26 de julio de 1973: inicio del paro transportista y de la ruta final hacia el Golpe de Estado fascista contra la Unidad Popular

Porque nos une el lazo indisoluble del amor y el espanto

Había inquietud en Chile ese jueves 26 de julio de 1973. Se había iniciado un Paro Nacional, convocado por la Confederación de Dueños de Camiones, que presidía León Vilarín. La fecha elegida no parecía una coincidencia: era la conmemoración del asalto al Cuartel Moncada, que fue el punto de partida de la Revolución Cubana. La ciudadanía imaginó que sería una reedición del “Paro de Octubre”, realizado el año anterior y detonado por el mismo gremio, pero había una diferencia fundamental no explicitada: la decisión ahora era mantener la paralización hasta lograr el derrocamiento del gobierno constitucional.

Había otro hecho diferenciador:

este paro sería acompañado por una ofensiva de atentados terroristas a lo largo del país, ejecutados por el Frente Nacionalista Patria y Libertad (FNPL), “pero con la planificación operativa y la logística proporcionada por la Armada, la rama de las instituciones castrenses con más vínculos con la CIA y que, con la perspectiva de un Golpe de Estado en contra de Salvador Allende tomó contacto con civiles opositores, asignándoles diferentes roles. De hecho, la Armada era la que desde las sombras condujo ese paro de los camioneros”.

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Así me lo contó literalmente Roberto Thieme Schiersand, quien era entonces Jefe de Patria y Libertad, luego de que su directiva nacional se asiló en Ecuador por su participación en el intento de alzamiento militar del anterior 29 de junio, que pasó a la historia como “tancazo”. Desde los orígenes de esta organización en 1971 como “Frente Nacionalista”, había ejercido como Secretario General Territorial del movimiento y al momento del intento de alzamiento estaba fuera del país.

Por razones periodísticas, nos habíamos conocido el 2000, cuando Augusto Pinochet Ugarte se encontraba detenido en Londres. Fue el comienzo de una sucesión de conversaciones, con interrupciones, y que se extendió hasta poco antes de su fallecimiento el 1 de octubre de 2023, un poco después de que se conmemoraran 50 años del Golpe de Estado. De hecho, había llegado a Chile en junio por esa razón, abandonando su destierro voluntario en Buenos Aires. En esa larga historia de diálogo, fui acompañando su proceso de cada vez un mayor repudio a la dictadura y su herencia, y su conversión pública a la izquierda y el progresismo.

EL ORIGEN DE LA EMBESTIDA

Así como en el Paro de Octubre, a la paralización decretada por los camioneros se sumaron pronto otros gremios, como la Confederación del Comercio Detallista, la Confederación de Colegios Profesionales y la Confederación Única de Profesionales (CUPROCH). De la misma forma, recibió el respaldo de gremios patronales como la Confederación de la Producción y el Comercio. “Me consta que toda esa concertación fue promovida por la Armada”, me dijo Thieme.

Luego de regresar subrepticiamente al país, Thieme y su hermano Ernesto Müller, que había encabezado el estamento juvenil del FNPL, dieron una conferencia de prensa a mediados de julio en el drive–in Munchen de El Arrayán, en que manifestaron que el movimiento pasaba a la clandestinidad y que lucharían “hasta las últimas consecuencias” para lograr derrocar el Gobierno (“El Siglo”, 17 y 18 de julio de 1973).

A esas alturas, ya se había producido una señal de que algo se preparaba. Poco más de una semana después del “tancazo”, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones emitió una declaración en la que advertía respecto de un futuro paro de actividades. La excusa era el supuesto incumplimiento del Gobierno de Allende frente a sus demandas (“El Mercurio”, 9 de julio de 1973). Thieme dijo haber visto ese pronunciamiento, pero que no imaginaba aún su envergadura y alcances.

