Es extraordinario que, en un país donde el presidente y el gobierno tienen tanto poder (como, por ejemplo, para continuar con una guerra pese a la oposición del parlamento y de la opinión pública), sea todavía posible enjuiciar como se debe, y distribuir castigos más que apropiados, a personajes arteros como Libby, dispuestos a matar a subalternos y funcionarios del propio gobierno para eliminar la fuente que dejó al descubierto uno de los aspectos o partes de la conspiración de Bush.

Durante la Eco-92, en Rio de Janeiro, 1600 científicos, entre los cuales había 102 Premios Nóbel de 70 países, lanzaron el documento Llamamiento de los científicos a la Humanidad. En él decían: «Los seres humanos y el mundo natural siguen una trayectoria de colisión. Las actividades humanas desprecian violentamente -y a veces de forma irreversible- el medio ambiente y los recursos vitales. Urge realizar cambios fundamentales si queremos evitar esa colisión a la que nos conduce el rumbo que llevamos».

Lo que ahora suele llamarse Palestina, son los despojos de un territorio original que en 1947, con el voto de los Cuatro Grandes de entonces: Estados Unidos, Unión Soviética, Inglaterra y Francia, actuando bajo el manto de las Naciones Unidas, fue arbitrariamente dividido para asentar allí a los judíos europeos y crear un estado artificial, Israel.
Los judíos radicados en Palestina, encabezados por la elite sionista mundial, agrupados en la Agencia Judía, respaldada por las potencias europeas y que contaba con la complicidad de Gran Bretaña, que ocupaba Palestina, se prepararon política y militarmente para proclamar el Estado de Israel.

En representación de la sociedad civil paraguaya, el Dr. Martín Almada, Premio Nobel Alternativo de la Paz, se refirió a los Tratados de Itaipú y  Yacyreta como "atentatorios a los derechos humanos por haberse firmado en secreto por las dictaduras militares de la época, en el marco del ‘OPERATIVO CóNDOR’, y porque sólo benefician a los intereses de Argentina y Brasil en detrimento de nuestra economía y ecología que nos convirtió en socio del MERCOSUR de segunda categoría".

No existe razón alguna para que aquellos que tienen extensos territorios, que superan con creces lo que en verdad necesitan para vivir dignamente, los reserven para su uso exclusivo, cuando existen tantos trabajadores rurales sin la tierra necesaria para desarrollar su labor – Cf. Populorum Progressio, 23 -; y, por otro lado, los cristianos debemos ser concientes de que el dominio de la tierra no puede ser absoluto ni ilimitado, sino que debe estar subordinado al derecho primario y fundamental que tienen todos los hombres de utilizar, en forma solidaria, la tierra que Dios creó para provecho de todos y no de unos pocos – Cf. Puebla, 492 -.

“Estamos impactados de ver un documento oficial del gobierno de Chile que da cuenta del seguimiento que se le hizo a mi padre en Buenos Aires, un documento oficial que ha estado en las oficinas del Ejército hasta el año 2004. El Ejército nos debe una explicación porque la justicia argentina y la justicia chilena han solicitado en numerosas oportunidades colaboración y estos estuvo oculto en sus oficinas”.

Recientemente el  comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Wilfredo Vargas, aseguró que los servicios de inteligencia militar tienen informaciones sobre “movimientos golpistas". “Tenemos información de que existen movimientos golpistas (…) Son temas que se manejan en inteligencia militar. Pero las Fuerzas Armadas no lo van a permitir”, dijo Vargas.

Hasta el año 2004 se mantuvo oculto en dependencias de nuestro Ejército un documento oficial en el que se detalla el seguimiento del que fue objeto el General Prats con el objeto de concretar a su asesinato. Esta situación inaceptable se suma a la tibia respuesta que el Comandante en jefe de dicha institución diera recientemente a los familiares de detenidos desaparecidos, con ocasión de la fuga del criminal Iturriaga Neumann.

En el proceso por el asesinato del general Prats, los abogados del Estado de Chile ni siquiera se presentaron a la hora de defender la imprescriptibilidad de dicho crimen, cuando se trató de juzgar la responsabilidad de Iturriaga, Contreras y otros agentes de la DINA superiores de Arancibia Clavel. Esta actitud del Gobierno de Frei generó una carta de Sofía, María Angélica y Cecilia Prats Cuthbert en la que lamentaban “que el Gobierno haya renunciado a ejercer sus derechos procesales tendientes a determinar los principales responsables del crimen de nuestros padres”