Con huelga de hambre PP mapuche exigen a Piñeira el fin de la ley antiterrorista

El lunes 12 de julio más de una veintena de presos políticos mapuche
encarcelados en Concepción y Temuco, comenzaron una huelga de hambre
líquida, emplazando al gobierno del Presidente Sebastián Piñeira a
abordar su situación, "tal como lo ha hecho con los presos de la
derechista disidencia Cubana", tema que ha ocupado grandes espacios en
la prensa chilena.
 
Siete de los presos en la cárcel El Manzano de Concepción están siendo
juzgados simultáneamente por la justicia civil y la militar, en clara
vulneración de sus derechos. Su decisión es un llamado a visibilizar los
montajes de los que han sido objeto, según acusan, a través de los
fiscales y la policía con la colaboración de la prensa. Alegan que se
les ha condenado en forma anticipada a través de los medios, que los
sindican como terroristas aunque ninguno de ellos ha estado involucrado
en hechos de sangre. Todos los imputados han participado en acciones
ligadas a recuperación de tierras ancestrales.

Existe un total de 57  presos políticos mapuche en la actualidad
(incluyendo 2 mujeres y 2 menores de edad), repartidos en cárceles
ubicadas en Concepción (El Manzano), Lebu, Los Angeles, Cañete, Angol,
Victoria, Traiguén, el Centro de Reclusión de Menores de Cholchol,
Temuco y Valdivia. Al sumarles los procesados con medidas cautelares, la
cifra se eleva a 96, según el informe 2010 de la Comisión Etica Contra
la Tortura. La entidad ha documentado el uso de la tortura en un número
importante de las detenciones practicadas.
 
Demandas de los huelguistas
Las demandas de los presos en Concepción y Temuco se centran en el fin
de la ley antiterrorista creada por Pinochet y de la justicia militar,
ambas legislaciones utilizadas hoy contra los mapuche; libertad a todos
los presos políticos mapuche encarcelados a lo largo de Chile y derecho
al debido proceso, sin utilización de testigos sin rostros, sin tortura
ni extorsión. Se manifiestan finalmente por la desmilitarización de las
comunidades y zonas mapuche constantemente allanadas por reivindicar
derechos políticos y territoriales.

Por la utilización de la justicia militar, Chile ya fue condenado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Palamara), en tanto que
organismos dependientes de Naciones Unidas han representado al gobierno
chileno en diversas oportunidades la inconveniencia de aplicar la
legislación antiterrorista a la lucha social. Los informes de los
relatores especiales han sido claros al respecto, pero el Estado chileno
hasta ahora no cumple las recomendaciones formuladas por esas
instancias.
 
Jueza Roa y abogado Schneider
Desde Temuco, a las demandas ya citadas, los presos políticos agregan en
un comunicado público que exigen la inhabilidad de la jueza del
tribunal de Lautaro, doña Haydee Roa, "por sus conocidos compromisos con
el poder político y latifundistas de la zona que la llevan a cometer
arbitrariedades". Los prisioneros denuncian que la magistrado "persiste
en su actuar injusto y racista" pese a haber sido amonestada de oficio
por la corte de Apelaciones de Temuco.

También postulan la inhabilidad del abogado querellante de la
intendencia, Alexander Schneider Oyanedel, por actuar simultáneamente
como defensor público y como querellante en el atentado al fundo San
Leandro de Lautaro, uno de los hechos de los que se acusa a los
imputados.
 
Ellos demandan asimismo "el encarcelamiento inmediato de los testigos
protegidos", por estar confesos de delitos investigados por la fiscalía.
Los presos políticos llaman "a nuestro pueblo Mapuche, al pueblo
chileno y a todos los pueblos originarios y oprimidos del mundo" a
solidarizar con sus reivindicaciones.
 
En Cañete
53 testigos sin rostro se preparaban para declarar contra los
prisioneros políticos en el juicio a realizarse en Cañete, ligado al
proceso de recuperación territorial de Puerto Choque, varias veces
diferido (la última fecha conocida era junio) lo que mantiene en prisión
por cerca de dos años a algunos de los imputados. La Corte de
Apelaciones de Concepción había confirmado recientemente a John Landeros
Salgado como el juez encargado de la preparación del juicio oral,
considerado un “mega juicio” por la cantidad de imputados (23 en total) y
la gravedad de las penas solicitadas. En ese juicio los abogados
defensores se aprestan a exigir la entrega de los nombres de los
testigos protegidos que inculpan a sus defendidos.
 
Estos comuneros enfrentan posibles condenas que van de los 10 a los 30
años de cárcel. Hay diversos precedentes anteriores en que luchadores
sociales mapuche han sido condenados a través de testimonios de testigos
sin rostro, aunque existen también algunas excepciones recientes en que
los jueces se han negado a considerar como válidas ese tipo de
declaraciones y pruebas. El werkén (mensajero) de la comunidad Newen
Mapu, José Pedro Millacheo, acusado de incendiar un camión forestal en
el sector rural de San Ramón, localidad de Pidima, fue absuelto el 7 de
julio en un juicio oral en Angol, luego de dos años de persecución que
incluyeron un período de clandestinidad y en total, casi un año de
prisión. El tribunal desestimó la prueba rendida por un testigo
protegido.

En declaración pública, por su parte, los familiares de presos políticos
recluidos en la cárcel El Manzano (Concepción) sostuvieron:
“Denunciamos  que Chile es el país que tiene la mayor cantidad de presos
políticos  miembros de un pueblo originario, lo que da cuenta del nivel
de discriminación y  racismo que aun prevalece en este país…. nuestros
familiares están frente a un juzgamiento político que responde a la
defensa de  grandes intereses económicos de los latifundistas, de los
dueños de las compañías hidroeléctricas, mineras y forestales, lo que
hace muy difícil nuestra tarea,  pues estamos en total desigualdad de
condiciones.”  Previo a la huelga de hambre, los familiares habían
solicitado la presencia  de observadores que contribuyeran  a
trasparentar esta última etapa del proceso judicial y a  lograr
“estándares adecuados que permitan al pueblo mapuche igualdad de
condiciones ante la ley frente a un sistema que los propios chilenos nos
han impuesto” .
 
– Visite el blog de la autora: Lucía Sepúlveda Ruiz