Lecciones que deja el apagón

14 de marzo de 2025

INNOVACIONES EN FAVOR DEL LUCRO

Muchas de las innovaciones, que introdujo la dictadura pinochetista, durante su período, a la institucionalidad chilena, no solamente se mantuvieron durante los gobiernos que la sucedieron sino, en no pocos casos, las profundizaron. El caso de la generación y distribución de la energía eléctrica fue (y es, en la actualidad) una de aquellas. Tal fue el rol político desempeñado por los gobiernos de la Concertación.

Hasta 1981, tanto la producción como la distribución de la electricidad se encontraba en manos del Estado, sujeto social al que se consideraba (y se considera, aún) representante del interés público o de la comunidad. Y eso no era por la simple voluntad de hacerlo sino porque, al igual de otras actividades que afectaban la vida normal de la comunidad —como la salud, la educación, el transporte e, incluso, el desempeño de algunos cargos públicos—, se consideraban ‘servicios’ que el Estado mismo debía prestar a esa comunidad.

A partir de la fecha indicada, y como consecuencia del golpe de Estado de 1973, y la consiguiente instauración del llamado ‘Modelo de Economía Social de Mercado’, se inició un paulatino e irreversible proceso de privatización de las instituciones públicas. El objetivo era reducir el tamaño del Estado y, consecuentemente, vender todas las empresas estatales ―por considerarlas poco eficientes― al sector privado a fin de hacerlas rentables, sin importar si algunas de ellas eran empresas o servicios. Todo había de venderse; incluso a precios irrisorios.

La producción y distribución de la energía eléctrica estaba a cargo, en Santiago, de la Compañía Chilena de Electricidad CHILECTRA; en el resto del país, la Compañía General de Electricidad Industrial.  Desde el año indicado más arriba y hasta 1987, bajo los vientos renovadores de la dictadura pinochetista, comenzó un complicado proceso de privatización que transformaron lo que era un ‘servicio’ en un ‘negocio’ bajo la excusa de contar con empresas capaces de financiarse ellas mismas con su actividad. Al día de hoy, y luego del término de esa dictadura, la situación no ha variado ostensiblemente: las empresas que fueron privatizadas no solamente siguen en esa misma condición sino, además, se les ha brindado el apoyo necesario orientado a perfeccionar su funcionamiento. La excusa para realizar esos cambios no ha variado: el Estado es un mal administrador; ergo, hay que entregar su funcionamiento al sector privado. La electricidad, de esa manera, ha pasado a convertirse en un negocio para quien controla su actividad.

Esto es importante, porque pone de manifiesto la esencia misma de la privatización que no es sino el afán de lucro. De lo cual deriva que a las empresas privatizadas no se les puede pedir conductas altruistas o que pongan en duda su íntima naturaleza, cual es la captación cada vez más intensiva de plusvalor. En este nivel ha de situarse el caso de la producción y la distribución de la electricidad en Chile.

NOCIONES ELEMENTALES ACERCA DEL SISTEMA ELÉCTRiCO EN CHILE

El sistema eléctrico de Chile está integrado por numerosas empresas privadas, de entre las cuales se señala a ISA InterChile, Transelec y Transmisora Eléctrica del Norte (TEN S.A., ligada a Engie), entidades que estuvieron involucradas en el apagón[1] de 25 de febrero recién pasado. La prensa les llama, simplemente, ‘eléctricas’ y, en no pocas de ellas, participan en su directorio personajes tanto de la denominada ‘derecha’ como de la ‘izquierda’, que raras veces discuten entre ellos, porque, en el ejercicio de esa labor, reciben remuneraciones, gozan de buena posición social, aumentan sus contactos y porque, como lo señala ese antiguo refrán, ‘entre bueyes no hay cornadas’. Así, por los pasillos de las ‘eléctricas’ se puede encontrar a personajes tan conspicuos como Nicolás Eyzaguirre, Bernardo Larraín Matte, Viviana Blanlot, entre otros, lo que pone de manifiesto la estrecha vinculación entre el poder político y el empresariado[2]. No debe, así, llamar la atención que una de ellas (ISA InterChile) incrementara

“[…] sus ganancias en un 500% a septiembre de 2024 en relación al mismo mes del año anterior. El sistema eléctrico chileno se encuentra privatizado permitiendo grandes niveles de lucro para las compañías multinacionales”[3].

