El falaz argumento del reparto universal de las culpas

En su idiosincrático libro de 1998, titulado EL CHILE PERPLEJO, el historiador liberal Alfredo Jocelyn-Holt, hace las siguientes perceptivas observaciones acerca del informe de la Comisión Rettig, que merecen ser recordadas una vez más aquí:  

“El INFORME DE LA COMISION VERDAD Y RECONCILIACION (1991), fue, es, un texto ideológico, funcional a una coyuntura política precisa: la que exigía, por cierto, una solución jurídica y política pero que derivó a lo más en una proposición moral. Partió del reconocimiento dual que por un lado no se tenía la juridicción sobre los casos investigados  -el consenso no llegaba hasta ese extremo- pero que así y todo no se podía obviar lo evidente: alguien tenía que pagar, alguien tenía que asumir cierta responsabilidad.

La solución a la que se llegó tuvo un carácter meramente ceremonial, ritual, jurídico-legal y moralizante. El chileno es amante del derecho aunque a veces lo confunda con la moral. En efecto, el INFORME se planteó como un documento de Estado en que reconocía que el mismo Estado había incurrido en excesos, planteamiento que a lo más serviría para efectos de indemnización de los deudos de las víctimas. Conste que se dejó fuera la tortura (¡) A su vez, no pudiendo o bien no queriendo, no asignó culpas individuales específicas, salvo la singularización de Carlos Altamirano, lo que en realidad fue una canallada, toda vez que había nombres de sobra que se omitieron. A cambio de lo cual se optó por repartir las culpas. En palabras del entonces Presidente de la República luego de leer el informe: ‘Es la sociedad chilena la que está en deuda con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos’. En efecto, la Comisión prodigó a todos nosotros la culpa. Pero curiosamente, y es esto lo que me interesa destacar ahora, la repartió tan profusamente que a la larga nadie resultaría específicamente responsable, sin perjuicio de que magnificó sin embargo esa extraña e indefinible sensación  de que se nos quería y se nos quiere todavía hacer creer que: todos, todos nosotros –según el INFORME RETTIG- somos culpables. De ahí que el mismo Aylwin, quebrando la voz –el poder parece que a veces sensibiliza-, pidiera ‘perdón’, haciendo caer sobre [todos] nosotros la ‘culpa’ histórica.

Dicho recurso me parece una manera solapada de salvar el escollo.”(1)     

Creemos de suma importancia recordar hoy estas palabras de Jocelyn-Holt , luego de que el ex general Cheyre hiciera sus recientes declaraciones, en las que bajo un lenguaje confuso, alusivo y metafórico, se vuelve a emplear la vieja y astuta argumentación derechista  del reparto universal, tanto de las culpas o responsabilidades del Golpe, como de los crímenes y atrocidades cometidos bajo la dictadura pinochetista. Por cierto que este es un  argumento falacioso, es decir, uno que tiene la apariencia de ser verdadero pero que en realidad no lo es. Trataremos de explicar esto con la ayuda de una comparación histórica.

Se ha sostenido que las responsabilidades  del ascenso de Hitler al poder en 1933, y de las atrocidades y genocidio cometidos posteriormente por los nazis, son compartidas, en mayor o menor grado, por la casi totalidad del pueblo Alemán. Algo hay de verdad en esta afirmación. Después de todo Hitler fue elegido por una enorme mayoría en votaciones democráticas, y tuvo, a lo largo de los 12 años de su régimen, un abrumador apoyo por parte de la población alemana, no sólo de Alemania sino incluso de varios países circundantes.

En realidad Hitler no hubiera podido hacerse del poder, y mantenerse en él por más de una década, si no hubiera contado con una gran base de apoyo popular, además de la “fuerza persuasiva” del Partido Nazi. Fue tarea de, Goebbels, su Ministro de Propaganda, ampliar y consolidar este apoyo, o impedir que disminuyera, cuando se fue cundiendo el descontento, incluso dentro del Ejército, ante la conducción  que Hitler le fue dando a la guerra, (como lo prueba la Conspiración de Von Stauffenberg, del 20 de julio de 1944, es decir, el intento de asesinar al Führer), al hacerse evidente, en 1943, luego de la aplastante derrota inflingida al ejército alemán en Stalingrado por las fuerzas del ejército soviético, que los nazis perderían finalmente la guerra. 

