Mapuches: «Se venden tierras con los indios adentro»

Desde el arribo del imperialismo español al continente americano hasta hoy, los mapuches y sus siguientes generaciones pudieron mantenerse con vida. Sin embargo, para comprender cómo lograron subsistir a través de los siglos ante los embates de la conquista europea y, posteriormente, la conformación de Argentina y Chile como Estados nacionales, es necesario entender la composición de estas comunidades indígenas.

A diferencia de otros colectivos sociales multitudinarios donde la dirección recae en una sola persona, como por ejemplo el catolicismo con el papa, o en un país democrático con su respectivo presidente, canciller o primer ministro, en el pueblo mapuche no existe una voz de mando superior, por eso resultó imposible su desarticulación. O, mejor dicho, su exterminio.

Haciendo patria, antes que Argentina y Chile

El periodista argentino Adrián Moyano, autor del libro ‘Crónicas de la resistencia mapuche’, se inclina por esta idea: «El argumento que explica esa resistencia es la falta de centralización política, distinto a otros pueblos que residieron en lo que hoy conocemos como América. Cuando llegaron los españoles al territorio mapuche, aproximadamente en 1540, no encontraron cabezas que cortar. Al contrario, se toparon con un ejercicio multitudinario de la soberanía en muchas agrupaciones que no reconocían un liderazgo único. Los españoles podían pactar con algún ‘Lonko’ —referente de alguna comunidad—, pero había muchos más dispuestos a sostener su independencia y libertad».

Este vasto y diverso grupo social se compone de cientos de comunidades que respetan sus propios sistemas de organización y representatividad, dispersas en Argentina y Chile. A priori, podría pensarse que sobrevivieron a la invasión europea porque los visitantes focalizaban su poder en Perú, debido a su claro potencial extractivo vinculado a la minería —de ahí la famosa frase regional, cuando se compra algún producto costoso de ‘me cuesta un Perú’—. Es frecuente escuchar que el Cono Sur no era muy trascendental en el marco militar para los planes de España, a pesar de haber conformado el Virreinato del Río de la Plata en 1776.

 

Sin embargo, Moyano desestima esta hipótesis y sostiene que la supervivencia fue el resultado de una serie de sangrientos combates con los españoles y estrategias guerrilleras de los indígenas: «La Corona española se diseminó también en sectores donde no había riquezas materiales, desde la perspectiva de la minería en aquellos tiempos. Esto se debió a su intento por conquistar el territorio mapuche, de hecho, se fundaron siete ciudades al sur de Biobío, región de Chile. También hubo expediciones puntuales desde Buenos Aires hacia el corazón del territorio mapuche, al este de la cordillera. Estas ciudades florecieron de forma importante y hasta una generación española creció allí, pero hubo una gran insurrección aborigen hacia 1598 que los expulsó al norte de Biobío, a sangre y fuego».

En las escuelas y centros de estudios de Argentina poco se enseña sobre los enfrentamientos previos a la gesta revolucionaria de José de San Martín y Simón Bolívar, que comenzaba a vislumbrar la posterior independencia continental. Sean conquistadores o rebeldes que se opusieron al imperio, lo cierto es que la historia fue escrita por hombres blancos. Sin embargo, según relata el experto, que dedicó gran parte de su vida interiorizándose en la cultura mapuche, los indígenas tuvieron sus propias batallas patrióticas mucho antes de 1810, año en que se desató la Revolución de Mayo en Buenos Aires.

«En 1553 tuvo lugar la primera victoria significativa mapuche. Incorporaron varias innovaciones tecnológicas, aprendidas del invasor porque uno de los referentes estuvo cautivo en buena parte de su niñez y adolescencia. En 1570, las propias crónicas españolas describen que el pueblo mapuche impuso un escuadrón de caballería y fueron cambiando las formas de combatir», destaca Moyano. Además, agrega que «recién hacia 1620 los españoles, a casi un siglo de llegar, iniciaron una guerra donde estaban bien marcadas las fronteras indígenas». «Más cerca en la historia, fueron valoradas por militares de Buenos Aires y de la nación las capacidades mapuches y su conocimiento del terreno», añade.

