El salario ético no tiene nada de nuevo: la Encíclica Rerum Novarum, de 1891, hablaba de salario justo; la Quadresimo anno planteaba la sociedad corporativa en reemplazo del liberalismo; la Memoria de título de Eduardo Frei Montalva planteaba la superación del salario; toda la doctrina social de la iglesia rechaza al liberalismo como una ideología inhumana y materialista. Sólo el extraño matrimonio entre el integrismo conservador y el neoliberalismo, en el período de Augusto Pinochet, pretendió amalgamar ambas concepciones del hombre – conservantismo autoritario más neoliberalismo-.
Mi amigo Jorge Vergara, a quien he solicitado en más de una ocasión que trate de vulgarizar el tan discutido neoliberalismo, aplicándolo a la realidad chilena y permitiendo, así, ubicar bien el debate sobre el reemplazo del modelo, escribió en la revista Polis un artículo muy interesante sobre la concepción del Estado de derecho, según Hayek; el él plantea que el neoliberalismo pretende ser el heredero auténtico de la concepción de Adam Smith: el Estado debe garantizar el derecho de propiedad y no intervenir en las actividades económicas. Para Hayek, debe haber igualdad ante la ley y el acceso a la justicia; para ambos pensadores no deben existir privilegios propios de la sociedad estamental, destruidos por la burguesía, a partir de la Revolución Francesa. El Estado, al máximo, puede garantizar el respeto de los contratos y transacciones económicas. El mercado es una entidad perfecta, omnisciente y omnipotente y el estado no debe intervenir, por ningún motivo, para beneficiar, por medio de subvenciones, a los derrotados en la lucha económica.
El neoliberalismo es la expresión más radical del determinismo y del darwinismo social: sólo sobreviven aquellos individuos que son aptos para manejarse en esta lucha a muerte por la rentabilidad. Claro, a veces ocurre que los especuladores construyen burbujas que, al desinflarse, provocarían crisis y quiebras, y es en esos momentos cuando recurren a los Bancos Centrales de loas distintos países para que inyecten dineros y bajen las tasas de interés, salvándolos de la hecatombe. Esta situación no tiene nada que ver con el mercado perfecto, visualizado por Hayek.
El régimen político poco importa a los neoliberales, pues lo único que les interesa es que garantice el desarrollo del mercado y no intervenga en él. Si bien Hayek, como sostiene Vergara, se opuso al nazismo no porque fuera autoritario, sino porque era intervensionista en economía. Los neoliberales no tuvieron ningún problema en apoyar la dictadura de Pinochet, a pesar de atropellar los derechos humanos, pues dejaba al mercado actuar libremente y con su venia. Los regímenes políticos son meras estructuras sin trascendencia y no les incumbe si hayan sido autoritarios, cesaristas, bonapartistas, parlamentarios, presidenciales o semipresidenciales; el ciudadano real no es el que vota en las elecciones, sino el accionista que compra, vende, contrata o permuta.
Es cierto que nadie, con un mínimo de sensibilidad social, puede sentirse retratado en esta visión materialista del ultramercadismo – Por cierto que hay tendencias mucho menos radicales que las de Hayek, que permiten la intervención del Estado subsidiario por intermedio de ayudas focalizadas hacia los más pobres, para evitar su muerte por hambre, o la rebelión contra la inequidad. Por cierto, pocos concertacionistas abogan por un totalitarismo de mercado: la mayoría habla de economía social de mercado, es decir, el estado interviene apoyando a los más pobres. La verdad es que a pesar de los éxitos proclamados en las políticas contra la pobreza, aún un 75% de los chilenos gana apenas 500 dólares, siendo el ingreso per capita más de 5.000 dólares.
Así planteada la realidad del mercado, un nuevo pacto social exigiría medidas radicales, por parte del Estado, ya bastante minimizado. Durante hemos asistido a una mini rebelión por parte de los empresarios, cuando el Ministro del Trabajo plantea algunas justas reformas al régimen salarial, a la sindicalización y al arbitraje. Imagínense, queridos lectores, si por azar se emprendieran reformas importantes, que no se refieran a la focalización del gasto social, sino a cambios del sistema tributario, como la rebaja a un 7% del Iva a los productos básicos – como lo proponen algunos diputados – y se aumentara, como lo creo de justicia, el Iva para los productos importados, que están a precio de huevo a raíz del desplome del dólar –por ejemplo los automóviles, los plasmas y otros productos de sofisticada tecnología -, menos aumentar el royalty a un 10%, no sólo para el cobre, sino también para la celulosa los salmones y las forestales. Estoy seguro de que los grandes empresarios, el grupo de presión más importante de este país, jamás aceptarían un impuesto patrimonial, como el que se aplicó durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, mucho menos el alza del impuesto a las ganancias que, en la tan admirada Finlandia, asciende a casi un 50%, sin que este tributo haya destruido boyante economía. Como decía Rousseau, el pensador del Pacto social, “los hombres nacen libres, pero están por todos lados encadenados”. Por cierto que sin un esfuerzo por parte de los empresarios y un cambio en las cargas fiscales, es impensable un pacto social, que sólo terminará reducido a la manifestación de piadosas intenciones.
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