Como todo el mundo sabe, en el caso de Chile las cosas fueron claramente diferentes. El dictador chileno se hizo del poder por la fuerza de las armas, y nunca contó con el apoyo “popular” suficiente, que le hubiera permitido legitimarse por medio de elecciones verdaderamente libres y democráticas. De allí que ninguno de los que nos opusimos, de diferentes maneras, a su régimen de terror, tenemos la menor responsabilidad, ni en su usurpación del poder, ni en la duración de su régimen, ni en las barbaridades cometidas por su organismos represivos. Pero claro, los defensores del argumento de la culpa universalmente compartida nos replicarán  que nuestra responsabilidad se remonta mucho más atrás, porque los izquierdistas (y hasta los demócratas-cristianos) habrían contribuido de manera determinante a generar, varios años antes, las condiciones políticas y sociales que hicieron posible el gobierno de la Unidad Popular. Por cierto,  esta torcida representación de nuestra historia exige que el papel jugado por la  derecha chilena y al imperialismo norteamericano en este período sean dejados enteramente en las sombras.

Ahora bien, a partir de lo anterior podría concluirse que todos los que, por ejemplo, votaron por Allende desde 1952, o trataron de defender su gobierno constitucional y democrático ante el asedio de la conspiración interna, financiada y estimulada por Richard Nixon y Henry Kissinger desde la Casa Blanca, estarían manchados por una culpa de grado mayor,  lo que los haría doblemente co-responsables de las barbaridades cometidas por el gobierno militar. Porque ellos no sólo habrían contribuido a crear las precondiciones que harían posible la llegada de la izquierda al poder en 1970, sino que posteriormente contribuyeron a la defensa del gobierno popular, aunque fuera  mediante el uso de medios pacíficos. Aquellos que utilizaron cualquier forma de violencia para defender al gobierno, serían culpables como quien dice, en una tercera potencia.                               

Todas estas imputaciones de culpabilidad a quienes intentaron defender el gobierno de Allende por medio de recursos pacíficos, son, por cierto, enteramente falaces e insostenibles, porque ponen en el mismo plano moral las acciones políticas legítimas de millones de chilenos, y la conducta golpista y fascista de las FF.AA., durante 17 años completos. De allí la necesidad de postular la existencia del tan famoso como ficcional Plan Zeta, o de acusar al presidente Allende de promover la penetración izquierdista de las FF.AA, o de proteger el extremismo de izquierda. Porque se necesita de la combinación de todas estas fábulas para hacer creer a los incautos que el golpe militar en contra del poder y el orden legítimo el 11 de Septiembre de 1973 habría sido de algún modo moralmente justificable.

Pero, podría uno preguntarse, ¿cuánto pesaron las acciones políticas, violentas o pacíficas, de miles o millones de partidarios del gobierno de Allende, frente al odio y el empecinamiento criminal de Nixon  en destruir por todos los medios a su alcance la democracia chilena? ¿Cuánto pesaron las palabras y las acciones de los pocos extremistas de izquierda chilenos bajo Allende, frente al poder material de la potencia más poderosa del mundo, o frente a las campañas contra el Gobierno Popular, implementadas por el traidor a la Patria de Agustín Edwards, desde las páginas de El Mercurio? ¿Cuánto podrían haber pesado en la balanza de las supuestas responsabilidades colectivas por el Golpe y la dictadura, nuestras modestas acciones partidistas, frente el adoctrinamiento de las FF.AA chilenas, en EE.UU., en  las teorías maniqueas del anticomunismo y de la Guerra Interna? ¿Cuánto pesaron en la balanza de las responsabilidades históricas los millones de dólares yankis y germano-occidentales recibidos por los partidos derechistas chilenos, por la DC, por los camioneros, y por Patria y Libertad?  Como puede verse, con sólo formular estas preguntas se pone ya en evidencia la mentira de la teoría derechista del reparto universal de las culpas.

Pero lo más instructivo de este astuto argumento justificatorio de la irrupción fascista en nuestra historia reciente, es que es creído y compartido no sólo por Patricio Aylwin, sino también por la casi totalidad de los políticos de la Concertación, como lo demuestra el famoso “mea  culpa” hecho por el Senador Ricardo Núñez, en diciembre del 2004, en un “Seminario Militar sobre Derechos Humanos”, en presencia, entre otros, del general Cheyre, entonces Comandante en jefe del Ejército en servicio activo. Allí Núñez, refiriéndose a la crisis política  que desembocó en el Golpe del 73, declaró lo siguiente:

“Desde nuestra perspectiva, no cabe duda, hicimos una lectura equivocada de la situación, no entendimos el rol de la ideología en un sector importante de la sociedad, que no estaba en condiciones de aceptar la radicalización de la ‘vía chilena al socialismo’, que no quería seguirnos en nuestra propuesta de cambio, que deseaba seguridad por sobre el salto histórico que pretendíamos”.

