18 de octubre 2019: inicio del estallido social en Chile. ¡No a la impunidad!

18 de octubre de 2023

Nationella Kommissionen för Mänskliga rättigheter Chile-Sverige Comisión Nacional de Derechos Humanos Chile-Suecia

Estocolmo, Suecia, 18 de octubre 2023

Declaración pública

El 18 de octubre de 2019 fue la fecha de inicio del estallido social en Chile. La violencia de las fuerzas de seguridad significó muertos, cientos de víctimas de violencia policial, incluidas cientos de lesiones oculares por balines disparados por agentes de Carabineros.

En su informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social” (octubre de 2020), Amnistía Internacional recomendó una reforma estructural de Carabineros, debido a las limitaciones derivadas de su carácter militar y estructura orgánica, y la necesidad de un mayor control de la policía por parte de las autoridades civiles, así como de cambios urgentes para garantizar apego estricto al derecho internacional.

Pero hasta hoy (octubre de 2023) nada de esto ha ocurrido, tampoco ninguno de sus mandos ha rendido cuentas por las violaciones generalizadas de Derechos Humanos cometidas por ellos; a pesar de las largas investigaciones penales sobre su rol y posible responsabilidad en la violación generalizada del derecho a la integridad física de personas manifestantes. Es impresentable que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, (jefe de la Dirección de Orden y Seguridad entre 2019 y 2020) se siga negando a declarar ante la fiscal Ximena Chong que investiga la responsabilidad de mando de quienes estuvieron a cargo de los procedimientos en que se registraron personas lesionadas durante el estallido social.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha expresado su preocupación por la falta de reparación y justicia respecto de los crímenes cometidos durante el estallido social. Según el INDH, al cierre de 2022, la Fiscalía Nacional había presentado cargos en sólo 127 de las 10.568 denuncias de violaciones de Derechos Humanos, lo que resultó en apenas 27 condenas y ocho absoluciones.

En Chile tenemos un grave problema de impunidad, repitiéndose la situación vivida en dictadura. A pesar de los esfuerzos que hacen los organismos de Derechos Humanos y los abogados a cargo de las causas, tenemos un Ministerio Público que no cumple con su tarea de investigar y, por otro lado, un Poder Judicial que por el hecho de no haber sido reestructurado debidamente, sigue siendo bastante reacio a la aplicación de justicia, y su tarea de sancionar a los responsables. Cuando el Poder Judicial ha condenado a los agentes del estado, les ha impuesto penas que no se corresponden con la gravedad de los hechos; contrastando con la dureza con que han procesado a los jóvenes acusados de presuntos actos violentos. Muchos jóvenes permanecieron años en prisión preventiva a la espera de que concluyeran las investigaciones. Muchas de las causas fueron desestimadas, demostrándose que las pruebas presentadas por la fiscalía eran falsas y producto de montajes por parte de las fuerzas de seguridad.

Hoy son 22 los jóvenes condenados que cumplen penas carcelarias. Nadie habla de ellos. Han desaparecido del discurso público. No hay ninguna señal de que vayan a ser indultados. Además, hay juicios en curso que pueden aumentar el número de condenados. Como es el caso de Nicolás Piña, sentenciado el pasado 16 de octubre a 10 años y 1 día de cárcel. Apoyamos la campaña nacional e internacional, que se ha iniciado, por la nulidad de ese fallo en la Corte Suprema y la libertad inmediata de Nicolás Piña.

La impunidad no puede continuar y la justicia no puede esperar más. Por eso levantamos las banderas de la verdad, la justicia y la reparación respecto de los crímenes cometidos durante el estallido social:

• Libertad y reparación a los presos políticos del estallido social. No a los montajes policiales que intentan criminalizar la protesta social.
• Reparación a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos. El Estado de Chile debe garantizar la atención integral de las víctimas de traumas oculares.
• No a la impunidad por violaciones de Derechos Humanos. Juicio y condena a los culpables, incluyendo los mandos altos y medios que formaron parte de la cadena de mando.
• Juicio y condena a Sebastián Piñera, el principal instigador de la violencia, que le declaró la guerra a su propio pueblo.

Comisión Nacional de Derechos Humanos Chile-Suecia

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