El Sahara Occidental y el acuerdo de pesca UE/Marruecos

Cuando España se incorporó a la CEE, el 1 de Enero de 1986, este organismo asumió el Acuerdo de pesca firmado en agosto de 1983 entre Fernando Morán, Ministro de AAEE, en el Gobierno de Felipe González y homónimo, Mohamed Boucetta, vigente hasta que se hizo firme el primero plenamente comunitario de 1988.

Cada cuatro años se han ido prorrogando los acuerdos pesqueros, no sin tensiones entre los europarlamentarios de Estrasburgo, como quedó de manifiesto el 14 de diciembre de 2011 cuando el Parlamento Europeo, por mayoría, se negó a prorrogar el Acuerdo de Pesca de 2006. Las pegas que manifestaron los europarlamentarios para dilatar la firma fueron de diversa índole: políticas, se aplicaba a las aguas del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos; ecológicas, sobrexplotación de los caladeros; económicas, demasiada inversión para tan poca rentabilidad y sociales, los fondos de la UE no iban en beneficio de la población saharaui autóctona.

El Protocolo de pesca vigente hasta julio de 2018 se aprobó en diciembre de 2013. Durante cuatro años se permite faenar a 126 buques pesqueros, de los que 100 son españoles, en aguas marroquíes y saharauis, a cambio de 30 millones de euros anuales que se pagan al Gobierno de Marruecos. A favor del Acuerdo se manifestaron 310 europarlamentarios, hubo 50 abstenciones y 204 en contra, aquellos que consideraban una ilegalidad, contraria al Derecho Internacional, incluir las aguas del Sáhara Occidental, Territorio No Autónomo ocupado militarmente por Marruecos.

El Tribunal de la UE ha dictado, recientemente, dos sentencias históricas y que hacen justicia a la causa del pueblo saharaui. Ha sido un buen colofón a las presiones ejercidas por las Asociaciones de Amistad con el pueblo saharaui de toda Europa y el intergrupo del Parlamento Europeo de apoyo al pueblo saharaui, cuya vicepresidenta es la española, Paloma López Bermejo; mientras tanto los gobiernos de los distintos países, mantenían un evidente silencio si no, como en el caso del español, posiciones favorables al país ocupante.

La primera sentencia, del 21 de diciembre de 2016, asegura que el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación, así como que el Frente Polisario es el único representante reconocido del pueblo saharaui y es quien tiene el consentimiento de la ONU para explotar los recursos del territorio ocupado, no Marruecos.

La segunda sentencia, de 27 de febrero de 2018, respondía a la demanda de la ONG británica Wester Sahara Compaing UK sobre la licitud de la importación de productos procedentes del Sáhara Occidental con etiquetado marroquí. La respuesta es tajante: las aguas del Sáhara Occidental ocupado no forman parte de la zona de pesca marroquí, luego Marruecos no puede comercializar esos productos como si fueran propios.

Si bien la ultima sentencia hace referencia a los productos pesqueros expoliados por Marruecos en aguas saharauis (es normal ver, en  muchas de las grandes superficies españolas, latas de sardinilla, caballa o pulpo envasado de Dhajla, antigua Villa Cisneros, con el sello de procedencia marroquí), por extensión, la sentencia se puede aplicar, también, a productos hortofrutícolas, como tomate o judía verde, cultivados en invernaderos del Sáhara ocupado y que están inundando los mercados europeos, a muy bajo precio.

Amén de estas dos sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, es cada vez más frecuente ver noticias en los medios de comunicación de casos de expolio de recursos del Sáhara por parte de Marruecos. Así la sentencia de la justicia sudafricana a favor del Sáhara en el caso de las 54.000 toneladas de fosfatos extraídos en BuCraa por empresas marroquíes que fueron interceptadas en  el puerto de Port Elizabeth. También, la denuncia contra el buque que, en mayo del 2017, desembarcó 4.300 metros cúbicos de arena saharaui en el puerto de Palma. Estos son tan solo un par de ejemplos.

El banco pesquero más importante del mundo sobre todo de cefalópodos y sardina (9.000 toneladas de pulpo anuales salen de sus aguas), enormes reservas de un fosfato de extraordinaria calidad, arena, petróleo… esas son las credenciales del Sahara Occidental. Solo necesita poder gestionar sus recursos y que reviertan en beneficio del pueblo saharaui. Y esto solo será posible cuando la presión internacional obligue a Marruecos a desbloquear el referéndum de autodeterminación pactado con el Frente Polisario en 1991 y que ha dinamitado desde entonces.

Las sentencias sobre la  explotación ilegal de los recursos del Sahara Occidental, puesto que Marruecos y el Sahara Occidental son territorios distintos y separados conforme al Derecho Internacional, no hacen más que certificar la ilegalidad de la ocupación marroquí iniciada en 1975 con la Marcha Verde y la aquiescencia del último gobierno de la dictadura asumida por todos los gobiernos de la moderna etapa democrática.

Marruecos hizo una apuesta  muy fuerte al todo o nada cuando, en los estertores del franquismo, solicitó a la Corte Internacional de Justicia que dictaminara a favor de sus derechos históricos sobre el Sahara Occidental apelando a la tesis del Gran Marruecos, invento de EL Fassi, fundador del partido nacionalista Istliqal. La respuesta negativa del Tribunal, en el sentido de que no se podía hablar de vínculo de soberanía alguno de Marruecos sobre la población saharaui debería haber bastado para impedir la ocupación con solo aplicar el capitulo VII de la Carta de Naciones Unidas. En vez de ello, se optó por la vía contemporizadora del capitulo VI y los resultados están ahí. Un Marruecos que desoye todas las resoluciones internacionales contra la ocupación y explotación ilegal de recursos ajenos, apoyado por una incondicional Francia que tiene enormes intereses económicos en una zona casi en su totalidad francófona y con el privilegio de contar con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La sentencia, por lo tanto, cambia sustancialmente los actores de la explotación de los recursos del Sáhara Occidental; ahora quedarán en manos del Frente Polisario único representante internacionalmente reconocido del pueblo saharaui.

Por otra parte, el Gobierno español debería apresurarse a negociar con el Polisario y, consiga o no acuerdo, ha de tener claro que soporta la obligación de garantizar que este pueda disponer de las riquezas del territorio; España es todavía el estado administrador de su antigua colonia, el Sáhara Occidental, hasta que no se concluya el proceso de autodeterminación. Y esa defensa del pueblo saharaui y de sus intereses ha de hacerla el Gobierno español, sin temor a la reacción marroquí que tendrá que combatir en el terreno de la diplomacia o, en otro caso, con la fuerza que argumentan la razón y la justicia.

El autor, Francisco Gozalo Viejo, es Miembro de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Segovia