“La prudencia y la apertura a otras fuerzas políticas a las que llamaba Salvador Allende no fue escuchada por nosotros… el golpe de Estado se hizo desgraciadamente inevitable”.(2)   

A continuación, ni corto ni perezoso, el Senador Hernán Larraín, otro egregio participante en aquel “Seminario”(otro Diablo vendiendo cruces), sacará sus cristalinas  conclusiones: “nadie puede decir que no tuvo responsabilidades en estos hechos, más allá de entender que hubo diversos grados y compromisos en lo ocurrido, y excluyendo a quienes fueron víctimas del mismo”.(3)

Mientras no se precise el grado exacto de responsabilidad de cada cual en la preparación y realización del Golpe, y en los 17 años de existencia de la dictadura, todos podemos dormir tranquilos.  

Si se examinan con algún sentido crítico las palabras de Ricardo Núñez citadas más arriba, puede verse como él ha abandonado aquí toda posición izquierdista independiente y adoptado enteramente el punto de vista de los opositores y enemigos de la Unidad Popular. Pues es como si dijera: “Los equivocados éramos nosotros (¿el Partido Socialista de entonces?), ustedes (Derechistas y golpistas), al buscar el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Allende, hicieron lo que no podían sino hacer”.
Pero, además, significativamente, en su  reveladora “mea culpa” Núñez omite el importantísimo “detalle”  de que estos “sectores” pro-golpe , por sí mismos, no hubieran conseguido detener el proceso de cambios liderado por Allende, sin el dinero y el apoyo incondicional del gobierno de Richard Nixon y sus agencias (la CIA, el Consejo para la Seguridad Nacional, el Pentágono y el Departamento de Estado) . Claro está,  declarar esto en aquel seminario hubiera sido considerado por la selecta audiencia como algo de muy mal gusto.

En cuanto a “la apertura a otras fuerzas políticas”, es decir,  a una posible alianza con la D.C. como un modo de superar la crisis de 1973, hoy es bien sabido que si aquel acuerdo no llegó a producirse no fue porque el P.S. lo haya rechazado, sino porque Aylwin, así como Frei, se oponían terminantemente a un entendimiento con la U.P. mientras secretamente privilegiaban la vía militar golpista.

Pero, se pregunta uno, ¿por qué concluye Núñez que al no encontrarse una solución política a la crisis provocada por la derecha y sus aliados el Golpe se habría hecho inevitable? En realidad el Golpe se había hecho “inevitable”, casi tres años antes, cuando el día 15 de septiembre de 1970, Richard Nixon, impulsado por Agustín Edwards, ordenó a la CIA que se pusiera a la tarea de iniciar una operación encubierta  con el fin de impedir que Allende, recién electo, llegase al poder (4).          

He aquí, entonces, la clave interpretativa de las recientes declaraciones de Cheyre: la doctrina de la culpa compartida. Su llamado al gobierno a “sacarse la careta” con respecto a las FF.AA. equivale a reafirmar un “acuerdo de caballeros” [Lagos –Cheyre], que ya no se estaría  respetando. Es decir, se trataría de volver al “statu quo ante”, en el que tanto las FF.AA como los políticos de la Concertación se comportaban como si creyeran  a pies juntillas en aquella conveniente ficción de que todos seríamos culpables del Golpe, y de lo que vino después con la dictadura. Acuerdo según el cual el presidente se comprometía a no tocar la carrera de un oficial superior, a menos que su participación en atropellos a los derechos humanos hubiera sido probada en los tribunales competentes. Puesto que todos somos culpables, pareciera decir Cheyre, no veo por qué somos tratados por el gobierno como si ellos estuvieran en una posición de superioridad moral.                

Notas:
 1. Alfredo Jocelyn-Holt Letelier, “EL CHILE PERPLEJO. Del Avanzar Sin Transar al Transar Sin Parar”, Santiago, Editorial Planeta/Ariel, 1998, págs. 206-207.

2. La Nación electrónica, martes 7 de diciembre de 2004.

3. La Nación electrónica, artículo citado.

4.  Véase: Peter Kornbluh, PINOCHET: LOS ARCHIVOS SECRETOS, Barcelona,     Editorial Crítica, pág. 27.