear en la urbe una vida cultural dinámica y una calidad de los ambientes urbanos históricos para lograr ciudades sostenibles. Tal como se sostuvo en la Convención de Hangzhou (2013) “Las administraciones locales deberían preservar y mejorar esos ambientes en armonía con su entorno natural. En las ciudades las políticas sensibles a la cultura deberían promover el respeto a la diversidad, la transmisión y continuidad de los valores y la inclusión, reforzando la representación y participación de las personas y las comunidades en la vida pública y mejorando la situación de los grupos más desfavorecidos”

Finalmente, los especialistas en políticas culturales plantean aprovechar la cultura para favorecer modelos de cooperación innovadores y sostenibles. Es por eso necesario crear alianzas estratégicas público-privadas, bajo marcos jurídicos, institucionales, políticos y administrativos adecuados, con miras a favorecer mecanismos de financiación y cooperación a nivel tanto nacional como internacional, incluidas las iniciativas populares y las asociaciones culturales gestadas desde la misma comunidad. Es claro que estas alianzas, por una cuestión ética, deben claramente restringir la intervención de aquellas entidades que sistemáticamente tienen un accionar empresarial que atenta contra el medio ambiente, que mantiene conflictos laborales con sus trabajadores y que no están respaldadas por valores éticos y morales.

Ahora bien, una interrogante que surge en esta reflexión es saber ¿quién define la política cultural? Lo cierto es que en nuestro país nos movemos en un escenario de incertidumbre y fragilidad dado por la multiplicidad de actores y niveles de acción que intervienen en el contexto político, económico y social actual. Tradicionalmente han sido las autoridades públicas quienes a partir de objetivos y medios definidos determinan verticalmente la orientación de la política cultural. Empero, en el actual contexto social y político, cuando existe una fuerte demanda por parte de la ciudadanía en participar de las decisiones políticas, se propone un nuevo modelo para contrarrestar el monopolio de la construcción de las políticas públicas por parte de las autoridades y el concurso de “expertos”, para abordar la problemática desde una perspectiva más horizontal y democrática.

En esa línea, creemos que el debate actual debiera estar centrado en definir – con la intervención todos los ciudadanos organizados – la política pública como una actividad colectiva que participa en la creación de un orden social y político que regule las contradicciones sociales, integre a los diferentes grupos sociales y resuelva conflictos.

Esta orientación es coherente con el contexto de democratización donde la reconstrucción del orden político, social y cultural es una prioridad. En este caso, en un diálogo entre autoridades y ciudadanía se determinan las reglas de juego y de esta forma se permite la participación popular en la elaboración de las políticas y en la decisión de conducir las acciones programadas. Por esta vía se asegura que la política cultural no sea la de un gobierno de turno sino la de un Estado y el desarrollo cultural se convierta en eje de un proyecto cuya misión es el desarrollo sustentable.

Los discursos y prácticas culturales en diferentes latitudes donde el Estado ha asumido la cultura como palanca del desarrollo social se fundamentan dentro del paradigma de sostenibilidad cultural que tiene como principales factores: la equidad social, el respeto al medio ambiente, la economía responsable y la vitalidad cultural. Desde esta mirada, la cultura se plantea como un agente del cambio social y del empoderamiento comunitario, a través de instancias participativas que incluye a todos los actores sociales, agentes de transmisión intercultural entre diferentes redes sociales y contextos urbanos.

Aunque debemos reconocer avances en esta materia con la instalación de la nueva institucional cultural de Chile, no obstante identificamos una serie de errores y limitantes de fondo y de forma. Por ejemplo, en los últimos gobiernos de turno se han inventado y mantenido la modalidad de los Fondos Concursables, los cuales han quedado demostrado en la realidad son insuficientes y hasta mezquinos, considerando las demandas que existen en este sector. En rigor, tienen serias dificultades para logar ser objetivos, rigurosos y democráticos porque sus montos son irrisorios para las importantes iniciativas culturales que existen, sus parámetros de evaluación, segmentación y representatividad ya no son coherentes con el actual escenario artístico y ético de nuestra época. Agreguemos que en muchas ocasiones los pares evaluadores, aunque pueden ser connotados personajes del arte, no siempre tienen la pertinencia para examinar los proyectos que no corresponden a su área del conocimiento; los compromisos políticos asumidos por las autoridades prevalecen en las decisiones finales, los instrumentos de medición son ambiguos y no tienen carácter científico y las subjetividades no están exentas en las selecciones finales.

