Presos Mapuches: 43 días de huelga de hambre
por Mauricio Buendía (Azkintuwe)
19 años atrás 8 min lectura
Por ello, por esa injusticia, es que un grupo de presos políticos mapuche de la cárcel de Angol iniciaron una huelga de hambre el 13 de marzo. Juan Huenulao, Patricia Troncoso, Patricio Marileo y Jaime Marileo, resolvieron comenzar el movimiento de carácter indefinido con el objetivo de exigir la libertad de todos los presos mapuche y, además, para demandar la revisión de los procesos en los cuales se les acusa.
Poluco Pidenco y la increíble "justicia"
Como ha sucedido en reiteradas oportunidades, el Ministerio Público, el gobierno y las empresas forestales, actuaron de consuno para intentar impedir el debido proceso de los acusados. De hecho, la jueza de Garantía que rechazó el carácter terrorista del delito que se les imputaba a los procesados, fue prontamente inhabilitada por la Corte Suprema. En este marco se realizó el primer juicio en agosto del 2004 al cual no se presentaron todos los acusados, pues consideraron que no estaban dadas las condiciones para un proceso justo.
En esa oportunidad fueron condenados José Huenchunao , Juan Millacheo, Patricia Troncoso, Jaime Marileo, y Juan Marileo a 10 años y un día por el delito de incendio terrorista, además se les obligaba a pagar una indemnización a la Empresa Forestal Mininco de 425 millones de pesos (Nota de la redacción: esto equivale a más de US$ 800.000). Es decir, a lo desproporcionado de las penas se le agregaba una sideral suma de dinero que, por cierto, ninguno de los detenidos está en condiciones de pagar, toda vez que son comuneros que perviven en las mismas condiciones de pobreza que la mayoría del pueblo mapuche.
El Ministerio Publico gastó alrededor de 20 millones de pesos en estos testigos que, de acuerdo a expertos, contravienen normas mínimas que garanticen un debido proceso. Aún así el juicio se realizó y los cinco detenidos fueron condenados, mientras los seis comuneros restantes optaron por no presentarse y sumirse en la clandestinidad, mas uno de ellos, Carlos Huenulao, fue eventualmente arrestado, sometido a juicio en abril del año pasado y condenado a 10 años y un día y a pagar una millonaria indemnización.
Sin embargo, para sorpresa de muchos, en este tercer juicio en relación al caso Poluco-Pidenco, el tribunal de Angol declaró la inocencia de los imputados al no formarse la convicción de su participación en los hechos y, además, de no compartir la calificación de terrorista del supuesto delito de incendio. Esta no es la primera vez que un tribunal falla a favor de mapuche acusados de delitos terroristas, es lo acaecido en la ciudad de Temuko, en julio del año pasado, cuando un grupo de dirigentes y comuneros mapuche fueron absueltos de la acusación de asociación ilícita terrorista. Ello, no obstante la intervención directa de la Corte Suprema orientando a los jueces del Tribunal Oral para que condenaran a los mapuche que ya habían sido absueltos por el mismo delito anteriormente. Entonces, pareciera existir, al menos en algunos jueces, la disposición a escuchar los argumentos esgrimidos por la defensa y los propios mapuche que son víctimas de un conflicto que jamás iniciaron y de delitos en los cuales no tuvieron participación.
Pero, varios de ellos continúan aún en prisión, pues son objeto de investigación en otros hechos. Además, lo insólito es que en el caso específico de Poluco-Pidenco, el tribunal de Angol analizó y valoró las mismas pruebas presentadas por el Ministerio Público para acusar y lograr la sentencia de los cinco detenidos actualmente en huelga de hambre. En otras palabras, en esta oportunidad fueron absueltos y liberados José Cariqueo y Juan Colihuinca, mientras que anteriormente fueron condenados Juan Huenulao, Patricia Troncoso, Patricio Marileo y Jaime Marileo. La misma causa, las mismas pruebas, pero dos sentencias distintas., por lo tanto algo funciona muy mal en la aplicación de justicia en territorio mapuche y al gobierno le cabe directa participación y responsabilidad en lo que allí sucede.
¿Qué dice el gobierno de Bachelet?
El nuevo gobie
rno de la Concertación ha señalado su disposición a no “criminalizar” las demandas mapuche, como sí lo hicieron sus antecesores, de la misma manera que ha manifestado su voluntad de proceder al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, sin embargo el Ministerio del Interior se hizo parte del juicio que acaba de culminar , por ende, el discurso del gobierno de iniciar una nueva relación con el pueblo mapuche no se condice con su accionar, puesto que se continúa aplicando la ley anti terrorista en el contexto de un conflicto social. En el marco de las 100 medidas urgentes prometidas durante la campaña presidencial, el gobierno ha enviado al parlamento una serie de proyectos de ley para ser discutidos y aprobados antes del 21 de Mayo, entre estos se encuentra el proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.
Esto pareciera ser congruente con el programa político del gobierno y con las promesas electorales, pero la rapidez con se pretendió aprobar esta nueva ley atentaba contra el debate serio y responsable y, por lo demás, es claro que no habían sido consultados los pueblos originarios. Finalmente – producto de la presión, fundamentalmente desde el pueblo mapuche – el proyecto fue temporalmente retirado por el gobierno. No obstante, lo más probable, es que se insista en el carácter unicultural de la sociedad chilena y en la naturaleza unitaria del Estado-nación chileno. Es decir, más allá que se pueda incluir a los pueblos indígenas en la constitución y constatar de esta manera su innegable existencia, no se reconocerán sus derechos colectivos.
Periódico Azkintuwe
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