Por consiguiente, nos encontramos ante estructuras económicas cuya finalidad no es hacer patria; mucho menos, preocuparse de los problemas que puedan tener los gobiernos de turno, cuando no sea la prolongación de la vigencia de sus respectivos contratos de suministro. Si bien es cierto que esos contratos las obligan a esmerarse en prestar sus servicios de la mejor manera, no es menos cierto que saben, igualmente, quiénes son los actores políticos que, en el Parlamento, van a defender sus derechos a cualquier precio. Por eso, entre esforzarse por brindar el servicio prometido y asegurar sus ganancias, optarán ineluctablemente, por esta última alternativa.

UN APAGON IMPREVISTO

A las15:15,40, del 25 de febrero recién pasado[4], un apagón imprevisto paralizó la generalidad de las operaciones que se realizan en el país. En un documento emanado de ISA InterChile S.A., entregado con posterioridad al hecho se puede leer como causa eficiente del siniestro algo tan vago y difuso como que la referida interrupción del suministro eléctrico fue originada por

«[…] la activación no deseada de sus esquemas de protección»[5].

Puede parecer un tanto cómica la expresión empleada, pero tal ha sido la explicación: hubo una ‘activación no deseada’. Algo que no se quiso hacer. Una torpeza que no se quiere sindicar de tal para lo cual se recurre a un eufemismo. Bueno, está bien. Una ‘activación no deseada’ bien puede parecer un concepto científico y estimarse como tal. Ha permitido que el Coordinador Eléctrico Nacional ―organismo encargado de la coordinación del conjunto de instalaciones del sistema eléctrico nacional―, diez días después de ocurrido el hecho, declare que

“[…] la falla se originó cuando personal de la empresa ISA InterChile intentó normalizar el canal de comunicaciones de la función diferencial de línea (87L) en la línea 2×500 kV Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar”[6].

El sistema se desincronizó. Al intentar volverlo a su lugar (sincronizarlo, nuevamente), el personal que operaba el programa produjo una ‘desconexión forzada’ de ambos circuitos, pues ejecutó

“[…] una actuación no esperada e imprevista de dicha función de protección”[7].

Bueno, ya. Otro eufemismo. Pero no es eso lo importante. No es la ´primera vez que las ‘eléctricas’, con su pasividad y mal manejo de las circunstancias, han provocado un apagón. Durante los temporales del año pasado, la inacción de esas empresas causó estragos entre los sectores más desprotegidos de la población. Por supuesto, recibieron la advertencia de las autoridades. Pero, sus órganos directivos saben que las advertencias de aquellas son únicamente eso: sólo se les aplicará una multa y seguirán funcionando como hasta ahora lo han hecho.

INTENTANDO ENCONTRAR LA RAIZ DE LOS PROBLEMAS

A nuestro entender, la raíz de los problemas no está en centrar el debate acerca de si hubo o no un eficiente manejo de la situación, tarea que bien se puede encomendar a los técnicos en la materia, sino en develar la naturaleza de la actividad que paralizara por completo a la nación y su significado para la comunidad nacional.

La electricidad, para la moderna sociedad, se ha transformado en un elemento vital. Como lo es el aire para los seres vivos. El avance impresionante que han experimentado las fuerzas productivas, revolucionando el conjunto de las relaciones de producción, ha hecho que la electricidad se torne imprescindible para el funcionamiento de la sociedad moderna. No debe sorprender que también lo sea también para la chilena. Ni que, reflexionando sobre lo mismo, señalaran dos analistas:

“Con toda la situación vivida, el corte de luz despertó una interrogante que durante mucho tiempo estuvo dormida. Y es que hasta el apagón masivo del 25 de febrero, pocos se habían cuestionado sobre la inevitable dependencia que existe hacia la electricidad, la luz, la energía y los dispositivos tecnológicos. También, sobre cómo actuar frente a estos sucesos”[8].