Recordó que “el domingo 22 de julio de 1973, casi una semana después de haber pasado a la clandestinidad, fui invitado a una reunión con oficiales de la Armada que formaban parte del círculo de colaboradores cercanos de José Toribo Merino. En el más absoluto secreto y tomando todas las medidas de seguridad, el encuentro se produjo en un departamento de la comuna de Vitacura. Asistí con Miguel Sessa y Vicente Gutiérrez, que estaban a cargo de las ‘Brigadas Operacionales de Fuerzas Especiales’ (BOFE) del movimiento. El interlocutor principal de los marinos era el comandante Hugo Castro, que asistió con un capitán”.

“Nos comunicó que se iniciaría un nuevo paro nacional de los camioneros, digitado por la Marina, al cual se sumarían pronto otros gremios, hasta paralizar todo el país y crear las condiciones para una acción militar contra el Gobierno de Allende”, detalló.

Hugo Castro Jiménez era, en efecto, uno de los hombres de mayor confianza de Merino, el cual asumió la comandancia en jefe de la Armada para el Golpe de Estado. Ambos integraban el “núcleo duro” de la conspiración golpista al interior de la institución. En la trayectoria de Castro figuraba el cargo de director de la Escuela Naval. Una vez instaurada la dictadura fue Ministro de Educación entre el 27 de septiembre de 1973 y mayo de 1975.

Thieme rememoró que la Armada les pidió que las Brigadas BOFE de Patria y Libertad, sus fuerzas paramilitares integradas por unos 500 militantes, se hicieran cargo de la misión de mantener cortadas todas las vías de ferrocarriles y las carreteras y sabotear los oleoductos y bencineras. Detalló: “La Armada nos indicaría los puntos de corte y proporcionaría el material logístico necesario: es decir, explosivos. También nos indicaría los días en los que tendríamos que producir cortes de energía eléctrica para interrumpir las comunicaciones radiales y televisivas e impedir que el mensaje del Gobierno pudiera llegar a la población”.

Los hombres de la Armada, explicaron, se encargarían secretamente de otorgar protección a los camioneros.

“El diseño de la Armada consistía en que los atentados, sumados a la paralización, crearían las condiciones de caos e ingobernabilidad que permitirían la intervención de las Fuerzas Armadas y deponer al Presidente Allende”, indicó.

Y señaló: “Hoy no tengo dudas de que la mano de la CIA estaba detrás de todo esto. En esos momento no sabíamos, pero la Armada había tomado contacto con profesionales y centros de estudios respaldados por la inteligencia estadounidense para dibujar las bases de una nueva institucionalidad y diseñar un nuevo modelo económico, que serían impuestos, como ocurrió, luego del Golpe de Estado”.

EL ASESINATO DEL EDECAN

El paro comenzó, en efecto, el jueves 26 de julio de 1973. Ese día el Presidente Salvador Allende concurrió a la Embajada de Cuba, con motivo de la conmemoración del asalto al Cuartel Moncada. Fue acompañado por su Edecán Naval, el comandante de la Armada Arturo Araya Peters, y por miembros de su Dispositivo de Seguridad, más conocido como GAP. Luego de concluida la actividad, Araya se retiró a su residencia en calle Fidel Oteíza de la comuna de Providencia. Unas horas después, ya en la madrugada, fue acribillado. Era un oficial naval constitucionalista, que había cultivado una estrecha relación con el Presidente.

Al día siguiente, la prensa opositora informó con ribetes de escándalo, que el crimen ya se había resuelto. Que había sido detenido un socialista llamado José Riquelme Bascuñán, que habría confesado ser uno de los autores del asesinato. Unos de los primeros medios que divulgaron esas aseveraciones fue la Radio Agricultura, por decisión de su director Álvaro Puga, que integraba el “Frente Invisible” de Patria y Libertad.

La supuesta “confesión” de Riquelme indicaba que había sido contratado para realizar dos atentados terroristas a cambio de dinero; que el reclutador habría sido “un señor Blanco”, que los medios opositores pronto identificaron como Domingo Blanco, integrante del GAP; que además participaron “tres cubanos” y militantes del PS y del MIR; y que la orden era secuestrar a Araya “para producir un estado de conmoción que evitara cualquier arreglo que resultara del diálogo” del Gobierno y la Democracia Cristiana.

