Juan Guzmán: «Las leyes penales chilenas contra los mapuches son propias del fascismo»

El ex magistrado Juan Guzmán Tapia, quien procesó en Chile al dictador
Augusto Pinochet, afirmó en una entrevista con EFE que las leyes penales
que se están aplicando a los activistas mapuches son propias de un
régimen fascista.

"Son leyes que se heredan del sistema fascista que imperó durante la
dictadura" de Pinochet (1973-1990), afirmó el ex magistrado de la Corte
de Apelaciones de Santiago, quien agregó que la huelga de hambre que
mantienen 34 comuneros mapuches en cárceles del sur de Chile desde hace
72 días "es un sacrificio, una forma de inmolarse por un bien social
importante".

"Ellos están luchando con los medios que tienen para beneficiar a su
pueblo", declaró Guzmán, quien en 2008 participó en la defensa del
dirigente mapuche Héctor Llaitul, que tras permanecer 16 meses en
prisión preventiva fue absuelto de los delitos terroristas que se le
imputaban.

Como Llaitul, decenas de comuneros han sido procesados los últimos años
en Chile en el marco del conflicto que comunidades indígenas mantienen
con latifundistas y empresas forestales en la región de la Araucanía por
la devolución de lo que consideran sus tierras ancestrales. "Chile
todavía está en un proceso de retorno a la democracia incompleto, en la
medida en que continúen leyes como la Constitución que se dictó durante
el gobierno de Pinochet, a la que falta reformar en aspectos
fundamentales", aseveró.

Guzmán recordó que "la ley de conductas terroristas fue promulgada
durante la dictadura", y que "la utilización errónea de la justicia
militar también comenzó en esa época". "Con estas dos leyes se le
facilitó mucho el camino a la represión, teniendo fuera de circulación a
las personas que supuestamente eran enemigas del país o gente
revoltosa", explicó.

El pasado 12 de julio, 32 comuneros en prisión preventiva en las
cárceles de Angol, Concepción, Lebu, Temuco y Valdivia iniciaron un
ayuno para exigir a las autoridades que no les apliquen la ley
antiterrorista ni se les someta a un doble juicio (civil y militar).
Días después, el presidente Sebastián Piñera firmó dos proyectos de ley
para modificar estas normas, pero los comuneros mantienen la huelga
porque consideran que se sigue limitando su derecho a defenderse y a
tener un juicio justo.

Según el ex juez Guzmán, esas leyes deberían haber sido reformadas tras
el restablecimiento de la democracia, en 1990, "pero lamentablemente
sólo ahora se está hablando de ello, a raíz de la movilización que ha
habido por parte de los mapuches", afirmó. "Desde luego, la ley de
justicia militar no es aplicable" a los casos de los comuneros mapuches
en huelga de hambre, mientras que "la ley de conductas terroristas tiene
procedimientos terriblemente engorrosos y difíciles", e imposibilita el
otorgamiento de la libertad bajo fianza para quienes están a la espera
de un juicio, sostuvo Guzmán.

"Además -agregó-, se está creando una discriminación terrible, porque
los mismos hechos que en la Región Metropolitana (de Santiago) son
considerados como incendios, daños o estragos, en la Araucanía (la
región donde habita la mayoría de los 600.000 mapuches chilenos), son
castigados como hechos terroristas". Respecto a los cambios legales
impulsados por el Ejecutivo y que ahora se debaten en el Parlamento,
Guzmán dijo que "hay que modificar drásticamente estas leyes, y no
solamente retocarlas un poquitito".

"Tienen que hacerse enmiendas muy importantes en la tipificación de los
delitos, el procedimiento y la pena", recalcó Guzmán, quien añadió que a
veces "un espíritu casi justiciero por parte de los fiscales" propicia
montajes y falsas acusaciones de "testigos encubiertos" de los que luego
los imputados no pueden querellarse por falso testimonio. Por otro
lado, Guzmán criticó la "politización" de la Justicia española por
actuar contra el magistrado Baltasar Garzón, que se encuentra suspendido
de sus funciones en la Audiencia Nacional, en un caso en el que es
acusado de prevaricación.

"Me parece muy mal que se preste la Justicia a fines políticos, como se
está haciendo lamentablemente en un país tan importante como es España,
que a Dios gracias pudo salir de un sistema totalitario tan espantoso
como el que implicó la muerte de tantas personas", declaró Guzmán a Efe
en alusión al franquismo. A juicio de Guzmán, que hoy está retirado de
la judicatura y se dedica a la asesoría jurídica, "la Justicia española y
el juez (Luciano) Varela están considerando como prevaricación una
interpretación de la Ley de Amnistía de 1977".

"Es un error, eso no es prevaricación", opinó el ex juez de la Corte de
Apelaciones de Santiago. El Tribunal Supremo, la máxima instancia
judicial en España, confirmó el pasado 7 de septiembre que Garzón sea
procesado por un presunto delito de prevaricación por declararse
competente para investigar los crímenes durante la Guerra Civil española
(1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975). El juez
Varela había dictado con anterioridad un auto de apertura de juicio oral
por prevaricación contra Garzón, quien logró fama internacional al
procesar en 1998 al dictador chileno Augusto Pinochet.

"Nosotros, los jueces chilenos, interpretamos la Ley de Amnistía de 1978
(promulgada en plena dictadura militar para favorecer a los represores)
y estimamos que no era aplicable a los crímenes de secuestro o
desaparición forzada porque el delito se está perpetrando hasta que la
persona aparece", explicó Guzmán a Efe. "Esa interpretación y la
superioridad de los tratados internacionales sobre violaciones a los
derechos humanos por encima de las leyes (de un país) son las que aplica
correctamente Garzón", afirmó.
21 / 09 / 10

*Fuente: Azkintuwe