La pelea del general Yáñez para no sacarse el uniforme

Al menos ocho recursos y apelaciones ha presentado la defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco, en los últimos meses. Los cuatro últimos, en lo que va de la semana, buscan impugnar la acusación en su contra por el eventual delito de omisión –por responsabilidad de mando– en apremios ilegítimos cometidos durante el estallido social, una investigación que reúne más de 1.300 causas. Todo sea por –idealmente– llegar a noviembre y recién ahí sacarse el uniforme.

“Tiene todo el derecho a ejercer todos los recursos judiciales que él y su defensa estimen pertinentes en este caso, y eso no va a ser sujeto de cuestionamiento por parte del Gobierno”, expresó el Presidente Boric el martes, refiriéndose a la batería de recursos judiciales que ha estado desplegando el uniformado, ante los tribunales, en las últimas horas.

En lo que va de la presentación del caso, los registros señalan tres incidentes de nulidad ante el Tribunal de Garantía; una apelación respecto del último de esos incidentes ante la Corte de Apelaciones; un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), con dos solicitudes de suspensión sucesivas; el recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago y la reciente medida prejudicial precautoria en torno a una acción civil de este jueves, sin nombrar las administrativas, como la solicitud de inhabilidad de los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong, presentada en enero pasado. Aunque dicha acción fue rechaza, separó a Armendáriz de una causa paralela contra Yáñez por delitos vinculados al estallido social y la derivó al Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios. En esta causa, el general ha solicitado su sobreseimiento.

El mayor despliegue de recursos judiciales se ha concentrado en la última semana, a pocos días de celebrarse, mañana, el 97° aniversario de Carabineros, fecha que desde que se fijó la audiencia de formalización, en enero pasado, se convirtió en la meta de Yáñez, pues su deseo siempre fue conmemorar su último Día del Carabinero al mando de la institución. Así fue conversado entonces con las autoridades de Gobierno.

Recursos recursivos

En los últimos días el TC rechazó –en dos oportunidades– su solicitud de suspender el proceso penal seguido en su contra. Luego, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de amparo preventivo por eventual prisión preventiva en su contra, que se podría decretar en la audiencia del 7 de mayo.

“Conforme lo refrendan los artículos 186, 230 y 232 del Código Procesal Penal, la oportunidad procesal para conocer los hechos de la investigación, y los detalles de los mismos como su calificación jurídica preliminar, no es otra que la audiencia de formalización, cuyo objetivo legal es simplemente comunicar en presencia del Juez de Garantía, de que se desarrolla actualmente por el Ministerio Público una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados, los que serán expuestos verbalmente en esa misma audiencia, singularizando los cargos que se presentarán y además solicitudes que se efectúen al mismo tribunal y el imputado manifestará lo que estime conveniente, siendo esa la orgánica exclusiva y excluyente para esos objetivos”, refiere –entre otras observaciones– la resolución de la Corte.

El abogado querellante contra Yáñez, Luis Mariano Rendón, quien se hizo parte en el recurso de amparo del general pidiendo su inadmisibilidad, sostuvo que “sería deseable que el general director de Carabineros trate de mantener la dignidad que uno esperaría en un alto oficial, al menos durante los días que le quedan en el cargo, y no siga intentando evadir a la justicia con recursos infundados. Sus subordinados que han debido enfrentar a los tribunales por los hechos del estallido han actuado con bastante más decoro”.

Antes de saber este fallo, el abogado defensor del general Yáñez, Jorge Martínez Cornejo, ingresó una orden de no innovar ante la Corte de Apelaciones de la capital, en la que pide suspender la formalización del jefe policial. En ella, se acusa una “grave vulneración de los derechos” del oficial, afirmando que existe una “amenaza y perturbación directa a su libertad personal y seguridad individual”.

En el escrito, Martínez agrega que a su defendido “se le ha privado de su derecho de conocimiento de los hechos que se le imputarán desde el momento que adquiere la calidad de imputado, su derecho a ser oído y su derecho a tener un plazo razonable para preparar su defensa material; puesto que los hechos de la carpeta investigativa han mutado, aumentando progresivamente de 300 a más de 1378 delitos que se busca imputar a mi representado”.

El abogado también presentó una medida prejudicial precautoria para solicitar la paralización o suspensión de la tramitación de la causa contra Yáñez, “por haber actuado el Ministerio Público fuera de sus competencias constitucionales y legales al irrogarse facultades legislativas y jurisdiccionales en su actuación, lo que constituye fundamento para presentar una demanda de nulidad de derecho público en su contra”. Junto a ello, solicitó que se amplíe a 30 días el plazo para notificar dicha solicitud y su resolución.

Según Rendón,

“estamos ante una nueva y desesperada maniobra del general Yáñez para tratar de impedir que se realice la audiencia de formalización fijada para el 7 de mayo. Todos sus intentos anteriores han sido rechazados, porque lo que pretende el general Yáñez no es que se le respeten sus garantías procesales. Lo que pretende es paralizar una audiencia fijada conforme a la ley y que se le otorguen privilegios procesales de los que no goza ningún otro imputado en Chile. Esperamos que la Corte declare inadmisible este nuevo recurso, porque el general Yáñez ha gozado de todas las garantías procesales que tienen todos los imputados. No ha tenido ninguna menos, pero tampoco puede aspirar a ninguna más. Esperamos también que el general Yáñez enfrente dignamente a la justicia y deje de esconderse detrás de la institución que aún, inexplicablemente, sigue dirigiendo”.