A todas luces, se hace imprescindible transformar la política de Fondos Concursables, pues ella lo único que hace es “disfrazar” la precariedad histórica que han vivido los artistas en esta sociedad y disimula el desempleo estructural que existe en este campo, al igual que en otros sectores productivos del país. Para nadie es desconocido que muchas veces se privilegian eventos, actividades puntuales, que no tienen continuidad en el tiempo ni menos impacto social en la comunidad. En el fondo, los aportes que entrega el Estado son meras dádivas para ilusionar a los gestores culturales que puedan seguir creando y proyectando medianamente su trabajo, a pesar que la institucionalidad no incluye redes de contactos, apoyo en la difusión, canales de comercialización ni espacios nacionales e internacionales para instalar sus productos culturales. Por esta vía, los artistas deben postular una y otra vez a estos fondos para prolongar sus procesos y mantener su dignidad en alto.

No basta con decir que la política apoya al arte de calidad, ya que es muy vago, sino se define qué es calidad en el arte. Decir que fomenta la creación es muy amplio e impreciso. Delimitar, por ejemplo, estos puntos ayudarían a transparentar y a orientar abiertamente a los miles de artistas de este país que postulan a estos recursos. Igualmente, los fondos estatales no debieran ser la forma que tengan los artistas para sobrevivir como trabajadores del arte, sino que debieran invitarlos a hacer un ejercicio profundamente comprometido con nuestra nación y su destino.

Es indudable que para obtener mejores y mayores resultados en el ámbito cultural, es imprescindible proponer modificaciones estructurales, incluso a la misma ley que creó el Fondart, la que ya tiene más de veinte años de existencia. De la misma forma, tener la decisión política para invertir recursos financieros en la capital y en regiones que permitan respaldar a aquellos proyectos y artistas que prestigian con su labor a su zona de influencia y a su país, y que además cuenten con un sólido plan de gestión que facilite la popularización y la elevación artística.

Abogamos por una política de subvención por parte del Estado para que se mantenga y potencien las Escuelas de Artes, Institutos y otros Centros, quienes durante extensos años han mantenido una planta académica, soportes de gestión y un trabajo permanente y sistemático en su comunidad. No es posible que estas instancias culturales se vean obligadas a desvincular su personal docente, reducir su infraestructura y a aumentar la cesantía en el sensible mundo artístico, por falta de público y de apoyo estatal.

Consideramos que no suficiente contar con la instalación de Fondos Concursables o una programación repleta de acciones; es más substancial establecer estrategias que propendan a la evolución de “ciudades creativas”, esto supone introducir nuevos lineamientos en los esquemas organizativos y de funcionamiento de los modelos de gestión urbana, con el fin de conseguir un desarrollo urbano sostenible para todos los ciudadanos, ligados a valores culturales representativos del país y de cada región. Esa debe ser la principal labor gerencial en cultura de la institucionalidad cultural.

Por otro lado, de los miles de proyectos culturales realizados no tenemos la certeza que todos ellos hayan contribuido a coadyuvar los cambios sociales y culturales que demanda la población nacional y regional. ¿Qué ha faltado? Indudablemente claridad y ausencia de un fin concreto, objetivo y cuantificable.

Es claro que existe la dificultad básica de la evaluación de las políticas culturales, no obstante el alto consenso en la finalidad de “servir al interés general” que dicho proceso tiene. Los expertos en el tema saben perfectamente que existe una ausencia de evaluación de la acción pública en cultura. Ella es una importante herramienta de gestión, un sistema de monitorización que valora los resultados e impactos de los programas que se han desarrollado, y determina lo que se ha hecho y cómo se ha hecho a partir de una planificación democrática.

Para nadie es un misterio que la cultura de la evaluación de las políticas públicas en Chile es un tema complejo, toda vez que no existe consenso entre los especialistas sobre la real vocación del sistema público chileno a examinarse con ojos críticos. Por lo demás, pareciera ser que la evaluación realizada hoy en nuestro país contempla una adecuada atención al control de gestión, pero se observa mayor debilidad en la evaluación de impacto.