 

Dos millones

El reportero explica que para mencionar a los mapuches «hay que hablar de pueblo, porque en el orden jurídico internacional los pueblos gozan de derechos distintos a las minorías y otros tipos de conformaciones societarias». A su vez, opina que sufren «una situación de sujeción colonial que se plasmó sobre fines del siglo XIX» por parte de Argentina, «con la Campaña del Desierto», y Chile, «con la Pacificación de la Auracanía». Sobre estos procesos para extender los dominios estatales en territorios indígenas, considera: «Esto se perpetró a través de un genocidio aún no aceptado por el Estado, entonces no puede ser reparado». Cualquier similitud con el Genocidio Armenio —donde se estima que murieron más de un millón de personas bajo el Imperio Otomano—, todavía sin ser reconocido por Turquía, es pura coincidencia.

Según los cálculos del especialista, en Argentina hay unas 60 comunidades en la provincia de Neuquén, 120 en Río Negro, 80 en Chubut y otros grupos con cantidades menores en Santa Cruz, La Pampa y provincia de Buenos Aires, aunque destaca que «la mayoría de ellos está en las ciudades». También suma un dato clave: «A grandes rasgos, a uno y otro lado de la Cordillera de Los Andes —frontera natural que divide a Chile y Argentina—, hay dos millones de personas que practican o se sienten parte de la cultura mapuche».

Indígenas vs medios

Fernando Jones Huala, hermano de Facundo —referente mapuche encarcelado desde el 27 de junio tras un pedido de extradición desde Chile—, se reúne con RT en un bar de la Ciudad de Buenos Aires. Está acompañado por Daniel Loncon. Ambos vinieron a la capital de Argentina en una especie de misión diplomática indígena, en su carácter de voceros de la comunidad Pu Lof en Resistencia del departamento de Cushamen, provincia de Chubut, al sur del país.

Aquel recóndito escenario, alejado del ruido capitalino, se hizo popular tras la desaparición forzosa de Santiago Maldonado; se encontraba en ese lugar la última vez que lo vieron con vida hasta que un operativo de Gendarmería irrumpió en la zona y desde ese entonces se desconoce el paradero del joven artesano.

Ambos están vestidos de un modo occidental (al igual que otros miles) y pasan completamente desapercibidos por cualquier ciudadano porteño, más allá de sus rasgos ancestrales. Tranquilamente se los podría confundir con los típicos estudiantes u oficinistas que suelen transitar por la puerta del café. Antes de comenzar el reportaje, Fernando solicita unos minutos para ponerse la vincha mapuche en la cabeza, símbolo característico de su identidad. O, al menos, así se muestra frente a la prensa.

Se lo ve cansado, no expresa ideas con tanta fluidez, a diferencia de su compañero. En los últimos días, muchos medios locales lo ridiculizaron por su pasado ‘flogger’, una moda fugaz que predominó en adolescentes con peinados y ropas excéntricas, sumado a un baile característico, que tenían como patrón común el simple hecho de subir fotos al sitio Fotolog, que causó furor. De esta forma interpelan sus raíces y le restan legitimidad a un reclamo territorial histórico. Sin embargo, el estigma no es un invento porteño: «Acá nos dicen chilenos, pero del lado chileno también dicen que los mapuches son argentinos, y que se vuelvan. Lo que sucede allí es el espejo de lo que ocurre en Argentina». La montaña divide el territorio entre ambos países, pero no su discriminación.

 

Jones Huala considera que «en Argentina hay más mapuches que en Chile, por la extensión territorial», y agrega que en las tierras trasandinas «se los acorraló» porque «el terreno es más angosto y se les hizo más fácil». En ambos lados de la cordillera, dentro del territorio ancestral, «prácticamente el 80% de la población es de origen mapuche», grafica, «pero no todos se reconocen como tal».

«El Gobierno busca un escenario que valide la represión»

Según le comentó Adrián Moyano a RT, los grupos originarios «reclaman la recuperación de su libre determinación y el derecho a su autonomía», y había detallado: «Así lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la ley 24.071 en Argentina y la declaración de derechos humanos de pueblos indígenas de Naciones Unidas, donde se habla claramente de varias cuestiones que están sobre el tapete en la Sudamérica de hoy».