La electricidad no es cualquier actividad económica. Es el basamento energético sobre el cual descansa todo el funcionamiento de la moderna sociedad. La electricidad lo abarca todo. Permite a una comunidad, por lo demás, proyectarse hacia el futuro por lo que debe ser considerada como ‘actividad estratégica’. No fue otro el sentido que antaño se le dio a la misma, cuando aún no representaba lo que hoy sí representa.  Quien ejerce dicha actividad, sea persona natural o jurídica, debe ser estimado como ‘empresa estratégica’, es decir, una organización cuyo funcionamiento es fundamental para el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. La interrupción o suspensión del flujo que provee a la nación puede causar daños irreparables a su normal funcionamiento.

Estas empresas de carácter estratégico no son sino, en general, lo que se ha dado en denominar ‘infraestructura crítica’, es decir, actividades del país que han de ser protegidas por el Estado chileno por intermedio de sus institutos armados. Pero no solamente aquello: son actividades cuya paralización puede poner en riesgo la soberanía nacional.

AUDACES QUE PONEN EN PELIGRO LA SOBERANÍA

El apagón pudo ser un apagón. Y nada más. Pero no fue así. Hubo algo muy grave, escandalosamente más grave. Muy propio de la empresa privada, en donde los intereses estatales se subordinan a los del comercio. Según lo señala un analista,

“En un hecho sin precedentes, el encargado de coordinar el sistema energético –que encabeza Juan Carlos Olmedo, quien también es teniente de reserva del Ejército- realizó una solicitud sin respaldo en ningún protocolo de recuperación de servicio. No sólo eso, según varios expertos en la materia, dejó en evidencia la carencia de criterio en la gestión de crisis de nuestra infraestructura crítica. Una decisión que trascendería lo meramente técnico –aseguran–, teniendo claras implicancias políticas, económicas y diplomáticas”[9].

En efecto, se había solicitado ayuda de Argentina para la solución del imprevisto, poniendo al descubierto, con esa acción,

“[…] la vulnerabilidad de no tener los planes de contingencia bien probados… una sensación de vulnerabilidad escalofriante, de violación de la seguridad nacional”[10].

Es cierto que quienes se encuentran a cargo del sistema eléctrico chileno —el Coordinador Eléctrico Nacional CEN— reciben buenas remuneraciones. Pero eso no basta para asegurar su buen desempeño: un ejército de mercenarios no sustituye a un ejército de nacionales. Por eso, de nada sirve reclamar, como lo hacen algunos analistas:

“La pregunta que uno se hace, entonces, es cómo cinco ejecutivos bien pagados y de dedicación exclusiva en el tema, les metieron un gol de ese tamaño. Ingenieros eléctricos probados y experimentados, que vienen del antiguo sistema y que todavía no saben con claridad la causa de la falla. Es realmente escandaloso lo que ocurrió”[11].

Analizar, por tanto, desde el punto de vista técnico las causas de la falla y entregar las recomendaciones respectivas a aquellas para evitar que se vuelvan a repetir, no resuelve el problema. De nada sirve, en consecuencia, esforzarse en entregar opiniones acerca de las causas materiales que pudieron afectar al sistema productor y distribuidor de energía. La generación y distribución de la energía eléctrica ha sido entregada a manos de personajes que buscan el lucro y no la protección de una nación. Tampoco quienes son pagados para que controlen lo que otros hacen. Es un campo manejado por los interesas que subyacen tras la oferta de prestar el respectivo servicio.

BUSCANDO UNA SOLUCIÓN

Sucede que la verdadera solución a los problemas que aquejan a la nación, en materia de electricidad, irrita la sensible epidermis pecuniaria que poseen los grandes empresarios y sus dependientes políticos. Nadie quiere innovar. Pero sí, quieren que el Estado solucione los problemas. Y, sin embargo, el Estado chileno no puede estar gastando sus ingresos en proteger la infraestructura crítica de la nación si ésta se encuentra en manos privadas y el objetivo de las empresas eléctricas es lucrarse a costa de toda la población. Menos si el Estado, para tener control sobre esas actividades, ha creado una red de estructuras que controlan a controladores, a productores y transmisores de electricidad y les asigna remuneraciones que se extraen del bolsillo de todos los chilenos pues la contribución se encuentra incorporada en las boletas del cobro de la luz. El Coordinador Eléctrico Nacional recibe un sueldo que supera los veintitrés millones de pesos mensuales (23.000.000).