Más tarde, se conoció la verdad. Riquelme no había tenido participación alguna en la muerte del edecán y no era socialista. Fue una maniobra digitada por dos oficiales de la Inteligencia de Carabineros, Germán Esquivel Caballero, y la Armada, Daniel Guimper Corvalán, los que obligaron a Riquelme, bajo apremios, a firmar una supuesta confesión.

Roberto Thieme me señaló: “Luego se confirmó que los implicados, que fueron detenidos por la Policía de Investigaciones, eran un grupo que se había descolgado de Patria y Libertad, que consideraba insuficiente el nivel de violencia desplegado por el movimiento, los que yo mismo había expulsado un año antes. Se autoproclamaban ‘guerrilleros nacionalistas’ y se habían concertado con jóvenes del Partido Nacional y la Democracia Radical. En la noche de ese primer día de paro habían estado provocando desórdenes callejeros en Providencia”.

“En términos institucionales, Patria y Libertad no fue responsable del crimen, aunque debo advertir que el arma de fuego empleada, un rifle Marcatti largo, tipo Bataan, de fabricación argentina, la había ingresado clandestinamente a Chile desde el país vecino, con una partida que fue distribuida en el ‘tancazo’. Esa arma llegó a las manos del ex oficial de la Armada Jorge Ehlers, quien se la entregó a Guillermo Claverie, quien luego fue sindicado como el autor de los disparos que arrebataron la vida al comandante Araya”, explicó.

Y sostiene: “Pienso que lo más probable es que el asesinato de Araya fue resultado de un complot digitado desde la Armada, incluso el propio Merino. El comandante era un oficial leal al Presidente Allende y en septiembre debía ascender a contraalmirante y por lo tanto llegaría al alto mando de la institución naval, transformándose en un obstáculo al golpe. Por otro lado, la sospecha de que los autores procedían de la izquierda contribuía la cohesión institucional en torno al propósito de derrocar el Gobierno”.

Es interesante saber el destino de parte de los hombres que participaron en este hecho. Ehlers fue designado por la dictadura a cargo de la Dirección General de Deportes (Digeder), entonces dependiente del Ministerio de Defensa. Álvaro Puga fue unos de los pocos civiles que estuvo en el comando del Golpe de Estado el 11 de septiembre y luego asumió como “director de asuntos públicos” de la Junta Militar.

La periodista Mónica González descubrió, en plena dictadura, que ninguno de los detenidos en 1973 fue condenado. Y descubrió otra verdad incómoda: Germán Esquivel y Daniel Guimper pasaron a integrar las filas del llamado Comando Conjunto, aparato que coexistió con la DINA en los intentos de exterminio de la izquierda. Allí fueron colegas de tres participantes del grupo que participó en el asesinato del edecán naval: César Luis Palma Ramírez, Tito Alejandro Fígari Verdugo y Andrés Pablo Potin Lailhacar.

Domingo Blanco Tarrés, a quien intentaron falsamente involucrar en el asesinato, era uno de los jefes del GAP. Fue detenido el 11 de septiembre de 1973 y hecho desaparecer.

LA ESCALADA DE ATENTADOS

El paro de los camioneros comenzó pronto a provocar estragos en el país. Según se informó, el conflicto afectaba el abastecimiento del 80 por ciento de los artículos de consumo, así como el suministro de combustibles e insumos para la gran minería del cobre (“El Mercurio”, 1 de agosto de 1973).