Otro aspecto crítico es la denominada “democracia” o “participación” que dice propugnar la actual institucionalidad cultural. Se señala que la participación ciudadana se da (entre otros mecanismos) a través de la existencia de “delegados regionales de cultura”, quienes periódicamente analizan y proponen nuevas ideas que retroalimentan al sistema. La pregunta que nos asalta es: ¿Son verdaderamente representativos aquellos encargados de todo el universo y de los intereses de la población de una región? No tenemos elementos de juicio para dudar de las competencias y habilidades de los profesionales que participan, sino más bien nos referimos si estos sujetos cuentan con un respaldo social que los ampare y les dé real representatividad (más aún cuando la cultura es acepción mucho más amplia y totalizadora que el concepto de Bellas Artes).

También, la metodología que se utiliza para efectuar el diagnóstico de la realidad y las demandas regionales en cultura son limitadas, pues no permiten obtener resultados válidos científicamente ni las muestras son representativas del universo de la población, por lo tanto, sus conclusiones son parciales y estrechas. A ojos de buen observador, podemos identificar que esas conclusiones no incluyen, por ejemplo, entre otras instancias, a las Juntas de Vecinos, a los sindicatos, a las agrupaciones sociales y culturales autónomas, a los movimientos sociales y al ciudadano común y corriente que está divorciado socialmente de estos temas.

Es indudable que se prefiere mantener la dinámica en donde las elites (intelectuales, burócratas y “expertos”) deciden lo que debe o no hacerse en este ámbito. Por lo demás, nadie puede desmentir que la participación real y organizada de los ciudadanos es muy tímida y casi nula hasta hoy, porque no existen los canales, mecanismos y voluntad política para hacerlo.

Propuestas preliminares:

Como corolario al análisis realizado, proponemos que el Estado de manera urgente y esencial apueste, primeramente, por una educación para la cultura, entendiendo que ella permitiría la realización de la existencia humana en todas sus formas y dimensiones para conseguir la plenitud y la felicidad de los ciudadanos.

Una educación para la cultura debe enfatizar la idea que la educación y la cultura no se asimilan separadamente, sino por el contrario, en conjunto: aprendemos, creamos, recreamos la cultura desde todos los espacios de la vida cotidiana. Esta articulación permite que surjan sujetos activos, reflexivos-críticos, protagonistas de los procesos creativos y, sobre todo, con la capacidad de respetar las diferencias. Para su logro debemos cambiar los propósitos de la educación neoliberal de “producir” personas para el mercado y no para ser felices. Apoyamos la idea que la escuela debe ser el lugar para descubrir conocimientos, sentir placer y cultivar los valores. Una escuela donde exista un equilibrio entre maestro y alumno, para acabar con la relación entre el que sabe y el que no sabe, el que manda y el que obedece. Necesitamos educadores convencidos de que una nueva escuela es posible, donde ellos no sean jueces ni dueños de la verdad, sino facilitadores que acompañan los procesos de aprendizaje.

Otro punto de inflexión es la importancia de formular un Plan Estratégico Nacional y Regional de Cultura, ya que cualquier país que se precie democrático y rico culturalmente, debe contar con un proyecto cultural capaz de actuar transformadora y eficazmente, imponiendo lo estratégico a lo eventual, con políticas pensadas e intencionadas a largo plazo; directrices que permitan adelantar acciones y anticipar los resultados en este campo. Esta premisa asume que los creadores y las comunidades son los sujetos del desarrollo de la cultura propia.

Este Plan Estratégico debería constituirse en el núcleo de la discusión y necesariamente debería estar sustentado en aquellos elementos que conforman parte de la identidad cultural nacional y regional. Por supuesto, esta propuesta debería exceder el patrimonio de las Bellas Artes; es decir, convendría trabajar con una idea dinámica de cultura que despliegue las múltiples capacidades de intervención en la conciencia ciudadana.

Partimos del supuesto que la cultura es una necesidad tan humana y esencial como la salud, la vivienda o la alimentación. Un pueblo sin una cultura propia es un pueblo sometido a políticas de consumo, a valores morales y éticos ajenos a sí mismo y, por tanto, cautivo de las necesidades y hábitos de extraños, lo cual conlleva a una irremediable desaparición de nuestra identidad cultural.

