«El asesinato de Camilo Catrillanca no puede quedar impune, ni limitado a las responsabilidades del personal policial»

1. El asesinato de Camilo Catrillanca no es un hecho aislado ni fortuito ni de connotaciones delictuales, como se ha querido plantear, sino que es la materialización de una decisión política tomada por la autoridad civil de militarizar la actuación policial en territorio mapuche. Esta ha sido una política implementada por las autoridades gubernamentales desde hace años y que el actual Gobierno ha profundizado al tomar la desafortunada decisión de crear una unidad especializada en Carabineros con entrenamiento militar en Colombia (“Comando Jungla”).

2. Frente a actos delictuales el Estado tiene el deber de investigarlos y sancionarlos adecuadamente en el marco del Estado de Derecho, pero eso no habilita a la autoridad para actuar fuera de las regulaciones constitucionales e internacionales que fijan el marco de legitimidad de la actividad punitiva del Estado y, particularmente, del uso de la fuerza letal. En ese sentido, la creación y actuación de este grupo policial militarizado, ampliamente difundido por autoridades políticas, fue criticado en su momento por el riesgo que creaba de generar situaciones que tuvieran como resultado un uso letal de la fuerza por parte de Carabineros. Entrenar fuerzas policiales bajo parámetros de un conflicto armado, como el colombiano, desvirtúa su actuar en un Estado de Derecho y genera situaciones de riesgo desproporcionado para la vida e integridad de las personas y, particularmente, para los miembros de comunidades mapuche que han sido sistemáticamente violentadas y estigmatizadas, como ocurre con la comunidad Temucuicui a la que pertenecía Camilo Catrillanca.

3. Frente al asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, lo que procede es que se lleve adelante una investigación independiente y con perspectiva de derechos humanos, que aclare todas las responsabilidades del caso y de haberse incurrido en algún ilícito penal y/o administrativo, se apliquen las sanciones correspondientes. Además, el Estado de Chile debe reparar a la familia y a la comunidad de la cual la víctima era parte.

4. Sin perjuicio de las eventuales responsabilidades penales y/o administrativas que surjan como consecuencia de este caso, también hay responsabilidades de tipo político que deben asumir quienes han tomado la decisión de militarizar la respuesta policial en el marco de las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche. Un hecho de esta gravedad no puede quedar impune ni quedar limitado a las responsabilidades del personal policial que participó en los hechos que terminaron con el asesinato de Camilo Catrillanca, sino que se deben asumir las consecuencias políticas de la militarización del territorio mapuche. Este es un imperativo mínimo para restablecer la legitimidad de la respuesta estatal en la zona y erradicar la violencia y discriminación étnica de que es víctima el pueblo mapuche.

5. Los abajo firmantes condenamos estos graves hechos, y reiteramos nuestro llamado a todas las autoridades del Estado para poner fin a la violencia y a la militarización del territorio mapuche y a actuar con responsabilidad frente a los miembros del pueblo mapuche y garantizar plenamente sus derechos individuales y colectivos, conforme a las obligaciones constitucionales e internacionales vigentes en materia de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Es responsabilidad del Estado de Chile y, particularmente del Gobierno, evitar una escalada de violencia que hechos de la naturaleza de los aquí denunciamos están provocando en la zona.

6. Finalmente, extendemos el más sentido pésame a la familia de Camilo Catrillanca y a su comunidad.

Santiago, 15 de noviembre de 2018

Firman