En esa misma línea, Jones Huala puntualiza: «Al Estado le pedimos que reconozcan el genocidio contra los pueblos originarios y la ilegalidad que perpetúan al no cumplir las leyes que protegen el derecho indígena. Exigimos el cese a la persecución política e ideológica para los referentes.Deben mostrar soluciones concretas a este conflicto histórico». Por otro lado, arremete contra el Gobierno de Mauricio Macri: «Ellos buscan generar un escenario que les valide esta represión política e institucional».

 

Muchas preguntas surgen a partir de los históricos reclamos indígenas. En caso de que sus reivindicaciones prosperen, ¿cómo se distribuirían las tierras? Fernando responde: «No podemos hablar de hectáreas si no están dadas las condiciones previas. En su momento se sacarán los cálculos de cuántas extensiones corresponderán de acuerdo a la ubicación geográfica y al número de familias que se establezcan en el lugar».

Además, dice que «no es algo tan lejano ni complicado», pero va más allá: «Ya existen comunidades que viven en sus propias tierras, principalmente cerca de la cordillera, cultivando su propia comida y manteniendo costumbres y su autonomía, hasta incluso medicinal. Todo en su justa medida, porque también hay que convivir con el entorno». Y cierra su idea: «En las ciudades es difícil de imaginarlo porque no se trabaja para conseguir el alimento o el agua, se trabaja para conseguir la plata».

«Sabemos cómo Benetton se apropió del territorio»

Si antes el principal enemigo de los mapuches era el imperialismo español y su sed de sometimiento indígena, ahora la lucha es contra los grandes terratenientes y los distintos gobiernos que supieron desoír todas sus demandas, y también enfrentarlas. Puntualmente, el pequeño distrito de Cushamen presenta el contexto más llamativo, que tomó mayor resonancia tras la desaparición de Maldonado.

«El grupo Benetton compró aproximadamente 900.000 hectáreas, pero tiene cerca de un millón y medio. O sea, esas más de 500.000, ¿son un plus que apareció mágicamente?», bromea, pero el ‘werken’ (autoridad mapuche) sentencia: «Los que somos de la zona sabemos cómo se fue apropiando de las tierras: moviendo el alambre y modificando los planos. La mayoría de los espacios apropiados tienen un alto nivel de productividad».

 

Daniel Lonco suma antecedentes de esta injusta repartición: «En el 1900, después de la Conquista del Desierto, el Estado argentino dio algunos terrenos a comunidades. Pero eran tenencias precarias, con títulos a 20 años, y una vez vencido ese plazo pasaban a ser tierras fiscales administradas por el Gobierno. El gran negocio inmobiliario de la Patagonia también lo hizo el Estado, vendiendo muchas tierras a bajos precios. Así comenzaba el despojo de esas comunidades por parte de empresas».

Según explica, esta campaña militar se financió con capitales extranjeros, sobre todo ingleses, y «después llegó la repartija». «Todo figura en el Archivo General de la Nación, no es ningún invento nuestro», argumenta. Además, recuerda la vida de su padre: «Mi viejo empezó a trabajar en esos terrenos, que después en los ’90 se vendieron al grupo Benetton. Era peón de campo, arriaba miles de ovejas y vacas, pero nunca hablaba de sindicalismo o agremiarse. La UATRE —el gremio— iba y se comía un asado con los capataces y se volvían. Se trataba mejor a los animales que a los empleados».

Este grupo empresario tiene cerca de la comunidad «una especie de museo que muestra cómo eran los indios antes, con flechas y todo», señala, aunque ironiza: «A unos metros está a los tiros con los indígenas contemporáneos».

Cabe mencionar que en 2006 se sancionó la ley 26.160, que evita los desalojos en territorios indígenas y plantea hacer un relevamiento de estas zonas y sus comunidades. En noviembre vencerá esta legislación y el Congreso aún no garantizó su prórroga. Por su parte, Lonco estuvo a cargo de la recopilación de datos y notó que «hubo muchos corrimientos de los límites establecidos». Sobre ellos, ejemplifica: «Hubo varios alambrados en zonas donde no se sabía cómo estos nuevos dueños obtuvieron los terrenos».

