La sola lectura de titulares recientes de la prensa uruguaya transmite una sensación de vertiginosidad en el devenir político. Algunos acontecimientos pueden además ser sorprendentes cuando se lanza realmente la campaña electoral por intendencias y alcaldías. Algo de esta dinámica posiblemente se explique por el estreno del elenco ejecutivo y su intención de trazar los lineamientos de trabajo y los horizontes a perseguir. Aunque otro poco es producto del crujir de los apolillados marcos políticos vigentes ante movimientos de puertas apenas previstos y menos aún experimentados. Si algo sintético trataba de concluir de las reflexiones de las últimas contratapas es la traba estructural que representa para la transformación de las condiciones materiales de vida de la sociedad (aún gradual y acotada a un capitalismo de brutalidad atenuada o contenida) la arquitectura política que denominé liberal fiduciaria.
De manera casi telegráfica aclararé que no ciño esas condiciones materiales a la economía, sino que aludo a todas las formas concretas que adopta la vida real y concreta de los miembros de una sociedad. Desde el salario a la cultura y el conocimiento, desde el hábitat al erotismo y el disfrute del placer, desde la duración de la jornada laboral hasta la naturaleza y calidad del ocio, desde la salud hasta la participación en la toma de decisiones a nivel laboral, vecinal o nacional, entre tantas otras esferas del discurrir vital humano. Creo, consecuentemente, que la emancipación humana es mensurable y progresiva y relativamente factible como secuencia no lineal (no exenta de posibles caídas, saltos y retrocesos) de conquistas de este vasto tipo de condiciones materiales de vida. Acotar la emancipación a la exclusiva resultante salarial o inclusive a la transformación de las relaciones de propiedad, es empobrecer su significado. De aquí no se sigue que haya que desatender políticas de distribución e inclusive igualación de la riqueza material económica. Por el contrario, serán mucho más efectivas si se acompañan de estrategias de distribución de la riqueza simbólica, de la creación de derechos y libertades y de distribución del poder decisional, es decir, de participación ciudadana real y activa en la toma de decisiones.
Sin entrar en detalles y matices de un muy amplio abanico, las tradiciones de izquierdas han simplificado y empobrecido la utopía emancipatoria invisibilizando de este modo las desigualdades en la apropiación de símbolos, narrativas, identidades y poder decisional. Y este último, depende directamente de la estructura institucional, cuya superación obedece a los diseños alternativos que la imaginación política pueda darse. La ausencia imaginativa se cristaliza en el vigente régimen liberal fiduciario con el cual la estrechez economicista es solidaria, a través de la expropiación de la soberanía ciudadana que el sistema representativo ejecuta. A ello se añade el mítico evolucionismo histórico que supone una secuencia desde la revolución social a la posterior revolución política, si es que luego la hubiera. De este modo se desalienta toda transformación política radical y se refuerza simbólicamente la nefasta metáfora de relación subordinada entre la base y la superestructura. Por razones de tamaño, de acumulación de fuerza, experiencia y de consolidación en el poder, Uruguay está en condiciones de pergeñar y producir cambios institucionales profundos y creativos, al modo que en su momento logró el PT de Brasil en el Estado de Rio Grande do Sul y la ciudad de Porto Alegre, lamentablemente desaprovechados por el propio partido a nivel nacional de gobierno.
No es indispensable apelar exclusivamente al diseño como una apelación vanguardista o de sofisticación intelectual. La propia experiencia del Frente Amplio produjo y produce diariamente, brechas incómodas en las prácticas políticas, fisuras de mayor o menor magnitud, que expresan sintomáticamente un malestar o inadecuación de (al menos) algunos institutos del sistema político, que en ocasiones tratan de ser suturadas mediante posiciones públicas personales de sus referentes. Por ejemplo con la actitud de los legisladores y autoridades ejecutivas del MPP y otros componentes del Frente (con la posterior polémica y ruptura por el tope salarial). O a través del reconocimiento de Mujica de que es “mandado” por sus electores y se debe a ese mandato. Sin duda que ejemplos sobran y he intentado subrayar varios a lo largo de estas contratapas. Como sostenía Einstein, dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás sino la única. Pero es indispensable que una vez que el ejemplo cunde e impone admiración, se pueda pasar al debate de la naturaleza de cada aspecto involucrado en el incumplimiento o ruptura con el instituto o la tradición cuestionada. Para superar la dimensión acotada del gesto individual hacia la generalización política colectiva y transitar, en el caso ejemplificado, de la generosidad voluntaria individual a la exigencia común, mediante la posterior institucionalización. ¿Qué otra cosa es el salario de la clase política sino un instituto político? ¿Y qué otra cosa que un instituto escandaloso es un salario escandaloso?
