¿Qué más tiene que pasar en Chile para que legislen sobre aborto terapéutico?

26 de noviembre de 2013
Indignación y rabia produce la nueva noticia sobre un abuelo de 66 años que viene constantemente violando a su nieta desde pequeña y hoy con 13 años está embarazada. ¿Hasta cuándo? Según datos del Ministerio Público del 2010 en Chile, un promedio de 17 personas son violadas diariamente y 34 son víctimas de otros abusos sexuales. Indica además que, de las 52 víctimas que estos delitos dejan diariamente, 38 son menores de edad.
Diversas investigaciones desarrolladas en Chile y en América Latina plantean la necesidad de legislar en este país. El aborto terapéutico es una deuda democrática de los gobiernos de la Concertación y de este gobierno de derecha. Pareciera que a ningún gobierno, independientemente de su signo político, le importa el sufrimiento de adolescentes y mujeres. Sólo un pequeño grupo de legisladores han sido capaces de alzar la voz y actuar. Sin embargo, el conservadurismo en estas materias de la gran mayoría de sus colegas les impide materializar esas iniciativas.
La niña violada por un pariente tiene derecho a decidir, con información y contención. Lo que está en juego es su proyecto de vida y también el de su familia. Por esto, la noción acuñada por los países del mundo bajo tratados y acuerdos internacionales sobre los derechos sexuales y reproductivos implica refundar la relación entre lo público y lo privado. Se trata de un cambio de paradigma en el campo de la vida sexual y reproductiva.
En Chile tuvimos aborto terapéutico desde 1939 hasta 1989. Pero en las postrimerías de la dictadura un puñado de hombres, sin consultar a nadie, decidió por nosotros y por nuestros derechos. Al retorno de la democracia los gobiernos sucesivos fueron incapaces de dar cumplimiento a los acuerdos y llamados de atención internacionales. Es así como al aborto terapéutico lo han venido caracterizando como un tema “valórico”. ¿Por qué antes no fue llamado así? A mi juicio, porque en los últimos tiempos se ha venido imponiendo una ola conservadora y fundamentalista en torno a una vasta gama de temas, que no es privativa de la derecha tradicional sino que va más allá, llegando incluso a sectores de la izquierda tradicional.
La hegemonía valórica católica se impone de múltiples maneras. Se hace caso omiso al hecho de que el Estado se separó de la Iglesia en nuestro país en 1925, año de la última Constitución elaborada en democracia y no entre cuatro paredes y sin participación ciudadana, como lo fue la que nos rige actualmente desde 1980 y que un Presidente hizo suya por el mero hecho de poner su firma en ella, dejando intacta su esencia libremercadista y conservadora.
No se puede seguir llamando temas valóricos a situaciones que tienen que ver con el derecho a decidir que tenemos los seres humanos. A los liberales de todo signo hasta aquí les llega su liberalismo y su abogacía por la libertad de decidir. El derecho a decidir es un acto básico de la democracia, es una acción que tiene un componente individual y también colectivo.
La niña violada por un pariente tiene derecho a decidir, con información y contención. Lo que está en juego es su proyecto de vida y también el de su familia. Por esto, la noción acuñada por los países del mundo bajo tratados y acuerdos internacionales sobre los derechos sexuales y reproductivos implica refundar la relación entre lo público y lo privado. Se trata de un cambio de paradigma en el campo de la vida sexual y reproductiva. Se definen como derechos y libertades fundamentales que corresponden a todas las personas, sin discriminación, y que permiten adoptar libremente, sin ningún tipo de coacción o violencia, una amplia gama de decisiones sobre aspectos consustanciales a la vida humana, como son la sexualidad y la reproducción. Implica contar con información y acceso a los servicios y medios que se requieren para ejercer estas decisiones, para lo cual es fundamental la acción del Estado, cuya obligación es crear las condiciones para que las personas puedan efectivamente ejercer sus derechos.
En el mundo moderno la mayoría está de acuerdo en la igualdad de derechos principalmente económicos, sociales, culturales, laborales y políticos, aunque sepamos que igualdad la mayoría de las veces se queda en el tintero, especialmente para aquellos que tienen menos recursos. Sin embargo, aún no hay acuerdo en los derechos en el ámbito de la sexualidad y la reproducción. Por un lado, hay una tendencia al reconocimiento de que estos están en el ámbito de los derechos individuales mientras, por otro, hay una tendencia que se expresa como un temor al cambio de paradigma de convivencia social en este ámbito y, por tanto, busca fórmulas de control que permitan mantener el statu quo, tanto desde el punto de vista de las políticas públicas como de las prácticas privadas.
Esta tendencia conservadora se manifiesta en diferentes actores en nuestra sociedad, que se mueven en realidad en todo el espectro ideológico, por convicción o conveniencia. En torno a situaciones específicas emergen discursos contrapuestos y muchas veces irreconciliables, como ha sido la discusión sobre el aborto en Chile. Mientras tanto, y en un contexto de promesas presidenciales y parlamentarias, mujeres y niñas chilenas siguen siendo abusadas sexualmente y terminan con un embarazo no deseado, que en muchos casos arruina sus vidas y las de sus familias. Es tiempo más que suficiente para poner término a esta situación, salir de los discursos y promesas y actuar, legislando de una vez sobre ello.
– La autora, Claudia Dides, es Directora del Centro de Estudios Sociales y Opinión Publica, Universidad Central de Chile. Socióloga, Magister Estudios de Género Universidad de Chile.
*Fuente: El Mostrador