La ofensiva de atentados explosivos perpetrados por Patria y Libertad, con información y logística de la Armada, se propagó por el país. La revista “Chile Hoy” del 10 de agosto de 1973 constató que entre el 1 de julio y el 6 de agosto se registraron 128 atentados, en un proceso creciente, sobre todo con la utilización de elementos “profesionales” (es decir, cargas explosivas “cuya confección, manipulación y detonación no es atribuible a aficionados principiantes)”. Detalló que el tipo de atentado más frecuente fue el uso de “artefactos explosivos, dinamita  y afines”, con un total de “63 acciones terroristas y de sabotaje”. Se trataba de atentados cometidos “por grupos que actuaron de modo concertado, y a menudo con riguroso estudio previo del lugar y de las características precisas del blanco”.

Añadió que era evidente que “un altísimo número de las acciones terroristas apuntan directa o indirectamente a reforzar” el paro de los transportistas, destacando que se dirigían en forma prioritaria a vehículos de carga o locomoción colectiva; carreteras y vías férreas y puentes ruteros; y centro abastecedores de combustible .

A menos de un mes del derrocamiento de Allende, la publicación informó el 17 de agosto que “como parte de la cadena de casi 300 atentados terroristas desatada en todo el país por los sostenedores del paro de los camioneros, en la madrugada del 7 de agosto dos cargas de dinamita volaron un tramo del oleoducto de la ENAP que va desde Concepción a San Fernando. La tremenda explosión provocada por la rotura de la cañería a través de la cual (…) circulaba gas licuado, se convirtió por sus efectos devastadores y los dos muertos  y 17 heridos ocasionados, en la más bárbara de las acciones desplegadas por la derecha para crear un clima caótico que favoreciera sus proyectos golpistas”.

Detalló que los diarios de la cadena “El Mercurio” y, en general, la prensa de oposición, “desplegaron grandes titulares y publicaron ‘detalladas informaciones’, cuando el ministro encargado del proceso ordenó el arresto del obrero del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Sabino Romero Salazar, atribuyéndole la condición de ‘sospechoso’ de haber intervenido” en el atentando, consignó. Detalló que “el obrero fue presentado indistintamente como militante del MIR o el Partido Socialista y en torno a él se tejió una maraña de mentiras”. Fue bautizado por los medios contrarios al Gobierno Popular como “comandante Sabino” .

El diario “La Prensa” de Curicó fue el primer en introducir aquella sospecha de la autoría de Romero, aseverando que se había “establecido” que se trataba de un “extremista” apodado “comandante Sabino”. Y que en Talca, el ministro en visita Hernán Correa de la Cerda había establecido que era el autor del atentado .

No tuvieron igual cobertura las declaraciones del Subcomisario Antonio Ocampo, Jefe de la Policía de Investigaciones de Curicó, que calificó de tendenciosas los reportes que entregó la prensa opositora, descartando que Romero fuera detenido por participación en el atentado. Lo más importante: señaló además que “todos los indicios conducen a un grupo de Patria y Libertad, pero aún no hemos logrado una prueba suficiente” .

El policía no se equivocaba. Consultado por el hecho, Roberto Thieme me dijo: “Como jefe en ejercicio de Patria y Libertad en esos momentos, señalo responsable y categóricamente que el atentado al oleoducto fue ejecutado por el movimiento. Y que, en coherencia con la solicitud de la Armada para que procediéramos, también en este caso la localización exacta del ‘blanco’ fue proporcionada por la institución naval, así como la logística. La Armada dispuso la ingeniería para la planificación y los medios, así como debe haber posibilitado la campaña de desinformación, y el movimiento puso la mano de obra” .

Sin embargo, hasta ahora en publicaciones de todo tipo en defensa del Golpe de Estado se insiste que el atentado fue obra de un atentado perpetrado por “el mirista Sabino”.

La ola de atentados terroristas se extendió hasta el mismo 11 de septiembre de 1973. Esa mañana, en su último discurso, el Presidente Salvador Allende señaló que “en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente, en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gaseoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proceder: estaban comprometidos. La historia los juzgará”.

-El autor, Víctor Osorio, es periodista.

Santiago, 26 de julio de 2026.

*Fuente: Crónica Digital.