«Se vendieron las tierras con los indios adentro»

El entrevistado desconfía de las instituciones que deberían inspeccionar la posesión de tierras en el país sudamericano: «En Chubut el encargado de controlar es el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, que administra toda la tierra pública en la provincia. No hace mucho tiempo tuvo a sus principales referentes procesados por venta ilegal de tierras», se alarma, y lanza más responsabilidades a la administración pública: «Hay que entender que para que los actores privados entren en este negocio, tuvieron que haber generado las condiciones burocráticas y administrativas para que suceda. Ellos sostienen que hacen todo en buena ley, porque el Estado los avaló».

 

Y suma: «En la Patagonia es muy común decir que ‘se vendieron las tierras con los indios adentro’, pero es literal. Lo vimos en muchas comunidades, donde siguen desarrollando su vida pero no saben que están dentro de un predio mucho mayor que está en venta en alguna inmobiliaria de la capital u otra parte del mundo». En este entramado inmobiliario, hay muchos artilugios denunciados por cientos de activistas del sur argentino. El más conocido es la quema de bosques nativos protegidos por ley, que una vez cometido el atentado, pierden su amparo legal: «El gobernador Mario Das Neves había denunciado públicamente a Facundo Jones Huala por eso, pero después no hizo ninguna presentación judicial. Se lo criminalizó y condenó socialmente como el desalmado y responsable de esos incendios, pero nadie le consultó al gobernador quién fue el culpable. Fueron intencionales, con el fin de que en cinco o diez años esas tierras se puedan lotear y vender».

¿Cómo se producen tantos ilícitos en torno a un mismo problema? ¿Acaso los mapuches no tienen acceso a la Justicia? «Hay antecedentes de reclamos judiciales hechos por las comunidades, pero todos se pierden en vencimientos de plazos, trabas burocráticas o por el simple hecho de que casi no hay abogados abocados a esta clase de conflictos», resume Daniel.

El vocero de Cushamen piensa que este es «un problema político y el Gobierno responde con represión», y explaya: «Hoy el emergente es la desaparición forzosa de Santiago Maldonado, pero la causa de fondo es la lucha mapuche por las tierras, contra el latifundio». Mientras la entrevista se extiende del tiempo estipulado, y Daniel nota que ya no podrá atender a otros periodistas, vocifera: «Si la disputa por la tierra no se resuelve, tememos que haya muchos más Santiagos.Nuestro pueblo está consciente y va a seguir luchando por estos espacios. A medida que más gente lo va comprendiendo, más se van solidarizando. Muchísimas personas se están sumando».

«Somos terroristas de ideas»

El representante mapuche sigue reflexionando: «Tenemos muchos muertos y desaparecidos con el trasfondo de las tierras. Si Santiago hubiese sido mapuche, esto hay que decirlo, no hubiésemos tenido a 250.000 personas reclamando en Plaza de Mayo». Y también justifica el motivo de su visita a la ciudad, para difundir su mensaje: «Los medios, con su deformación de la realidad, dijeron que queremos un Estado aparte, independiente, separatista. En 2009 algunos periodistas nos preguntaban si queríamos una balcanización de la Patagonia. El reclamo territorial tiene que ver con la lucha contra el latifundio, extractivismo y la apropiación de las tierras por grandes corporaciones. Nosotros decimos que somos terroristas de ideas».

Por otro lado, interpela a los lectores: «¿Qué pensaría la población argentina si dijéramos que nos olvidemos de la Guerra de las Malvinas o los 30.000 desaparecidos por la dictadura?». Y profundiza: «Así como se habla del Holocausto judío o del Genocidio Armenio, la sociedad debe preguntarse por el genocidio originario. Esto no empieza con la dictadura, antes hubo campos de concentración, hasta en la Isla Martín García, allí se inauguraron crematorios. Hubo deportaciones masivas de nuestra gente a los ingenios azucareros de la provincia de Tucumán, incluyendo la separación de hombres y mujeres en un claro atentado étnico. Un ‘etnocidio’. Hubo una serie de atrocidades cometidas hacia nuestro pueblo, pero parece que el Estado hoy no lo ve».