Pero estos son sólo dos casos escogidos de la zafra reciente. Las estructuras crujen en varios puntos y niveles políticos, desde el electoral inmediato con la virtual reposición de la ley de lemas y la admisión pragmática de múltiples candidaturas en el Frente Amplio, o la resolución problemática de alguna de las cuatro candidaturas únicas a las intendencias. Y desde allí hasta aspectos de índole constitucional y hasta supraconstitucional como lo pondera el caso del juicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA contra el Estado uruguayo por la desaparición de María Claudia García y la supresión de identidad de su hija nacida en cautiverio clandestino.
La elevación a juicio, por intervención del poeta argentino Juan Gelman y de su nieta recuperada Macarena, vuelve a poner en primer plano dos dimensiones dramáticas en torno a esta ley. En primer término, su misma vigencia que contradice los más elementales principios de igualdad ante la ley, ocluye la recuperación de la verdad y consagra la impunidad de los más crueles y repugnantes criminales que ha tenido el Uruguay en toda su historia. No cejaré en señalar, reiterándome aquí nuevamente, que la derrota del voto rosado del pasado octubre fue la más ominosa genuflexión cívica de la sociedad uruguaya y un acto de cobardía sólo superado en magnitud por la de los propios esbirros beneficiarios de la ley que se envalentonaban en las mazmorras frente a indefensos. Aunque en segundo término y más grave aún, es el hecho de que la ley fue ratificada a través del más legitimo de los institutos de democracia directa como es el plebiscito, produciendo la más trágica de las paradojas: la superación de la delegación representativa (aunque será indispensable analizar en una próxima oportunidad las empastadas circunstancias de realización del comicio) y su sustitución por la decisión directa de la ciudadanía produce la mayor vejación a la vigencia de la igualdad cívica ante la ley. Quisiera tener el optimismo de Roger Rodríguez y por qué no el pragmatismo de López Goldaracena y Correa Freitas pero adelanto que además de cuestiones de principios sobre los institutos políticos utilizados y la magnitud y legitimidad de los sujetos involucrados en las decisiones, los argumentos jurídicos de Korseniak parecen irrefutables. Por más razón que les asista a los representantes, que en este caso es indudable, jamás se puede aprovechar de manera oportunista la evaporación del lazo representativo para sustituir de este modo, la voluntad y mandato de sus representados.
El espacio aconseja dejar para una próxima oportunidad la discusión más detenida sobre las posibles soluciones a esta horrenda encerrona. Sólo señalar que no considero, como parece deslizar Macarena en un reportaje, que la convocatoria al plebiscito haya constituido un error. Jamás podría serlo porque no hay instituto más directo y adecuado para la adopción de decisiones por parte de la ciudadanía, mucho más aún cuando adquieren esta trascendencia. Su resultado repugna tanto la razón como los más hondos sentimientos. Mas los errores no hay que buscarlos en el instituto sino en el carácter del trabajo político desarrollado (o su ausencia) y la oportunidad en la amañada convergencia con las elecciones legislativas nacionales y presidenciales. Menos aún es un error la acción que nieta y abuelo emprenden ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por el contrario, esta actitud constituye un tábano fundamental para mantener despiertas las caballerizas de la dignidad y tal vez para impulsar un debate amplísimo sobre la futura arquitectura política y la propia constitución a la luz de esta calamidad.
Las últimas líneas no podrían eludir las alusiones del Presidente Electo sobre las posibles condiciones de detención de los ancianos criminales. Nadie puede negarle a Mujica el derecho personal al sentimiento compasivo ni tampoco a expresarlo. Pero no lo tiene para hacer del sentimiento una política. Para eso nadie es electo.
– El autor es profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. cafassi@mail.fsoc.uba.ar
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