De acuerdo a la anterior argumentación, una nueva política cultural nacional debe evitar, entre otros conflictos, que las salas de arte no sólo sean frecuentadas por jóvenes y otras personas que buscan algo más que consumir banales mercancías que corroen todo nuestro espíritu. Debe impedir que un segmento importante de nuestra comunidad – siguiendo esta dinámica fatua – se solace en sus casas con sus gigantescos aparatos de televisión, con todos los adelantos tecnológicos y con un quehacer cotidiano disipado y evasivo. Tomemos experiencias internacionales (Finlandia), donde todos los establecimientos educacionales están comprometidos a conducir a sus alumnos a salas de arte y a espectáculos artísticos, como una acción sistemática en la formación holística de los nuevos ciudadanos.

Una política cultural con sustancia y pertinencia a la realidad actual nacional, debe cambiar el magro panorama que parece que no tuviera salida, pues el sistema mercantil nos atrapa con sus invisibles tentáculos y nos domina a su antojo. Por estas razones, una nueva política cultural debe apoyar a los no pocos ciudadanos que luchan y desangran por subsistir y alcanzar una felicidad más plena en sus vidas; a los ciudadanos que desean otra realidad para ellos y sus hijos, que anteponen su acción transformadora a la pasividad social; que dan asilo a la creatividad por sobre la vasta fealdad, y, que elevan su postura humanista ante el gigantesco consumismo y la cultura hedonista que genera este modelo de vida que hoy, lamentablemente, nos aliena y nos empuja a “morir en vida”, en el despeñadero más oscuro de la humanidad.

En breves expresiones, debemos exigir que el Estado no solamente invierta más en el arte y la cultura (a veces no se necesita invertir mucho plata, sino capacidad de gestión, compromiso y crear alianzas estratégicas con las instituciones públicas y privadas), sino crear una institucionalidad democrática que dé participación a todos los ciudadanos en la formulación, planificación y ejecución de las políticas, las que incluyan todas las visiones y las aspiraciones de los artistas y gestores culturales. Y, si el financiamiento actualmente es insuficiente, tenemos el derecho de pedir más.

Podríamos extendernos en las críticas al actual sistema, pero lo que es cierto es que hay que cambiar el paradigma de la actual política cultural. No debemos seguir con estructuras paternalistas, verticalistas y anti democráticas. En contraste, hay que anteponer una política cultural donde prevalezcan contenidos identitarios nacionales y regionales, lineamientos multiculturales, el incentivo de prácticas culturales populares, el afianzamiento de modelos alternativos de cultura, creación de nuevas formas de asociación y de decisiones de participación ciudadana y la “democratización de la cultura” como objetivo que antecede a la “democracia por la cultura”. La democratización se refiere al propósito de hacer llegar la cultura a un número mayor de personas; de ponerlas en contacto con la realidad cultural en la que se encuentran inmersas y que constituye su “patrimonio”. La “democracia cultural”, en cambio, se refiere a la devolución de las influencias gubernamentales que, en materia cultural, pertenecen originalmente a la sociedad.

Es limitado inyectar más recursos y hacer mejoras en los procedimientos, el problema es más bien estructural, un cambio de paradigma y misión. Es pensar en estrategias que busquen la incorporación activa de la sociedad en los procesos de creación y gestión de las políticas y programas culturales. Dicho en otros términos, es ineludible desarrollar una democracia cultural que se traduzca en la desburocratización de la cultura, despojándola de todo paternalismo estatal y, en cambio, enfocar la acción cultural del Estado hacia la dinámica social, hacia la vida misma de las comunidades a nivel regional, municipal, e inclusive de los barrios.

En el último punto tiene vital alcance la intervención de los municipios, los cuales deberían ser uno de los principales entes institucionales para fomentar la cultura y las artes. Ello implica la toma de decisiones políticas que conlleven a desdoblar esfuerzos para conseguir no sólo promover la reafirmación de sentimientos de pertenencia e identidad, sino también mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de una determina comuna. Para lograr este objetivo los municipios debieran conducir su accionar a crear los mecanismos de financiamiento para las actividades culturales que surjan desde las instituciones, la sociedad civil y  los gestores culturales autónomos. Esta propuesta exige la descentralización y la cooperación interinstitcuional para la gestión de los programas culturales, y temas recurrentes en el despliegue de las políticas culturales en el país y en la región.

Este cambio de gestión implica el tránsito de un paradigma a otro en la administración y la valoración de las culturas y las artes en el país. En otros términos significa pasar desde la “democratización cultural” a la “democracia cultural”. Aunque aparentemente ambos conceptos se parecen fonéticamente, no obstante se traducen en concepciones diferentes, en cuanto la “democratización de la cultura” es un objetivo que antecede al de la “democracia para la cultura”.