Mientras bebe un vaso con agua, recibe un mensaje con información alarmante: «Hay gendarmes en el gimnasio del Maitén —una localidad sureña—, la zona sigue militarizada. Se movieron unos kilómetros, pero siguen ahí». También añade un dato de color: «Un fiscal ya dijo que hay más seguridad privada en esta clase de estancias que para el resto de la población».

Mapuches reprimiendo mapuches

Los altercados entre los activistas y las fuerzas de seguridad son frecuentes, pero algunas prácticas reflejan absoluta crueldad: «Cuando hay tensión y acciones de protesta, la jefatura de Policía manda a sus efectivos mapuches en la primera fila y se generan momentos de insultos. ‘Vos sos tan indio como yo’, les gritan a los uniformados». También relata que en la comunidad de Nahuel Pan —otra pequeña localidad— es famoso el reclutamiento que hace el ejército para el servicio militar. «El tema es que después los mandan a desalojar a sus propias familias. Eran sobrinos desalojando a tíos y nietos desalojando abuelos, en algunos casos hermanos también. Esa grieta todavía no se puedo zanjar», describe.

En el marco educativo también se desarrollaron maltratos de todo tipo: «Para el Estado, el indígena siempre fue como un menor de edad que no puede decidir, entonces decide sobre nosotros. La cuestión del padrinazgo, que te obligan en cuarto grado a jurarle a la bandera, y otras cuestiones que niegan tus orígenes y te hacen perder la identidad, es muy perverso. A mi vieja, cuando la castigaban en la escuela, la llevaban a la esquina con una bolsa de maíz en las rodillas. Era muy común que cuando alguien hablaba en idioma mapuche, lo azotaban con un puntero. ‘Poné la mano. ¡No hables como indio!’, le decían. Eran torturas en el ámbito escolar».

¿Qué se puede esperar?

Para planificar una nueva distribución territorial hacia los pueblos que habitan la zona desde mucho antes que el hombre blanco, o mejor dicho, que el Estado devuelva algunas de las tierras arrebatadas, es necesario saber cuántos terrenos serán considerados, sus extensiones y la cantidad de familias que los pretenden. A 11 años de haberse sancionado la legislación que promueve este análisis previo, fundamental para conocer el posterior campo de acción, solo «se llevó a cabo alrededor del 50% del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas».

 

El dato es confirmado por la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Jimena Psathakis, quien acaba de tomar el cargo, aunque aún no asumió de forma oficial. «El cambio de dirección se debió a un movimiento interno del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos», dijo un vocero de su equipo de prensa. No es un puesto fácil de ocupar, la tensión aumentará, a menos que se atiendan las demandas.

Consultada para este artículo, la funcionaria informa que «de las 1.600 comunidades identificadas en todo el país, existen 824 que tienen concluido o iniciado el proceso del relevamiento», y detalla que «423 casos» finalizaron el informe mientras que «401» todavía se están desarrollando. Además, explica que «durante el 2016 y el primer semestre de 2017 se llevaron a cabo 114 relevamientos territoriales en distintos lugares del país».

Sin embargo, RT le hizo la siguiente pregunta: ¿De qué manera actuará el instituto frente al histórico reclamo indígena de posesión de tierras ancestrales? A lo que Psathakis contesta: «Si bien la Ley 26.160 es de emergencia, ya que suspende los desalojos de las comunidades indígenas, el derecho a la posesión y propiedad comunitaria está consagrado en la normativa nacional y en los tratados internacionales ratificados por Argentina».

Y finaliza: «Esta legislación de emergencia insta al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, pero no resuelve la cuestión de fondo que es la regularización dominial de la propiedad comunitaria aborigen. Hay diferentes proyectos de prórroga de la Ley 26.160 que están siendo analizados en el Congreso de la Nación. Somos optimistas con que se pueda llegar a una solución favorable para los pueblos indígenas».

¿Y ahora? El conflicto territorial está muy lejos de resolverse.

*Fuente: Actualidad RT