La derecha necesita inventar una campaña del terror para apropiarse de algunos angustiados democratacristianos y a los neoliberales de Expansiva y, para lograrlo, le sirve un poder que el Partido Comunistas no tiene. Como en el pasado, los hijos de Onofre Jarpa y de García Garzena  adoptan actitudes y conductas tan histéricas como la de sus mentores. Allamand dice que “sería un fraude” el solo hecho de llamar a una Asamblea Constituyente – como si los ciudadanos no tuvieran el inalienable derecho de redactar su propia Constitución, y  Longueira expresa que “Chile se convertiría en la Venezuela de Chávez” cuando, en verdad, la Asamblea Constituyente es el método más democrático para que los ciudadanos dicten sus propias reglas de convivencia.

Ex negociador jefe en Chile, Rodrigo Contreras, alertó sobre los riegos que incluye el acuerdo.
El TPP fue uno de los temas centrales del encuentro que este lunes sostuvo el Presidente Piñera y el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry. Sin embargo, en mayo de 2013 el ex encargado de las negociaciones del acuerdo publicó una columna alertando sobre cómo la medida amenazaría la libertad de los usuarios de Internet, el acceso a los medicamentos genéricos y el aumento en sus costos, y además limitaría la disponibilidad de material educativo.

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Hace 20  ó 30  años atrás nadie hubiera imaginado jamás que en el 2013, veríamos al mismísimo señor Andrés Chadwick, en su calidad de  Ministro del Interior, dando clases de moralidad pública y basureando a todos los exonerados políticos que recibieron algún beneficio, en su calidad de tal.
Pongamos las cosas en su lugar y en su justa dimensión. No se trata de defender ningún caso de irregularidad respecto de quienes cobraron beneficios, si  no les correspondía recibir, pero…
Las empresas que se privatizaron durante la dictadura de Pinochet,  provocaron al Estado chileno una pérdida de US$ 6.000 millones de dólares, según el informe final de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, a partir de datos aportados por la Contraloría General de la República, empresas donde obviamente se contrataba  a gente ligada a la  derecha y no a un exonerado político.
Al parecer ya olvidaron el salvataje hecho por la dictadura a los bancos, financieras y empresas quebradas durante la crisis de 1982, a costa del bolsillo de todos los chilenos, entre ellas “El Mercurio” y “La Tercera”, deuda subordinada que hace varios años atrás,  el ex  Ministro de Hacienda, A. Foxley la estimo en alrededor de US$ 20.000 millones de dólares, y que aún tienen un ¼ de siglo para seguir pagándola.

En amplios sectores de la sociedad chilena se ha ido sedimentando un diagnóstico en torno a la realidad nacional. Si tuviéramos que resumir esas “verdades del tamaño de una catedral”, habría que remitirse a unas pocas palabras: “cambiar la constitución” Ello resume muchos de las transformaciones que se reclaman en educación, leyes laborales y tributarias, en fin, en todo lo relativo a Isapres, AFP y voto en el extranjero para no mencionar leyes medioambientales y respeto a las minorías étnicas y sexuales. Es cierto, también están aquellos que celebran el modelo actual como un camino de éxitos en el país.

Toda Constitución se basa en un pacto social que supone una serie de reglas permitiendo la convivencia de los ciudadanos en una realidad espacio-temporal determinado. La mayoría de los ciudadanos perciben que las Constituciones son un asunto de abogados que no incide en la vida cotidiana del chileno de a pie. Algo similar ocurre con la política: la derecha se ha encargado de convertir la Constitución y, por ende, la política, en un ente abstracto y, como tal, carece de interés para la ciudadanía, que sus líderes la ven como ignorante y sólo movida por intereses materiales inmediatos. Este mismo pensamiento lo tuvieron los reaccionarios – siglos XIX y XX – respecto al sufragio universal: “cómo va a tener el mismo valor el sufragio de un ignorante y el de un sabio”.