27 de octubre del 2021

La izquierda en el Parlamento Europeo condena los intentos de sabotaje de la derecha chilena contra el trabajo de la Convención Constitucional, elegida para redactar la nueva constitución del país.

Los eurodiputados de la izquierda también escribieron al jefe de la política exterior y de seguridad de la UE, Josep Borrell, expresando su preocupación por la intención de la UE de finalizar un acuerdo de libre comercio con Chile antes de las elecciones generales de noviembre y mientras el proceso constitucional está en marcha.

El gobierno de Chile carece de legitimidad popular. El Presidente Piñera se enfrenta a un proceso de destitución tras los abusos de poder revelados en los Papeles de Pandora. Hace días, declaró el estado de emergencia para enviar tropas a reprimir las protestas indígenas en dos regiones del sur.

Ante la gravedad de estos hechos, La Izquierda solicita un debate general en el Parlamento Europeo sobre los últimos acontecimientos en Chile, en particular los ataques.

Pedimos a la UE que se abstenga de interferir en los trabajos de la Convención Constitucional, suspendiendo las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio hasta que el nuevo marco constitucional esté en marcha, y que preste atención a los intentos de la derecha de socavar el proceso.

Elisa Loncón, académica de origen mapuche, fue nombrada presidenta de la Convención Constitucional, en un golpe a la derecha. En su discurso de aceptación se comprometió a consagrar la igualdad de género y los derechos de los indígenas en la nueva Constitución.

A pesar de constituir más del 12% de la población chilena de 18,95 millones de habitantes, los pueblos indígenas de Chile han sido históricamente marginados social y políticamente. La Izquierda pretende invitar a Loncón a reunirse con los eurodiputados en el Parlamento Europeo para explicar la situación y los retos de su importante labor.

La demanda de una nueva constitución se produjo junto a una ola de protestas que sacudió al país en 2019 y que reunió a feministas, ecologistas, grupos indígenas y activistas antineoliberales que pedían un cambio socioeconómico progresista.

La constitución chilena de la época de la dictadura se basa en la ortodoxia del libre mercado y fue utilizada por el dictador Pinochet para reprimir los derechos fundamentales, en particular los del mayor grupo indígena, los mapuches.

Los independientes de izquierda y progresistas ganaron la mayoría en la Convención Constitucional de 155 escaños, lo que demuestra el deseo del pueblo chileno de una Constitución que garantice la igualdad de género, la plurinacionalidad y la preservación de los bienes públicos.

Desde que la Convención Constitucional inició sus trabajos en julio de 2021, ha sido objeto de incesantes ataques por parte de la derecha del país, los medios de comunicación corporativos y las grandes empresas.

Como una forma de socavar y retrasar la redacción de la Constitución, la derecha dura se ha negado a cooperar en diferentes etapas del proceso y sus poderosos medios de comunicación han lanzado una campaña de desprestigio contra el organismo y su Presidente, además de acoso y amenazas en línea contra los miembros.

A pesar de la transición a la democracia, el sistema económico de Chile ha permanecido prácticamente intacto desde la época de Pinochet. El país ha sido considerado durante mucho tiempo un laboratorio de la economía de libre mercado, lo que ha dado lugar a un alto coste de la vida, desigualdades, degradación medioambiental, privatizaciones e impunidad empresarial. Esta última ofensiva de la derecha es un último intento de preservar los privilegios que la actual Constitución otorga a la élite del país.

La derecha se opone al reconocimiento de derechos fundamentales como la educación, el acceso al agua y la tierra -donde los actores privados tienen grandes intereses- y a la declaración de Chile como República Plurinacional.

Las protestas populares chilenas de 2019 y las posteriores conquistas de la izquierda y de las fuerzas progresistas que condujeron al plebiscito, y el apoyo a una nueva constitución, anunciaron el comienzo de una nueva era de esperanza para la democracia, la justicia económica y social, los valores progresistas y los derechos humanos en Chile.

La Izquierda en el Parlamento Europeo se solidariza con el pueblo de Chile y su lucha, expresando su pleno apoyo a la Convención Constitucional, a la integridad de sus trabajos y a una nueva constitución que garantice los derechos fundamentales en pleno respeto de la voluntad popular.

Traducción -no oficial- para piensaChile: Martin Fischer

Fuente: Left.eu

Right-wing escalates attacks against Chile’s democracy

The Left in the European Parliament condemns sabotage attempts of the Chilean right against the work of the Constitutional Convention, elected to draft the country’s new constitution.

Left MEPs also wrote to EU Foreign Affairs and Security Policy chief, Josep Borrell, expressing concern over the EU’s intention to finalise a Free Trade Agreement with Chile before the November general elections and while the constitutional process is ongoing.

Chile’s government lacks popular legitimacy. President Piñera is facing impeachment proceedings following abuse of office revealed in the Pandora Papers. Days ago, he declared a state of emergency in order to send in troops to repress indigenous protests in two southern regions.

Given the seriousness of these developments, The Left is requesting a general debate at the European Parliament about the latest developments in Chile, particularly the attacks.

We call on the EU to refrain from interfering in the work of the Constitutional Convention, by suspending negotiations for a Free Trade Agreement until the new constitutional framework is in place, and to pay attention to right-wing attempts to undermine the process.

Elisa Loncón, an academic of Mapuche descent, was appointed President of the Constitutional Convention, in a blow to the right-wing establishment. She vowed in her acceptance speech to enshrine gender equality and indigenous rights in the new Constitution.

Despite making up more than 12% of Chile’s population of 18.95 million, Chile’s indigenous peoples have historically been socially and politically marginalised. The Left intends to invite Loncón to meet with MEPs at the European Parliament to explain the situation and challenges to her important work.

The demand for a new constitution came alongside a wave of protests that shook the country in 2019 bringing together feminists, environmentalists, indigenous groups and anti-neoliberal activists calling for progressive socio-economic change.

Chile’s dictatorship-era constitution is based on free-market orthodoxy and was used by dictator Pinochet to crackdown on fundamental rights, in particular those of the largest indigenous group, the Mapuche.

Left and progressive independents won the majority in the 155-seat Constitutional Convention showing the Chilean people’s desire for a Constitution that guarantees gender equality, plurinationality and the preservation of public goods.

Ever since the Constitutional Convention started its work in July 2021, it has been the target of incessant attacks by the country’s right-wing establishment, corporate media and big business.

As a way to undermine and delay the drafting of the Constitution, the hard-right has refused to cooperate at different stages in the process and its powerful media has launched a smear campaign against the body and its President, in addition to online harassment and threats against members.

Despite the transition to democracy, Chile’s economic system has remained largely untouched since the Pinochet era. The country has long been considered a laboratory for free-market economics, resulting in high cost of living, inequalities, environmental degradation, privatisations and corporate impunity. This latest right-wing offensive is a last-ditch attempt to preserve the privileges the current constitution grants to the country’s elite.

The right opposes the recognition of fundamental rights such as education, access to water and land – where private actors have large interests – and the declaration of Chile as a Plurinational Republic.

The 2019 Chilean popular protests and the subsequent gains of the Left and progressive forces that led to the plebiscite, and the support for a new constitution, heralded the beginning of a new era of hope for democracy, economic and social justice, progressive values and human rights in Chile.

The Left in the European Parliament stands in solidarity with the people of Chile and their struggle, expressing its full support for the Constitutional Convention, the integrity of its work and a new constitution that guarantees fundamental rights in full respect of the will of the people.

Fuente: Left.eu