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Morir a golpes en Chile: Justicia Militar chilena al banquillo 

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El rol de la justicia militar, que en Chile tiene competencia para
juzgar tanto a civiles acusados de agresión a uniformados como a
militares imputados por homicidio de civiles, está en cuestión.  La
Comisión Etica Contra la Tortura, junto a Amnistía Internacional,
denunció en Santiago el recrudecimiento del abuso policial y la
aplicación de tortura con resultado de muerte en los últimos dos años.
Acusó que murieron a causa de golpes cuatro ciudadanos chilenos Johnny
Cariqueo (23 años) y Mario Oviedo (29), en Santiago; Franco Coronado,
(19 años) y Daniel Riquelme (45) (en la Región del BioBio).

Un día antes de esa denuncia, el 27 de julio  en el sur, la Corte
Marcial dejaba en libertad y ponía nuevamente en sus puestos a cuatro
miembros de Carabineros juzgados por propinar una feroz golpiza al joven
mapuche Carlos Curiñao, ya reducido y detenido, al interior del furgón
policial, en la localidad de Ercilla. Ese abuso policial se difundió en
un noticiero de televisión. El desenlace confirma las denuncias de las
organizaciones de derechos humanos, que sostienen la inexistencia del
debido proceso con tribunales militares encargados de juzgar a su
personal por delitos cometidos contra civiles.

Fin de la justicia militar

El fin de la justicia militar es precisamente una de las demandas de los
31 comuneros mapuche que llevan a cabo una huelga de hambre en cárceles
de Concepción, Lebu, Angol, Temuco y Valdivia. Ellos también exigen no
ser juzgados por la ley antiterrorista. Seis de los huelguistas están
siendo juzgados al mismo tiempo por tribunales  militares y civiles, por
idénticas acusaciones. El movimiento lo iniciaron 15 manifestantes el
pasado 12 de julio, y a ellos se han unido otros prisioneros políticos
mapuche. Hervi Lara, Coordinador de la Comisión Etica Contra la Tortura
al relatar las situaciones de tortura, abuso, y maltrato propias del
accionar policial en Chile sostuvo: "Aquí están muy preocupados los
políticos y la prensa de lo que ocurre en Cuba o en Venezuela, pero yo
no he escuchado a ninguno que se preocupe por el pueblo mapuche o por
las víctimas de la represión en Chile”. Adelantó que solicitarán al
Instituto de Derechos Humanos, recientemente puesto en funciones, que se
haga parte en los procesos que se llevan a cabo contra funcionarios de
carabineros responsables de tres de estos casos y de la Armada, por la
muerte de Daniel Riquelme en horas del toque de queda, en Talcahuano,
después del terremoto.

Las madres de Franco Coronado –Sandra Cárdenas- y de Mario Oviedo
–Susana Aguilar- dieron en la oportunidad estremecedor testimonio sobre
la violencia policial ejercida contra sus hijos. La señora Cárdenas
reveló que su hijo es testigo de cómo los agentes golpearon la cabeza de
su hijo contra el suelo, a la salida de una fiesta en Cabrero. La
Comisión Etica agregó que “los tratos crueles, inhumanos o degradantes,
son una práctica cotidiana de la policía ante cualquier persona que es
detenida en condiciones de movilización social, lo que se ha extendido a
Gendarmería de Chile contra los presos, tal como lo muestra el caso de
tortura en la cárcel de Villarrica.”  Para los denunciantes, en Chile
continúan presentes los mecanismos policiales y represivos que obedecen a
la lógica de la “guerra preventiva” y a la Ideología de la Seguridad
Nacional, vigentes en tiempos de dictadura. Por ello, junto a los
familiares de las víctimas, recordaron al gobierno del presidente Piñera
que el Comité contra la Tortura  de la ONU  recomendó al Estado de
Chile, en el año 2009,  el cumplimiento de los compromisos contraídos al
ratificar  la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes y la implementación plena del Protocolo
Facultativo a la Convención contra la Tortura. Hicieron presente además
que debe terminarse con la competencia de la justicia militar en estos
casos, y que la definición de tortura debe ser integrada al Código
Penal, como ha solicitado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU al
Estado de Chile para garantizar la investigación imparcial.

Incitación a la violencia

Por su parte, el Observatorio Ciudadano emitió una declaración pública
ante el sobreseimiento de los funcionarios de Carabineros Danilo Retamal
Celis, Robinson Osses Gutiérrez, Michael Carrasco Castillo y al capitán
Diego Barba Oliva por la golpiza en Ercilla,  señalando que ese  fallo
“deja en evidencia lo que, en el bicentenario de la creación del Estado,
constituye una vergüenza para la justicia chilena. La responsabilidad
del Ejecutivo en la persistencia de la competencia de la justicia
militar sobre este tipo de delitos que afectan hasta la fecha a la
población civil, debe también ser subrayada.  Pues el mensaje que éste
entrega al pueblo mapuche en el contexto de los conflictos que
involucran a sus comunidades en el sur del país, en nada contribuye a su
resolución de manera pacífica, sino por el contrario, constituye una
abierta incitación a la violencia.”

En Santiago, los familiares y organizaciones aseguraron que seguirán
adelante con el objetivo de encontrar la verdad y justicia ante el
asesinato de sus seres queridos, para lo cual se formará una Asociación
que agrupará a familiares de víctimas de Tortura y muertos en
Democracia  La Comisión agregó que seguirá trabajando para hacer
realidad su lema:

“No a la tortura!   ¡A nadie! ¡Bajo ningún pretexto y en nombre de nada!”

Visite el blog de Lucía Sepúlveda

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