La clase dominante colombiana, rancia y oligárquica, atascada en una visión retrógrada y aristocrática del mundo, ha sido secularmente la quinta columna del imperialismo estadounidense dentro de América Latina. Se trata de un estamento social fosilizado, que comenzó a formarse en el período colonial y que ha logrado monopolizar férreamente el poder hasta nuestros días, principalmente mediante la violencia.  Racista, fascista y absolutamente refractaria al progreso social, ha generado en Colombia una situación de conflicto interno endémico, que bien puede afirmarse arranca desde la misma declaración de independencia en 1810.

Se informa o se desinforma en función de la perspectiva política por la que cada medio ha tomado partido, y ella tiene sólo dos posibles registros: o se está por la conservación o se propone la superación del orden social existente. En asuntos como éste la “imparcialidad” es imposible.
Un ejemplo luminoso de lo que decimos lo proporciona el escandaloso silencio de la “prensa seria” de las Américas ante la huelga de hambre que, desde hace más de 15 días, mantienen 31 Mapuches en diversas cárceles de Chile. Allí se encuentran detenidos como consecuencia de la aplicación de la Ley Antiterrorista aprobada por Pinochet.
“Libertad de prensa”, que le dicen.

Neoliberalismo y Justicia Social
La idea de los movimientos de derechos humanos es que no hay reconciliación aceptable, éticamente correcta, sin reconocimiento de la verdad. Es necesario que los crímenes cometidos sean reconocidos, castigados y reparados en la medida de lo posible. Sin eso la reconciliación sería una fachada impuesta por los más fuertes a los más débiles.
A partir de tales principios podemos afirmar que si las armas dejaron de predominar en América Latina desde la década de los 90 – aunque sigan actuando pero con menor intensidad-, no hay verdadera reconciliación en ningún país.

Llevamos tantos años despreciando la función pública y la política, que ya no sabemos qué es o de qué se trata.  Esta ignorancia transversal, que nos hace emplear términos como “politiquería”,  nos ha llevado a creer que es una función ajena a la vida, más aún, que es una práctica sucia y corrupta. Así lo demuestra la enorme cantidad de personas no inscritas en los registros electorales y el desinterés por la cosa pública. Se trata de una situación lamentable después de haber sido Chile país pionero en América Latina de los “Valores Republicanos”.

Es realmente vergonzoso escuchar a Manuel Contreras en el canal de televisión del Presidente de la República, Chilevisión, a pesar de estar preso y condenado por una gran cantidad de causas de torturas, desapariciones y asesinatos de chilenos y extranjeros, entre ellas, el asesinato del ex Comandante en Jefe del Ejército chileno Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.
Más impresionante es todavía cuando, al responder o referirse a sus declaraciones, la prensa, autoridades y los aludidos lo nombran “el General Contreras”. ¿Puede seguir siendo denominado general de las Fuerzas Armadas de Chile un violador de los derechos humanos?

En 2005 el entonces Presidente Ricardo Lagos convirtió al suboficial (r) en el único militar beneficiado con el indulto. Desde esa fecha, uno de los tres autores del asesinato de Tucapel Jiménez vive en La Florida, se separó de su mujer, se volvió a casar y rehizo su vida. En una frágil mezcla de anonimato y reinserción social, evita salir a la calle, pero igual se da tiempo para esquiar, ir al estadio y dedicarse a la artesanía. 
Un día de otoño de 2007 el diputado Tucapel Jiménez recibió un llamado telefónico.
"Soy la hija del asesino de tu papá", escuchó el parlamentario. Luego, un largo silencio. Era Sandra Contreras.

El rol de la justicia militar, que en Chile tiene competencia para juzgar tanto a civiles acusados de agresión a uniformados como a militares imputados por homicidio de civiles, está en cuestión.  La Comisión Etica Contra la Tortura, junto a Amnistía Internacional, denunció en Santiago el recrudecimiento del abuso policial y la aplicación de tortura con resultado de muerte en los últimos dos años. Acusó que murieron a causa de golpes cuatro ciudadanos chilenos Johnny Cariqueo (23 años) y Mario Oviedo (29), en Santiago; Franco Coronado, (19 años) y Daniel Riquelme (45) (en la Región del BioBio).

Con un capital cultural así de ninguneado, es totalmente utópico conseguir algún día esa educación de “calidad” que tanto decimos anhelar. Por eso, cuando el Presidente de la República comunicó inesperadamente que los recursos comprometidos para la construcción del Teatro del Centro Cultural Gabriela Mistral iban a ser redestinados al Teatro Teletón, sentí el zarpazo del atávico ninguneo “a la chilena”.