Pero sí lo debe hacer —y es su obligación hacerlo—, cuando esa infraestructura crítica pertenece a toda la comunidad nacional y funciona como ‘servicio’ de la misma. No como ‘negocio’ del sector privado y como devoradora de plusvalor.

En apoyo a nuestra opinión, señalaba un analista, hace un tiempo atrás y refiriéndose a lo sucedido durante los temporales, que lo lógico sería que determinadas actividades, estrechamente relacionadas con la seguridad nacional debieran ser estatales pues es indesmentible que

“[…] hay sectores en la economía en cuya gestión la labor del sector privado es insuficiente por si sola”[12].

Y, también, otro defensor de los intereses de la comunidad nacional:

“La estatización de los servicios vitales que antes fueron públicos es una demanda ciudadana que hoy vuelve a cobrar actualidad: las privatizaciones de la dictadura y de las dos derechas que le sucedieron forman parte del pasado”[13].

Nuestra idea va en esa dirección. Las actividades básicas de la nación, sus servicios esenciales, no pueden estar en manos privadas; al igual que sus riquezas básicas, deben ser propiedad de todos los chilenos. Por lo mismo, las organizaciones sociales ―ya que los partidos políticos no lo hacen― deben contemplar en sus demandas, la nacionalización o estatización de los servicios básicos de la nación y exigir del Estado la protección de los mismos por parte de los institutos armados. Más aún, ahora que la fiebre electoral comienza a desatarse.

Santiago, marzo de 2025

[1] Por vía ejemplificativa, señalaremos, además, que se acostumbra a dividir las ‘eléctricas entre ‘generadoras’ y ‘transmisoras’. De entre las primeras, señalaremos a Engie, Aes Andes, Cerro Dominador y Colbún, entre varias; algunas de las transmisoras son Transelec, Transemel, Sonnedix, en fin.

[2] San Martin, Pablo: “’Radiografía’ a las eléctricas. Cuáles son las empresas que influyen en las cuentas de la luz y cómo funciona el sistema”, 28 de junio de 2024, EMOL.

[3] Alcayaga Brisso, Hugo: “En el país de las emergencias”, El Clarin, 3 de marzo de 2025.

[4] Herrera, Polet: CEN por apagón: ‘ISA InterChile había informado a las 13,35 horas que dicha protección estaba fuera de servicio’”, CNN Chile, 06 de marzo de 2025.

[5] Redacción: “La crisis detrás del ‘black out’ que dejó a Chile sin luz”, RT, 26 de febrero de 2025.

[6] Browne Russo, Vicente: “Origen del apagón: Coordinador advierte que empresa ISA intervino el sistema sin informarles y sin permiso para hacerlo”, ‘Ex Ante, 07 de marzo de 2025.

[7] Browne Russo, Vicente: Trabajo citado en (6).

[8] Oportot Campillay, Juan y Montes, Manuel José: “El apagón de Chile: la cada vez más inevitable dependencia de la electricidad”, ‘The Clinic, 01 de marzo de 2025.

[9] Pizarro Sanguesa, Claudio: “Las críticas contra el CEN por ignorar el factor geopolítico en la solicitud de energía a Argentina”, ‘El Mostrador’, 09 de marzo de 2025.

[10] Pizarro Sanguesa, Claudio: Trabajo citado en (9).

[11] Pizarro Sanguesa, Claudio: Trabajo citado en (9).

[12] Salce, Felipe: “Mercado eléctrico: el ejemplo perfecto de que el sector privado no lo es todo”, CIPER, 09 de agosto de 2024.

[13] Alcayaga Brisso, Hugo: “En el país de las emergencias”, ‘El Clarin’03 de marzo de 2025.