Es evidente que la actual institucionalidad cultura aboga por la “democratización”, por ello, que sus políticas suelen adoptar una forma expansionista y patrimonialista, y se valen de estrategias apoyadas en la gratuidad para el acceso afectivo de la población a la cultura y las artes, bajo un esquema básicamente de distribución centralizada. En cambio, lo que proponemos en el actual escenario social es la participación directa de la sociedad en la vida cultural, su incorporación activa en los procesos de creación y la gestión de los programas; el reconocimiento, respeto y estímulo a la cultura que se generan en las comunidades. Dicho de otra forma, no sólo se buscan popularizarla o masificarla, sino apoyar el desarrollo cultural endógeno, para frenar la imposición ideas tecnocráticas de corte neoliberal.

El actual paradigma parte de la hipótesis que este permitiría crear una conexión entre la democracia con la participación ciudadana, el desarrollo cultural endógeno, la productividad y la descentralización, pero en la realidad esto no resulta evidente de forma inmediata para el sector cultural.

Por lo demás, a través de este modelo se ha intentado transformar la figura del gestor cultural en una suerte de “emprendedor cultural” (pequeño capitalista), cuyas iniciativas estén vertebradas por el aparato gubernamental y subvencionada por el sistema bancario privado, a través del sistema de créditos y endeudamiento particular. Esto conlleva a que los conceptos de “calidad”, “pertinencia cultural” y “valoración de los productos artísticos-culturales”, estén sujetos a las demandas del mercado y a los intereses del sistema financiero.

A su vez el paradigma del “emprendimiento cultural” es sinuoso y poco certero en muchos aspectos, pero básicamente en representaciones de ganancias para el gestor cultural, pues en la lógica que la oferta genera demanda no se alcanza a evidenciar la existencia de un punto de oferta óptimo, por los efectos irregulares y exponenciales de la misma demanda.

Otro punto de discusión es cómo el emprendedor en el ámbito artístico-cultural puede sostenerse y competir frente a las desiguales facilidades que tiene la importación de productos en esa línea y a los grandes consorcios nacionales y extranjeros.

Ante estas disyuntivas, es innegable la urgencia de establecer un nuevo modelo que resignifique el papel de los organismos públicos destinados al desarrollo cultural para lograr la consecución de la “democracia cultural”. Por lo tanto, es prioritario transformar la gestión pública monolítica, directa, a otra diferenciada por área administrativa, descentralizada, cooperativa, interinstitucional (Gobierno Regional, Gobierno Comunal, Universidades, Consejos de la Cultura y ciudadanía organizada) , personalizada por su medio de intervención y de acuerdo a sus funciones y públicos específicos, con la finalidad de crear una red de infraestructura cultural y públicos culturales, donde la participación de las bases adquiera una importancia central para promover la incidencia directa de la sociedad en la vida cultural del país y de un determinado territorio.

Bajo este paragua, creemos que se puede encauzar la participación organizada de los ciudadanos de los municipios en la promoción y la difusión de la cultura, asesorándolos para que puedan identificar del mejor modo sus prioridades culturales locales. De la misma manera, se puede determinar las inversiones reales que se necesitan para el desarrollo cultural que permitan elevar la cantidad y la calidad de los proyectos ciudadanos y para resolver los problemas ya identificados, tales como: falta de infraestructura, desempleo, fortalecimiento y creación de nuevos espacios, asignación de recursos financieros y humanos, entre tantos otros.

Asimismo, a partir de este modelo se podría promover la iniciación de estudios para medir en lo posible la eficacia e impacto social de los proyectos, y entender, al fin, su contribución al desarrollo social de la región. Estos estudios podrían contribuir al desarrollo de estrategias concretas, dentro de los programas rediseñados, para crear públicos, ampliar y afianzar los ya existentes, para fortalecer, en última instancia, la participación ciudadana en las culturas y las artes en la comuna y en la región.

Y, por último, el modelo de la “democracia cultural” facultaría que las políticas estén vinculadas con las expectativas sustantivas que tiene la ciudadanía. Esto contribuiría también a la creación y afianzamiento de públicos culturales en las regiones, y por tanto, a una mejor recepción de las medidas contenidas en las políticas culturales formuladas por el Estado chileno.

El autor, Iván Francisco Vera-Pinto Soto, es Antropólogo, Magíster en Educación Superior

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