Categoría: Declaraciones

Quiero señalar que el día 10 de noviembre del 2007, fecha en la cual ocurrieron los hechos por los cuales se me acusa de “robo e incendio de un vehículo”, en la localidad de Huentelolen (al sur de Cañete), yo me encontraba recién regresando de la ciudad de Santiago, […]. Por lo tanto, debido a la manifestación que había en la carretera […], no pude continuar mi camino hasta mi casa, ubicada en el sector de Lleu Lleu. No obstante, tras estar ahí por algunos minutos, yo me retire de Huentelolen alrededor de las 12.00 horas, mientras que el suceso por el cual se me imputa ocurrió pasadas las 14.00; por lo que, indudablemente, nunca participe de los hechos que se me investigan.

La Asamblea Nacional por los Derechos Humanos adhiere y respalda al Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción en su lucha contra la arbitraria y anacrónica decisión del Tribunal Constitucional. Como organización, que ha luchado durante años por la defensa y protección de los Derechos Humanos, no aceptamos situaciones como éstas, que atropellan flagrantemente la dignidad de las personas.
La decisión del Tribunal Constitucional demuestra el poder que tiene esta institución en las decisiones del Estado, impidiendo la promoción de políticas públicas en salud sexual y de planificación familiar.

Sobre el reconocimiento en la Carta Fundamental de los pueblos originarios.
Lamento profundamente que nuestro pueblo sea ignorado en los procesos de discusión del poder legislativo, lamento igualmente que el Estado como expresión de organización jurídica carezca de cohesión interna y que actúe desarticuladamente, de modo que, manteniendo nuestra organización relación permanente con el poder Ejecutivo a través de las diversas instancias de negociación creadas; mantener nexos con CONADI; haber participado y haber canalizado nuestras demandas territoriales y de justicia a través de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato, no seamos considerados de modo alguno en este proceso tan relevante como es el de la discusión de la reforma constitucional aludida.

Carta Abierta al Sindicato de Pescadores de Cobquecura.
“No solo ustedes serán los afectados por la contaminación de esta Industria de Celulosa, perjudicara al desarrollo turístico de este litoral, que por años ha beneficiado a miles de familias de esta comuna, sin embargo ustedes heredarán a sus hijos y a los hijos de sus hijos el daño materializado en este acuerdo, quienes tendrán que emigrar a otras localidades, para continuar con la pesca artesanal, cargando con el estigma de haber perdido uno de los litorales más puros del sur de Chile”.

Discurso Maria Colimil en el Parlamento Europeo
Sin tener un poder notarial, pero en mi condición de dirigente mapuches, tengo el deber moral de decirle al mundo que en mi país no se respeta el derecho del pueblo mapuche y demás pueblos originarios, el gobierno de Chile vulnera la libertad de nuestros dirigentes y muy en especial de la mujer mapuche por el solo delito de luchar por nuestra Autonomía y Territorio, es por ello que desde esta tribuna los llamos a solidarizar con ellas y ellos, lo hago como dirigente y como mujer mapuche.

«Hago parte del 10 por ciento de ciudadanos que no están ni estarán nunca de acuerdo con el rumbo que ha tomado el país, y por ello he sido perseguida y amenazada. Entrego el esquema de seguridad por considerar que entre las principales amenazas que hoy afronto se encuentra el esquema en sí mismo. Esto no quiere decir que releve al Estado de su deber constitucional de protección, pues ahí siguen estando la justicia y mecanismos disuasivos de parte de las instituciones involucradas en los hostigamientos en mi contra. Como diría Jorge Eliécer Gaitán, “esos espíritus de mala intención callarían al simple imperio de vuestra voluntad”.

“Al identificarse un patrón de hechos similares recurrentes, ello podría hacer pensar que dicha práctica está sostenida en la autorización política para reprimir la libertad de reunión y expresión, así como la petición a las autoridades. Haría bien el Gobierno en recordar que tanto su administración como la fuerza de Carabineros de Chile son sostenidas por el erario público para garantizar los derechos y no para reprimir su ejercicio” dijo Sergio Laurenti, Director Ejecutivo de AI Chile.

Por las mismas razones expuestas al CICR el 17 de enero, la misión médica francesa no es procedente y mucho menos cuando no es resultado de la concertación, sino de la mala fe de Uribe ante el gobierno del Elíseo, y una burla desalmada a las expectativas de los familiares de los prisioneros. No actuamos bajo chantajes ni bajo el impulso de campañas mediáticas. Si a comienzos de año el Presidente Uribe hubiese despejado Pradera y Florida por 45 días, tanto Ingrid Betancur, como los militares y los guerrilleros presos ya habrían recobrado su libertad, y sería la victoria de todos.

Vemos con indignación cómo una vez más los sectores populares de nuestro pueblo son amedrentados y atacados por las fuerzas represivas de la policía militarizada, en un parangón sólo comparable con la época de la dictadura.
Hemos visto cómo las más altas autoridades del Ministerio del Interior han ido legitimando el accionar represivo y violento de la policía contra las movilizaciones que diversas organizaciones sociales realizan, sea en pro de sus derechos ó en sus  conmemoraciones. Detención, fichaje, mal trato, tortura y muerte son los resultados que ha tenido este accionar policial en "democracia", donde la impunidad sigue estando consagrada.

La Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) en Chile rechaza absolutamente la resolución del Tribunal Constitucional de acoger el requerimiento de un grupo de parlamentarios de derecha quienes solicitaron que se prohíba la distribución de "la píldora del día después" y otros métodos anticonceptivos como la "T" de cobre y las pastillas hormonales.
Consideramos que esta medida atenta contra los derechos humanos básicos de las mujeres al querer eliminar medidas anticonceptivas que por más de cuarenta años han regido en el país.